Archivos Mensuales: octubre 2014

Un informe revela que en Ferguson hubo 52 violaciones a la libertad de prensa

La asociación Pen American Center acaba de publicar un informe sobre los incidentes en la ciudad de Ferguson (Missouri) este último verano en el que afirma que la actuación policial comportó la violación de la libertad de prensa en 52 ocasiones. Después de un mes de investigaciones, la entidad norteamericana constata que «la respuesta agresiva a las protestas atrajo la atención nacional y el tratamiento de la policía a los medios de comunicación, que incluyen detenciones, agresiones y amenazas, ha tenido como consecuencia la obstrucción del acceso de los informadores al lugar de los hechos, que a lo largo de los días se hizo cada vez más frecuente.». The New York Times se ha hecho eco del informe y hace especial enfasis de los ejemplos que en él se detallan y que «incluyen la decisión de negar a los periodistas el acceso a los acontecimientos que habían venido a cubrir, la utilización de luces intermitentes para obstaculizar el trabajo de los fotógrafos y de amenazas y agresiones, que culminó con la detención de 21 periodistas.». Otros medios también han recogido el trabajo del Pen American Center. Una de sus principales conclusiones es que «la policía militarizada no es una respuesta adecuada o útil para una manifestación pública». Los disturbios en Ferguson se produjeron a mediados del último mes de agosto a raíz de la muerte de un joven afroamericano, Michael Brown, a manos de un agente de la policía de la localidad que le disparó aun cuando el chico iba desarmado.

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La ley de medios, uno de los principales legados de José Mújica

Este 26 de octubre hay elecciones presidenciales en Uruguay, que supondrán la salida del actual presidente, José Mújica (Frente Amplio), que no puede volver a presentarse. Más allá de otras cuestiones, Mújica pasará a la historia por haber impulsado durante su mandato una de las leyes reguladoras de la comunicación más ambiciosas del mundo. El principal reproche que se le puede hacer es, quizás, que se limita a legislar sobre los medios audiovisuales, dejando fuera el resto de soportes informativos. Que la Ley de Servicios a la Comunicación Audiovisual (LSCA) de Uruguay –conocida como la Ley de Medios– es uno de los principales referentes en este ámbito es un hecho que reconocen varios expertos. Por ejemplo, Ramón Zallo, Catedrático de la Universidad del País Vasco y presidente de la sección española de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC). Zallo, en su intervención de ahora hace un año en la sesión inaugural del Congreso de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), afirmaba que «algo se mueve en algunos países de los que podemos aprender. En América Latina el servicio público de comunicación ha iniciado un viaje de ida positivo mientras que a la Unión Europea está de vuelta». Aportó los ejemplos de Argentina, Ecuador y Uruguay, destacando este último «como el más interesante». Especialmente porque era el que se dotaba de los organismos de control más independiente.

Así, por ejemplo, destacaba que «en el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) –el ente regulador que establece la LSCA– tres de sus cinco miembros son votados por dos tercios de la Cámara de Senadores lo que garantiza el pluralismo.» El mandato es por seis años, más allá de los periodos legislativos, lo que limita los riesgos de gubernamentalización. También establece que los titulares de servicios de comunicación audiovisual no podrán ser al mismo tiempo, titulares de una licencia para prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Sobra decir que efectos podría tener este hecho en zonas mucho más próximas. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF), cree que la LSCA uruguaya «ofrece garantías importantes en en lo que se refiere a la desconcentración del espacio de difusión y a una distribución más equitativa de las frecuencias, sin que se pretenda controlar los contenidos o ejercer presiones en la línea editorial de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios».

Uno de los problemas para la aplicación de la ley era la implementación del CCA. La Constitución uruguaya impide que un año antes de las elecciones se creen nuevos cargos y esto hizo que a la espera del nuevo organismo, «las competencias del Consejo fueron derivadas a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación Audiovisual (URSEC), órgano encargado de las telecomunicaciones que dispone de un Consejo Directivo designado por el Gobierno y que históricamente ha sido criticado por la falta de aplicación de estándares de derechos humanos en la regulación del espectro radioeléctrico», según explica Edison Lanza, miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, en Uruguay, en el portal del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergència. Lanza es desde este mes de octubre el nuevo relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La LSCA fue aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado y el Senado debía ratificarla el pasado mes de julio. El problema principal era qué solución definitiva se daba al consejo regulador. Se encontró una solución intermedia que la cámara todavía no ha ratificado. A pregunta de este blog, Lanza ha explicado que esta cuestión, «se había solucionado en la última versión aprobada por la Comisión del Senado. Estamos a la espera de que la Cámara de Senadores apruebe el texto definitivamente y lo devuelva al Congreso de Diputados para su sanción final. Para que esto sea así, hay que esperar al resultado del domingo. Si gana el oficialismo, posiblemente se apruebe… si se complica, la chance la veo difícil».

Uno de los grandes defensores de este proyecto es el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, que en un acto del pasado mes de julio dijo, según recoge la crónica del portal Señales que «es muy importante que la ley se apruebe antes de que acabe la legislatura». La Rue participaba en una charla sobre Libertad de expresión y regulación de medios para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes organizada por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) donde aseguró que «la ley es una gran contribución» y que la «la democracia de un país necesita de la democratización del uso de los medios». La Rue expresó su deseo que «no debería retrasarse la discusión ni la aprobación [de este proyecto] porque se pierde el momento, la energía y los dos años de consulta y de debate». El relator de la ONU ha seguido de cerca este proceso y lo ha definido como «uno de los más interesantes a la región y es importante aprobar la ley lo antes posible».

La Red Ciudadana por el Derecho a la Información se presenta en público, 17 años después del primer intento

El próximo 22 de octubre se presenta en público, en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación (XCDIC en sus siglas en catalán). Es una iniciativa impulsada por casi una docena de entidades catalanas y a la que hay otras más que ya han sido invitadas a añadirse. Es una propuesta que viene de lejos. El primer intento data de 1997, cuando se aprobó la Declaración de Barcelona Compromiso con el Derecho a la Información de la Ciudadanía y se constituía lo que entonces se bautizó como Plataforma por la Democracia Informativa (PDI). La declaración había sido redactada por el periodista Manuel Vázquez Montalbán y firmada por una veintena de organizaciones que querían expresar su preocupación ante una serie de síntomas inquietantes que afectaban a los derechos de la ciudadanía a la información. Entre las que entonces lo firmaron  estaba el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), CCOO, UGT, CGT, USOC, l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya, la Associació de Dones Periodistes, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalunya /(FAPAC) o la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo (FCONGD). Esta iniciativa finalmente no tuvo exito, entre otras razones y sin rehuir las causas organizativas propias, porque el derecho a la información ha costado que sea percibido socialmente como una cuestión de primer orden para disponer de un buen nivel de calidad democrática. Soy testigo directo, pero, de como el SPC lo ha intentado en varias ocasiones.

Ahora, todo apunta que es la definitiva. También por varias razones. La primera, porque el amigo y compañero Vicent Canet ha dedicado esfuerzo, tiempo y acierto a construir los apoyos necesarios para hacerlo. Lo ha tenido más fácil porque el proceso de deterioro democrático generalizado empieza a ser tan evidente que ha hecho más fácil asumir la necesidad de recuperación que hay en este ámbito. Y también porque, en Catalunya, el Estatuto ofrece una herramienta que antes no  estaba: el artículo 52, que determina las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Todo ello ha servido para construir las complicidades precisas para  que la XCDIC, ahora sí, vea finalmente la luz. Sus objetivos son, por un lado, generar conciencia social alrededor del derecho a la información y la comunicación «que deben tener la misma consideración social que los derechos a la salud o a la educación.» Por otro lado se pretende generar una red de colaboración entre entidades y abierta a la ciudadanía que articule esta reivindicación de cara a los poderes públicos para «poder plantear propuestas concretas de legislación y políticas públicas al respeto».

Catalunya siempre ha presumido de ir por delante el resto de España en una serie de cuestiones. En esta no podrá ser porque en Andalucía ya hace unos meses impulsaron una iniciativa similar, el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía. Es una plataforma para articular «a los agentes sociales andaluces de educación para el desarrollo y comunicación encontrados y enlazados en un mismo desafío: posicionar la comunicación como elemento central en la construcción de una ciudadanía informada, activa, crítica, participativa y transformadora de su entorno, desde la defensa del ejercicio del derecho a la comunicación». En algunos países de América Latina iniciaron hace años procesos similares que han derivado al cabo del tiempo en leyes de comunicación, algunas de ellas muy envidiables, especialmente, dicen los expertos, en Uruguay.

Así, la XCDIC dará sus primeros pasps el 22 de octubre. De su éxito –es decir, que la ciudadanía catalana y el mundo asociativo a través del cual se organiza la haga suya y le de vida–  dependerá que en el ámbito comunicativo Catalunya se acerque a los referentes europeos y latinoamericanos que –unos con más años que otros– hace tiempo que ensenñan el camino. En este acto se presentará el manifiesto de la plataforma dode, entre otros cosas, se afirma que «la información no es una mercancía sino un derecho ciudadano». También se  reclama que «es necesario un organismo independiente de los intereses políticos y económicos que vele por el derecho a la información y la comunicación».

La ‘trampa’ autorreguladora de los diarios británicos se estrena con mal pie

Varios diarios británicos están haciendo todo lo que pueden en contra de la nueva legislación de la prensa que tiene que entrar en vigor en 2015 y que debe impedir nuevos escándalos mediáticos como los que provocaron los medios del grupo Murdoch en 2011 y que, en definitiva, provocaron el impulso de la nueva normativa. En este blog nos hemos referido en más de una ocasión a este proceso que ya parecía llegado a su fin y que sólo faltaba esperar la entrada en funcionamiento de la Royal Chart en cuestión. La ley supone, entre otras cosas, la creación de un organismo regulador de la prensa eficaz, con capacidad sancionadora, protector de la ciudadanía y sin políticos ni empresarios de medios en su composición. Con anterioridad a todo ello existía una Comisión de Quejas a la prensa que tenía como tarea supervisar los medios, tarea que ha sido un absoluto fracaso. Pero a pesar de ello, todavía hay quienes perseveran en esta línea. Así, algunos de los diarios que rechazan la Royal Chart habían decidido constituir un organismo paralelo, la Independent Press Standards Organisation (IPSO), que se puso en marcha el pasado 8 de septiembre.

La nueva entidad pretendidamente supervisora del comportamiento de la prensa se ha estrenado con muchas críticas. Por una parte, Hacked Off, la asociación que agrupa a las víctimas de las prácticas ilegítimas de los medios, cuya movilización motivó que se pusiera en marcha el proceso que culminará el próximo año. Personas perjudicadas por el espionaje del grupo Murdoch han tachado al IPSO de «fraude». Por otra parte, las de algunas de las publicaciones más prestigiosas del Reino Unido, como The Guardian, The Independent, Financial Times, Economist o Private Eye, que se han desentendido de esta operación. En cambio le apoyan diarios como The Sun, Daily Mirror, Daily Mail, The Times o The Telegraph.  En una carta hecha pública por Hacked Off, la entidad afirma que el IPSO «es un regulador de cuarta categoría como su precedente, la Comisión de Quejas a la prensa. Ni siquiera está cerca de cumplir con las recomendaciones del informe de la Comisión Leveson. El sector de los medios no ha resuelto de manera apropiada como se tiene que regular».