Archivos Mensuales: febrero 2014

Los medios locales de comunicación, en peligro

Una gran mayoría de los ayuntamientos y las entidades municipalistas españolas han puesto en marcha un proceso para recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) al entender que afecta gravemente sus competencias. Más de 3.500 ayuntamientos, liderados por el de Barcelona como más importante entre los impugnantes, han firmado un acuerdo para concretar esta iniciativa. El PP argumenta cuestiones de eficiencia y eficacia financiera, objetivo loable donde se aplique pero que no se puede hacer a expensas de cuestionar los derechos de las personas y los servicios que la administración más próxima al ciudadano presta a la sociedad. ¿Qué tiene que ver esta cuestión con este blog? Muy sencillo: uno de los servicios que se puede ver terriblemente afectado –lo alertaba recientemente el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA)– son los medios de comunicación local, de gran incidencia en amplias zonas del país.

Los medios de comunicación locales son de una gran importancia para reforzar la cohesión social de las colectividades a las cuales se dirigen. Si estos, además, son de titularidad pública, todavía más. No porque los privados no estén sometidos a las mismas normas deontológicas, pero en los públicos hay que ser mucho más riguroso en este aspecto y tienen que disponer de mecanismos que velen por estos principios. La LRSAL pone en peligro estos medios porque limita las competencias y los recursos de las entidades locales. Al margen de otros aspectos de la ley sobre los que hay gente que sabe mucho más que yo, en este –que también hay gente que sabe mucho más que yo pero al menos, de este, sé un poquito– supone una grave mengua en los derechos de la ciudadanía. Hay muchos municipios donde la única información que reciben de su localidad es a través de los medios locales, sean públicos o privados o sea cual sea el soporte por el que se distribuyen.

Este es un hecho capital porque sin este tipo de medios se pierde un elemento esencial para potenciar la cohesión y la integración social de los diferentes colectivos que hay en un territorio. Son la única alternativa que tienen las entidades y los movimientos sociales de cada lugar para difundir y dar a conocer su tarea y para que alguien se haga eco de ella. Los medios locales ni son un derecho de los periodistas que trabajan, ni son (o no tienen que ser) un instrumento de poder de las autoridades municipales, sino que son una herramienta imprescindible para las personas de cada pueblo o ciudad, sea más grande o más pequeña. Cada una de ellas ya encontrará la manera de dimensionar la radio o la televisión a sus necesidades. Otra cosa sería que uno de los objetivos de la ley sea liquidar a golpe de decreto la radiotelevisión pública de proximidad para favorecer la aparición de oferta privada, poco pendiente de estos principios de cohesión social y más atento a intereses de otro tipo. Que al Partido Popular le molestan los medios públicos hay muestras de sobra y no hace falta incidir más en ello.

Por otro lado, no conviene olvidar lo que supondría para el sector el cierre masivo de medios locales. Si ya ahora, la comunicación es el segundo sector –por detrás de la construcción– que más pérdidas de empleo ha registrado en términos relativos, este panorama no haría más que agravarse. Y la consecuencia directa sería profundizar en la degradación del panorama comunicativo en el conjunto del Estado español y un ataque más al derecho a la información de la ciudadanía.

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El grupo Clarín se baja del burro

En el año 2009, el Parlamento argentino aprobó la Ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA) que, entre otras cuestiones, limitaba el número de licencias que una misma empresa podía tener. Esta ley suscitó el durísimo rechazo de los grandes grupos de comunicación que operan en Argentina, principalmente Clarín y Prisa, porque suponía el fin de su monopolio mediático. Estos hóldings tildaron el Gobierno de Cristina Fernández de «antidemocrático» y de «legislar contra la libertad de información». La prensa española también se extendió en duras críticas a la administración argentina. La realidad, pero, es muy distinta. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha defendido reiteradamente esta ley de la cual dice, en su último Informe Anual, que «su aplicación supondrá un gran paso en favor del pluralismo en Argentina y en la región».

El Grupo Clarín recurrió la norma al Tribunal Supremo de Justicia de la Nación quién, el pasado 29 de octubre, decretó la plena constitucionalidad de la Ley de servicios de comunicación audiovisual. Esto forzó al principal grupo de comunicación argentino a buscar la fórmula para adaptarse. Finalmente presentó su plan para dividir su conglomerado mediático en seis empresas independientes, plan que el Ejecutivo de Cristina Fernández ha aprobado. Clarín, que no esconde su pugna con la Administración argentina, ha tenido que aceptar los principios de una norma en cuya redacción han participado gran parte del movimiento asociativo de este país. De hecho, tal como recuerda RSF en un comunicado del 31 de octubre de 2013, «el recurso legal que interpuso el grupo Clarín, principal propietario de frecuencias audiovisuales del país, estaba ampliamente sustentado en intereses comerciales.» Los jueces consideraron en su sentencia, que «no queda afectado el derecho a la libertad de expresión del grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su supervivencia económica». La resolución también dice que «es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de este modo se favorece la libertad de expresión impidiendo la concentración en el mercado».

En la presentación de este informe en Argentina, según la crónica de la agencia argentina de noticias, TELAM, RSF puso esta ley «como ejemplo a seguir en otros países puesto que ofrece una distribución equitativa de las frecuencias de acuerdo con el tipo de emisora». Esta asociación sostiene que «el panorama en América Latina se caracteriza por una muy alta concentración de la propiedad, reflejo de las oligarquías locales» y considera que iniciativas legislativas como las desarrolladas en Argentina y en Uruguay proporcionan «una oportunidad real» a pequeños medios de comunicación». Finalmente, afirma que «la LSCA, criticada por los medios de comunicación privados, constituye sin embargo un avance en materia de pluralismo puesto que el objetivo es evitar la excesiva concentración de los medios de comunicación, garantizando una mejor distribución de frecuencias entre los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios.»

Uno de sus aspectos más novedosos es el hecho que la LSCA –y las normativas similares que se están implementando en otros países latinoamericanos, como Uruguay, Bolivia o Ecuador– establece que una tercera parte de las licencias audiovisuales tienen que ser para medios comunitarios, es decir asociaciones sin ánimo de lucro y entidades del tercer sector. Hay países que también cuantifican el porcentaje que deben tener el sector privado y el público y otros que no lo hacen, limitándose a consignar sólo el de los medios comunitarios. En cambio, la presencia de estos en el reparto de frecuencias en el Estado español es una cuestión que se ha planteado tanto en el Congreso de los Diputados como en diferentes comunidades autónomas –entre las cuales hay Catalunya– cuando se ha abordado la redacción de las respectivas leyes audiovisuales. Estas propuestas no han tenido ningún eco en los legisladores que tanto sólo han escuchado las voces del sector privado como casi único interlocutor real a pesar de las declaraciones de intenciones que en ocasiones han hecho a los representantes del tercer sector.

En definitiva, los jueces argentinos han estimado que la Ley de servicios de comunicación audiovisual argentina cumple todos los requisitos democráticos. El principal grupo de comunicación de este país ha tenido que aceptarlo y se ha bajado del burro, y a partir de ahora se abre la puerta a que la oferta mediática sea mucho más rica y, por lo tanto, mucho más respetuosa con el derecho de la ciudadanía a recibir una información más plural y de más calidad. El sistema comunicativo argentino, ciertamente, no es un paraíso inmaculado, también tiene sus imperfecciones, pero no tantas como las que hay en España –y en sus autonomías– que, por no tener, no hay ni siquiera una ley. Y, por lo tanto, los Clarines de por estos lares hacen y deshacen a su antojo. Sólo tienen que cambiar el director si se lo pide el Gobierno. Pero esta ya es otra historia.

Andalucía, un paso por delante

El año 2010 se puso en marcha en Andalucía una iniciativa que trae por nombre Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía. Su objetivo es «posicionar la comunicación como un elemento central en la construcción de una ciudadanía informada, activa, crítica, participativa y transformadora de su entorno, desde la defensa del ejercicio del derecho a la comunicación». Esta es la iniciativa en este ámbito más avanzada que hay en el Estado español. Catalunya, que siempre se ha mostrado adalid en muchos aspectos, especialmente en aquellos vinculados a las aspiraciones democráticas y de participación, se ha quedado atrás a pesar de haber sido la primera, en España, en impulsar experiencias en esta dirección. En la plataforma andaluza participan un total de 34 asociaciones de esta comunidad de todo tipo, entre las que hay el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), la Red de Medios Comunitarios, la Asociación de Usuarios de la Comunicación de Andalucía o la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados. Es una alianza de los movimientos sociales para reclamar una cuestión tan básica como que se los garantice el derecho a ser informados y a comunicar.

En Catalunya hubo los primeros intentos a finales de los años 90. Una plataforma de entidades sindicales, sociales y políticas impulsaron en 1997 un manifiesto en cuya redacción había tenido un gran protagonismo el periodista y escritor Manolo Vázquez Montalbán. Se afirmaba, entre otras consideraciones, que «los consumidores se encuentran normalmente sin capacidad de descodificar las intenciones reales de los mensajes que reciben y desorganizados para exigir una información que dé respuesta a sus auténticas necesidades de saber. Profesionales y consumidores, al fin, sufren las consecuencias de una progresiva presencia de los grupos empresariales que luchan para ganar la hegemonía dentro de un proceso de concentración monopolista, pero no para asegurar el derecho del ciudadano a ser informado».

Pero esta tarea no tuvo continuidad y los esfuerzos que desde varios ámbitos se han hecho hasta ahora no han tenido éxito. En las últimas semanas han aparecido nuevos impulsos de los que informaremos más adelante a medida que se vayan concretando. Hoy, pero, el protagonismo está en Andalucía donde el 4 de febrero pasado hubo una reunión de la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) a la que asistieron miembros del Foro Andaluz y de la consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. En el encuentro se abordaron las quince propuestas hechas por esta entidad para que se incorporen a la futura Ley de comunicación audiovisual y al Plan de impulso del sector audiovisual. Esta experiencia está siendo seguida de muy cerca por los promotores del nuevo intento de construir en Catalunya, concretamente en Barcelona, una red ciudadana en defensa del derecho a la información de la ciudadanía en consonancia con el que establece el artículo 52 del Estatuto de Catalunya.

Pedro J. bebe de su jarabe

El amigo Enric Bastardes sugiere en un comentario en la presentación de este blog hablar de la destitución de Pedro J. Ramírez como director de El Mundo. Dice Enric: «Esta semana tenemos un caso para discutir. La “destitución” –según dice él– del director de El Mundo: Pedro J. Si fuera verdad su argumento que ha sido destituido por las presiones políticas para dar a conocer los papeles del caso Bárcenas se daría el hecho que mientras mentía, manipulaba, inventaba y prevaricaba con los atentados de Atocha durante cuatro años no le pasó nada y ahora que pretendía hacer de periodista, lo destituyen. Tantos méritos acumulados para ser destituido por causas objetivas de atentados a la deontología profesional y va y lo destituyen para revelar la doble contabilidad del PP. Qué país!» La cúpula del PP, con Mariano Rajoy al frente, enojada por las revelaciones de El Mundo sobre el asunto de la financiación del partido, castigó al rotativo de Pedro J retirándole la publicidad institucional, hecho que menguó los ingresos de Unidad Editorial en unos 15 millones de euros. A partir de aqui, los acontecimientos se han precipitado. Pero ha sido lindo escuchar a Pedro J. haciendo una defensa tan firme de la profesión como la de ahora cuando le han echado. Pero hacía mucho tiempo que no se le oía algo así. Y nos podemos remontar mucho más allá de su campaña conspirativa alrededor del 11-M.

Desde hace muchos años, varias organizaciones profesionales y sindicales del sector han intentado regular el derecho a la información en el Estado español. Cuando llegan las campañas electorales estas entidades intentan que los candidatos asuman compromisos en esta línea. El año 2004, previo a los comicios que llevarían a José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno español, el entonces candidato socialista se comprometió en una carta enviada a quien en aquellos momentos era el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Enric Bastardes, prometiendo que lo haría en caso de victoria electoral, como así finalmente fue. Aún así, costó enormes esfuerzos –que un día habrá que explicar– que lo que entonces se bautizó como Estatuto del Periodista Profesional (EPP) empezara un trámite parlamentario que no llegó a ninguna parte porque aquel proyecto batió todos los récords de prórroga de la tarea en comisión. Pero una cosa sí que consiguió: que, por primera vez, todos los medios de comunicación salieran unidos para pararlo porque suponía, entre otras cosas, limitar sus abusos informativos y manipulaciones que hace años que practican. El diario de Pedro J incluso hizo un editorial exclamando alarmado «un estatuto todavía peor que el catalán», frase que, en el horizonte del año 2006 y 2007 y en boca del inefable Ramírez, todo el mundo sabrá contextualizar

Si no hubiera puesto tantos obstáculos al EPP –que ahora intenta de nuevo su camino con el nombre de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC)– ni ahora tendría que haber claudicado a las presiones de las que se queja pero tampoco antes habría podido caer en la manipulación y mentira más soez que muchos hemos denunciado con el mismo éxito que él ahora ha tenido.

El Gamonal como ejemplo

Mery Barranco es una dirigente vecinal del Baix Llobregat que ahora también se ocupa del programa Línea de Servei que emite la Televisión de Esplugues, una emisora local de un municipio del área metropolitana de Barcelona. En el espacio se abordan todo tipo de problemáticas sociales que tienen que ver con las necesidades de las personas. Una de las cuestiones que le preocupan es la información y como la ciudadanía puede hacer valer sus derechos en este ámbito. De hace tiempo, para tratar estos asuntos ha contado con la colaboración del Sindicat de Periodistes de Catalunya, concretamente la del compañero Dardo Gómez, expresidente del SPC y ex secretario general de la FeSP. El pasado martes 28 de enero me estrené yo y el punto de salida del debate –en el cual también participó la periodista Gisela Yll aportando los datos informativos para centrar la conversación–, fue la movilización vecinal en el barrio de Gamonal, en Burgos. No me extenderé sobre la naturaleza del conflicto porque en estos momentos ya es suficiente conocida y, además, no es el objeto de este blog. Pero sí que hay un aspecto fundamental, que es el papel de algunos medios de comunicación y de algunos periodistas en el cubrimiento de la noticia.

El primer elemento esperpéntico es que el principal constructor de la ciudad castellana y promotor urbanístico del polémico proyecto es al mismo tiempo el propietario de Diario de Burgos. Antonio Miguel Méndez Pozo ha puesto el rotativo al servicio de sus intereses como empresario del ladrillo. Por lo tanto, la información que han recibido los lectores ha sido distorsionada en función de estos intereses, cómo ha sido público y notorio mientras Gamonal ha ocupado los principales titulares periodísticos. Esta situación muestra con toda su crudeza los efectos de la carencia de regulación al Estado español del derecho a la información de la ciudadanía. En algunas de las normativas que se están implementando en varios países –principalmente ahora en América Latina– se establece entre otros cosas que las empresas y los empresarios de los sectores estratégicos no podrán ser accionistas de medios de comunicación. Esto incluye, por ejemplo, los bancos o la industria energética. Si en España se hiciera algo similar –desarrollando legislativamente el artículo 20 de la Constitución–, probablemente también habría que incluir el sector constructor e inmobiliario para evitar episodios como el que se ha vivido en Burgos.

No se pueden dejar al margen otras barbaridades cometidas por los profesionales de la información en este conflicto, como inventarse situaciones que no se habían producido como el asalto a los comercios del barrio. Los efectos de la carencia de regulación del derecho a la información se ven constantemente pero llegan a su máximo exponente cuando se producen situaciones de gran impacto informativo. En el accidente de un tren a la entrada de Santiago de Compostela sucedido el verano pasado o el asesinato de una niña presuntamente cometido por sus padres, también en Galicia, son ejemplos paradigmáticos. Por lo tanto la mejor manera de evitarlo es hacer una ley que establezca cuáles son los derechos y los deberes de los periodistas para garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz y de calidad. Dicen los autoreguladores que está muy claro que no se puede mentir y que por esto no hay que hacer una norma. También es muy claro que no se puede matar y se tuvo que tipificarlo en el Código Penal para castigar aquellos que lo hicieran.

Hollande aplaza la Ley de fuentes en Francia

La Asamblea Nacional francesa ha decidido posponer la Ley de fuentes para después de las próximas elecciones municipales, previstas para el mes de marzo de este año. El pasado 16 de enero los diputados tenían que estudiar el texto, cuestión que han atrasado, aparentemente, por esta razón. Los sindicatos de periodistas franceses, Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Liga de los Derechos Humanos han criticado duramente esta decisión, que tenía como objetivo proteger las fuentes informativas de los periodistas. El Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ), la principal organización del sector, ha mostrado su indignación y se pregunta cuáles son las razones reales que se esconden detrás de esta decisión. Esta ley había sido un compromiso electoral de François Hollande. El texto a aprobar por la Asamblea legislativa ya había obtenido el visto bueno del Consejo de Estado y de la Comisión de Leyes de la cámara francesa.

El SNJ confía que esta situación no esté motivada por «algunas situaciones recientes» que habrían provocado «un estado de desamor de las relaciones entre la jefatura del Estado y los franceses». El sindicato reclama que se fije de manera inmediata una nueva fecha para revisar el proyecto de ley y recuerda que «la protección de las fuentes de los periodistas es de interés público. Es una obligación democrática urgente.» Tanto en Catalunya como en el conjunto del Estado español todavía se está lejos de tener una ley como esta y ni siquiera pendiente de debate y aprobación en las cámaras legislativas respectivas.