Qué proponen en materia de comunicación los partidos para el 28-A

Con ocasión de las elecciones al Parlament de Catalunya del 21 de diciembre de 2017 publiqué un artículo en este blog repasando los compromisos de las diferentes candidaturas. Destacaba que al margen de algunas excepciones, en general había muy pocos compromisos concretos. Ahora, ante la nueva contienda electoral de este 28 de abril para el Congreso de los Diputados y el Senado, con las mismas excepciones, la situación no ha mejorado mucho.

La información para hacer este nuevo artículo, como en la anterior ocasión, sale de la compilación que he hecho yo mismo para el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) en el que se detalla partido por partido sus propuestas en este ámbito. El trabajo se refiere casi exclusivamente a cuestiones directamente vinculadas con el derecho a la información. Es cierto que como sindicato nos interesan también otros cuestiones más generales –la brecha salarial entre hombres y mujeres, la violencia contra las mujeres y el acoso en la red, el futuro de las pensiones, los falsos autónomos, el abuso en la práctica de los y las estudiantes, las personas en situación de paro de larga duración, etc…– que compartimos con otros sectores de la sociedad y por eso, ahora me centro básicamente en aquellos que nos afectan más como periodistas.

Como referencia final, si lo queréis comparar, en este enlace hay las peticiones que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha planteado a estos partidos sobre estas cuestiones

1.– Medios Públicos

A) CIUDADANOS

II) Tolerancia cero con la corrupción
Garantizaremos la independencia y pluralidad de Radiotelevisión Española (RTVE). Reforzaremos el procedimiento de concurso para evitar bloqueos políticos interesados y aseguraremos la elección de un nuevo Consejo de Administración de RTVE formado por profesionales expertos e independientes.
Auditaremos las televisiones autonómicas para reducir gasto innecesario y aseguraremos que sus contenidos no sirvan para hacer propaganda ideológica. Garantizaremos la neutralidad y la pluralidad de los medios públicos de comunicación social, promoveremos su autofinanciación y, en su caso, impulsaremos la eliminación de aquellos que resulten manifiestamente inviables.

B) EN COMÚ PODEM (*)

Desgubernamentalizar RTVE y hacer que sea un servicio público efectivo. La televisión y la radio públicas viven una situación crítica, y la televisión privada, un proceso de concentración que limita el pluralismo. Condicionada por una financiación sólo pública y sometida a la manipulación del Gobierno, RTVE se ha convertido en un instrumento de propaganda gubernamental. Para cambiar esta situación hay que derogar el decreto ley 15/2012 que impuso el PP, promover una auditoría a RTVE y reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). En este sentido nos comprometemos a:
Garantizar la independencia y el pluralismo de RTVE, democratizar la elección y el funcionamiento de sus órganos de gestión y promover una financiación transparente fijada por contrato/programa.
Fomentar la participación ciudadana en RTVE a través de un consejo social, dotado de competencias reales, especialmente la de arbitrar el concurso público para designar la presidencia de cada medio, planificar la gestión y potenciar los consejos de informativos, el Defensor del Espectador y las áreas de medios interactivos.
● Poner a disposición de la ciudadanía, por canales accesibles y con licencias abiertas, los archivos audiovisuales de interés histórico o cultural de los fondos de la Corporación RTVE y de la agencia Efe.
● Hacer realidad el derecho de acceso a los medios públicos. Para hacerlo, se facilitará que las organizaciones sociales puedan reservar espacios y los recursos humanos y técnicos necesarios para la producción de contenidos de calidad.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

Propuestas para la República Catalana:
Impulsar unos medios de comunicación públicos fuertes –de acuerdo con un modelo pluricultural y plurilingüístico– e independientes de los poderes gubernamentales.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica. Acabaremos con el modelo de Administrador único de la corporación de RTVE e impulsaremos un Gobierno corporativo guiado por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad.

 

2.– Regulación del derecho a la Información de la Ciudadanía

B) EN COMÚ PODEM

Garantizar el derecho a una información plural y de calidad. Porque el derecho a la información sea un derecho ciudadano y por lo tanto que todas las personas tengan el derecho a acceder a una información plural y de calidad, se tiene que asegurar la independencia de los medios respecto a los poderes políticos y económicos. Hay que facilitar el acceso de todas las personas a una información plural y veraz. Por eso, nos proponemos:
Desarrollar una ley del derecho a la información y la comunicación que fije los derechos y deberes de los medios para asegurar la independencia y el pluralismo.
● Impulsar el consenso parlamentario para crear un consejo de la información y la comunicación, formado por personas independientes a los partidos y las empresas de comunicación, que determine la composición y las funciones de los consejos de administración de los medios públicos y los criterios de selección de sus cargos directivos, y, en general, que impulse medidas de fomento del derecho de la ciudadanía a la información.
Garantizar que las campañas y las ayudas públicas, así como las licencias de explotación, no se adjudiquen de forma sesgada, partidista y opaca, sino de manera transparente y objetiva. Además, poner fin al uso partidista y a los amiguismos en la publicidad institucional y la compra de suscripciones por parte de las instituciones.
Reducir las ayudas a los medios de comunicación privados mientras no se puedan garantizar recursos suficientes para los medios públicos. La concesión de ayudas por parte de las administraciones del Estado a los medios privados, tiene que ser pública y transparente. Los medios beneficiarios tendrán que estar al día en sus obligaciones fiscales y laborales, incluida la contratación legal e igualitaria de los trabajadores y trabajadoras.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

• Desde el respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional para la lucha contra la desinformación, con actividades de concienciación y formación para la ciudadanía.

 

3.– Ordenamiento del sector audiovisual

B) EN COMÚ PODEM

• Medidas urgentes porque la Ley General de la Comunicación Audiovisual, cumpla con la obligación de reserva de espectro radioeléctrico para los medios comunitarios y apruebe un reglamento que regule la concesión de las licencias a los mismos; cómo establece la misma LGCA desde su publicación en 2010.
● Incluir a la Ley General de la Comunicación Audiovisual las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera, la governança y el derecho de acceso a los medios audiovisuales públicos.
● Conseguir amplios acuerdos para constituir el Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales (CESA), independiente del Gobierno, con competencias para conceder las licencias e imponer sanciones y con medios financieros, técnicos y humanos suficientes. El CESA tiene que garantizar el respeto al pluralismo, la diversidad cultural, la protección de los consumidores y las consumidoras, el correcto funcionamiento del mercado interior y la competencia leal. Sus integrantes deben ser elegidos mediante un concurso público de méritos y reforzar sus incompatibilidades, con el fin de evitar las llamadas “puertas giratorias”.
Para garantizar el pluralismo de los medios audiovisuales, no se debe permitir que un mismo grupo supere una audiencia mediana del 30% en el conjunto de sus canales de ámbito estatal, en los 12 primeros meses desde la adquisición. Cuando esto se produzca, tendrá un plazo de un año para realizar las desinversiones necesarias para bajar de nivel.
● Establecer que quién presta servicios de televisión, radio y audiovisuales tenga que incluir en su página web sus datos de identidad y dirección, forma de contacto directo con ellos o ellas, e identificación de personas físicas o jurídicas que integran su accionariado.
● Las licencias de espacios audiovisuales se tienen que conceder por concurso público, dando a conocer las ofertas, las condiciones con que se conceden y los motivos. Cuando no se cumplan estas condiciones, la licencia podrá ser retirada.
Cuando se otorgue una licencia no se podrán modificar las condiciones de la oferta, así un canal televisivo de noticias no puede convertirse en un canal de realities, ni una televisión autonómica podrá dejar de emitir información sobre su comunidad.
● Crear un consejo del audiovisual independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), pareciendo a los consejos que existen en otros países europeos.
Asegurar la presencia de las lenguas españolas diferentes de la castellana en las radios y televisiones públicas y privadas en horarios no marginales. Garantizar desconexiones. Dar cobertura estatal a las emisoras que dependen de los gobiernos autonómicos y que emiten en lenguas diferentes de la castellana.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

Propuestas para la República Catalana:
Ordenación del espacio radioeléctrico, en cuanto que autoridad competente, de acuerdo con las directivas establecidas por la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la Unión Europea.
• Concesión de licencias de emisión de las radios y televisiones que se otorgarán con criterios de veracidad informativa, pluralismo ideológico y corresponsabilitat social, así como culturales y lingüísticos, como por ejemplo el uso de las lenguas catalana y occitana, y la emisión de contenidos producidos a los Países Catalanes.
• Favorecer la implantación de medios privados y ajustar a la nueva legislación audiovisual los servicios de televisión digital de pago, independientemente de donde tengan la sede social operativa, para garantizar la oferta de contenidos de interés nacional y local.
• Dedicar más recursos a la producción de contenidos para consolidar una industria audiovisual potente, innovadora, pluricultural y plurilingüística a través de un Plan transversal de inversión en industrias creativas que implique la CCMA y el Instituto Catalán de las Empresas Culturales.
• Promover Cataluña como un centro de medios y servicios de comunicación mediterráneos y potenciar la Mobile World Capital como dinamizadora del negocio de contenidos audiovisuales.
Impulsar programas de alfabetización mediática para combatir la desinformación y porque los estudiantes de primaria y secundaria adquieran competencias en nuevos medios (new media) y adopten un rol de creadores y de consumidores críticos de nuevos medios.

Mientras tanto, medidas que presentaremos en el Congreso y Senado:
Conceder un nuevo multiplex para hacer efectiva la reciprocidad entre Tv3, À Punt y IB3 en Cataluña, en el País Valenciano y en las Islas Baleares, así como también en el resto del Estado.
• Apoyo a la creación de consejos reguladores del audiovisual en las autonomías, coordinados con el CAC, e impulso de un código de conducta de ámbito europeo para promover el comportamiento ético en internet y la protección del derecho de autor (copyright). Creación de un Observatorio de la comunicación que haga y coordine la búsqueda.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) debe recuperar el múltiplex que le fue retirado.
Promover la iniciativa Televisión sin fronteras que pretende garantizar la recepción directa de las emisiones de radio y televisión en catalán en los territorios con los cuales compartimos lengua, con el objetivo de promocionar y proteger los espacios de comunicación del catalán.
• La presencia del catalán en los medios de comunicación de alcance estatal, públicos y privados, es escasa o nula. El Gobierno español redujo el espacio de comunicación catalán y limitó las emisiones de Tv3 y Catalunya Ràdio sólo en Cataluña.
Potenciar la presencia del catalán a los medios de comunicación de alcance estatal.

 

4.– Medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro o del Tercer Sector

B) EN COMÚ PODEM

Fomentar y proteger el tercer sector de la comunicación. Los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro (el Tercer Sector de la comunicación) tienen una función insustituible en la libre expresión de los movimientos, entidades y asociaciones de la sociedad, en el amparo de la diversidad cultural y en la reflexión crítica. Por eso, es imprescindible impulsarlos y protegerlos, tal como recomiendan la UNESCO, el Consejo de Europa y otros organismos internacionales. Así, pues, haremos el posible por:
Revisar la gestión del espectro radioeléctrico para garantizar un reparto de recursos más equilibrado entre los tres sectores de la comunicación: el público, el comercial y el Tercer Sector. La revisión tiene que incluir la publicidad institucional y las ayudas públicas, como también la adjudicación de las licencias de explotación con criterios de imparcialidad, objetividad y transparencia.
● Ofrecer asesoramiento legal, fiscal, laboral y de financiación, y apoyar la creación de nuevos medios de comunicación bajo nuevas fórmulas empresariales o de gestión (cooperativas de periodistas o de usuarios y usuarias, medios sin ánimo de lucro, con financiación, vía micromecenazgo o donativos, etc.).
● Impulsar convenios de colaboración de los medios públicos con los del Tercer Sector para brindarles recursos y apoyo técnico sin comprometer la independencia.
● Crear dos canales en abierto en la TDT y en la radio con conexiones locales, gestionados en colaboración con los propios medios del Tercer Sector, como se hace en Alemania, Noruega y Finlandia, entre otros países.

 

5.– Libertad de prensa, libertad de información y transparencia

A) CIUDADANOS

II) Tolerancia cero en corrupción
Aprobaremos una Ley de Protección del Denunciante de Corrupción. Protegeremos a todas las personas que denuncien casos de corrupción u órdenes ilegales de sus superiores. Crearemos una Autoridad Independiente de Integridad Pública para erradicar la corrupción, fiscalizar a nuestros cargos públicos y garantizar que su actuación responde al interés general.

B) EN COMÚ PODEM

Derogar inmediatamente la Ley Mordaza. La Ley de seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, otorga potestad sancionadora al Ejecutivo y parece redactada como reacción a las protestas surgidas por la respuesta que el gobierno dio a la crisis económica, el movimiento 15M, las mareas, los sindicatos y otros. Una ley que pretende proteger el gobierno frente a las protestas y demandas de los movimientos sociales y que, a la vez, pretende reprimir el derecho de expresión y de manifestación de la ciudadanía. La Ley Mordaza pone en riesgo la libertad de información y la protesta pacífica, otorga más poder a las fuerzas de seguridad, limita las garantías de la ciudadanía para defender sus derechos y pone en riesgo los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

• Una justicia independiente garantía de los derechos y libertades para todo el mundo: Derogación de la Ley Mordaza.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

Reformas que legislativas recientes que hay que derogar: Entre otros, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Seguiremos aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana que garantiza el derecho de los españoles a una convivencia pacífica y apoya a la actuación legítima de las FCSE en defensa de las libertades.
Aprobaremos una nueva Ley de Protección de la Información Clasificada que sustituya la actual Ley de Secretos Oficiales y que incorpore las prácticas y estándares internacionales. Esta nueva regulación tendrá que estar adaptada a los adelantos en el tratamiento de la información.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

• Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad que sustituya la Ley Mordaza. Es posible más libertad con más seguridad.
(Incluido en el programa pero no a los «110 compromisos cono la España que quieres»)
Aprobar una nueva la Ley Integral de Protección de Testigos, Informadores y Denunciantes que supere las carencias materiales y personales de los sistemas de protección vigentes, reforzando la protección de los denunciantes de casos de corrupción, protegiéndolos de intimidaciones y represalias y preservando los datos de personales de las personas protegidas para evitar su publicidad o difusión. La Ley también introducirá las disposiciones de la directiva europea para la protección de los denunciantes, actualmente en tramitación.

 

6.– Precariedad laboral

B) EN COMÚ PODEM

Impulsar una ley que regule los derechos laborales de los y las periodistas. El colectivo de los y las periodistas está sometido a importantes condiciones de precariedad, las cuales se han agravado desde que se inició la crisis. Dotar de garantías laborales al sector permitiría que los y las periodistas pudieran ejercer plenamente su función social, aumentaría también la independencia y la capacidad de espíritu crítico. Por eso proponemos la creación de una ley que se debería centrar, principalmente, en:
● Dotar de garantías laborales a los y las profesionales en situación de desprotección de toda la cadena informativa: periodistas que cobran por pieza informativa, determinado tipo de corresponsal, becarios y becarias cuyo trabajo habría que regular, etc.
● Incorporar un Estatuto del Periodista profesional que proteja y dé garantías a los y las profesionales que trabajan en los medios de comunicación.
Derogar las reformas laborales de PP y PSOE por injustas e inútiles. Sustituir la normativa derogada por una ley que defina un sistema de relaciones laborales, garantista del derecho a un trabajo digno, en las siguientes materias: Igualdad al acceso a la ocupación, Relaciones Laborales, salarios, formación profesional, contratación, organización del trabajo, despido, negociación colectiva y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

• Una República con trabajo y salario dignos. Derogar las reformas laborales impulsadas por los gobiernos del PP y del PSOE. Devolver a la capacidad negociadora a los trabajadores, a la cultura laboral del diálogo, al respeto por los derechos adquiridos y a la la negociación colectiva.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

Modificar la reforma laboral del 2012. Hay que proceder a:
a) Establecer la primacía del convenio sectorial respecto al convenio de empresa en cuestiones claves cómo son los salarios o las horas extraordinarias. Se trata de contrarrestar aquellas subcontrataciones de servicios que tienen como única finalidad la reducción de salarios, sin más valor añadido.
b) Reforzar el papel de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de ocupación (ERE) para #promover el acuerdo entre las partes en condiciones adecuadas.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Profundizaremos los avances en flexibilidad del mercado de trabajo conseguidos con la reforma laboral de 2012. Especialmente, en aquello que se refiere a negociación colectiva, favoreciendo convenios colectivos adaptados a las necesidades reales del tejido productivo y plenamente actualizados a las necesidades de empresas y trabajadores.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Aprobaremos los cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI que se adapte a los cambios sociales, económicos y tecnológicos del mundo actual, y que compagine la com

(*) Para no generar confusión, conviene saber que el programa de En Comú Podem en Catalunya con el que presenta Podemos a nivel estatal ofrecen notorias diferencias, como mínimo en materia de derecho a la información, comunicación y periodismo. El programa de Podemos no incluye muchas de las propuestas que sí recoge En Comú Podem.

 

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No son maneras de terminar el año

Estamos a finales de 2018 y desde el derecho a la información se han acumulado las malas noticias. Y en muchos ámbitos. Primero, empezamos por los Medios Públicos. En la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) se ha vivido un pasteleo entre cuatro grupos parlamentarios para repartirse las poltronas del Consejo de Gobierno de la CCMA. La sección sindical del SPC en TV3 lo ha tildado de «estafa a la ciudadanía» y ha mostrado la «decepción ante los incumplimientos de varios grupos parlamentarios, especialmente de quienes en épocas pasadas se habían comprometido con modelos de gestión democrática, no gubernamental y no partidista, de la radiotelevisión pública que tendría que ser de todos». También han hecho críticas contundentes el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el consejo profesional de TV3 y la sección sindical de CCOO en la cadena.

Lo preocupante de todo, pero, es como señala el SPC, que «no solo se trata del pacto por el reparto de puestos en el Consejo de Gobierno, donde por fuerza había que contar con la colaboración de otros grupos, sino de que este comportará la distribución privada y en cremallera, entre JxCat y ERC, de los principales cargos de la Corporación: directores de la tele y la radio y jefes de informativos respectivos, todos en manos de profesionales de confianza del Gobierno». Es decir, que a pesar de las buenas palabras de muchos, que defienden en privado la necesidad de mejorar las emisoras de la Generalitat, los medios públicos catalanes seguirán dependiendo del Ejecutivo. Esto es un paso más para quedarse en la cola, no solo de Europa en cuanto a democratización de los medios públicos, sino también del Estado español, especialmente si lo comparamos con RTVE.

¿Cerrar Canal Sur?

No se ha llegado al extremo que en Andalucía han lanzado los líderes de Vox, con el apoyo de dirigentes del PP, después de las elecciones del 2 de diciembre, de cerrar Canal Sur, propuesta que también ha recibido el rechazo de varios sectores profesionales. El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), recuerda que la RTV pública andaluza «hace 30 años que está dando voz a sectores y territorios andaluces que en otros medios no tienen cabida porque no dan audiencia o, simplemente, no son rentables económicamente». Hay que recordar que antes de estos comicios, el PP apoyó una nueva Ley Audiovisual en Andalucía que no preveía en ningún caso su cierre.

También en Canarias pintan bastos. La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), ante la negativa de Coalición Canaria, el PP y la Agrupación Socialista de Gomera a convocar un concurso público para su Consejo Rector, afirma que «los intereses de la televisión pública autonómica, una vez más, quedan a expensas de los intereses políticos». Y en las Islas Baleares, en IB3, lo que no avanza es que los trabajadores que hacen los espacios informativos sean contratados por la misma televisión pública en lugar de estar subrogados en una productora. Esta es una de las máximas reivindicaciones del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) que hace unos pocos días ratificó en un Congreso ante el poco interés mostrado hasta ahora por las diferentes formaciones políticas para afrontar esta cuestión. En este congreso, al que tuve el placer de asistir y que supone un feliz relanzamiento del SPIB, se eligió la periodista Maria Amengual como nueva secretaria general.

Todo esto hace que el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, se pregunte, en un artículo publicado en el digital encastillalamancha.es, «¿Cuando dejarán en paz a las radios y las televisiones públicas? Mientras los políticos sigan controlando a los medios de comunicación públicos, para manipularlos en su favor, estarán haciendo un grave daño a la democracia y al derecho a la información de la ciudadanía».

La Ley Mordaza, todavía

Todo y las prometidas de varios partidos en la última campaña electoral de modificarla e incluso derogarla, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza, sigue siendo donde era. Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, el Estado ha recaudado ya 270 millones de euros. Centenares de personas denunciadas y sancionadas por unas disposiciones jurídicas cuestionadas por la práctica totalidad de organismos internacionales de los derechos humanos, empezando por la misma Naciones Unidas. El último de ellos es Juan Carlos Mohr, fotoperiodista madrileño, multado con 2.000 euros por «desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse», según ha denunciado el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).

Con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se ha empezado a negociar entre partidos la modificación de algunos artículos de la polémica Ley pero en cada sesión de conversaciones parece que se desvanece la posibilidad de cambios substanciales. Está todavía en su proceso de tramitación y habrá que ver como queda finalmente pero algunos detalles que se van conociendo no invitan al optimismo. Por ejemplo, fotografiar agentes de policía parece ser que seguirá siendo perseguible, cosa que contradice la necesidad de respetar el derecho a la información. Una ley que nació de reacción del establishment a la movilización del 15-M parece que el nuevo establishment quiere seguir utilizándola casi en todos sus preceptos represivos.

Cierre de webs sin orden judicial

El artículo 20.5 de la Constitución española dice textualmente: «Solo se podrá acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.» Ahora parece que esto cambiará gracias a un pacto político entre PP, PSOE y Ciudadanos que se ha formulado a través de una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Estas tres formaciones se han puesto de acuerdo para aprobar en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una reforma de la LPI por la que se permite el cierre de páginas webs por parte de una comisión vinculada al Gobierno sin participación judicial. Estos días, la ley está en trámite en el Senado.

Varias organizaciones, –entre las cuales hay la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Facua-Consumidores en Acción, Asociación de Internautas, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Asociación Española de Startups– han emitido un comunicado en el cual rechazan esta enmienda «porque afecta un derecho fundamental cómo es la libertad de expresión» y también va en contra del citado artículo 20.5 de la Constitución.

Agresiones a periodistas

Este 2018 también ha sido un año difícil a la hora de cubrir acontecimientos en la vía pública. En Catalunya, no solo pero sí principalmente, en actas relacionados con el que se conoce como El Procés. Ha habido muchos problemas para los profesionales de varios medios, especialmente fotoperiodistas. El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha hecho una buena recopilación al portal media.cat. El último incidente lo sufrió el fotoperiodista Albert Salamé, en la manifestación en Girona del pasado 6 de diciembre, en el curso de un acto convocado por Vox que recibió la réplica de colectivos antifascistas de la ciudad.

Un papel especial es el de la extrema derecha –a veces en forma de agentes de policía de paisano y fuera de servicio– donde la impunidad de sus acciones es muy considerable. Los periodistas Jordi Borràs y Xavier Rius Sant lo pueden documentar muy bien. Pero también ha habido incidentes en otros puntos del Estado. En Andalucía son frecuentes las quejas por los problemas que las autoridades ponen para cubrir la actualidad vinculada a la llegada de personas inmigradas.

Y, finalmente, en Francia. En el marco de las movilizaciones de los chalecos amarillos, también habido dificultades para los profesionales de la información. A las manifestaciones del pasado 8 de diciembre muchos periodistas fueron encañonados y heridos por la policía, según la crónica de Libération. Los cuatro sindicatos de periodistas franceses emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que «es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un estado de derecho, que los poderes públicos no garanticen la libertad de informar» y han pedido ser recibidos por el presidente de la República, Emmanuel Macron.

Y eso sin olvidar a los compañeros y compañeras que este 2018 han perdido la vida simplemente por hacer su trabajo de periodista, crímenes que, como ha denunciado la FIP, nueve de cada diez quedan sin resolver.

Seguiremos…

Pero solo terminar de escribir este post y publicarlo, ha estallado el último episodio: La irrupción de la Policía Nacional en dos medios baleares para incautarse de varios equipos en el marco de una operación contra la corrupción. La protección de las fuentes es un derecho esencial de los profesionales de la información en una sociedad democrática, algo que parece que algunos ignoran en la piel de toro… Y todavía quedan 20 días de 2018!

El show antes que el rigor

Cuando ustedes lean este artículo habrán pasado ya unas semanas de uno de los últimos juicios de estos que se llaman «mediáticos». Era sobre el Caso Nàdia, en el cual se acusaba un matrimonio de haber estafado dinero a personas que colaboraron para financiar los gastos sanitarios de una supuesta grave enfermedad de su hija, Nàdia Nerea que da nombre al asunto.

La pareja Fernando Blanco y Margarita Garau estuvieron durante más de cuatro años recogiendo dinero apelando a una enfermedad extrañísima de su hija que requería, según explicaban de plató en plató de televisión, viajar por medio mundo en busca de especialistas dada la elevada complejidad de los tratamientos. Detrás se escondía un chapucero abuso de la buena fe de centenares de personas y que acabó en los tribunales. El primero en alertar del trapicheo fue un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Josu Mezo, a través de su blog malaprensa.com donde puso en evidencia las contradicciones del asunto.

Mezo escribió el 27 de noviembre de 2016 que «lo que hoy explico es, seguramente, poco popular. Pero creo que se tiene que decir. El periodismo sobre buenas causas no puede estar exento de las reglas normales de la profesión, que se resumen en una de suela: hacer todo el posible porque todo lo que se explica sea verdad». No cuestionaba en aquel momento la actuación de los padres, de quienes dice entender que si el caso es cierto, una cierta desesperación. Pero sí que critica la tarea de los medios porque «el periodista no puede ser un simple reproductor de declaraciones inverosímiles. Su trabajo es, siempre, también en estos casos tristes, explicar la verdad».

Coincidiendo con el juicio, han aparecido voces recordando como la estafa –si la justicia finalmente así lo cataloga– ha sido posible gracias a los medios de comunicación, que convirtieron la supuesta enfermedad de la niña en un show mediático. Uno de los que lo hacía es el periodista Pascual Serrano, que en un artículo publicado en eldiario.es insistía en qué «todo esto se explicó durante meses en los platós de televisión sin que ninguno de los periodistas contrastara con ningún testigo, se asesorara con ningún profesional médico, o consultara ningún informe clínico».

Añadía Serrano: «No nos engañaron Fernando Blanco y Margarita Garau. Fueron los periodistas y los medios de comunicación, sobre todo televisiones, que no hicieron bien su trabajo y que se dedicaron a rellenar un tiempo de programación con poco dinero, para parecer solidarios y con mucha audiencia. Alguien tendría que calcular la publicidad que ingresaron las televisiones en los descansos de aquellos magazins con Nadia, quizás la cifra sea más grande que la que supuestamente han estafado los padres de esta niña». Quizás tendrían que contribuir a resarcir los que se han visto burlados en su buena fe.

Artículo publicado en el número 11 de la revista ‘Utopía’ –revista de la Selva Marítima y el Alt Maresme– en la edición de este mes de noviembre.

25 años no son nada…

Los días 19 y 20 de junio de 1993 yo era uno de los asistentes al Congreso Constituyente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), en el centro cívico de les Cotxeres de Sants, bajo la presidencia honorífica del veterano Josep Maria Lladó. Mi participación era la de uno más en los debates. El único protagonismo fue formar parte de la comisión de recuento que certificó la elección de Enric Bastardes como primer presidente del SPC.

Ahora, 25 años después, tengo el privilegio y la responsabilidad de ser el presidente de la organización. Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny han dirigido las diferentes juntas ejecutivas que ha habido desde entonces y que han convertido –entre todos y todas– el sindicato en un referente indispensable de la profesión. A mí me toca no estropearlo. Y creo, modestamente, que desde que fui elegido en el VIII Congreso celebrado el pasado 14 de abril, la Junta que lidero está haciendo muy buena labor gracias a la gente que la integra.

Pero para llegar a este punto se ha trabajado mucho en años anteriores. No lo detallaré aquí. La página web del SPC es testigo de todo ello. Pero sí querría destacar una cuestión: el papel decisivo del Sindicat de Periodistes de Catalunya para que hoy el Estatuto de Cataluña incluya un artículo 52 que establece cuáles son los deberes de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Durante su elaboración en el proceso participativo abierto por el Gobierno catalán aportamos las propuestas necesarias para ue así fuera. Los redactores del Estatuto lo incorporaron al texto final, que a pesar de ser uno de los artículos impugnados por el PP como anticonstitucionales, quedó incorporado tal cual salió de fábrica en la versión final. Ahora sólo falta que el Gobierno o los grupos parlamentarios lo desarrollen legislativamente  para hacer efectivo este derecho de la ciudadanía. Y no será porque no se haya pedido y presentado propuestas y documentación para que lo puedan hacer…

La profesión vive momentos difíciles. La precariedad laboral y la desregulación de los y las periodistas a la pieza, la falta de credibilidad de la profesión y de los medios de comunicación españoles según revelan varios sondeos de opinión, el desprecio de las empresas de comunicación por un periodismo de calidad priorizando la cantidad pagada a precios irrisorios y que el fotoperiodismo está pagando más duramente; la falta de respeto por los derechos de autoría, por los derechos laborales… Es un largo listado.

Muchos han dado la culpa a la crisis, a las nuevas tecnologías de la información, al cambio de los usos informativos o a las redes sociales. La crisis del periodismo, sin embargo, empezó mucho antes. Pero una ficticia bonanza económica en los medios hizo que todo el mundo o casi todo el mundo mirara hacia otra banda. La crisis, lo único que ha hecho es mostrar las fragilidades y las miserias con toda su crudeza. Y ahora se pagan las consecuencias con dos víctimas principales: unos trabajadores y trabajadoras inmersos en una precariedad cada vez más intensa, y la ciudadanía, que ve como su derecho a recibir una información veraz, plural y de calidad le ha sido hurtado.

Y los autores de este hurto son los propietarios de los medios de comunicación, y también el poder político que actúa como cómplice necesario, puesto que no ha hecho casi nada hasta ahora para garantizar este derecho universal humano a la ciudadanía. El año 1993, el Consejo de Europa aprobó por unanimidad el Código Europeo de Deontología del Periodismo, un texto que podríamos considerar casi revolucionario.

En su artículo 15 dice: «Ni los editores o propietarios [de los medios] ni los periodistas tienen que considerarse amos de la información. Desde la empresa informativa la información no tiene que ser tratada como una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las mismas tienen que estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos por publicidad.» En su artículo 11 establece bien claramente que «las empresas periodísticas se tienen que considerar como empresas especiales socioeconómicas, los objetivos empresariales de las cuales tienen que quedar limitados por las condiciones que tienen que hacer posible la prestación de un derecho fundamental». Esto lo votaron todos los partidos y todos los países del Consejo de Europa, incluidos los españoles. Pero lo tienen oculto, pero no desfalleceremos en seguir recordándolo y a reclamar que se devuelva la información a su legítimo propietario, la ciudadanía.

Nuestro lema por estos cinco lustros de trabajo es «Ya tenemos sólo 25 años». Para coger fuerzas por todo el trabajo que tenemos que hacer como mínimo en los próximos 25 años podéis venir el lunes 5 de noviembre a celebrarlo con nosotros en el centro cívico Parc Sandaru.

La reválida de septiembre

Escribo este artículo a finales del verano. Con muchas expectativas por lo que pueda pasar en otoño. En varios ámbitos de la vida pública. En este espacio, ya lo saben los que tienen la generosidad de leerme, se habla de información, de comunicación, de periodismo. Entre las asignaturas pendientes de siempre, me temo que en septiembre habrá que seguir repitiendo curso en la mayoría de ellas.

Pero hay una que todavía se podría aprobar. Es la reforma y democratización de los medios públicos dependientes de la Generalitat. Es decir, Tv3 y Catalunya Ràdio. ¿Han estudiado lo suficiente los que tienen que aprobar esta materia? Hablamos de los dos partidos del Gobierno de Catalunya, ERC y Junts per Catalunya, de si han aprovechado el verano para hacer los deberes.

El comité de empresa de TV3 y la sección sindical del SPC en TV3 denunciaban a lfinales del mes de julio que «los partidos del gobierno catalán tienen acuerdos privados para repartirse TV3 y Catalunya Ràdio», según el comunicado del comité. El SPC, a su vez, se quejaba que «no puede ser que sea un secreto a voces que los partidos del Gobierno mercadean con unos medios que son de toda la ciudadanía, que es la que los financia».

En julio trascendieron algunas informaciones –no desmentidas por ningún miembro del Gobierno– que los dos partidos del Ejecutivo se estaban repartiendo los cargos de TV3 y de Catalunya Ràdio cómo si fuera un departamento más de la Generalitat. Los trabajadores de los medios reaccionaron para denunciarlo y pedir explicaciones.

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se dirige desde un Consejo de Gobierno donde sus miembros tienen el mandato caducado desde el pasado mes de marzo. Los intereses políticos que hay detrás han hecho que hasta ahora no haya prosperado ningún acuerdo para renovarlo. Incluso está en cuestión el sistema de votación, a pesar de que el Parlament aprobó hacerlo por mayoría cualificada.

No sé si será un exceso de ingenuidad por mi parte esperar que este verano los que tienen que aprobar la asignatura de la democratización de los medios públicos –en otros lugares del Estado español han puesto las bases para hacerlo– habrán estudiado lo suficiente como hacerlo. Pero viendo el cambio de rumbo en RTVE o en otras radiotelevisiones autonómicas, el Gobierno catalán no puede permitir que los medios de la CCMA queden casi a la cola de España cuando en algunos momentos habían sido líderes. En septiembre haría falta un nuevo rumbo para TV3 y Catalunya Ràdio. ¿O tendremos que volver a repetir curso?

Artículo publicado en el número 10 de la revista ‘Utopía’ –revista de las comarcas de la Selva Marítima y el Alto Maresme– en la edición de este mes de septiembre.

La oportunidad de Ernest Maragall

Hace unas semanas tuve el placer de asistir a la entrega del Premio Ernest Udina a la Trayectoria Europeísta a la amiga y compañera Griselda Pastor. El galardón, que este año ha llegado a la decimotercera edición, lo da la Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) y el acto se llevó a cabo en la sede de las instituciones comunitarias en Barcelona. Griselda Pastor es desde hace unos veinte años la corresponsal de la Cadena Estar en Bruselas, donde ha destacado por su capacidad para explicar en el muy poco tiempo que te da la radio la complejidad de la actualidad comunitaria.

El acto contó con la presencia, entre otras personalidades, del consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall. En su discurso de clausura, el consejero destacó el retroceso en la libertad de información que hay en España refiriéndose a los episodios que en los últimos meses se han vivido en Cataluña y España que así lo evidencian. Aprovechando la naturaleza europea de la ceremonia, expresó su inquietud por la inacción de la Administración comunitaria al permitir esta situación.

Sobre el retroceso de la libertad de información en Cataluña y en España, en este espacio hemos escrito más de una vez. De todas maneras, si el consejero Maragall está preocupado por esta situación, tiene en su mano corregirlo, al menos en Cataluña.

Lo único que tiene que hacer es convencer al presidente del Gobierno del que forma parte, Quim Torra, y al conjunto del Ejecutivo catalán, de desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto de Catalunya, aquel estatuto que se impulsó cuando su hermano Pasqual era el presidente de la Generalitat. Este artículo 52 establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

Varias organizaciones de periodistas y también de la ciudadanía hace tiempo que lo reclaman. Hasta ahora, ninguno de los gobiernos que ha habido en la Generalitat han mostrado la sensibilidad necesaria por hacerlo. Los grupos parlamentarios tampoco han sabido generar los consensos suficientes entre ellos para impulsar la normativa.

Hay que celebrar que el consejero Ernest Maragall haya llegado a la conclusión a la que muchos ya hemos llegado desde hace tiempo: el déficit democrático que supone que la ciudadanía no pueda disfrutar de una libertad de información al nivel de países que hace tiempos que han aprobado regulaciones de este derecho humano esencial, como es el de información y comunicación. Pero, consejero, usted tiene ahora la oportunidad de cambiarlo en Catalunya, consiga que el Gobierno del que usted forma parte desarrolle legislativamente el artículo 52 del Estatuto.

Artículo publicado en el número 9 de la revista ‘Utopía’ –revista de la Selva Marítima y el Alto Maresme– en la edición de este mes de julio

La lacra del acoso en las redes sociales, especialmente a mujeres y a ‘freelance’

El Instituto Internacional de Prensa (IPI, en sus siglas en inglés) ha impulsado un proyecto para evaluar la situación del acoso a periodistas en las redes sociales, especialmente mujeres, y también especialmente, freelance. Este estudio se desarrollará en seis países europeos, España, Finlandia, Reino Unido, Polonia, Alemania y Holanda. De todas maneras, finalmente podría haber algún cambio porque no se descarta que se haga también en Serbia o Eslovaquia dados los problemas que se han detectado últimamente para los profesionales de la información en estos países.

El proyecto tiene por nombre On the line y su objetivo es encontrar qué herramientas pueden ser efectivas para prevenir o limitar los efectos del acoso en las redes. El trabajo consistirá en visitas y entrevistas en profundidad a medios y periodistas de los países seleccionados. Además, el IPI también organizará sesiones de focus group con mujeres periodistas y profesionales independientes para recopilar datos adicionales sobre los mecanismos adoptados o su ausencia.

Esta última semana han empezado la primera de las visitas, que ha sido en España. Del 23 al 25 estuvieron en Madrid y el 26 y 27 en Barcelona. La coordinación de esta misión del IPI en Madrid y Barcelona la ha hecho la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). En la capital catalana, se han ocupado del focus group el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) –que a través de la Federación de Sindicatos de Periodistas es una de las entidades fundadoras de la PDLI– y el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ha cedido el espacio donde realizarlo.

Como disuadir al acosador
Cómo explica la PDLI, «entre otras muchas cuestiones, se analizarán qué medidas se pueden tomar para disuadir los posibles assetjadors de participar en los foros de comentarios de los medios digitales sin sacrificar la libre expresión o qué pasos tiene que dar lo/la periodista frente al abuso en redes sociales.» Con las mejores prácticas, el IPI creará una plataforma de recursos de ámbito europeo para compartir las soluciones más eficaces, de forma que puedan ser adoptadas por otros medios. Las recomendaciones estarán dirigidas tanto a medios de comunicación como a periodistas freelance.

En Barcelona la sesión del focus group se hizo el viernes 27 de abril y participaron las periodistas Mercè Molist (periodista freelance), Susana Pérez (profesora en la URL y periodista freelance), Victòria Miró (redactora de Tecnología en TV3) y Michele Catanzaro (especialista en Ciencia en El Periódico). El conductor de la conversación fue el consultor del IPI que dirige el trabajo, Javier Luque. Pude asistir al encuentro, que fue de gran interés.

Todos los participantes aportaron sus experiencias en las redes y su conocimiento en la materia a raíz de su tarea periodística en este ámbito. Más allá de las historias particulares, lo más relevante son las consecuencias que el acoso comporta y las soluciones para superarlo y, sobre todo, evitar los ataques. Más allá de los efectos más personales en angustia, inquietud e incluso miedo, destacan los cambios en los hábitos de comunicación. También en el comportamiento en las redes sociales, que se traduce a menudo en autocensura.

Otro aspecto a tener en cuenta es la soledad en que a veces se tienen que afrontar estas situaciones. En este sentido se destacó que está organizado y encontrar el apoyo de las asociaciones a las cuales la persona afectada puede pertenecer podría ser una ayuda. Una cuestión que a menudo contribuye a facilitar la tarea de la assetjador es el poco conocimiento que en general los periodistas tienen de las herramientas informáticas para proteger sus equipos y sus comunicaciones. En este aspecto dar formación a los profesionales sobre estas cuestiones sería de gran utilidad así como algún tipo de manual de instrucciones sobre como gestionar estas situaciones.

El agravante de ser mujer
Luque aportó un vídeo hecho por el IPI sobre mensajes reales que las mujeres periodistas acosadas en las redes han recibido en sus móviles u otros equipos tecnológicos en los últimos tiempos. Son de una brutalidad escalofriante, con amenazas gravísimas y los peores insultos que se puedan imaginar. Luque recordó el caso de Selin Girit, periodista turca corresponsal de la BBC que, a raíz de una campaña impulsada por el propio alcalde de Ankara, fue objeto de una fortíssima campaña en las redes sociales que duró semanas y que suponían que cada minuto tenía en su teléfono cinco amenazas de muerte o de violación. Girit había informado de las protestas ciudadanas contra el régimen turco y la respuesta del alcalde de Ankara, Ibrahim Melih Gokcek, fue acusarla de espía británica. Los hechos se remontan al mes de junio del 2013.

El caso es que según las experiencias recogidas, los ataques en las redes contra periodistas son de distinta naturaleza en función de si se es hombre o mujer. Las mujeres reciben principalmente insultos de carácter sexual, amenazas de violación, de muerto, de ataques a su familia… En el caso de los hombres las agresiones digitales buscan básicamente la desacreditación profesional. La soledad de la cual hablaba antes también tiene más efecto si las personas afectadas trabajan a la pieza, es decir, son freelance. Cuanta menor es la vinculación con el medio o medios con los que se trabaja, más difícil es que les arrope. Por eso, en estos casos, pertenecer a una organización profesional puede ayudar en este aspecto.

No le digas «’troll’», dile «acosador».
Por la tarea que el IPI –y también otras organizaciones, como la OSCE– ha hecho sobre estas cuestiones, Luque reclama un cambio de terminología «que diga las cosas por su nombre». Así, no se debería hablar de «trolls», sino de «agresores digitales». Explica que «troll» es un término que se ha popularizado «y a veces cae bien decirle a alguien que lo es. Es una expresión que mola». En inglés «se utiliza on line abusers, es decir, agresores o acosadores digitales». También defiende que no se hable de «víctimas», sino «de objetivos» o, según el término en inglés, «targets». Decir «víctima» puede culpabilitzar a la persona afectada y no tendría que ser así.

La previsión del IPI es haber realizadp a finales de septiembre las visitas en todos los países que forman parte del proyecto y haberlo terminado del todo a finales de año. En las próximas semanas, Luque redactará el informe relativo a su visita a España.