Archivos Mensuales: diciembre 2014

El gordo del 22 de diciembre cayó en Uruguay

En el sorteo de lotería del pasado 22 de diciembre, ninguna de mis participaciones me reportó ningún premio apreciable. Pero como no todo pueden ser malas noticias, ese mismo 22 de diciembre, casi en el otro extremo del planeta, la Cámara de Diputados del Uruguay aprobaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) a la cual ya me había referido en este blog. Fue el pasado 23 de octubre cuando la saludé como uno de los grandes legados del presidente saliente, José Mújica, del Frente Amplio (FA). Decía que sólo faltaba el trámite parlamentario, lo que se culminó este 22 de diciembre, cuando los diputados uruguayos aprobaron el texto definitivo gracias a los votos del Frente Amplio.

A través de sus 202 artículos, la ley, según explica la Coalición para una Comunicación Democrática del Uruguaygran defensora del proyecto– regula los servicios de comunicación audiovisual, que son aquellos que proporcionan «una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión». No regula, en cambio, internet. Otros aspectos importantes son que prohíbe la censura previa, «la apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas» y establece un horario de protección a niños y adolescentes, entre las 6.00 y las 22.00 horas. También determina algunas restricciones a la publicidad diigida a este público. El articulado también dispone que los periodistas «tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento» .La ley crea la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) y el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Este último será un órgano independiente del Gobierno y será responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones de la ley. Estará integrado por cinco miembros, uno de ellos designado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, y los restantes cuatro, por la Asamblea General «sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a dos tercios de sus integrantes». El CCA asesorará al Poder Ejecutivo en materia de concesión de frecuencias, aunque la potestad de concesión corrrespondrà en última instancia del Gobierno, El proyecto crea además el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional como servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura .

La LSCA prevé diversas sanciones por incumplimiento de la normativa que pueden ir de la simple observación, a la advertencia, o hasta el decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o de los bienes detectados en infracción. Las multas pueden ser de hasta casi 250.000 euros, la suspensión de hasta 90 días en la prestación de la actividad, y en los casos de infracciones muy graves, retirada de la concesión. La aplicación de sanciones será en general competencia del CCA, salvo excepciones muy particulares -por ejemplo, la revocación de la frecuencia- que serán una atribución del Gobierno.

Límites a la concentración mediática

La ley establece mecanismos por los que se impiden la creación de oligopolios y monopolios y propone que los propietarios de los medios audiovisuales paguen un canon para utilizar el espectro radioeléctrico. También prevé mecanismos para promover la producción nacional fijando que al menos el 60% de la programación total emitida por cada canal de televisión comercial y público debe ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción. Además, al menos el 30% de esta programación debe haber sido hecha por productores independientes, no pudiendo concentrar un mismo productor independiente más del 40% en un mismo servicio de radiodifusión de televisión. Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida debe contener estrenos de ficción televisiva o estrenos de películas cinematográficas, y de éstas, al menos el 50% debe ser de producción independiente. También un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deben ser programas de agenda cultural. Las radios, por su parte, deben emitir al menos el 30% de música de origen nacional del total de su programación musical. Otro principio de la nueva norma es la limitación de emisión de imágenes violentas.

Esta ley ha tenido un proceso largo porque desde algunos sectores se la ha tachado de un ataque a la libertad de expresión cuando en realidad es todo lo contrario. Ha sido criticada por la oposición y también por los propietarios de las principales cadenas de radio y de televisión así como las organizaciones que las agrupan como la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu). El propio ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, en un artículo publicado en el diario español El País tildaba la LSCA de «revólver cargado sobre la nuca del periodismo independiente». Pero, como señala la Coalición para una Comunicación Democrática, la ley -elaborada durante un año por un comité técnico consultivo integrado por periodistas, organizaciones académicas y sociales vinculadas a al comunicación y los representantes de las empresas del sector- ha recibido elogios de los relatores sobre libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Ha recibido también el apoyo de entidades como Reporteros Sin Fronteras (RSF) –que considera que es un ejemplo a seguir por otros países del continente y de otras asociaciones de periodistas.

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Las negociaciones clandestinas para el tratado TTIP

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, en sus siglas en inglés) tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea con la supresión de aranceles varios, así como normativas que desde los negociadores se consideran innecesarias. La oficina en España de la Unión Europea lo argumenta diciendo que «son restricciones a la inversión, y lo que hace falta es simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios». La web de la representación de Bruselas en Madrid facilita la escasa información oficial que dan los negociadores sobre las conversaciones y nunca sobre sus aspectos más controvertidos. De todos modos, los textos del anteproyecto que hasta ahora se conocen revelan que el tratado no permitiría a los gobiernos aprobar leyes para la regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, servicios postales o telecomunicaciones. Si se produjera cualquier expropiación, las empresas podrían demandar a los Estados exigiendo la devolución de su inversión más compensaciones e intereses. Esto afecta incluso en el mundo de la comunicación porque los gobiernos no podrían aprobar leyes limitando la propiedad en los medios para impedir la creación de imperios mediáticos cómo, por ejemplo, el de Murdoch. Y ya es sabido que el efecto principal de la concentración mediática es la reducción del pluralismo informativo, una de las amenazas principales a la calidad democrática de un país.

En el pasado mes de junio me hacía eco en este blog de una campaña internacional que denunciaba el oscurantismo que había alrededor de las negociaciones para el tratado TTIP. Esta iniciativa se ha desarrollado a través de STOP TTIP, una plataforma integrada por unas 250 organizaciones europeas de todo tipo (ecologistas, sindicatos, asociaciones de consumidores…). Una de las acciones desarrolladas ha sido una recogida de firmas contra este tratado en forma de iniciativa ciudadana para pedir a las autoridades comunitarias y a los gobiernos de los estados miembros de la UE que suspendieran las conversaciones. Desde el pasado mes de julio en que arrancó esta acción, se han obtenido en Europa un millón de firmas contra el acuerdo. Sus impulsores aseguran que el convenio «daría un poder sin precedentes a las empresas multinacionales y por lo tanto amenazan con anular la democracia y el Estado de Derecho, así como perjudicar la protección del medio ambiente y de los consumidores. Los tratados permitirían que las empresas demandaran a los gobiernos ante tribunales de arbitraje privados si sus leyes o políticas dañaran los beneficios de la compañía.»

John Hilary, miembro del Comité de Ciudadanos que ha desarrollado esta iniciativa, destaca que «STOP TTIP ha recogido más de un millón de firmas en un tiempo récord. Esto es especialmente embarazoso para la Comisión Europea, puesto que ha intentado varias veces bloquear la participación de los ciudadanos en la forma en que estos tratados se están negociando y en su resultado». Hillary reclama al presidente de la CE, Jean Claude Juncker, que «escuche la creciente oposición y deje de negociar los tratados inmediatamente».

Al margen otras cuestiones –de indudable vital importancia para la calidad democrática y económica de la sociedad– estas negociaciones afectan a una cuestión tan importante cómo es el derecho a la información de la ciudadanía por dos cuestiones principales. Por un lado se trata de unas conversaciones que se desarrollan sin ningún tipo de transparencia. Muy poca gente conoce el alcance real de lo que se está hablando. En España, las pocas noticias que han salido en los grandes medios de comunicación tanto públicos como privados se limitan a reproducir las informaciones oficiales que se limitan a cantar las excelencias de este tratado. Probablemente las tenga, pero sólo para las grandes empresas multinacionales. El segundo aspecto preocupante de los tratados TTIP en relación a la comunicación es al que aludíamos en el primer párrafo. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) alertaba recientemente en un comunicado del pasado 1 de diciembre de «el oscurantismo que rodea a las negociaciones secretas que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea sobre el TTIP». Añadía que «de llevarse a cabo este acuerdo, además de suponer un grave atentado contra la defensa de la regulación europea en materias como la economía, los derechos laborales, el medio ambiente o los servicios públicos (salud, educación…), afectará directamente al derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía: la creación del llamado Mecanismo de solución de controversias inversoras-Estado acarrearía la indefensión de los Estados contra la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos monopolios, una práctica que limita el necesario pluralismo informativo». También la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha criticado con dureza estas negociaciones y, conjuntamente con otras organizaciones europeas ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo de la Unión Europea y ha emprendido líneas de trabajo conjuntas con organizaciones sindicales del sector en Estados Unidos y Canadá.

En un momento en qué diferentes organizaciones están reclamando en el Estado español y en Catalunya la regulación del derecho a la información, este tratado puede suponer un ataque a la línea de flotación de esta reivindicación. En Catalunya hace pocas semanas se presentó la Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación que tiene entre sus objetivos conseguir una legislación que limite la concentración de medios. El manifiesto de la FEP para las últimas elecciones europeas del pasado 25 de mayo reclamaba una regulación «para limitar la concentración de medios». Con el TTIP con sus actuales planteamientos, sería imposible parar los pies a los Murdoch de todo el mundo. En este sentido, América Latina vuelve a coger la delantera al viejo continente en lo que se refiere al respeto a un derecho tan elemental como el de la información puesto que en algunos países se están desarrollando normativas claramente más avanzadas en este aspecto. Pero esto sucede, simplemente, porque Europa está yendo marcha atrás. Y en el Estado español, este tratado que atenta contra la soberanía de los pueblos, tiene el apoyo del PP, del PSOE y de CiU.