El ejemplo de la regulación británica

Esta semana se ha cumplido un año del acuerdo entre el Gobierno británico y la asociación de víctimas del espionaje de la prensa, los afectados por las escuchas telefónicas hechas por los medios del grupo Murdoch. Se trataba de consensuar un plan para evitar un nuevo escándalo de estas características a partir del informe hecho por la Comisión Leveson. Esta fue creada el verano de 2011 a raíz de la indignación social generalizada cuando trascendieron las escuchas ilegales de las que habían sido víctimas, entre otras, personas conocidas de la talla del actor Hugh Grant o la escritora J. K. Rowling. El 29 de noviembre de 2012, después de meses de comparecencias de testigos y protagonistas del asunto de todo tipo, la comisión publicó su informe, de cuatro volúmenes, y un resumen ejecutivo de 48 páginas. A principios del mes de diciembre se publicó una encuesta en la que se revelaba que un 70% de los británicos apoyaban las recomendaciones que emanaban de este trabajo.

Las propuestas que se plantean son, esencialmente la creación de un órgano regulador y controlador independiente de los editores, los poderes políticos y económicos, con fuerte presencia social; un nuevo código ético más riguroso; que los contratos de trabajo incluyan la cláusula de conciencia; que se establezca un sistema voluntario de adhesión a la nueva normativa y un sistema de resolución de quejas y arbitraje alternativo a los procesos judiciales. También se prevén mecanismos para los medios que no quieran aceptar la autoridad de este órgano regulador. Todo esto tendría que estar amparado en un sistema legal adecuado. El Gobierno conservador de David Cameron mostró pronto su rechazo a este informe pero la presión social hecha a través de hacked off –la plataforma que agrupaba a las víctimas de las escuchas– y los partidos de la oposición le forzó a modificar su actitud. El resultado fue la reunión a la que se aludía en el inicio de este artículo y de la que ahora se cumple justamente un año.

De todos modos, este acuerdo no fue el fin de la historia, pero sirve para tener una excusa para hablar de este proceso que en muchos aspectos es envidiable. Que el pacto se convirtiera en ley todavía tardó siete meses más porque no fue hasta el pasado mes de octubre que los tres principales partidos británicos –el Conservador, el Laborista y el Liberal– consensuaron la normativa, que no fue convertida en ley por el Gobierno de Cameron hasta el 30 de octubre. Entre el acuerdo de los tres partidos y la ratificación por parte del Ejecutivo hubo una durísima campaña de muchos medios –a excepción de algunas honorables excepciones, como The Guardian, que lo consideraba necesario– que saltaron a degüello sobre la nueva normativa argumentando que era un ataque a la libertad de expresión y una intromisión de los poderes políticos en los asuntos de la información.

En definitiva, la nueva ley británica –que entrará en vigor al 2015– conlleva la creación de un organismo regulador de la prensa eficaz, con capacidad sancionadora, protector de la ciudadanía y sin políticos ni empresarios de medios en su composición, y tiene el apoyo del National Union Journalists (NUJ). En la justificación de la ley se argumenta «la necesidad de poner fin la cultura del escándalo» que practican algunos medios, una decisión que aparece plenamente justificada por los casos de pirateo y escuchas telefónicas de los diarios del Grupo Murdoch que afectó, incluso, el caso de una niña asesinada. La ministra de Cultura, Medios de comunicación y Deportes, Maria Millar, afirmó entonces que la Carta Real –la fórmula jurídica elegida– «protegerá la libertad de prensa y permitirá que haya compensación cuando se cometan errores». Este nuevo órgano debería facilitar a las personas que se consideren maltratadas por los medios que sus quejas sean escuchadas, así como la imposición de multas si se considerara oportuno.

En Catalunya y en el Estado español vemos también abusos de los medios de información contínuamente. Quizás no de la naturaleza de los cometidos por el grupo Murdoch pero que también muestran un paisaje mediático muy poco alentador. El Reino Unido –con una tradición jurídica poco reguladora– ha actuado con contundencia ante una situación que ha escandalizado la sociedad británica. En Catalunya –de la mano del artículo 52 del Estatuto– y en el Estado español hacen falta iniciativas como las que han promovido las víctimas de los medios en el Reino Unido y que ahora hace un año consiguieron que el Gobierno aceptara sus propuestas. En Catalunya y en el Estado español hace años que muchos intentamos que un día sean plenamente europeos, como lo es el Reino Unido, por muchos euroescépticos que haya.

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3 pensamientos en “El ejemplo de la regulación británica

  1. […] años de vigencia del sistema regulador de la prensa británica basado en las recomendaciones del Informe Leveson» del que ya he hablado en otras ocasiones. Para entender lo que ha pasado en este país hay que […]

  2. […] grupo Murdoch en 2011 y que, en definitiva, provocaron el impulso de la nueva normativa. En este blog nos hemos referido en más de una ocasión a este proceso que ya parecía llegado a su fin y que […]

  3. […] que entrará en vigor el próximo año y que supera así el último obstáculo que ha tenido este proceso. Los medios proponían que se facultara a las propias empresas a establecer un sistema para […]

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