La lucha contra los monopolios

En los últimos días han coincidido dos noticias que vistas una junto a la otra adquieren otra relevancia. Una es la posible compra de Digital Plus por parte de Telefónica. Y la otra, según informaba El País en sus ediciones del 8 y del 9 de marzo pasado, es las limitaciones que el organismo regulador mexicano de las telecomunicaciones ha impuesto a Televisa y como esto ha cambiado las reglas del juego en el sector en este país. En este caso, hay que dejar claro que el ente regulador al cual nos referimos es la autoridad en materia de competencia y no a una derivada de las leyes que regulan la comunicación, como pasa en otros países del América latina.

Es decir, que mientras en el Estado español está en juego –si Bruselas no lo impide– una operación que supondría un paso más en la monopolización del sector, en México vemos un paso en dirección contraria. El Instituto Federal de las Telecomunicaciones (Ifetel) ha obligado al gigante de las comunicaciones de este país a renunciar a la retransmisión en exclusiva de programas que generan altos niveles de audiencia, como competiciones deportivas –finales de torneos mundiales o Juegos Olímpicos– y a compartir sus infraestructuras con otros operadores.

En el Estado español, cuando en el año 1988 se aprobaron la aparición de cadenas privadas de televisión, se marcaron unos límites en el propiedad y que no hubiera ningún accionista que también participara en otras plataformas. Después, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se modificó la ley para dar luz verde a la creación de La Sexta y de Cuatro. Más adelante, ya en la actual etapa del PP, se volvió a modificar la ley para permitir que la Sexta se pusiera en el ámbito de Antena3 TV y Cuatro, en el de Telecinco. Todo ello, para volver casi donde estábamos hace más de 25 años.

Si se comparan las dos situaciones –la mexicana y la española–, se constata que mientras en México las decisiones se han tomado para proteger al usuario, en el Estado español, siempre se ha regulado en beneficio de los operadores y de los grandes conglomerados mediáticos. Esto explica también que no haya todavía una ley de la comunicación, como tienen en los países que van por delante. No es que en México no haya pugnas empresariales, que ciertamente que hay, pero la última resolución de la autoridad en materia de competencia ha significado un golpe duro para el grupo más fuerte –que controla el 70% del mercado– y un nuevo escenario para el sector.

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