Un sector agitado

Este mes de mayo, el sector de la comunicación ha vivido dos episodios que pueden ser significativos por lo que pueden suponer. Por un lado, coincidiendo con el 1 de Mayo –Día Internacional del Trabajo– y 3 de Mayo –día Mundial de la Libertad de Prensa– se celebró el pasado 6 de mayo un debate con el título «Por un periodismo ni al dictado ni mal pagado». El encuentro fue organizada por cuatro entidades del mundo de la información y la comunicación y suponía la primera iniciativa hecha a partir de la colaboración entre algunas de las asociaciones más importantes de este ámbito. La segunda ha sido la huelga realizada por los trabajadores de El Periódico y del Sport en el marco de la movilización del personal de las empresas del Grupo Z contra el recorte salarial que quiere imponer el hólding que preside Antonio Asensio.

El debate del 6 de Mayo, se realizó en la Casa de la Prensa, edificio sobre el que hay un proyecto compartido entre periodistas y el movimiento vecinal para defender conjuntamente el derecho a la información como un derecho ciudadano esencial en una democracia. La relevancia del acto viene del hecho que era, como decía, la primera vez que las entidades del sector reflexionaban conjuntamente sobre precariedad laboral, descrédito profesional, estereotipos discriminatorios –como los de género–, regulación de la profesión y otras cuestiones. Una de las conclusiones principales fue que todo y las grandes coincidencias que hubo había que seguir trabajando para armonizar un discurso homogéneo de todo el sector. Con este objetivo se emplazó a las entidades organizadoras del encuentro –Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y SomAtents– a convocar para otoño una asamblea abierta de todo el sector para seguir debatiendo sobre estos y otros temas que puedan salir. La importancia de esta iniciativa vendrá de la capacidad que tengan estas entidades –y las que se  quieran añadir– de seguir trabajando juntas para que tanto el periodismo como ellas mismas se  puedan beneficiar.

El segundo episodio relevante es la retahíla de protestas a las empresas de Grupo Z que han culminado entre el 15 y el 17 de mayo con una huelga en El Periódico –a pesar de que inicialmente estaba convocada hasta el 19 de mayo– en contra de los recortes salariales que plantea la empresa y su falta de voluntad negociadora. Los días 15 y 16 de mayo también hicieron huelga los trabajadores del diario Sport. En El Periódico, la protesta supuso que por primera vez en su historia el diario dejara de salir y faltara a su cita con los quioscos y subscriptores durante tres días. A  pesar de las presiones y amenazas de los directivos del grupo, las plantillas de los dos rotativos mostraron una determinación en secundar el paro como hasta ahora casi nunca se había visto en el sector, si es que alguna vez se ha visto.

El sector de la información y la comunicación habitualmente no se ha caracterizado por su capacidad movilizadora y si ahora han coincidido dos episodios que parecen mostrar, sino lo contrario, sí que algo quizás está cambiando. No dejan de ser un síntoma también del estado de ánimo general en la profesión. De la indignación por la constante precarización de las condiciones laborales, que sólo comporta más dificultades para elaborar buenos productos informativos. De cómo esto favorece el descrédito del periodismo, cada vez más sujeto a los intereses económicos, políticos y empresariales de los propietarios de los medios de comunicación.

Si de esta agitación  saldrá algún resultado que sirva para cambiar la situación, sólo el futuro lo sabe. Si la huelga de El Periódico y Sport ha sido más que una huelga, sólo el futuro lo sabe. Si esta conjunción entre las entidades del mundo de la información y la comunicación sirve para fortalecer la organización del sector, sólo el futuro lo sabe. Pero también es verdad que si no se aprovechan las oportunidades para impulsar los profundos cambios estructurales necesarios, cada vez quedará menos margen para que el periodismo recupere la confianza de la ciudadanía.

La democratización de los medios

«Hay que repensar la información como bien público y lo tiene que financiar el Estado. Es necesaria la reapropiación de los medios por parte de quienes hacen la información y de los que la consumen. Que los medios sean más participativos es indispensable para la democracia». Esto lo dijo el pasado lunes la economista francesa Julia Cagé en la conferencia que pronunció en el Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) con el título Democratizar los medios, salvar Europa del Populismo. Cagé es profesora del Instituto de Estudios Políticos de París. Es autora de un libro que en su traducción al castellano se llama Salvar los medios de comunicación (Anagrama, 2016) pero que en su original francés se titulaba Sauver les médias. Capitalisme, financement participative et démocratie. No deja de ser significativo como se ha encogido en España. Supe de este libro por el comentario que Joan Vila  hizo ena Media.cat. y entre la conferencia y la lectura del libro se desprenden unos planteamientos bastante innovadores por parte de Cagé.

La economista francesa aboga por «unos medios de comunicación gestionados por entidades sin ánimo de lucro», preferentemente bajo la fórmula de fundaciones. En su intervención afirmó que en materia informativa «estamos volviendo atrás, hacia el periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX en que no sabíamos como defender la independencia de los periodistas». También aludió a la situación que se da actualmente y que se refleja perfectamente a las encuestas de opinión sobre la enorme desconfianza ciudadana hacia los medios de comunicación y que esto «pone en peligro la democracia». Entre otras cosas les acusó de tener una gran responsabilidad en el auge de los populismos en varios países, entre los que citó a Estados Unidos.

En una conferencia de poco más de una hora, el discurso es irremediablemente más esquemático, sin tiempo para muchos matices. Por eso, cuando se refiere a que la información es un bien público que lo tiene que financiar el Estado, esto no quiere decir que también lo tenga que producir. En su libro apunta que «a pesar de que la información es un bien público, es un bien público que no puede ser producido directamente por el Estado, como pasa con otros muchos bienes culturales. Por ello, hay que repensar el modelo económico de los medios de comunicación en la  encrucijada del mercado y del Estado, del sector público y del sector privado. Las soluciones al igual que los problemas son los de la economía del conocimiento en el siglo XXI. Varios sectores productores de conocimientos y de cultura han desarrollado desde hace tiempo modelos que permiten superar la ley del mercado y del beneficio y a la vez escapar del control del Estado. Los medios de comunicación pueden inspirarse en ellos para ampliar el campo de posibilidades y salir de la crisis».

En definitiva, los planteamientos de Julia Cagé insisten en la cuestión que la información no pertenece ni a los periodistas ni a los medios de comunicación, sino a la ciudadanía. Y cómo que es un bien público, hay que gestionarlo de acuerdo con el interés público al que se tienen que supeditar medios y periodistas. Ya nos hemos referido en este blog en alguna ocasión a la sandez que soltó Juan Luis Cebrián en los inicios de la transición cuando dijo que «la mejor ley de prensa es la que no existe». De este modo, sin ningún tipo de regulación, gana, como en la selva, el más fuerte, que son los medios, que, mayoritariamente, han supeditado la información a sus intereses empresariales, económicos y políticos. El periodista *Dardo Gómez, ex presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), rebatía este viejo axioma que de manera cíclica reproducen periodistas afines a las estructuras de poder de los medios de comunicación españoles en un artículo publicado en la web CTXT Contexto y acción, en el que afirma que «la mejor ley de prensa es la que protege a la ciudadanía». En este escrito aporta todo tipo de doctrina jurídica emitida por varios tribunales internacionales, como esta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en relación a una demanda contra Italia, en la cual señalaba que «además de un deber negativo de no interferencia, el Estado tiene una obligación positiva de contar con un marco administrativo y legislativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad».

Dardo Gómez también recuerda lo que establece el Código Europeo de Deontología del Periodismo, aprobado por unanimidad por el Consejo de Europa en 1993, que en su artículo 11 establece que «las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental.» Si se repasa con atención este texto del Consejo de Europa se verá que con los tiempos que corren puede considerarse casi como revolucionario. Así, por ejemplo, en el artículo 7 dice que «los medios de comunicación efectúan una labor de “mediación” y prestación del servicio de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información, están en función de los destinatarios, que son los ciudadanos». Una afirmación que se enmarca en la línia de pensamiento de lo afirmó Cagé en su conferencia y que escribió en su libro.

Los nuevos McCarthy de hoy

Ayer fui al cine a ver Trumbo, la magnífica película de Jay Roach sobre las listas negras de Hollywood, que empezaron a aparecer a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado impulsadas por el senador republicano Joseph McCarthy. Este asunto ha merecido la atención de varios cineastas y Trumbo no es más que la visión del caso a partir de la biografía escrita por Bruce Alexander Cook de Dalton Trumbo, uno de los guionistas de más renombre de Hollywood –uno de los diez de Hollywood– y que fue perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero, con ojos de hoy, la caza de brujas que sufrió Trumbo es mucho más que esto.

Trumbo no habla sólo de un caso personal concreto ni de la situación específica en los Estados Unidos en un momento determinado. Habla de la libertad para explicar a la gente aquello que pasa. Habla, en términos de hoy, del derecho a la información, del derecho a explicar los hechos libremente, sin persecuciones ni ser criminalizado para hacerlo. Es cierto que desde entonces el término «caza de brujas» se ha convertido en sinónimo de acoso a todo tipo de disidencias, pero actualmente este es un monstruo que se presenta con varias caras. No debe olvidarse que el maccarthismo contó con el apoyo de varios e importantes medios de comunicación y de periodistas, como en esta película queda muy patente. Ni tampoco que otros medios y otros periodistas  fueron víctimas. Georges Clooney lo explicó muy bien en Buenas noches y buena suerte.

Si el derecho a la información sigue hoy en peligro, atacado por todo tipo de McCarthys, ¿quién son pues los McCarthy de hoy? Sin voluntad de ser exhaustivo ni citarlos por orden de méritos, en esta lista  encontraríamos por ejemplo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Desde el intento de golpe de Estado del pasado mes de julio, en Turquía han sido encarcelados 107 periodistas y unos 2.500 han sido despedidos. Y la oleada de represión continua. En Rusia, un caso paradigmático es el de la periodista Anna Polikòvskaya, una voz crítica con el régimen del presidente Vladimir Putin, de quien el pasado mes se cumplieron diez años de su asesinato. En Rusia, la acción de Putin contra cualquier disidencia ha sido devastadora. La conjura mafioso-política es extremadamente atroz en la América Latina, especialmente en Brasil y, sobre todo, en México, con cifras de informadores que han sido secuestrados, torturados y asesinatos que hacen temblar. Y podríamos hablar en términos similares de más de medio mundo, pasando por todos los continentes, al este y al oeste (Filipinas, Macedonia, el Congo…) sin olvidar que en Estados Unidos  vuelve a haber listas negras. Lo pueden explicar periodistas como Amy Goodman y otros que han sufrido las consecuencias de querer informar sobre la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte de una forma que no ha gustado a determinados poderes políticos, económicos, judiciales y policiales del país.

¿Y en nuestra casa? La versión hispánica del Comité de Actividades Antiamericanas se llama Ley Mordaza. A partir de ella cualquiera que hable de cuestiones que no interesan al establishment es perseguido e incluso detenido. Sería difícil jugar el juego de encontrar las siete diferencias entre Joseph McCarthy y el ministro impulsor de esta vergüenza democrática que se llama Ley de Seguridad Ciudadana, Jorge Fernández Díaz. Pero ahora que España tendrá nuevo gobierno, quizás sería el momento que los que no han votado a favor de Mariano Rajoy –sea por la vía del «no» o de la abstención– impulsen la derogación de esta esperpéntica Ley Mordaza, un auténtico cáncer para el derecho a la información. Esperar que lo haga Rajoy, sería demasiado esperar. Y a pesar de que la mayoría de diputados del PSOE ya se han tragado una de sus prometidas electorales, ni que sea para compensar, podrían promover conjuntamente con el resto de grupos la defenestración de una ley impropia de una democracia madura y de un estado que respeta el derecho a la información de la ciudadanía. ¿Listas negras en España? No olvidemos que justo la semana pasada, el editor de Vozpópuli, Jesús Cacho, despidió a tres periodistas de la publicación digital. ¿Su delito? Querer presentarse a las elecciones sindicales para representar sus compañeros. Y no han sido los únicos. Esto ha pasado en varios puntos del Estado, también en Catalunya.

Trumbo nos muestra que McCarthy sigue cabalgando.

Estereotipos que discriminan

El próximo 26 de octubre se celebra en Barcelona la jornada Periodismos diversos, periodismos transformadores organizada por el Grupo de Comunicación de la Xarxa BCN antirumors de manera conjunta con el Ayuntamiento de Barcelona. Los organizadores han tenido la amabilidad de invitarme a participar en la mesa redonda de clausura, en representación del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), que forma parte de la citada Red.

El objetivo de la Jornada –que se realizará en el edificio HUB Barcelona, en la plaza de las Glorias– es «definir, impulsar y promocionar dinámicas periodísticas y comunicativas que se conecten, de manera profesional y responsable, con la diversidad sociocultural de la ciudad.» El trabajo se articulará alrededor de una serie de actividades (ponencias, talleres, experiencias de éxito, exposición…) dirigidas a estudiantes, medios y profesionales de la comunicación.

La iniciativa responde a la preocupación que hay en varios ámbitos sociales en la mala praxis generalizada en los medios de comunicación a la hora de difundir estereotipos discriminatorios en cuestiones de género, de religiones y de diversidad cultural. A lo largo de las diferentes actividades y sesiones habrá que ver como se pueden tratar estas cuestiones en los medios sin caer en la desinformación y la tergiversación de las realidades.

Al final habrá que ver si en el contexto actual, es posible hacer periodismo honesto que relate la diversidad cultural, libre de prejuicios, rumores y estereotipos. ¿Qué podemos hacer o que hay que transformar para conseguirlo? La verdad, es difícil, pero se puede hacer. La prueba es que hay gente que lo hace. Son compañeros y compañeras que tienen que pelearse con la indiferencia de los medios, más interesados al servir a sus intereses económicos, políticos y empresariales. Y probablemente donde hay más opciones para hacerlo sin trabas es en los nuevos medios emergentes, impulsados por periodistas sin los condicionantes que citaba.

Por otro lado –y este es el leitmotiv principal de este blog– esto será más fácil el día que  haya una regulación que proteja el derecho a la información de la ciudadanía y a los profesionales de la información de las presiones políticas y económicas. Hacen falta también periodistas más formados en la necesidad de informar sin ningún tipo de prejuicios previos. Es necesario también que la sociedad tome conciencia que no basta con denunciar prácticas profesionales discriminatorias, sino también alejarse de los medios que las promueven o que no hacen lo suficiente para erradicarlas.

Todo esto y más, el miércoles 26. ¡Consultad el programa e inscribiros!

Del 14 de abril al 3 de mayo

El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha como tantas otras que hay en el calendario para luchar, recordar, reivindicar y/o difundir problemáticas y derechos de todo tipo. Parece ya un ritual. Pero sirven para impulsar acciones, cambios, para remover conciencias, para la movilización social. Pero, ¿son eficaces?. No entraré en otros terrenos, donde gente mucho más experta y conocedora puede aportar datos y visiones mucho más fiables que la mía. Pero en materia de libertad de prensa, de derecho a la información, ¿qué ha pasado desde el 3 de mayo de 2015 hasta hoy? Pues poca cosa buena, si es que hay.

En el Estado español se ha aprobado la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza. En Europa, hace muy pocos días, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la Ley de secretos comerciales y tenemos el polémico Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP) en camino. En el ámbito internacional, desde principios de año llevamos 25 periodistas –o personal de apoyo– que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión. Pero hay muchos otros encarcelados o amenazados de prisión. Uno de los últimos es Andy Halll, un activista británico a quien en Tailandia le piden siete años de prisión por un informe sobre las actividades irregulares de la industria de la fruta en este país, según la crónica periodística de eldiario.es.

Alguien puede considerar que estas cosas pasan porque Tailandia es una dictadura militar desde que en 2014 hubo un golpe de estado. La legislación de este país, pero, contrariamente a lo que fija la ONU, establece penas de prisión para el delito de difamación. ¿Alguien cree que esto en Europa no puede pasar? En la Europa postley de secretos comerciales podrían pasar cosas similares. La nueva directiva aprobada el pasado 14 de abril es una amenaza para el periodismo de investigación. Varias organizaciones profesionales europeas –entre las que hay la Federación Europea de Periodistas (FEP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)– afirman que «todo y las apreciables mejoras respecto al proyecto original, la norma recientemente aprobada todavía plantea dudas en lo que se refiere a si los periodistas y, en particular, sus fuentes denunciantes están protegidos adecuadamente». El redactado es bastante ambiguo y deja demasiadas incertidumbres sobre la cuestión. Los activistas de la red también reprueban esta directiva. La Plataforma X-Net –un grupo de activistas que luchan por la democracia en la red– considera que el único objetivo de la nueva ley «es acabar con los alertadors de abusos y corrupción».

En el Estado español, ya se han empezado a ver los efectos de la Ley Mordaza. Ya hay varias personas sancionadas administrativamente, situación que también afecta a dos profesionales de la información, que han sido multados por sus artículos. Los atentados terroristas que ha habido recientemente en varias ciudades europeas han sido la excusa de varios gobiernos para impulsar reformas legislativas encaminadas a recortar libertades como único camino para reforzar la seguridad. Es momento para recordar la frase de Benjamin Franklin que «quién renuncia a las libertades por una seguridad transitoria, no merece ni la una ni la otra».

Y en Catalunya? Pues antes del 3 de mayo de 2015, la radiotelevisión pública estaba en manos de comisarios políticos. Antes del 3 de mayo de 2016, también. Antes del 3 de mayo de 2015, Catalunya no había desarrollado legislativamente el artículo 52 del Estatuto –que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho en la información de la ciudadanía– y antes del 3 de mayo del 2016, tampoco. Antes del 3 de mayo de 2015, los medios del Tercer Sector no disponían de espacio para su mínima supervivencia y antes del 3 de mayo del 2016, la situación no ha cambiado. Los políticos pueden democratizar los medios públicos. ¿Lo harán antes del 3 de mayo de 2017? Pueden hacer una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía, como hay a muchos países y como desde varias instancias profesionales y ciudadanas los han pedido en reiteradas ocasiones. ¿La harán antes del 3 de mayo de 2017? ¿Tendrán los medios comunitarios un terreno de juego justo y suficiente antes del 3 de mayo de 2017? Todavía es pronto para hacer la carta a los Reyes de Oriente y por lo tanto, seguiremos reclamando. En materia de libertad de prensa, ¿vamos como los cangrejos?

La supeditación de la verdad

El nuevo Gobierno catalán se ha puesto a caminar y entre sus prioridades no está derecho a la información de la ciudadanía. Más bien todo lo contrario, si atendemos a como se han hecho los nombramientos de los cargos directivos en los medios de comunicación públicos catalanes. Algunas formaciones incorporaban en su programa electoral el desarrollo del artículo 52 del Estatuto, que es el que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se trataría que lo cumplieran. Los primeros pasps, pero, no son alentadores. No hace mucho, la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, defendía en sede parlamentaria que «la televisión pública de Catalunya es un reflejo de cómo está evolucionando la sociedad catalana y de hacia donde va». Munté destacaba que «el independentismo ha pasado de ser la opción de un 14% de la población a un 40% entre 2006 y 2015. Y una televisión pública, en cuanto que es pública, se adapta y evoluciona de acuerdo con este sentimiento que también ha ido evolucionando y ha ido cambiante».

La consejera no es la única que piensa así. El catedrático de Teoría de la Comunicación y profesor emérito en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Josep Gifreu apuntaba en un artículo publicado el mes de septiembre pasado en el diario El PuntAvui que «TV3 se ha hecho independentista? En la medida que prácticamente todas las grandes cadenas de televisión, públicas y privadas, presentes en Cataluña, han optado por la defensa compacta del unionismo, ¿no corresponde a un servicio público básico asumir,  presentar y representar las opciones de al menos una mitad de la ciudadanía que no se siente representada por Tele5, Antena 3, TVE 1, La Sexta, Cuatro o 8TV?» En conjunto, los medios como una de las principales herramientas de combate en las trincheras.

A nivel español, las perspectivas no son mejores, e incluso, hoy por hoy, todo lo contrario. Todavía no hay Gobierno, pero la construcción de una sociedad democrática en la que no sea permitido manipular la información ni mentir a la ciudadanía no parece estar en las hojas de ruta que se diseñan sobre las mesas de negociación para formar las nuevas mayorías. En mi condición de miembro de la dirección del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), he tenido la oportunidad de participar en varias entrevistas con representantes institucionales para tratar cuestiones relativas a nuestra actividad. Con una de las personas con las que nos hemos reunido algunas veces es Josep Martí, hasta hace pocas semanas Secretario de Comunicación del Gobierno catalán. Martí nos explicó en cierta ocasión que había formado parte de una delegación de la Generalitat para entrevistarse con los responsables de los medios de Madrid para explicarles el proceso que se estaba viviendo en Catalunya. Nos decía que la respuesta de todos ellos fue unánime: que la unidad de España estaba por delante de la verdad, en expresión casi textual. Lo cuenta también Jofre Llombart, subdirector de El Món a RAC-1, en un artículo publicado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), titulado «Los límites del sistema».

Al margen del debate de si TV3 y Catalunya Ràdio se han hecho independentistas o no, en Catalunya hay medios que defienden claramente una postura independentista. Incluso hay quienes, como gran parte de los directivos de medios de Madrid, piensan que la independencia está por delante de la verdad. Unos y otros, de titularidad privada, tienen derecho a ser independentistas o unionistas, sólo faltaría. Pero, ¿tienen derecho a poner su ideario por delante de la verdad? ¿Hay alguna otra cuestión que también pongan por delante de la verdad? Una regulación del derecho a la información de la ciudadanía como la que hay en otros países debería impedir que la verdad quede solapada. Y la actividad legislativa se debería extender a hacer que los medios públicos fueran realmente públicos, es decir, desgubernamentalizados y despartidizados. El derecho a la información es un derecho humano universal y si realmente fuera respetado cómo corresponde, quizás nadie se atrevería a pedir que los medios públicos catalanes hicieran de contrapeso a las mentiras y manipulaciones ajenas. En Cataluña es muy fácil, sólo hay que desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto.

La información como arma política

En este blog he hablado en varias ocasiones sobre la ventaja que estaban tomando varios países latinoamericanos respecto a otros, especialmente los europeos, en una cuestión tan democráticamente capital como el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía. Habían elaborado regulaciones realmente innovadoras, que partían del hecho de considerar la información y la comunicación como un derecho humano, tal como establece, sin ir más lejos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 19.

Algunos de los últimos procesos electorales vividos en este subcontinente han introducido sombras en esta dinámica. El caso más paradigmático es Argentina, pero también en Venezuela planean oscuras perspectivas. El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, ha declarado la guerra a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) e incluso firmó un decreto para desactivar sus elementos básicos, como la destitución de los miembros de su ente regulador. El abogado y doctor en Comunicación Damián Loreti explica la situación en este artículo publicado en el diario argentino Página 12.

Esta decisión del Gobierno Macri ha provocado un alud de protestas tanto en el país como a escala internacional. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha afirmado que «es completamente peligrosa para la democratización de la comunicación en Argentina la actitud que el nuevo gobierno ha mostrado hacia  una Ley votada por el Parlamento nacional, precedida y legitimada por un debate que involucró al conjunto de la sociedad». Se refiere la FIP al hecho que la LSCA fue elaborada a través de un proceso de participación ciudadana de gran repercusión social, que culminó con la elaboración de un texto aportado a las instancias legislativas que redactaron y aprobaron el texto definitivo. Sostiene el organismo internacional de representación de los periodistas que esta tarea no se puede destruir con un simple decreto ley.

Esta tesis ha sido refrendada por el juez de La Plata Luis Arias, que ha emitido una resolución por la que prohíbe al Ejecutivo de Mauricio Macri cualquier modificación de la LSCA y de sus organismos de control y de gestión por la vía del decreto. El magistrado ordena al Gobierno que, según la crónica de Página 12, «se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)». Arias respondía así a la reclamación presentada por los funcionarios de la AFSCA que pedían la nulidad absoluta del citado decreto. El pronunciamiento judicial está basado «en favor del derecho colectivo a la información y a la libertad de expresión».

Este hecho demuestra una vez más la voluntad de los gobiernos de utilizar la información como arma de control político. La hostilidad de determinados poderes contra una ley como la LSCA es equivalente a la que demuestran estos mismos poderes para evitar que lo regule este derecho fundamental en lugares donde no lo está, como lo es en España y también en Catalunya, donde el desarrollo del artículo 52 del Estatuto se ha convertido en un plato de segunda mesa. En el caso español, destaca el hecho de cómo muchos medios de comunicación han amplificado las críticas de Macri a la LSCA –que la ha tildado de intervencionista, represora y de contraria a la libertad de expresión– pero no han dicho nada de las defensas que destacados organismos internacionales han hecho de esta norma ni de las muestras de apoyo que recibe desde muchos sectores sociales. Después de que Macri impulsara la intervención de la Autoridad Federal que supervisa el cumplimiento de la ley hubo en Argentina numerosas protestas, que han sido silenciadas.

Pero a pesar de todo, en Argentina todavía están más cerca de la democracia en la información que en España, donde se saca mucho pecho con la Constitución pero el artículo 20 es cómo si no existiera.