Batalla para preservar las fuentes informativas

En los últimos casi diez días han coincidido varios acontecimientos que han tenido como común protagonista la necesidad de preservar las fuentes de los periodistas y la tarea de los alertadores o los whistleblowers, en su expresión inglesa. Si los ordenamos cronológicamente, empezaría por citar el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien el pasado 30 de mayo prometió que la UE aprobará en los próximos meses la directiva para proteger a los alertadores. El segundo hecho es el V Congreso del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) donde, en unos debates previos abiertos, participaron el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, y, entre otras, la periodista Mercè Molist. Gutiérrez habló de las nuevas opciones de empleabilidad de los periodistas en Europa y Molist sobre ciberseguridad e información.

El pasado 7 de junio, el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, organizó en Bruselas una mesa redonda con varios expertos para hablar de las nuevas tendencias en el periodismo en Internet y de como los periodistas y los medios de comunicación responden a ese reto. Finalmente, tenemos las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, hechas a raíz de los atentados en Manchester y Londres en las que se mostraba partidaria de priorizar la seguridad frente el terrorismo aunque esto suponga restringir derechos y libertades a la ciudadanía. Son cuatro piezas diferentes que forman parte de un mismo mosaico.

El anuncio o promesa de Juncker es importante porque de vez en cuando aparecen los pronunciamientos como el de May –o días antes de quien, en España, era Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que planteó la necesidad de perseguir a los alertadores– que amenazan el derecho a la información. La Federación Europea de Periodistas (FEP) valoraba las palabras del presidente de la CE como «un paso importante hacia una protección de los denunciantes en el ámbito europeo». La FEP afirma que «la denuncia de irregularidades es un aspecto fundamental de la libertad de expresión y que los denunciantes son importantes fuentes de información para los periodistas». En este sentido reclamaba la armonización legal de los denunciantes porque «el interés público está por encima de los intereses privados». Además, concluía, «hay que reconocer la denuncia como un acto de responsabilidad democrática».

El reconocimiento legal de la figura del alertador o denunciante llega en un momento en que están aumentando las prácticas espias de los gobiernos sobre los periodistas. Por eso, la cuestión de la ciberseguridad en el ámbito de la información cada vez está más presente en los foros de debate profesionales y sindicales. Así, en las jornadas previas al congreso del SPA de los pasados 2 y 3 de junio, formaba parte del programa. En su intervención, Mercè Molist, como recoge el periodista David Bollero en su blog en Público, afirmó que «el Gobierno del Reino Unido espia a los periodistas para identificar sus fuentes». Y añadía que «el 21% de los afectados por el espionaje por parte de los gobiernos corresponde a la sociedad civil y, dentro de este porcentaje, el 57% es prensa». El experto en tecnología Enrique Dans, escribía este viernes 9 de mayo en su blog que «pretender controlar lo que circula por la red o exigir puertas traseras a las aplicaciones de comunicación es directamente estúpido, algo que solo se le ocurriría a quienes no entienden la red. Simplemente, no sirve para nada, y en cambio, genera una erosión completamente inaceptable en las libertades y derechos de los ciudadanos».

En la sesión organizada por los Verdes del Parlamento Europeo, se partía de la constatación que el papel futuro de los medios está en cuestión. Están surgiendo nuevos medios digitales, la publicidad impresa está en declive y el aumento de las falsas noticias, hecho que contribuye a la pérdida de la confianza de los lectores. Una de las expertas que participó es Marta Peirano, Adjunta al Director de Eldiario.es, que defendió la importancia de la suscripción y el apoyo de los lectores como nueva forma principal de financiación de los medios que garantiza su independencia. El debate sobre las falsas noticias se ha intensificado mucho, especialmente desde las elecciones norteamericanas, y como combatirlas también es una de las cuestiones en auge en la agenda periodística.

Las palabras de Theresa May o las de Moix van en dirección contraria a la promesa de Juncker. El periodista Dardo Gómez, definía recientemente estos nuevos alertadores en Revistaelobservador.com como «esta gente que hace este tipo de denuncias públicas que han puesto a la vista toda esta inmundícia [de corrupción]. No se dedica a explicar intimidades de famosillos. Aquí estamos hablando de la revelación de información relacionada con actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o peligrosas, que sean cometidas desde el sector público o privado.» Hace un mes, el 8 de junio, la plataforma británica Campaign For Freedom Information (CFOI), alertaba contra los cambios que se quieren hacer en la Ley de Secretos Oficiales. Esta reforma, denuncia la CFOI, podría suponer «el encarcelamiento de funcionarios públicos y periodistas por revelar información» que, por otro lado, cualquier ciudadano puede reclamar a la administración.

Varios escenarios con una misma preocupación. Las restricciones al derecho a la información que pueden acabar perjudicando gravemente al periodismo y a la calidad democrática de la sociedad.

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Un sector agitado

Este mes de mayo, el sector de la comunicación ha vivido dos episodios que pueden ser significativos por lo que pueden suponer. Por un lado, coincidiendo con el 1 de Mayo –Día Internacional del Trabajo– y 3 de Mayo –día Mundial de la Libertad de Prensa– se celebró el pasado 6 de mayo un debate con el título «Por un periodismo ni al dictado ni mal pagado». El encuentro fue organizada por cuatro entidades del mundo de la información y la comunicación y suponía la primera iniciativa hecha a partir de la colaboración entre algunas de las asociaciones más importantes de este ámbito. La segunda ha sido la huelga realizada por los trabajadores de El Periódico y del Sport en el marco de la movilización del personal de las empresas del Grupo Z contra el recorte salarial que quiere imponer el hólding que preside Antonio Asensio.

El debate del 6 de Mayo, se realizó en la Casa de la Prensa, edificio sobre el que hay un proyecto compartido entre periodistas y el movimiento vecinal para defender conjuntamente el derecho a la información como un derecho ciudadano esencial en una democracia. La relevancia del acto viene del hecho que era, como decía, la primera vez que las entidades del sector reflexionaban conjuntamente sobre precariedad laboral, descrédito profesional, estereotipos discriminatorios –como los de género–, regulación de la profesión y otras cuestiones. Una de las conclusiones principales fue que todo y las grandes coincidencias que hubo había que seguir trabajando para armonizar un discurso homogéneo de todo el sector. Con este objetivo se emplazó a las entidades organizadoras del encuentro –Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y SomAtents– a convocar para otoño una asamblea abierta de todo el sector para seguir debatiendo sobre estos y otros temas que puedan salir. La importancia de esta iniciativa vendrá de la capacidad que tengan estas entidades –y las que se  quieran añadir– de seguir trabajando juntas para que tanto el periodismo como ellas mismas se  puedan beneficiar.

El segundo episodio relevante es la retahíla de protestas a las empresas de Grupo Z que han culminado entre el 15 y el 17 de mayo con una huelga en El Periódico –a pesar de que inicialmente estaba convocada hasta el 19 de mayo– en contra de los recortes salariales que plantea la empresa y su falta de voluntad negociadora. Los días 15 y 16 de mayo también hicieron huelga los trabajadores del diario Sport. En El Periódico, la protesta supuso que por primera vez en su historia el diario dejara de salir y faltara a su cita con los quioscos y subscriptores durante tres días. A  pesar de las presiones y amenazas de los directivos del grupo, las plantillas de los dos rotativos mostraron una determinación en secundar el paro como hasta ahora casi nunca se había visto en el sector, si es que alguna vez se ha visto.

El sector de la información y la comunicación habitualmente no se ha caracterizado por su capacidad movilizadora y si ahora han coincidido dos episodios que parecen mostrar, sino lo contrario, sí que algo quizás está cambiando. No dejan de ser un síntoma también del estado de ánimo general en la profesión. De la indignación por la constante precarización de las condiciones laborales, que sólo comporta más dificultades para elaborar buenos productos informativos. De cómo esto favorece el descrédito del periodismo, cada vez más sujeto a los intereses económicos, políticos y empresariales de los propietarios de los medios de comunicación.

Si de esta agitación  saldrá algún resultado que sirva para cambiar la situación, sólo el futuro lo sabe. Si la huelga de El Periódico y Sport ha sido más que una huelga, sólo el futuro lo sabe. Si esta conjunción entre las entidades del mundo de la información y la comunicación sirve para fortalecer la organización del sector, sólo el futuro lo sabe. Pero también es verdad que si no se aprovechan las oportunidades para impulsar los profundos cambios estructurales necesarios, cada vez quedará menos margen para que el periodismo recupere la confianza de la ciudadanía.

La democratización de los medios

«Hay que repensar la información como bien público y lo tiene que financiar el Estado. Es necesaria la reapropiación de los medios por parte de quienes hacen la información y de los que la consumen. Que los medios sean más participativos es indispensable para la democracia». Esto lo dijo el pasado lunes la economista francesa Julia Cagé en la conferencia que pronunció en el Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) con el título Democratizar los medios, salvar Europa del Populismo. Cagé es profesora del Instituto de Estudios Políticos de París. Es autora de un libro que en su traducción al castellano se llama Salvar los medios de comunicación (Anagrama, 2016) pero que en su original francés se titulaba Sauver les médias. Capitalisme, financement participative et démocratie. No deja de ser significativo como se ha encogido en España. Supe de este libro por el comentario que Joan Vila  hizo ena Media.cat. y entre la conferencia y la lectura del libro se desprenden unos planteamientos bastante innovadores por parte de Cagé.

La economista francesa aboga por «unos medios de comunicación gestionados por entidades sin ánimo de lucro», preferentemente bajo la fórmula de fundaciones. En su intervención afirmó que en materia informativa «estamos volviendo atrás, hacia el periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX en que no sabíamos como defender la independencia de los periodistas». También aludió a la situación que se da actualmente y que se refleja perfectamente a las encuestas de opinión sobre la enorme desconfianza ciudadana hacia los medios de comunicación y que esto «pone en peligro la democracia». Entre otras cosas les acusó de tener una gran responsabilidad en el auge de los populismos en varios países, entre los que citó a Estados Unidos.

En una conferencia de poco más de una hora, el discurso es irremediablemente más esquemático, sin tiempo para muchos matices. Por eso, cuando se refiere a que la información es un bien público que lo tiene que financiar el Estado, esto no quiere decir que también lo tenga que producir. En su libro apunta que «a pesar de que la información es un bien público, es un bien público que no puede ser producido directamente por el Estado, como pasa con otros muchos bienes culturales. Por ello, hay que repensar el modelo económico de los medios de comunicación en la  encrucijada del mercado y del Estado, del sector público y del sector privado. Las soluciones al igual que los problemas son los de la economía del conocimiento en el siglo XXI. Varios sectores productores de conocimientos y de cultura han desarrollado desde hace tiempo modelos que permiten superar la ley del mercado y del beneficio y a la vez escapar del control del Estado. Los medios de comunicación pueden inspirarse en ellos para ampliar el campo de posibilidades y salir de la crisis».

En definitiva, los planteamientos de Julia Cagé insisten en la cuestión que la información no pertenece ni a los periodistas ni a los medios de comunicación, sino a la ciudadanía. Y cómo que es un bien público, hay que gestionarlo de acuerdo con el interés público al que se tienen que supeditar medios y periodistas. Ya nos hemos referido en este blog en alguna ocasión a la sandez que soltó Juan Luis Cebrián en los inicios de la transición cuando dijo que «la mejor ley de prensa es la que no existe». De este modo, sin ningún tipo de regulación, gana, como en la selva, el más fuerte, que son los medios, que, mayoritariamente, han supeditado la información a sus intereses empresariales, económicos y políticos. El periodista *Dardo Gómez, ex presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), rebatía este viejo axioma que de manera cíclica reproducen periodistas afines a las estructuras de poder de los medios de comunicación españoles en un artículo publicado en la web CTXT Contexto y acción, en el que afirma que «la mejor ley de prensa es la que protege a la ciudadanía». En este escrito aporta todo tipo de doctrina jurídica emitida por varios tribunales internacionales, como esta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en relación a una demanda contra Italia, en la cual señalaba que «además de un deber negativo de no interferencia, el Estado tiene una obligación positiva de contar con un marco administrativo y legislativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad».

Dardo Gómez también recuerda lo que establece el Código Europeo de Deontología del Periodismo, aprobado por unanimidad por el Consejo de Europa en 1993, que en su artículo 11 establece que «las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental.» Si se repasa con atención este texto del Consejo de Europa se verá que con los tiempos que corren puede considerarse casi como revolucionario. Así, por ejemplo, en el artículo 7 dice que «los medios de comunicación efectúan una labor de “mediación” y prestación del servicio de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información, están en función de los destinatarios, que son los ciudadanos». Una afirmación que se enmarca en la línia de pensamiento de lo afirmó Cagé en su conferencia y que escribió en su libro.

Los nuevos McCarthy de hoy

Ayer fui al cine a ver Trumbo, la magnífica película de Jay Roach sobre las listas negras de Hollywood, que empezaron a aparecer a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado impulsadas por el senador republicano Joseph McCarthy. Este asunto ha merecido la atención de varios cineastas y Trumbo no es más que la visión del caso a partir de la biografía escrita por Bruce Alexander Cook de Dalton Trumbo, uno de los guionistas de más renombre de Hollywood –uno de los diez de Hollywood– y que fue perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero, con ojos de hoy, la caza de brujas que sufrió Trumbo es mucho más que esto.

Trumbo no habla sólo de un caso personal concreto ni de la situación específica en los Estados Unidos en un momento determinado. Habla de la libertad para explicar a la gente aquello que pasa. Habla, en términos de hoy, del derecho a la información, del derecho a explicar los hechos libremente, sin persecuciones ni ser criminalizado para hacerlo. Es cierto que desde entonces el término «caza de brujas» se ha convertido en sinónimo de acoso a todo tipo de disidencias, pero actualmente este es un monstruo que se presenta con varias caras. No debe olvidarse que el maccarthismo contó con el apoyo de varios e importantes medios de comunicación y de periodistas, como en esta película queda muy patente. Ni tampoco que otros medios y otros periodistas  fueron víctimas. Georges Clooney lo explicó muy bien en Buenas noches y buena suerte.

Si el derecho a la información sigue hoy en peligro, atacado por todo tipo de McCarthys, ¿quién son pues los McCarthy de hoy? Sin voluntad de ser exhaustivo ni citarlos por orden de méritos, en esta lista  encontraríamos por ejemplo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Desde el intento de golpe de Estado del pasado mes de julio, en Turquía han sido encarcelados 107 periodistas y unos 2.500 han sido despedidos. Y la oleada de represión continua. En Rusia, un caso paradigmático es el de la periodista Anna Polikòvskaya, una voz crítica con el régimen del presidente Vladimir Putin, de quien el pasado mes se cumplieron diez años de su asesinato. En Rusia, la acción de Putin contra cualquier disidencia ha sido devastadora. La conjura mafioso-política es extremadamente atroz en la América Latina, especialmente en Brasil y, sobre todo, en México, con cifras de informadores que han sido secuestrados, torturados y asesinatos que hacen temblar. Y podríamos hablar en términos similares de más de medio mundo, pasando por todos los continentes, al este y al oeste (Filipinas, Macedonia, el Congo…) sin olvidar que en Estados Unidos  vuelve a haber listas negras. Lo pueden explicar periodistas como Amy Goodman y otros que han sufrido las consecuencias de querer informar sobre la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte de una forma que no ha gustado a determinados poderes políticos, económicos, judiciales y policiales del país.

¿Y en nuestra casa? La versión hispánica del Comité de Actividades Antiamericanas se llama Ley Mordaza. A partir de ella cualquiera que hable de cuestiones que no interesan al establishment es perseguido e incluso detenido. Sería difícil jugar el juego de encontrar las siete diferencias entre Joseph McCarthy y el ministro impulsor de esta vergüenza democrática que se llama Ley de Seguridad Ciudadana, Jorge Fernández Díaz. Pero ahora que España tendrá nuevo gobierno, quizás sería el momento que los que no han votado a favor de Mariano Rajoy –sea por la vía del «no» o de la abstención– impulsen la derogación de esta esperpéntica Ley Mordaza, un auténtico cáncer para el derecho a la información. Esperar que lo haga Rajoy, sería demasiado esperar. Y a pesar de que la mayoría de diputados del PSOE ya se han tragado una de sus prometidas electorales, ni que sea para compensar, podrían promover conjuntamente con el resto de grupos la defenestración de una ley impropia de una democracia madura y de un estado que respeta el derecho a la información de la ciudadanía. ¿Listas negras en España? No olvidemos que justo la semana pasada, el editor de Vozpópuli, Jesús Cacho, despidió a tres periodistas de la publicación digital. ¿Su delito? Querer presentarse a las elecciones sindicales para representar sus compañeros. Y no han sido los únicos. Esto ha pasado en varios puntos del Estado, también en Catalunya.

Trumbo nos muestra que McCarthy sigue cabalgando.

Estereotipos que discriminan

El próximo 26 de octubre se celebra en Barcelona la jornada Periodismos diversos, periodismos transformadores organizada por el Grupo de Comunicación de la Xarxa BCN antirumors de manera conjunta con el Ayuntamiento de Barcelona. Los organizadores han tenido la amabilidad de invitarme a participar en la mesa redonda de clausura, en representación del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), que forma parte de la citada Red.

El objetivo de la Jornada –que se realizará en el edificio HUB Barcelona, en la plaza de las Glorias– es «definir, impulsar y promocionar dinámicas periodísticas y comunicativas que se conecten, de manera profesional y responsable, con la diversidad sociocultural de la ciudad.» El trabajo se articulará alrededor de una serie de actividades (ponencias, talleres, experiencias de éxito, exposición…) dirigidas a estudiantes, medios y profesionales de la comunicación.

La iniciativa responde a la preocupación que hay en varios ámbitos sociales en la mala praxis generalizada en los medios de comunicación a la hora de difundir estereotipos discriminatorios en cuestiones de género, de religiones y de diversidad cultural. A lo largo de las diferentes actividades y sesiones habrá que ver como se pueden tratar estas cuestiones en los medios sin caer en la desinformación y la tergiversación de las realidades.

Al final habrá que ver si en el contexto actual, es posible hacer periodismo honesto que relate la diversidad cultural, libre de prejuicios, rumores y estereotipos. ¿Qué podemos hacer o que hay que transformar para conseguirlo? La verdad, es difícil, pero se puede hacer. La prueba es que hay gente que lo hace. Son compañeros y compañeras que tienen que pelearse con la indiferencia de los medios, más interesados al servir a sus intereses económicos, políticos y empresariales. Y probablemente donde hay más opciones para hacerlo sin trabas es en los nuevos medios emergentes, impulsados por periodistas sin los condicionantes que citaba.

Por otro lado –y este es el leitmotiv principal de este blog– esto será más fácil el día que  haya una regulación que proteja el derecho a la información de la ciudadanía y a los profesionales de la información de las presiones políticas y económicas. Hacen falta también periodistas más formados en la necesidad de informar sin ningún tipo de prejuicios previos. Es necesario también que la sociedad tome conciencia que no basta con denunciar prácticas profesionales discriminatorias, sino también alejarse de los medios que las promueven o que no hacen lo suficiente para erradicarlas.

Todo esto y más, el miércoles 26. ¡Consultad el programa e inscribiros!

Del 14 de abril al 3 de mayo

El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha como tantas otras que hay en el calendario para luchar, recordar, reivindicar y/o difundir problemáticas y derechos de todo tipo. Parece ya un ritual. Pero sirven para impulsar acciones, cambios, para remover conciencias, para la movilización social. Pero, ¿son eficaces?. No entraré en otros terrenos, donde gente mucho más experta y conocedora puede aportar datos y visiones mucho más fiables que la mía. Pero en materia de libertad de prensa, de derecho a la información, ¿qué ha pasado desde el 3 de mayo de 2015 hasta hoy? Pues poca cosa buena, si es que hay.

En el Estado español se ha aprobado la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza. En Europa, hace muy pocos días, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la Ley de secretos comerciales y tenemos el polémico Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP) en camino. En el ámbito internacional, desde principios de año llevamos 25 periodistas –o personal de apoyo– que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión. Pero hay muchos otros encarcelados o amenazados de prisión. Uno de los últimos es Andy Halll, un activista británico a quien en Tailandia le piden siete años de prisión por un informe sobre las actividades irregulares de la industria de la fruta en este país, según la crónica periodística de eldiario.es.

Alguien puede considerar que estas cosas pasan porque Tailandia es una dictadura militar desde que en 2014 hubo un golpe de estado. La legislación de este país, pero, contrariamente a lo que fija la ONU, establece penas de prisión para el delito de difamación. ¿Alguien cree que esto en Europa no puede pasar? En la Europa postley de secretos comerciales podrían pasar cosas similares. La nueva directiva aprobada el pasado 14 de abril es una amenaza para el periodismo de investigación. Varias organizaciones profesionales europeas –entre las que hay la Federación Europea de Periodistas (FEP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)– afirman que «todo y las apreciables mejoras respecto al proyecto original, la norma recientemente aprobada todavía plantea dudas en lo que se refiere a si los periodistas y, en particular, sus fuentes denunciantes están protegidos adecuadamente». El redactado es bastante ambiguo y deja demasiadas incertidumbres sobre la cuestión. Los activistas de la red también reprueban esta directiva. La Plataforma X-Net –un grupo de activistas que luchan por la democracia en la red– considera que el único objetivo de la nueva ley «es acabar con los alertadors de abusos y corrupción».

En el Estado español, ya se han empezado a ver los efectos de la Ley Mordaza. Ya hay varias personas sancionadas administrativamente, situación que también afecta a dos profesionales de la información, que han sido multados por sus artículos. Los atentados terroristas que ha habido recientemente en varias ciudades europeas han sido la excusa de varios gobiernos para impulsar reformas legislativas encaminadas a recortar libertades como único camino para reforzar la seguridad. Es momento para recordar la frase de Benjamin Franklin que «quién renuncia a las libertades por una seguridad transitoria, no merece ni la una ni la otra».

Y en Catalunya? Pues antes del 3 de mayo de 2015, la radiotelevisión pública estaba en manos de comisarios políticos. Antes del 3 de mayo de 2016, también. Antes del 3 de mayo de 2015, Catalunya no había desarrollado legislativamente el artículo 52 del Estatuto –que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho en la información de la ciudadanía– y antes del 3 de mayo del 2016, tampoco. Antes del 3 de mayo de 2015, los medios del Tercer Sector no disponían de espacio para su mínima supervivencia y antes del 3 de mayo del 2016, la situación no ha cambiado. Los políticos pueden democratizar los medios públicos. ¿Lo harán antes del 3 de mayo de 2017? Pueden hacer una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía, como hay a muchos países y como desde varias instancias profesionales y ciudadanas los han pedido en reiteradas ocasiones. ¿La harán antes del 3 de mayo de 2017? ¿Tendrán los medios comunitarios un terreno de juego justo y suficiente antes del 3 de mayo de 2017? Todavía es pronto para hacer la carta a los Reyes de Oriente y por lo tanto, seguiremos reclamando. En materia de libertad de prensa, ¿vamos como los cangrejos?

La supeditación de la verdad

El nuevo Gobierno catalán se ha puesto a caminar y entre sus prioridades no está derecho a la información de la ciudadanía. Más bien todo lo contrario, si atendemos a como se han hecho los nombramientos de los cargos directivos en los medios de comunicación públicos catalanes. Algunas formaciones incorporaban en su programa electoral el desarrollo del artículo 52 del Estatuto, que es el que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se trataría que lo cumplieran. Los primeros pasps, pero, no son alentadores. No hace mucho, la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, defendía en sede parlamentaria que «la televisión pública de Catalunya es un reflejo de cómo está evolucionando la sociedad catalana y de hacia donde va». Munté destacaba que «el independentismo ha pasado de ser la opción de un 14% de la población a un 40% entre 2006 y 2015. Y una televisión pública, en cuanto que es pública, se adapta y evoluciona de acuerdo con este sentimiento que también ha ido evolucionando y ha ido cambiante».

La consejera no es la única que piensa así. El catedrático de Teoría de la Comunicación y profesor emérito en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Josep Gifreu apuntaba en un artículo publicado el mes de septiembre pasado en el diario El PuntAvui que «TV3 se ha hecho independentista? En la medida que prácticamente todas las grandes cadenas de televisión, públicas y privadas, presentes en Cataluña, han optado por la defensa compacta del unionismo, ¿no corresponde a un servicio público básico asumir,  presentar y representar las opciones de al menos una mitad de la ciudadanía que no se siente representada por Tele5, Antena 3, TVE 1, La Sexta, Cuatro o 8TV?» En conjunto, los medios como una de las principales herramientas de combate en las trincheras.

A nivel español, las perspectivas no son mejores, e incluso, hoy por hoy, todo lo contrario. Todavía no hay Gobierno, pero la construcción de una sociedad democrática en la que no sea permitido manipular la información ni mentir a la ciudadanía no parece estar en las hojas de ruta que se diseñan sobre las mesas de negociación para formar las nuevas mayorías. En mi condición de miembro de la dirección del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), he tenido la oportunidad de participar en varias entrevistas con representantes institucionales para tratar cuestiones relativas a nuestra actividad. Con una de las personas con las que nos hemos reunido algunas veces es Josep Martí, hasta hace pocas semanas Secretario de Comunicación del Gobierno catalán. Martí nos explicó en cierta ocasión que había formado parte de una delegación de la Generalitat para entrevistarse con los responsables de los medios de Madrid para explicarles el proceso que se estaba viviendo en Catalunya. Nos decía que la respuesta de todos ellos fue unánime: que la unidad de España estaba por delante de la verdad, en expresión casi textual. Lo cuenta también Jofre Llombart, subdirector de El Món a RAC-1, en un artículo publicado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), titulado «Los límites del sistema».

Al margen del debate de si TV3 y Catalunya Ràdio se han hecho independentistas o no, en Catalunya hay medios que defienden claramente una postura independentista. Incluso hay quienes, como gran parte de los directivos de medios de Madrid, piensan que la independencia está por delante de la verdad. Unos y otros, de titularidad privada, tienen derecho a ser independentistas o unionistas, sólo faltaría. Pero, ¿tienen derecho a poner su ideario por delante de la verdad? ¿Hay alguna otra cuestión que también pongan por delante de la verdad? Una regulación del derecho a la información de la ciudadanía como la que hay en otros países debería impedir que la verdad quede solapada. Y la actividad legislativa se debería extender a hacer que los medios públicos fueran realmente públicos, es decir, desgubernamentalizados y despartidizados. El derecho a la información es un derecho humano universal y si realmente fuera respetado cómo corresponde, quizás nadie se atrevería a pedir que los medios públicos catalanes hicieran de contrapeso a las mentiras y manipulaciones ajenas. En Cataluña es muy fácil, sólo hay que desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto.