Archivos Mensuales: junio 2014

El artículo 52 del Estatuto inicia su andadura

El desarrollo del artículo 52 del Estatuto –que se refiere a las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía– acaba de dar su primer paso. Tímido, pero el primero. El Parlament de Catalunya ha aprobado una enmienda de ICV-EUiA a una moción de la CUP para «iniciar el diálogo con representantes de la sociedad civil y del sector periodístico y audiovisual para redactar una Ley del derecho a la Información que desarrolle el artículo 52 del Estatuto y que defina también los derechos y deberes de los profesionales de la información, como garantía de una información veraz y de calidad». Antes de esto, pero, entre CiU y el PP trincharon la moción presentada por la CUP-AE para la democratización del espacio comunicativo catalán con un reparto más justo que el actual de las frecuencias de radio y de televisión

Esta resolución del Parlament, tarde o temprano, tendría que culminar con la creación de una ponencia parlamentaria que desarrollara el artículo 52. Pero la pelota ahora está en manos del Gobierno, que debería tener esta cuestión como esencial para mejorar la calidad democrática del país. La moción aprobada por la Cámara catalana no deja de tener un regusto agridulce porque si bien el artículo 52 ha entrado por primera vez en la agenda política, por el camino ha caído la regulación de los medios comunitarios en la línea de lo  que reclaman los movimientos sociales.

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‘Yo no manipulo’

«Eu non manipulo. E ti?» es el nombre de un blog que ha activado el comité de empresa de la Televisión de Galicia «para denunciar la manipulación informativa que sufre el canal público y para reclamar la creación del Estatuto Profesional que establece el artículo 36 de la Ley 9/2011 de 9 de noviembre de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, que contempla la creación de un consejo de informativos para la Corporación RTVG». En este blog se recogen aquellas noticias que han sido publicadas en otros medios de comunicación relativas a cuestiones de las que la televisión pública gallega no se  ha hecho eco. El último caso es la propuesta presentada por la oposición parlamentaria y que fue rechazada por el PP para que los comedores escolares permanecieran abiertos durante los meses de verano para poder atender a los niños en riesgo de pobreza y que en su casa no pueden alimentarles como sería conveniente.

Los periodistas de RTVG pusieron en marcha esta web hace poco más de un año. Así, si un día el PP iniciara un acoso contra la radiotelevisión pública gallega, cómo ha hecho ya en otros lugares del España –Islas Baleares, País Valenciano, Madrid…– quedará claro que los profesionales han denunciado las manipulaciones perpetradas por los responsables de la cadena, que han puesto las emisoras al servicio de sus intereses políticos. Esto, como se ha visto con la máxima crudeza en el País Valenciano y en Madrid, provoca una pronunciada caída de las audiencias hasta el punto que los medios públicos afectados dejan de ser útiles como instrumento de manipulación y, entonces, el partido responsable, el PP en la mayoría de las ocasiones, argumenta este factor para justificar el posible cierre. No es que en Canal 9 y en Telemadrid los periodistas no denunciaran lo que  sucedía, que lo hicieron a pesar que algunos ahora lo nieguen, pero ya nadie podrá culpar a los trabajadores de RTVG de no haberlo hecho.

Derecho a saber, derecho a estar informado

«Las personas tienen el derecho a saber» es el título de una campaña internacional a través de la que más de 250 organizaciones de todo el mundo reclaman una mayor transparencia sobre las negociaciones que están llevando a cabo representantes de los Estados Unidos y de la Unión Europea para el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés). Argumentan los promotores de esta iniciativa –entre los que hay sindicatos, consumidores, movimientos sociales y ong para el desarrollo, y observatorios sobre transparencia– que este será el tratado comercial bilateral más importante de la historia «con unos impactos que afectarán enormemente las vidas de las personas a ambos lados del Atlántico». Las partes que negocian el TTIP arguyen que el secretismo de este proceso es inevitable puesto que es un asunto de relaciones internacionales. Los defensores de la transparencia creen, pero, que la ciudadanía «tiene derecho a saber qué es lo que se está poniendo encima la mesa y cómo se están tomando las decisiones.» Añaden que es imprescindible un debate democrático «porque son las personas y no las empresas quienes tienen que poder participar en una discusión sobre qué economía, qué entorno y qué futuro queremos».

Este lunes 2 de junio se celebraba en Madrid un acto para promocionar el TTIP en la Casa de América en el que participaban representantes de los gobiernos español y norteamericano así como de las empresas más importantes. Los opositores a este tratado habían convocado una protesta coincidiendo con la sesión para denunciar –entre otras cuestiones que critican– la opacidad con que se están llevando las negociaciones. Una portavoz de Amigos de la Tierra –una de las organizaciones que a nivel internacional coordina el rechazo al TTIP– explica que se están haciendo actas en diferentes ciudades para informar sobre lo que hay en juego en estas conversaciones.

Una vez más nos encontramos ante un caso dónde a la ciudadanía se le niega el acceso a información básica. En noviembre del año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Transparencia –como siempre, el Estado español casi el último al aprobar una normativa de este estilo– en la cual se fijan aquellos aspectos de los cuales la sociedad  podrá conocer los detalles. Sobre ello, durante el proceso parlamentario de tramitación, la Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), aseguró que en el texto legislativo no se especifica que el acceso a la información de la ciudadanía «es un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión.» Obviamente, este no es un problema que se derive de la normativa española porque en esta campaña en favor de una mayor transparencia en las conversaciones para el TTIP  participan organizaciones sociales de la mayoría de los países implicados en el tratado. Pero quizás es un indicador que las normativas europeas surgidas después de la II Guerra Mundial y que se limitaban a fijar los derechos y deberes de los periodistas para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía empiezan a ser obsoletas. Ni Catalunya ni España tienen ni siquiera este mínimo europeo y ahora que está a punto de constituirse el nuevo Parlamento Europeo sería el momento que el continente diera pasos adelante en esta línea y acercarse a lo que prevén algunas legislaciones latinoamericanas, mucho más avanzadas y ambiciosas en este sentido. Catalunya, además, está elaborando su propia Ley de transparencia, pero todavía está en trámite parlamentario e incluso un poco paralizada puesto que el Gobierno y los principales grupos que le apoyan tienen en estos momentos otras prioridades legislativas en este ámbito como es, por ejemplo, la Ley electoral.