Archivos Mensuales: mayo 2014

La periodista Giuliana Sgrena, amenazada de muerte en su facebook

Las amenazas de muerte y los insultos a través de twitter no son una especialidad catalana o española. Desgraciadamente también en otros países no muy lejanos se producen estas muestras de mala educación y de odio contra los que no piensan igual. La diferencia, aquí, es que de momento parece que se hace una selección bastante selectiva sobre a quien se tiene que perseguir si estos insultos y ataques de odio comportan algún tipo de delito por parte de sus autores. En Italia ha estallado un asunto que tiene como protagonista la periodista Giuliana Sgrena, cuyo nombre centró la actualidad informativa cuando fue secuestrada en Bagdad el 4 de febrero de 2005. Al cabo de un mes, el 4 de marzo, Sgrena era liberada por los servicios secretos italianos en una acción en la que resultó muerto uno de los agentes, Nicola Calipari, a parte que ella misma  resultó herida.

Ahora la periodista italiana ha vuelto a ser noticia porque ha recibido gravísimas amenazas en su página de facebook. Al margen de llamarle «asesina maldita» y «te tendrían que haber dejado pudrir en un agujero a 300 metros en Irak», le advierten que «vigila tu espalda, somos todos asesinos». Estos ataques los ha recibido coincidiendo con el hecho que Sgrena aspira a entrar en el Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 25 de mayo formando parte de la lista que lidera el griego Alexis Tsipras como candidato a presidente de la Comisión Europea por parte Grupo de la Izquierda Unitaria Europea. Episodios como este ya los ha vivido Sgrena en otras ocasiones como la que detalla el portal web agoravox.it, sucedido en 2012.

Podría parecer que este episodio no está directamente vinculado con el derecho a la información pero hay que tener en cuenta que el centro de la polémica nace del hecho que un funcionario policial italiano perdió la vida en una acción para liberar a Sgrena de un secuestro derivado de su actividad profesional como periodista. Los recientes insultos y la exhibición de odio contra la ahora candidata europea –también lo fue en 2009–, pero, se parecen demasiado a los excesos que se han leído aquí en las redes sociales donde también se pide que se mate a diestro y siniestro. Ignoro la actuación de las autoridades italianas para aclarar estos hechos pero es evidente la parcialidad con que lo están haciendo las de aquí. El derecho de la ciudadanía a recibir una información de calidad pasa porque los profesionales dispongan de un marco regulador adecuado para hacerlo y que entre las medidas esenciales que tiene que incluir es que lo puedan hacer con la máxima seguridad y sin amenazas ni agresiones.

La Federación Europea de Periodistas (FEP) ha presentado para las elecciones de este domingo 25 de mayo un manifiesto en defensa del pluralismo y en el que se afirma que «no hay democracia en Europa sin independencia de los periodistas». Un respeto para el pluralismo en los medios y a la diversidad de opiniones en el conjunto de la sociedad acabaría teniendo un reflejo en las redes sociales. De hecho, en Italia, donde sí que hay una ley reguladora de la comunicación, no hay el ataque que contra twitter llevan ahora a cabo las autoridades españolas.

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La persecución a los periodistas en América Latina

Casi 50 profesionales de la información (47) han sido atacados en los cuatro primeros meses del año en Perú. En estos 120 días del 2014, se han denunciado 15 amenazas / hostigamientos, 14 agresiones físicas, siete presiones jurídicas, seis trabas al ejercicio periodístico, dos más a la circulación de la información, dos secuestros y un robo. Uno de estos ataques fue el pasado 27 de abril el lanzamiento por parte de un desconocido de un artefacto explosivo contra el domicilio del director de un diario de Barranca, en la provincia de Lima. El 21 de abril pasado se cumplieron diez años del asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, que denunciaba a través de su programa radio. la relación de Luis Valdez Villacorta, ex alcalde del municipio de Coronel Portillo, con el tráfico de madera, de drogas y otras  supuestas irregularidades en la gestión de este ayuntamiento. Valdez Villacorta fue juzgado como autor intelectual del crimen siendo absuelto en primera instancia. La Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) apunta que la Corte Suprema peruana podría declarar proximamente la nulidad de esta resolución. La ANP ha aprovechado este aniversario para reclamar una veze más que «se acabe la impunidad en Perú» de los ataques contra los periodistas.

Pero este no es el único caso en América Latina donde se denuncian agresiones a los profesionales de la información. Y el caso más sangriento con toda seguridad es el de México, donde los asesinatos de periodistas son ya una trágica noticia habitual. Pero en 2013, Brasil, con cinco periodistas que perdieron la vida, lo superó en este trágico ranking, según se desprende del Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras,. Guatemala, Honduras y Colombia también son países hostiles a los periodistas que quieren informar. Lo sufren especialmente aquellos que quieren hacerlo sobre las actividades del narcotráfico organizado. El mismo informe de RSF reconoce que en aquellos países donde se han reducido las tasas de violencia ha sido porque ha aumentado la autocensura de los profesionales. La consecuencia de todo ello es el retroceso en el derecho a la información.

En otros países del continente también hay problemas –de menor o mayor alcance– y todo ello configura un panorama en el que los periodistas no disponen del mejor entorno para hacer su trabajo con libertad. En algunos países se están haciendo pasos importantes con la promulgación de leyes reguladoras de la información y la comunicación bastante avanzadas, pero el poder de determinadas estructuras de poder sigue mostrándose implacable con quien se les hace frente. Las nuevas legislaciones latinoamericanas en este ámbito son exportables a todo el mundo pero en estos países hacen falta políticas y acciones firmes decididas a proteger todavía más el trabajo de los periodistas, especialmente en aquellos ámbitos donde se generan más enemistades. La Federación de Periodistas de la América Latina y el Caribe (FEPALC) –que agrupa los sindicatos de periodistas del continente– aporta suficientes datos sobre esta situación. En cualquier caso, donde se han impulsado nuevas regulaciones de la comunicación –Uruguay, Ecuador, Bolivia…– es donde hay menos riesgos para los periodistas.

Hemos empezado por Perú porque, además de ser uno de los países donde es más duro ser periodista, la estadística de los cuatro primeros meses exige un interés de las autoridades muy superior al demostrado hasta ahora en defensa de que los profesionales puedan trabajar con la libertad que necesita la ciudadanía para poder disponer de una información de calidad.

El manifiesto de los periodistas europeos, en castellano

Explicábamos en la última entrada a este blog lo que hay en juego en materia de libertad de información en las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, y facilitábamos el acceso al manifiesto elaborado por la Federación Europea de Periodistas (FEP) en sus versiones en inglés y francés. Ahora, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha hecho la versión en castellano

La información también está en juego el 25-M

El belga Guy Verhofstadt, candidato de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) a presidir la Comisión Europea; la alemana Ska Keller, cabeza de lista de Los Verdes; y el también alemán Martin Schulz, que lo es por el Partido Socialista Europeo, han firmado el manifiesto que la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha elaborado de cara a las próximas elecciones del 25 de mayo para elegir un nuevo Parlamento Europeo. En este escrito se afirma que «la libertad de los medios, el pluralismo, y la independencia de los periodistas están cada vez más amenazadas por las presiones políticas y económicas, así como por la globalización del sistema mediático». En este manifiesto –que se puede consultar en su versión en francés o en inglés– se detallan varias reivindicaciones entre las que destaca la propuesta que se condicione la adhesión a la Unión Europea al hecho que se cumplan las disposiciones comunitarias sobre libertad de información: «El respeto de la libertad de la prensa, del pluralismo y de la independencia de los periodistas condicionan la adhesión a la UE. Se tienen que impulsar las disposiciones necesarias para que se pueda hacer un registro de los casos de las violaciones de la legislación europea en este ámbito».

No es que en el conjunto de Europa la situación del periodismo sea un paraíso. En casi todos los países ha habido enormes retrocesos –como constatan los diversos informes sobre el estado de la libertad de prensa al mundo recientemente publicados– pero en algunos  tienen legislaciones que permiten mitigar los efectos de la crisis que sufre el sector. También la UE dispone de varias normativas aprobadas y el que reclama la *FEP –que reúne 320.000 profesionales en 39 países– es que desde las instituciones comunitarias se vele por su cumplimiento.

Así, en la declaración de la FEP para el 25-M se afirma que «no hay democracia sin independencia de los periodistas«, que no hay «libertad de prensa sin pluralismo de la información», y que no hay «periodismo de calidad sin respetar unas condiciones laborales dignas». Se recuerda que «la información es un bien público» y que «no hay libertad de prensa sin transparencia». Una de las preocupaciones principales que se  expresan es la situación de los periodistas a la pieza, «especialmente frágiles y que deben ser tenidos en cuenta en las negociaciones entre sindicatos y patronal».

Siguiendo las diversas cuestiones que se plantean en este texto, el Estado español está en fuera de juego en muchas de ellas, tanto en el ámbito laboral como en el de independencia profesional. Por ejemplo, todavía no se ha regulado una cuestión tan básica como el secreto profesional. El respeto a los derechos de autoría de los informadores, en la piel de toro, brilla por su ausencia, con la total indiferencia del partido que ahora gobierna. Por lo tanto, quien el 25-N tenga tenga la situación de la libertad de información como una de las principales preocupaciones a la hora de decidir su voto, tiene que saber que –hasta ahora– sólo hay tres candidatos que hayan asumido el Manifiesto de los Periodistas «por una recuperación de la libertad y el pluralismo en los medios europeos» impulsado por la *FEP.

Un elemento que evidencia a la perfección la malsana situación de la información en Catalunya y en España es la existencia de los bloques de información electoral minutada en los noticiarios de radio y televisión públicas, algo totalmente desconocido en Europa. La movilización profesional contra este anacronismo heredado de la transición ha sido constante en las últimas citas electorales y ahora vuelve a pasar lo mismo. En Europa no hay ningún país que los tenga. Como mucho, las respectivas autoridades audiovisuales hacen a posteriori informes sobre el comportamiento de los medios en relación a su neutralidad en el seguimiento de la campaña electoral o sobre marginación de minorías, pero nunca bajo la intervención de la junta Electoral, como pasa en España y en Catalunya.

3 de Mayo y ¡tanto por hacer!

El 3 de Mayo es el Día de la Libertad de Prensa, instaurada en 1993. Los periodistas lo consideramos la otra cara de la moneda del 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, porque un periodista sin condiciones laborales dignas no puede ejercer su profesión con suficiente independencia y libertad. Un informe de la asociación norteamericana Freedom House señala el retroceso generalizado de la libertad de prensa en todo el mundo y que el Estado español no es una excepción hasta el punto que en el ranking de la citada entidad –con un presupuesto del que el gobierno de los EE.UU. aporta el 80%– España todavía  consta como un país libre pero muy cerca de serlo sólo parcialmente. La mitad de los puntos negativos que Freedom House otorga en España son por las dificultades que pone el poder político, poco más de la cuarta parte por razones económicas y la otra escasa cuarta parte restante es por limitaciones legales a la libertad de informar.

Como complemento a este informe hay el estudio hecho por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) relativo a 2013 y presentado el pasado mes de diciembre que revela que un 73% de los periodistas españoles reconocen recibir presiones y que un 76% de estos dicen que son los propios empresarios los que las ejercen. Y por si fuera poco, la lista de quienes se han fijado en la deteriorada situación que estas cuestiones tienen en el Estado español sigue ampliándose constantemente. El diario británico The Guardian, en un artículo titulado «Media Revolution in Spain as readers search for new voices» y publicado a finales del pasado mes de marz, aseguraba que el poder controla los grandes periódicos españoles, destacando que dependen especialmente de las grandes entidades financieras debido a las deudas crediticias contraídas.

¿Por qué se produce esta bajada en la libertad de información? Pues, entre otros motivos, por la inexistencia de una ley regule el derecho a la información de la ciudadanía. Además, las pocas iniciativas que hay en esta línea son claramente restrictivas. Si los legisladores cumplieran el mandato constitucional y desarrollaran el artículo 20 de la Constitución en la línea de cómo lo han hecho otros países europeos, los informadores tendrían instrumentos legales para enfrentarse a las presiones. Si se fuera más allá y se optara por el modelo que se está implementando en un gran número de países latinoamericanos, todo esto se haría con una perspectiva mucho más ciudadana porque el objetivo sería garantizar el derecho a la información de la ciudadanía con la articulación de varios mecanismos para hacerlo efectivo. Eso sí, habría que mejorar la composición de la mayoría de organismos reguladores existentes en este continente.

Además, los legisladores, al margen de impulsar  la aprobación de una Ley Orgánica del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LODGIC) –acompañada de la Ley de Derechos Laborales de los Periodistas que reconozca la figura del colaborador– tendrían que corregir los ataques a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a una información veraz y plural, como son las leyes de Seguridad Ciudadana y la de Propiedad Intelectual. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al margen de restringir el derecho de manifestación, incluye medidas que dificultan la tarea de los trabajadores de la información especialmente en lo que se refiere a tomas imágenes de las actuaciones policiales . La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) se está haciendo al dictado de los intereses de los grupos empresariales, obviando –contrariamente a lo qué pasa en todo Europa— que los periodistas son los autores y no los medios. Añadido a todo ello, las modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial que está impulsando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, prevén dar potestad a los jueces para poner trabas a la tarea de los profesionales de la información en los juzgados.

Quién crea que esto sólo afecta los informadores, que es una cuestión corporativa del sector, se equivoca. El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, en un artículo publicado en el digital enastillalamancha.es, afirma que «los titulares del derecho a la información son los ciudadanos y, por eso, son ellos quienes deben exigir que se cumpla; los periodistas somos meros intermediarios que debemos encargarnos con nuestro trabajo de que ese derecho constitucional y humano sea una realidad cada día.» También dice que «habrá quienes opinen que esta conmemoración se refiere sobre todo a los países del mundo en los que no existen libertades. Se equivocan: en sociedades democráticas como la española o las de los países miembros de la Unión Europea también hay muchas restricciones y limitaciones a la libertad de prensa e información, cada vez más.». Que es lo que cada vez ratifican más investigaciones, como acabamos de ver.

Finalmente, la guinda del pastel de la involución en el derecho a la información de la ciudadanía y en la libertad de prensa –entendida de manera genérica y no sólo los periódicos– es el acoso que en España y en Catalunya están sufriendo los medios públicos. Lo hemos visto en Canal 9 (País Valenciano), Ona Mallorca (Illes Balears), Telemadrid (Madrid), pero también en Catalunya. El pacto CiU-PP para desmembrar TV3 y Catalunya Ràdio son la punta del iceberg, pero la Xarxa –dependiente de la Diputación de Barcelona–, TV Cambrils, Radio l’Hospitalet y tantos otros medios municipales son el ejemplo del que tanto CiU, como PP, PSC y también ERC  tienen su cuota de responsabilidad. Por otro lado, la reforma de la Ley de la Administración Local por parte del Gobierno de Mariano Rajoy  también supone negros augurios para el futuro de los medios públicos de titularidad municipal.

Por todo ello, como dice Yanel, el 3-M es una fecha que implica el conjunto de la ciudadanía. Por eso en varios puntos del país se están impulsando iniciativas por parte de la sociedad civil para reivindicar que se garantice su derecho a la información y a la comunicación. Andalucía va un paso por delante y desde Cataluña se empiezan a promover varias iniciativas que hay que seguir con interés para que que se desarrolle el Artículo 52 del Estatuto de Catalunya