Archivos Mensuales: julio 2014

El ‘efecto Streisand’ del derecho al olvido

«Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible» es la frase redundante por antonomasia pero resume a la perfección lo que ha pasado con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que establece el derecho al olvido y obliga a los buscadores de internet a eliminar resultados si el protagonista de la noticía así lo reclama. Cómo bien explica el experto en tecnología y en internet Enrique Dans, «tal como tenía que pasar» ya han aparecido en la red las primeras respuestas «a este absurdo». Una de ellas es la web hidden from google que es, según se definen ellos mismos «una lista de búsqueda de resultados omitidos, borrados o censurados a causa del “derecho al olvido”». Puede ser legítimo que una persona que hace años protagonizó un asunto digamos desagradable reclame que este no lo persiga eternamente. Lo que también debería pensar esta persona es si obligar a los buscadores a eliminar las referencias sobre este hecho es la mejor estrategia para este fin. Porque esto es como ponerle puertas al mar. La red, ella misma, ha generado sus propios anticuerpos para eludir estas obligaciones. Ha acabado provocando lo que se conoce como efecto Streisand, que es que todavía se  hable más de este asunto puesto que el simple hecho de que se quiera hacerlo desaparecer despierta el interés de saber el por qué.

¿Hasta qué punto el derecho al olvido es prioritario o no al derecho a saber? Es un debate interesante. Cómo también lo es entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Es obvio que en personas de relevancia pública en función de sus responsabilidades en la sociedad, el derecho a saber de la ciudadanía debería prevalecer. Pero por justificada que pueda parecer la aspiración de una persona de pasar al anonimato absoluto, intentarlo en la red puede ser más que contraproducente. El derecho a saber siempre tendrá su espacio. Afortunadamente

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La regulación de los medios en el Reino Unido supera el último obstáculo

El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ha rechazado el recurso planteado por la patronal de la comunicación contra la ley británica que regula el sector, que entrará en vigor el próximo año y que supera así el último obstáculo que ha tenido este proceso. Los medios proponían que se facultara a las propias empresas a establecer un sistema para autorregularse y se quejaban también que no habían sido informadas de esta iniciativa. Los jueces han respondido diciendo que el informe Levesson –de sobras conocido– ya establece los principios básicos de la ley que la Comisión que llevaba el nombre del magistrado que impulsó los cambios legislativos. Algunos de los grandes medios han informado que persistirán en la batalla contra esta ley y han anunciado que trasladarán sus reclamaciones a las instancias europeas. Aún así, también hay quien se ha desmarcado de la pugna, como The Guardian, el Financial Times o The Independent.

Esta cuestión toma especial importancia en España en un momento en que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido la regulación de los medios de comunicación, recordando uno de los puntos que  había en el programa electoral de su formación para los últimos comicios europeos del pasado mes de mayo. Desde muchos medios, con su tropa de tertulianos al frente, se ha tildado esto de «disparate» y de ataque a la libertad de expresión, asegurando que en Europa no hay nada similar. Son afirmaciones que sólo se pueden hacer desde la ignorancia o desde la mala fe porque el caso británico hace tiempo que está en los medios pero hay países, como Francia, Itàlia, Alemania o los escandinavos, que hace décadas que disponen de normativas sobre la materia.

Iniciativa europea en favor del pluralismo y la independencia de los medios de comunicación

Los retrocesos democráticos que está experimentando Europa en general y de manera más acentuada el Estado español tienen en la información uno de los ámbitos donde esto es más evidente. La necesidad de reivindicar el derecho de la ciudadanía a recibir una información de calidad está cada vez más presente en la sociedad. Esto se puede ver, por ejemplo, en que estas cuestiones empiezan a aparecer con más frecuencia en los programas electorales, especialmente en los de aquellas formaciones o plataformas cívicas de nueva iniciativa. En las elecciones europeas del pasado 25 de mayo ya fue muy notorio. Fruto de ello es la campaña europea en defensa del pluralismo en los medios de comunicación, impulsada por alrededor de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, y asociaciones sindicales y profesionales de toda Europa que piden acciones legislativas para frenar la concentración de medios y proteger el pluralismo mediático en Europa.

La campaña ha recibido un gran apoyo transnacional de varias organizaciones continentales –entre las que hay la Federación Europea de Periodistas (FEP). Se han designado nueve centros de coordinación en distintos países: Bélgica, Bulgaria, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Portugal, Reino Unido y Rumanía. Las reivindicaciones más destacadas son una legislación eficaz para evitar concentración de propiedad en las empresas de comunicación y la garantía de la independencia de los medios. La iniciativa no pretende intervenir en los contenidos editoriales y periodísticos sino que hace especial incidencia en la propiedad de los medios de comunicación. Para apoyar la campaña hay que clicar este enlace para firmar a favor que la Comisión Europea tramite esta propuesta.

Los impulsores de la campaña afirman que «la crisis económica global ha agravado la de los medios de comunicación de prensa, con la clausura de un diario cada día en Europa. Al mismo tiempo, la creciente concentración de medios, mucha prensa, radio, televisión y medios de comunicación en línea están reduciendo su tamaño, enviando trabajadores a la calle o, incluso, cerrando». También afirman que en todo Europa «la diversidad de los medios de comunicación esta amenazada». La campaña está reconocida por la Comisión Europea que la ha registrado como Iniciativa Ciudadana Europea (ECI, en sus siglas en inglés). Para ser admitida, tiene que recoger un millón de firmas de ciudadanos de la UE en, como mínimo, siete de los 27 estados miembro. De momento hay recogidas cerca de 120.000.