Archivos Mensuales: marzo 2014

La autorregulación queda en evidencia

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto dos expedientes sancionadores a Atresmedia y a Mediaset por contenidos poco adecuados en horario infantil. Concretamente se refiere a los espacios El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, y Espejo Público, a Antena 3. Afirma este organismo que los dos «habrían emitido escenas e imágenes con contenidos audiovisuales que pueden ser inadecuados para todos los públicos por lo que no encajarían con los criterios establecidos en el Código de Autorregulación que han subscrito tanto Mediaset como Atresmedia». El mismo día en que la CNMC hacía público la incoación de estos expedientes, la subdirectora de Audiovisual del ente, Júlia López, afirmaba en unas jornadas que «las televisiones deberán cumplir con el horario de protección infantil» y advertía a los operadores que si no lo hacen por la vía de la autorregulación «se los impondrán todas las sanciones que se consideren necesarias para su debido cumplimiento.»

López, que participaba en las jornadas «Pantallas seguras para los menores en Europa», explicaba que «intentaremos que se cumpla la ley por la vía de la autorregulación, pero si no es así, tendremos que ejercer nuestra competencia y, si es necesario, habrá que imponer las sanciones que sean necesarias». El horario infantil –menores de trece años– es el comprendido entre las ocho y las nueve de la mañana, entre cinco y ocho de la tarde y de nueve a doce de la mañana los sábados, domingos y festivos de ámbito estatal. López asegura que en los últimos tres años, la situación de los menores ante la televisión había mejorado pero «todavía queda un largo camino por recòrrer», a pesar de que la convergencia entre las televisiones y las nuevas tecnologías añade nuevas dificultades a este control. Desde hace años ha habido grandes críticas a los contenidos televisivos en horario infantil y por esta razón, y para mejorar su imagen, las principales cadenas de televisión pactaron en 2004 un Código de Autorregulación que todas ellas han vulnerado sistemáticamente, convirtiéndolo casi en una broma.

Este Código fue presentado públicamente en diciembre de 2004 por la asociación que agrupa las televisiones comerciales –la UTECA–, a pesar de que TVE también lo firmaba, con el aval de la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La ministra de la Presidencia aseguró entonces que empezaba una nueva etapa de la televisión en España. La realidad ha dejado en evidencia el triunfalismo oficial puesto que las quejas y las denuncias por el incumplimiento de la normativa han sido constantes a lo largo de estos años. La ineficacia del comité de autorregulación ha sido flagrante en este periodo y es la prueba de la necesidad de regulaciones del funcionamiento de los medios de comunicación con un organismo de control totalmente independiente que vele por el cumplimiento de la norma. Sin embargo sorprende que el organismo regulador supedite el cumplimiento de la normativa a la autorregulación de los operadores cuando debería ser justamente al revés. Esto es lo que precisamente entienden las instituciones europeas que exigen que se apliquen con rigor las directivas comunitarias en materia de televisión, mucho más estrictas que los códigos de autorregulación que, aún así, son vulnerados de manera constante.

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El ejemplo de la regulación británica

Esta semana se ha cumplido un año del acuerdo entre el Gobierno británico y la asociación de víctimas del espionaje de la prensa, los afectados por las escuchas telefónicas hechas por los medios del grupo Murdoch. Se trataba de consensuar un plan para evitar un nuevo escándalo de estas características a partir del informe hecho por la Comisión Leveson. Esta fue creada el verano de 2011 a raíz de la indignación social generalizada cuando trascendieron las escuchas ilegales de las que habían sido víctimas, entre otras, personas conocidas de la talla del actor Hugh Grant o la escritora J. K. Rowling. El 29 de noviembre de 2012, después de meses de comparecencias de testigos y protagonistas del asunto de todo tipo, la comisión publicó su informe, de cuatro volúmenes, y un resumen ejecutivo de 48 páginas. A principios del mes de diciembre se publicó una encuesta en la que se revelaba que un 70% de los británicos apoyaban las recomendaciones que emanaban de este trabajo.

Las propuestas que se plantean son, esencialmente la creación de un órgano regulador y controlador independiente de los editores, los poderes políticos y económicos, con fuerte presencia social; un nuevo código ético más riguroso; que los contratos de trabajo incluyan la cláusula de conciencia; que se establezca un sistema voluntario de adhesión a la nueva normativa y un sistema de resolución de quejas y arbitraje alternativo a los procesos judiciales. También se prevén mecanismos para los medios que no quieran aceptar la autoridad de este órgano regulador. Todo esto tendría que estar amparado en un sistema legal adecuado. El Gobierno conservador de David Cameron mostró pronto su rechazo a este informe pero la presión social hecha a través de hacked off –la plataforma que agrupaba a las víctimas de las escuchas– y los partidos de la oposición le forzó a modificar su actitud. El resultado fue la reunión a la que se aludía en el inicio de este artículo y de la que ahora se cumple justamente un año.

De todos modos, este acuerdo no fue el fin de la historia, pero sirve para tener una excusa para hablar de este proceso que en muchos aspectos es envidiable. Que el pacto se convirtiera en ley todavía tardó siete meses más porque no fue hasta el pasado mes de octubre que los tres principales partidos británicos –el Conservador, el Laborista y el Liberal– consensuaron la normativa, que no fue convertida en ley por el Gobierno de Cameron hasta el 30 de octubre. Entre el acuerdo de los tres partidos y la ratificación por parte del Ejecutivo hubo una durísima campaña de muchos medios –a excepción de algunas honorables excepciones, como The Guardian, que lo consideraba necesario– que saltaron a degüello sobre la nueva normativa argumentando que era un ataque a la libertad de expresión y una intromisión de los poderes políticos en los asuntos de la información.

En definitiva, la nueva ley británica –que entrará en vigor al 2015– conlleva la creación de un organismo regulador de la prensa eficaz, con capacidad sancionadora, protector de la ciudadanía y sin políticos ni empresarios de medios en su composición, y tiene el apoyo del National Union Journalists (NUJ). En la justificación de la ley se argumenta «la necesidad de poner fin la cultura del escándalo» que practican algunos medios, una decisión que aparece plenamente justificada por los casos de pirateo y escuchas telefónicas de los diarios del Grupo Murdoch que afectó, incluso, el caso de una niña asesinada. La ministra de Cultura, Medios de comunicación y Deportes, Maria Millar, afirmó entonces que la Carta Real –la fórmula jurídica elegida– «protegerá la libertad de prensa y permitirá que haya compensación cuando se cometan errores». Este nuevo órgano debería facilitar a las personas que se consideren maltratadas por los medios que sus quejas sean escuchadas, así como la imposición de multas si se considerara oportuno.

En Catalunya y en el Estado español vemos también abusos de los medios de información contínuamente. Quizás no de la naturaleza de los cometidos por el grupo Murdoch pero que también muestran un paisaje mediático muy poco alentador. El Reino Unido –con una tradición jurídica poco reguladora– ha actuado con contundencia ante una situación que ha escandalizado la sociedad británica. En Catalunya –de la mano del artículo 52 del Estatuto– y en el Estado español hacen falta iniciativas como las que han promovido las víctimas de los medios en el Reino Unido y que ahora hace un año consiguieron que el Gobierno aceptara sus propuestas. En Catalunya y en el Estado español hace años que muchos intentamos que un día sean plenamente europeos, como lo es el Reino Unido, por muchos euroescépticos que haya.

La lucha contra los monopolios

En los últimos días han coincidido dos noticias que vistas una junto a la otra adquieren otra relevancia. Una es la posible compra de Digital Plus por parte de Telefónica. Y la otra, según informaba El País en sus ediciones del 8 y del 9 de marzo pasado, es las limitaciones que el organismo regulador mexicano de las telecomunicaciones ha impuesto a Televisa y como esto ha cambiado las reglas del juego en el sector en este país. En este caso, hay que dejar claro que el ente regulador al cual nos referimos es la autoridad en materia de competencia y no a una derivada de las leyes que regulan la comunicación, como pasa en otros países del América latina.

Es decir, que mientras en el Estado español está en juego –si Bruselas no lo impide– una operación que supondría un paso más en la monopolización del sector, en México vemos un paso en dirección contraria. El Instituto Federal de las Telecomunicaciones (Ifetel) ha obligado al gigante de las comunicaciones de este país a renunciar a la retransmisión en exclusiva de programas que generan altos niveles de audiencia, como competiciones deportivas –finales de torneos mundiales o Juegos Olímpicos– y a compartir sus infraestructuras con otros operadores.

En el Estado español, cuando en el año 1988 se aprobaron la aparición de cadenas privadas de televisión, se marcaron unos límites en el propiedad y que no hubiera ningún accionista que también participara en otras plataformas. Después, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se modificó la ley para dar luz verde a la creación de La Sexta y de Cuatro. Más adelante, ya en la actual etapa del PP, se volvió a modificar la ley para permitir que la Sexta se pusiera en el ámbito de Antena3 TV y Cuatro, en el de Telecinco. Todo ello, para volver casi donde estábamos hace más de 25 años.

Si se comparan las dos situaciones –la mexicana y la española–, se constata que mientras en México las decisiones se han tomado para proteger al usuario, en el Estado español, siempre se ha regulado en beneficio de los operadores y de los grandes conglomerados mediáticos. Esto explica también que no haya todavía una ley de la comunicación, como tienen en los países que van por delante. No es que en México no haya pugnas empresariales, que ciertamente que hay, pero la última resolución de la autoridad en materia de competencia ha significado un golpe duro para el grupo más fuerte –que controla el 70% del mercado– y un nuevo escenario para el sector.

Ricard y Javier necesitan el Estatuto del Corresponsal de Guerra

A raíz del artículo publicado el pasado 7 de marzo en este blog sobre los periodistas a la pieza a partir de la situación que sufre Ricard Garcia Vilanova, fotógrafo freelance secuestrado en Siria conjuntamente con el reportero de El Mundo Javier Espinosa, un compañero me ha recordado que en este ámbito hay también otra cuestión pendiente de resolución. Se trata del Estatuto del Corresponsal de Guerra, en el que se recogen las condiciones que deberían tener los profesionales de la información que van a cubrir conflictos bélicos. Este texto fue una propuesta de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) en el I Encuentro de Periodistas del Mediterráneo –en el que participaron todas las organizaciones de esta región que pertenecen a la Federación Internacional de Periodistas (FIP)– celebrada en Almería los días 16 y 17 de abril de 2005 y que fue aprobada por unanimidad. Al margen de la FeSP, por parte española también participaron Comisiones Obreras y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

En este texto se reclama que todos los profesionales de la información que se desplazan a zonas en guerra tienen que estar contratados al menos mientras estén en estos lugares. Se destaca que en «los últimos tiempos la creciente flexibilización de las condiciones laborales ha impulsado que muchos de estos profesionales concurran a estos escenarios careciendo de seguridades elementales, tanto para su integridad física cómo en sus relaciones laborales». Garcia Vilanova, cuando fue secuestrado, estaba en Siria trabajando conjuntamente con Espinosa quien sí que está en plantilla para el medio para el que trabaja. Desconozco en estos momentos qué tipo de acuerdo había entre Ricard y este rotativo y por lo tanto este texto, hoy por hoy, no pretende culpabilitzar a nadie de no haber sido suficientemente cuidadoso; simplemente que, aprovechando la triste situación que sufren Javier y Ricard, es un buen momento para recordar una más de las asignaturas pendientes que hay en materia de información y de comunicació. La propuesta de Estatuto aprobada en Almería nace de un texto con el mismo título que el comité de redacción de El País y la dirección del rotativo firmaron en julio de 2003, después de los primeros meses de la guerra de Irak donde, entre otros, perdieron la vida los periodistas españoles José Couso y Julio Anguita Parrado.

Ricard Garcia Vilanova o el drama de ser periodista a la pieza

El periodista Gervasio Sánchez lidera el recientemente creado comité de apoyo a los periodistas españoles secuestrados en Siria, conjuntamente con los representantes de varias organizaciones profesionales. Los reporteros que sufren esta situación son el periodista de El Mundo Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricard Garcia Vilanova. Cuando esta iniciativa se impulsó, todavía estaba también en esta situación el periodista de El Periódico Marc Marginedas, felizmente liberado el pasado domingo 2 de marzo. Una de las actuaciones que este comité quiere desarrollar es la edición de un libro con varios trabajos de Garcia Vilanova, especialmente en su cobertura de la guerra de Libia, país del que Ricard es un gran experto.

Por qué primero Ricard? Porque es el que está en peor situación. No en su secuestro porque allí sufre más o menos las mismas privaciones que sus compañeros de cautiverio. Está en peor situación, aquí, en su casa. Espinosa, como también Marginedas, tienen un medio detrás, que les tiene en plantilla y, por lo tanto, les sigue pagando su salario cosa que les permite afrontar las obligaciones contraídas para su vida cotidiana cuando están en casa. Ricard es un periodista a la pieza que no tiene nadie que le cubra las espaldas y con la edición de este libro –de la que se ocupará Editorial Blume, la misma que lo hace con los de Gervasio Sánchez– se pretende ayudarle a pagar los gastos que ahora no puede afrontar.

Esta situación demuestra la terrible fragilidad con la que viven los colaboradores en el Estado español. Desde las organizaciones sindicales del sector se ha defendido desde hace tiempo regular esta figura imprescindible en el mundo del periodismo de manera similar de como lo está en otros países. Esta propuesta no ha tenido éxito por el poco interés que han puesto los diferentes gobiernos que ha habido, tanto los del PP como los del PSOE. Los socialistas se habían comprometido a hacerlo pero José Luis Rodríguez Zapatero incumplió su promesa. La desprotección social de los periodistas a la pieza es absoluta pero en el caso de Ricard ha llegado a sus consecuencias más dramáticas puesto que está forzando a sus familiares –una economía modesta– a tener que afrontar gastos para que el compañero, por ejemplo, no se quede sin piso.

Si con esta experiencia los poderes legislativos no afrontan de una vez por todas la regulación del periodista a la pieza –cuestión que, además, permitiría sacar a muchos profesionales de la información de la economía sumergida– es que los legisladores lo único que sienten por los trabajadores del sector es indiferencia o incluso desprecio. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho a la información? Sin condiciones laborales dignas no puede haber periodismo de calidad.

En países como Francia –dónde a esta figura le llaman «pigiste»– el periodista a la pieza disfruta de los mismos derechos que sus compañeros en plantilla. Sólo cambian sus retribuciones, pero puede disfrutar del paro y otras prestaciones sociales en proporción a sus cotizaciones, a pesar de que podrá hacerlo por varias empresas a la vez. Los medios están obligados a hacer sus aportaciones a la Seguridad Social, también en proporción a los trabajos que los periodistas realizan. En Italia, Portugal y otros países europeos también hay regulaciones que dignifican la figura del colaborador. En cambio, en España, nada de nada, a pesar de las promesas. La propuesta elaborada por el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) –integrado por los sindicatos CCOO, UGT, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la UPIFC y los colegios de periodistas de Catalunya y de Galicia– y aprobada ya desde 2001, que ha sido presentada a los grupos parlamentarios en varias ocasiones y hasta ahora todavía no ha prosperado.

Yo compraré el libro de Ricard e invito al conjunto de la profesión a hacerlo. Por dos motivos: porque, seguro, será un buen libro y porque haciéndolo le ayudaremos. Pero también invito al conjunto de la profesión a exigir ya la regulación de la figura del periodista a la pieza porque es una vergüenza que mientras está secuestrado en Siria, Ricard corra el peligro que cuando vuelva a casa, haya perdido por el camino carros y carretas. Para acabar sólo quiero añadir: #freejavier_ricard.