El show antes que el rigor

Cuando ustedes lean este artículo habrán pasado ya unas semanas de uno de los últimos juicios de estos que se llaman «mediáticos». Era sobre el Caso Nàdia, en el cual se acusaba un matrimonio de haber estafado dinero a personas que colaboraron para financiar los gastos sanitarios de una supuesta grave enfermedad de su hija, Nàdia Nerea que da nombre al asunto.

La pareja Fernando Blanco y Margarita Garau estuvieron durante más de cuatro años recogiendo dinero apelando a una enfermedad extrañísima de su hija que requería, según explicaban de plató en plató de televisión, viajar por medio mundo en busca de especialistas dada la elevada complejidad de los tratamientos. Detrás se escondía un chapucero abuso de la buena fe de centenares de personas y que acabó en los tribunales. El primero en alertar del trapicheo fue un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Josu Mezo, a través de su blog malaprensa.com donde puso en evidencia las contradicciones del asunto.

Mezo escribió el 27 de noviembre de 2016 que «lo que hoy explico es, seguramente, poco popular. Pero creo que se tiene que decir. El periodismo sobre buenas causas no puede estar exento de las reglas normales de la profesión, que se resumen en una de suela: hacer todo el posible porque todo lo que se explica sea verdad». No cuestionaba en aquel momento la actuación de los padres, de quienes dice entender que si el caso es cierto, una cierta desesperación. Pero sí que critica la tarea de los medios porque «el periodista no puede ser un simple reproductor de declaraciones inverosímiles. Su trabajo es, siempre, también en estos casos tristes, explicar la verdad».

Coincidiendo con el juicio, han aparecido voces recordando como la estafa –si la justicia finalmente así lo cataloga– ha sido posible gracias a los medios de comunicación, que convirtieron la supuesta enfermedad de la niña en un show mediático. Uno de los que lo hacía es el periodista Pascual Serrano, que en un artículo publicado en eldiario.es insistía en qué «todo esto se explicó durante meses en los platós de televisión sin que ninguno de los periodistas contrastara con ningún testigo, se asesorara con ningún profesional médico, o consultara ningún informe clínico».

Añadía Serrano: «No nos engañaron Fernando Blanco y Margarita Garau. Fueron los periodistas y los medios de comunicación, sobre todo televisiones, que no hicieron bien su trabajo y que se dedicaron a rellenar un tiempo de programación con poco dinero, para parecer solidarios y con mucha audiencia. Alguien tendría que calcular la publicidad que ingresaron las televisiones en los descansos de aquellos magazins con Nadia, quizás la cifra sea más grande que la que supuestamente han estafado los padres de esta niña». Quizás tendrían que contribuir a resarcir los que se han visto burlados en su buena fe.

Artículo publicado en el número 11 de la revista ‘Utopía’ –revista de la Selva Marítima y el Alt Maresme– en la edición de este mes de noviembre.

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25 años no son nada…

Los días 19 y 20 de junio de 1993 yo era uno de los asistentes al Congreso Constituyente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), en el centro cívico de les Cotxeres de Sants, bajo la presidencia honorífica del veterano Josep Maria Lladó. Mi participación era la de uno más en los debates. El único protagonismo fue formar parte de la comisión de recuento que certificó la elección de Enric Bastardes como primer presidente del SPC.

Ahora, 25 años después, tengo el privilegio y la responsabilidad de ser el presidente de la organización. Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny han dirigido las diferentes juntas ejecutivas que ha habido desde entonces y que han convertido –entre todos y todas– el sindicato en un referente indispensable de la profesión. A mí me toca no estropearlo. Y creo, modestamente, que desde que fui elegido en el VIII Congreso celebrado el pasado 14 de abril, la Junta que lidero está haciendo muy buena labor gracias a la gente que la integra.

Pero para llegar a este punto se ha trabajado mucho en años anteriores. No lo detallaré aquí. La página web del SPC es testigo de todo ello. Pero sí querría destacar una cuestión: el papel decisivo del Sindicat de Periodistes de Catalunya para que hoy el Estatuto de Cataluña incluya un artículo 52 que establece cuáles son los deberes de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Durante su elaboración en el proceso participativo abierto por el Gobierno catalán aportamos las propuestas necesarias para ue así fuera. Los redactores del Estatuto lo incorporaron al texto final, que a pesar de ser uno de los artículos impugnados por el PP como anticonstitucionales, quedó incorporado tal cual salió de fábrica en la versión final. Ahora sólo falta que el Gobierno o los grupos parlamentarios lo desarrollen legislativamente  para hacer efectivo este derecho de la ciudadanía. Y no será porque no se haya pedido y presentado propuestas y documentación para que lo puedan hacer…

La profesión vive momentos difíciles. La precariedad laboral y la desregulación de los y las periodistas a la pieza, la falta de credibilidad de la profesión y de los medios de comunicación españoles según revelan varios sondeos de opinión, el desprecio de las empresas de comunicación por un periodismo de calidad priorizando la cantidad pagada a precios irrisorios y que el fotoperiodismo está pagando más duramente; la falta de respeto por los derechos de autoría, por los derechos laborales… Es un largo listado.

Muchos han dado la culpa a la crisis, a las nuevas tecnologías de la información, al cambio de los usos informativos o a las redes sociales. La crisis del periodismo, sin embargo, empezó mucho antes. Pero una ficticia bonanza económica en los medios hizo que todo el mundo o casi todo el mundo mirara hacia otra banda. La crisis, lo único que ha hecho es mostrar las fragilidades y las miserias con toda su crudeza. Y ahora se pagan las consecuencias con dos víctimas principales: unos trabajadores y trabajadoras inmersos en una precariedad cada vez más intensa, y la ciudadanía, que ve como su derecho a recibir una información veraz, plural y de calidad le ha sido hurtado.

Y los autores de este hurto son los propietarios de los medios de comunicación, y también el poder político que actúa como cómplice necesario, puesto que no ha hecho casi nada hasta ahora para garantizar este derecho universal humano a la ciudadanía. El año 1993, el Consejo de Europa aprobó por unanimidad el Código Europeo de Deontología del Periodismo, un texto que podríamos considerar casi revolucionario.

En su artículo 15 dice: «Ni los editores o propietarios [de los medios] ni los periodistas tienen que considerarse amos de la información. Desde la empresa informativa la información no tiene que ser tratada como una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las mismas tienen que estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos por publicidad.» En su artículo 11 establece bien claramente que «las empresas periodísticas se tienen que considerar como empresas especiales socioeconómicas, los objetivos empresariales de las cuales tienen que quedar limitados por las condiciones que tienen que hacer posible la prestación de un derecho fundamental». Esto lo votaron todos los partidos y todos los países del Consejo de Europa, incluidos los españoles. Pero lo tienen oculto, pero no desfalleceremos en seguir recordándolo y a reclamar que se devuelva la información a su legítimo propietario, la ciudadanía.

Nuestro lema por estos cinco lustros de trabajo es «Ya tenemos sólo 25 años». Para coger fuerzas por todo el trabajo que tenemos que hacer como mínimo en los próximos 25 años podéis venir el lunes 5 de noviembre a celebrarlo con nosotros en el centro cívico Parc Sandaru.

La reválida de septiembre

Escribo este artículo a finales del verano. Con muchas expectativas por lo que pueda pasar en otoño. En varios ámbitos de la vida pública. En este espacio, ya lo saben los que tienen la generosidad de leerme, se habla de información, de comunicación, de periodismo. Entre las asignaturas pendientes de siempre, me temo que en septiembre habrá que seguir repitiendo curso en la mayoría de ellas.

Pero hay una que todavía se podría aprobar. Es la reforma y democratización de los medios públicos dependientes de la Generalitat. Es decir, Tv3 y Catalunya Ràdio. ¿Han estudiado lo suficiente los que tienen que aprobar esta materia? Hablamos de los dos partidos del Gobierno de Catalunya, ERC y Junts per Catalunya, de si han aprovechado el verano para hacer los deberes.

El comité de empresa de TV3 y la sección sindical del SPC en TV3 denunciaban a lfinales del mes de julio que «los partidos del gobierno catalán tienen acuerdos privados para repartirse TV3 y Catalunya Ràdio», según el comunicado del comité. El SPC, a su vez, se quejaba que «no puede ser que sea un secreto a voces que los partidos del Gobierno mercadean con unos medios que son de toda la ciudadanía, que es la que los financia».

En julio trascendieron algunas informaciones –no desmentidas por ningún miembro del Gobierno– que los dos partidos del Ejecutivo se estaban repartiendo los cargos de TV3 y de Catalunya Ràdio cómo si fuera un departamento más de la Generalitat. Los trabajadores de los medios reaccionaron para denunciarlo y pedir explicaciones.

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se dirige desde un Consejo de Gobierno donde sus miembros tienen el mandato caducado desde el pasado mes de marzo. Los intereses políticos que hay detrás han hecho que hasta ahora no haya prosperado ningún acuerdo para renovarlo. Incluso está en cuestión el sistema de votación, a pesar de que el Parlament aprobó hacerlo por mayoría cualificada.

No sé si será un exceso de ingenuidad por mi parte esperar que este verano los que tienen que aprobar la asignatura de la democratización de los medios públicos –en otros lugares del Estado español han puesto las bases para hacerlo– habrán estudiado lo suficiente como hacerlo. Pero viendo el cambio de rumbo en RTVE o en otras radiotelevisiones autonómicas, el Gobierno catalán no puede permitir que los medios de la CCMA queden casi a la cola de España cuando en algunos momentos habían sido líderes. En septiembre haría falta un nuevo rumbo para TV3 y Catalunya Ràdio. ¿O tendremos que volver a repetir curso?

Artículo publicado en el número 10 de la revista ‘Utopía’ –revista de las comarcas de la Selva Marítima y el Alto Maresme– en la edición de este mes de septiembre.

La oportunidad de Ernest Maragall

Hace unas semanas tuve el placer de asistir a la entrega del Premio Ernest Udina a la Trayectoria Europeísta a la amiga y compañera Griselda Pastor. El galardón, que este año ha llegado a la decimotercera edición, lo da la Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) y el acto se llevó a cabo en la sede de las instituciones comunitarias en Barcelona. Griselda Pastor es desde hace unos veinte años la corresponsal de la Cadena Estar en Bruselas, donde ha destacado por su capacidad para explicar en el muy poco tiempo que te da la radio la complejidad de la actualidad comunitaria.

El acto contó con la presencia, entre otras personalidades, del consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall. En su discurso de clausura, el consejero destacó el retroceso en la libertad de información que hay en España refiriéndose a los episodios que en los últimos meses se han vivido en Cataluña y España que así lo evidencian. Aprovechando la naturaleza europea de la ceremonia, expresó su inquietud por la inacción de la Administración comunitaria al permitir esta situación.

Sobre el retroceso de la libertad de información en Cataluña y en España, en este espacio hemos escrito más de una vez. De todas maneras, si el consejero Maragall está preocupado por esta situación, tiene en su mano corregirlo, al menos en Cataluña.

Lo único que tiene que hacer es convencer al presidente del Gobierno del que forma parte, Quim Torra, y al conjunto del Ejecutivo catalán, de desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto de Catalunya, aquel estatuto que se impulsó cuando su hermano Pasqual era el presidente de la Generalitat. Este artículo 52 establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

Varias organizaciones de periodistas y también de la ciudadanía hace tiempo que lo reclaman. Hasta ahora, ninguno de los gobiernos que ha habido en la Generalitat han mostrado la sensibilidad necesaria por hacerlo. Los grupos parlamentarios tampoco han sabido generar los consensos suficientes entre ellos para impulsar la normativa.

Hay que celebrar que el consejero Ernest Maragall haya llegado a la conclusión a la que muchos ya hemos llegado desde hace tiempo: el déficit democrático que supone que la ciudadanía no pueda disfrutar de una libertad de información al nivel de países que hace tiempos que han aprobado regulaciones de este derecho humano esencial, como es el de información y comunicación. Pero, consejero, usted tiene ahora la oportunidad de cambiarlo en Catalunya, consiga que el Gobierno del que usted forma parte desarrolle legislativamente el artículo 52 del Estatuto.

Artículo publicado en el número 9 de la revista ‘Utopía’ –revista de la Selva Marítima y el Alto Maresme– en la edición de este mes de julio

La lacra del acoso en las redes sociales, especialmente a mujeres y a ‘freelance’

El Instituto Internacional de Prensa (IPI, en sus siglas en inglés) ha impulsado un proyecto para evaluar la situación del acoso a periodistas en las redes sociales, especialmente mujeres, y también especialmente, freelance. Este estudio se desarrollará en seis países europeos, España, Finlandia, Reino Unido, Polonia, Alemania y Holanda. De todas maneras, finalmente podría haber algún cambio porque no se descarta que se haga también en Serbia o Eslovaquia dados los problemas que se han detectado últimamente para los profesionales de la información en estos países.

El proyecto tiene por nombre On the line y su objetivo es encontrar qué herramientas pueden ser efectivas para prevenir o limitar los efectos del acoso en las redes. El trabajo consistirá en visitas y entrevistas en profundidad a medios y periodistas de los países seleccionados. Además, el IPI también organizará sesiones de focus group con mujeres periodistas y profesionales independientes para recopilar datos adicionales sobre los mecanismos adoptados o su ausencia.

Esta última semana han empezado la primera de las visitas, que ha sido en España. Del 23 al 25 estuvieron en Madrid y el 26 y 27 en Barcelona. La coordinación de esta misión del IPI en Madrid y Barcelona la ha hecho la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). En la capital catalana, se han ocupado del focus group el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) –que a través de la Federación de Sindicatos de Periodistas es una de las entidades fundadoras de la PDLI– y el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ha cedido el espacio donde realizarlo.

Como disuadir al acosador
Cómo explica la PDLI, «entre otras muchas cuestiones, se analizarán qué medidas se pueden tomar para disuadir los posibles assetjadors de participar en los foros de comentarios de los medios digitales sin sacrificar la libre expresión o qué pasos tiene que dar lo/la periodista frente al abuso en redes sociales.» Con las mejores prácticas, el IPI creará una plataforma de recursos de ámbito europeo para compartir las soluciones más eficaces, de forma que puedan ser adoptadas por otros medios. Las recomendaciones estarán dirigidas tanto a medios de comunicación como a periodistas freelance.

En Barcelona la sesión del focus group se hizo el viernes 27 de abril y participaron las periodistas Mercè Molist (periodista freelance), Susana Pérez (profesora en la URL y periodista freelance), Victòria Miró (redactora de Tecnología en TV3) y Michele Catanzaro (especialista en Ciencia en El Periódico). El conductor de la conversación fue el consultor del IPI que dirige el trabajo, Javier Luque. Pude asistir al encuentro, que fue de gran interés.

Todos los participantes aportaron sus experiencias en las redes y su conocimiento en la materia a raíz de su tarea periodística en este ámbito. Más allá de las historias particulares, lo más relevante son las consecuencias que el acoso comporta y las soluciones para superarlo y, sobre todo, evitar los ataques. Más allá de los efectos más personales en angustia, inquietud e incluso miedo, destacan los cambios en los hábitos de comunicación. También en el comportamiento en las redes sociales, que se traduce a menudo en autocensura.

Otro aspecto a tener en cuenta es la soledad en que a veces se tienen que afrontar estas situaciones. En este sentido se destacó que está organizado y encontrar el apoyo de las asociaciones a las cuales la persona afectada puede pertenecer podría ser una ayuda. Una cuestión que a menudo contribuye a facilitar la tarea de la assetjador es el poco conocimiento que en general los periodistas tienen de las herramientas informáticas para proteger sus equipos y sus comunicaciones. En este aspecto dar formación a los profesionales sobre estas cuestiones sería de gran utilidad así como algún tipo de manual de instrucciones sobre como gestionar estas situaciones.

El agravante de ser mujer
Luque aportó un vídeo hecho por el IPI sobre mensajes reales que las mujeres periodistas acosadas en las redes han recibido en sus móviles u otros equipos tecnológicos en los últimos tiempos. Son de una brutalidad escalofriante, con amenazas gravísimas y los peores insultos que se puedan imaginar. Luque recordó el caso de Selin Girit, periodista turca corresponsal de la BBC que, a raíz de una campaña impulsada por el propio alcalde de Ankara, fue objeto de una fortíssima campaña en las redes sociales que duró semanas y que suponían que cada minuto tenía en su teléfono cinco amenazas de muerte o de violación. Girit había informado de las protestas ciudadanas contra el régimen turco y la respuesta del alcalde de Ankara, Ibrahim Melih Gokcek, fue acusarla de espía británica. Los hechos se remontan al mes de junio del 2013.

El caso es que según las experiencias recogidas, los ataques en las redes contra periodistas son de distinta naturaleza en función de si se es hombre o mujer. Las mujeres reciben principalmente insultos de carácter sexual, amenazas de violación, de muerto, de ataques a su familia… En el caso de los hombres las agresiones digitales buscan básicamente la desacreditación profesional. La soledad de la cual hablaba antes también tiene más efecto si las personas afectadas trabajan a la pieza, es decir, son freelance. Cuanta menor es la vinculación con el medio o medios con los que se trabaja, más difícil es que les arrope. Por eso, en estos casos, pertenecer a una organización profesional puede ayudar en este aspecto.

No le digas «’troll’», dile «acosador».
Por la tarea que el IPI –y también otras organizaciones, como la OSCE– ha hecho sobre estas cuestiones, Luque reclama un cambio de terminología «que diga las cosas por su nombre». Así, no se debería hablar de «trolls», sino de «agresores digitales». Explica que «troll» es un término que se ha popularizado «y a veces cae bien decirle a alguien que lo es. Es una expresión que mola». En inglés «se utiliza on line abusers, es decir, agresores o acosadores digitales». También defiende que no se hable de «víctimas», sino «de objetivos» o, según el término en inglés, «targets». Decir «víctima» puede culpabilitzar a la persona afectada y no tendría que ser así.

La previsión del IPI es haber realizadp a finales de septiembre las visitas en todos los países que forman parte del proyecto y haberlo terminado del todo a finales de año. En las próximas semanas, Luque redactará el informe relativo a su visita a España.

Una nueva etapa

De izquierda a derecha, Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny, los tres presidentes que ha tenido el SPC antes que yo. Foto: TAV

El sábado 14 de abril se celebró el VIII Congreso del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). Entre las cuestiones que decidió hay una que me afecta personalmente porque me eligieron como nuevo presidente de la organización. Para mí es un reto importante, no tanto por el volumen de trabajo a realizar, que de esto ya iba sobrado, sino por la responsabilidad y por lo que significa de confianza de los compañeros y compañeras hacia mí. Sólo aspiro que de aquí a cuatro años haberme hecho merecedor de ella.

En primer lugar quiero agradecer a las personas que han aceptado acompañarme y que conjuntamente haremos equipo para tirar adelante este proyecto, que encaramos con ilusión y ganas de contribuir a la mejora global de la profesión. Una lista con gente joven, especialmente mujeres, signo de una necesaria renovación. Luchar contra la precariedad laboral y, en especial, la que afecta a los periodistas a la pieza y freelance; y conseguir de una vez por todas la regulación de la profesión para tener las herramientas suficientes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad son los ejes principales. Pero no los únicos.

Lograr estos retos no es una cuestión que implique sólo al sindicato. Desde el año pasado, el SPC ha impulsado una unidad de acción con otras organizaciones del sector, como la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Som Atents y Solidaritat i Comunicació (SiCom) y más que quieran añadirse a trabajar conjuntamente. Se han tirado adelante varias iniciativas, algunas de las cuales han culminado en la aprobación en la Asamblea Abierta de Periodistas del pasado 11 de noviembre del manifiesto «15 acciones para un periodismo digno», que el Congreso del SPC asumió. También lo hizo con las reivindicaciones de las mujeres periodistas planteadas el pasado 8 de marzo.

Las acciones necesarias para hacer un periodismo digno dependen de diferentes administraciones e instituciones. Exigir que sus gestores impulsen los cambios que se derivan implica al conjunto del sector. Cada vez somos más pidiéndolo. Pero todavía debemos ser muchos más. Los poderes que se oponen a nuestras reivindicaciones son fuertes y poderosos. Y por lo tanto, nuestras organizaciones también deben serlo. Todas. Y el SPC también. Debemos tener muchos más compañeros y compañeras afiliadas al sindicato para tener la fuerza suficiente, conjuntamente con el resto de entidades, para conseguir la protección social de los colaboradores y colaboradoras, el desarrollo del artículo 52 del Estatuto para regular en Catalunya el derecho a la información de la ciudadanía de manera similar a cómo lo está a muchos países de todo el mundo. Para disponer de unos medios públicos despartidizados al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos de turno. Para que las prácticas de los estudiantes no se conviertan en un abuso laboral. Para que el conjunto de los medios de comunicación no estén al servicio de intereses políticos, económicos y empresariales espurios como pasa actualmente en una gran mayoría de empresas informativas. Para que se retiren las leyes mordaza que encarcelan quién dice cosas que no gustan a quienes mandan, y para que los y las fotoperiodistes puedan trabajar sin la amenaza de recibir garrotazos impunemente. El reconocimiento efectivo del Tercer Sector de la comunicación, que trabajar en un medio sin ánimo de lucro no significa que la gente que los produce no tenga que vivir de ellos. Y así hasta las quince acciones de las que hablaba más arriba.

Para mí ser presidente del SPC lo vivo como una oportunidad de devolver a la profesión muchas cosas que me ha dado. He aprendido mucho de compañeros y compañeras, tanto en los medios donde he trabajado cómo de los que lo hacían en otras empresas y hemos coincidido más o menos a menudo en el ejercicio de nuestra tarea profesional. También con todo el mundo con quien he compartido activismo en el sector. A todos ellos y ellas les pido ahora que me ayuden –que nos ayuden– a revertir la difícil situación en que está hoy el periodismo en Catalunya y en España. No es que afuera todo sea música celestial, pero al menos en muchos lugares tienen herramientas de las que nosotros no disponemos, la regulación laboral del periodismo y la del derecho a la información. Y en este contexto la ayuda para lograr estos retos sería su afiliación al sindicato. Nos permitirá a todos juntos ser más fuertes.

No quiero acabar este artículo sin agradecer a mis predecesores lo que he aprendido con ellos. Han presidido el sindicato Enric Bastardes (1993-2001), Dardo Gómez (2001-2009) y Ramon Espuny (2009-2018). Con la ayuda de todo el mundo que ha pasado por las juntas ejecutivas que han liderado han convertido el sindicato en uno de los referentes de la profesión. Ahora todo es muy distinto de cómo lo era cuando constituimos el sindicato hace 25 años. Las nuevas tecnologías, los nuevos usos informativos de la sociedad, la crisis de la prensa en papel, el descrédito de la profesión, la crisis…, han cambiado el sector de pies a cabeza. Seguramente hay que modernizar estrategias y maneras de trabajar, pero el SPC sigue siendo una herramienta útil. Un sindicato no es más que una asociación de personas que se agrupan para defender sus intereses comunes. Y esto es lo que somos y lo que hacemos. Si el SPC no existiera, habría que inventarlo. En cualquier caso, compañeros y compañeras, estoy a vuestra disposición.

Las libertades básicas, en caída libre en España

Las condenas a los raperos Valtonyc y Pablo Hasel, así como la retirada de una obra en la feria Arco, en Madrid, o el secuestro del libro Fariña han llevado a un punto álgido la inquietud de la ciudadanía en relación con la situación de la libertad de expresión en España. No es que hayan sido los únicos episodios en este ámbito porque desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC) –más conocida como Ley Mordaza– y algunas reformas del Código Penal son muchas las sentencias, las sanciones, las imputaciones… por actuaciones que antes de esta normativa ni eran delito ni eran punibles. A raíz de estos hechos, la Fundació Francesc Ferrer y Guàrdia –de la cual me honro de ser uno de sus miembros fundadores– me pidió un artículo para su blog Espai de Llibertat en el que hablara de la situación en que se encuentra la libertad de expresión en España.

En este artículo doy apoyo a las manifestaciones convocadas para el pasado 17 de marzo en varias ciudades españolas por la derogación de la Ley Mordaza por la plataforma No Somos Delito, denunciadora sistemática de todos los ataques contra la libertad de expresión. En el escrito afirmo que «estos episodios han convertido el Estado español en un lugar donde las libertades –especialmente la de expresión– reculan y son más perseguidas.» Más allá que sea yo quien lo diga, lo avala el hecho que lo constatan organismos de toda solvencia, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En julio de 2015 –pronto hará tres años– emitió un informe en el que consideraba que «el Estado español tenía que modificar la LPSC.» También lo han dicho el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) –que agrupa los sindicatos de periodistas de todo el mundo, algo que la convierte en la organización más grande del sector – y Reporteros Sin Fronteras (RSF). No reproduciré el artículo entero porque lo tenéis al enlace que hay a primeros de este párrafo.