Más allá de ‘Charlie Hebdo’

Ayer tuve el placer de asistir como representante del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) a un debate sobre si la libertad de prensa está amenazada que se hizo en el programa l’Illa de Robinson que dirige Eduard Berraondo en El PuntAvui TV. También  participaron los dibujantes Alfons López y Lluís Recasens L’Avi, y el director adjunto de El Punt Avui y presidente de la demarcación de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), Joan Ventura, y tenía en el atentado a la redacción de Charlie Hebdo producido el pasado 7 de enero el punto de partida. No reproduciré el debate porque, a quien le interese, lo puede encontrar en este enlace (a partir del minuto diez y medio aproximadamente).

La cuestión, pues, era si la libertad de prensa está amenazada. Lo está y no sólo por lo que significa este atentado. Requiere un análisis político y social que no es el objeto de este blog, como tampoco lo es el conjunto de políticas que deben hacerse para evitarlos. Seguramente, ahora empieza una carrera sobre quien hace la legislación antiterrorista más dura y más limitadora de las libertades. Este es un riesgo del cual advierte el secretario general de la Federación Europea de Periodistas (FEP), Ricardo Gutiérrez, que pide que «debemos resistirnos al discurso de la ultra-seguridad.» Pero hace tiempo que el mundo en general sufre un retroceso en los derechos y libertades de las personas, sólo que en cada país o cada rincón del planeta se traduce de manera distinta y sin ninguna relación directa con lo que hemos vivido en la capital francesa.

Sin ir más lejos, en el Estado español, el PP ha impulsado en solitario la Ley de protección de la seguridad ciudadana (LPSC), más conocida como Ley mordaza, y que supone, entre otras cosas, graves restricciones a la libertad de expresión y de información. El proyecto fue aprobado el pasado 11 de diciembre en el Congreso de los Diputados y sólo queda pendiente el trámite del Senado para que la nueva normativa entre en vigor. La plataforma No Somos Delito –que agrupa más de 70 organizaciones de todo tipo– detalla en este informe los puntos más controvertidos de la LPSC. En el Estado español hemos vivido de manera periódica episodios que han evidenciado que la piel de toro está lejos de poder dar lecciones de respeto a la libertad de prensa. Joan Ventura citó en este debate el caso Egunkaria, que supuso el cierre de la publicación y la detención de sus responsables, entre los cuales la de su director, Martxelo Otamendi, y que, finalmente quedó, siete años después, en nada. La publicación, en cambio, ya no existe. Pero hay otros casos, especialmente grave a pesar de que haya que remontarse a bastantes años atrás, a 1977, es el del atentado a la revista El Papus. El Estado español también se caracteriza para ser uno de los pocos de la Unión Europea que no tiene ningún tipo de legislación sobre el derecho a la información de la ciudadanía. Tampoco aguanta la comparación con América Latina, donde hay varios países que ya le pasan la mano por la cara. No todos, porque, lamentablemente, hay otros –Colombia, Brasil, México, Honduras…– dónde ser informador es una profesión más que peligrosa.

El Estado español, pero, también apoya otras iniciativas de carácter internacional que igualmente suponen graves amenazas a los derechos y libertades de las personas. Y, en este caso, no lo hace el PP en solitario como en el caso de la LPSC, sino que tiene el apoyo del PSOE y de CiU. Se trata de las conversaciones que se están llevando a cabo entre  la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio (TTIP, en sus siglas en inglés). Me  refería apenas hace un mes en este mismo blog: los textos del anteproyecto que hasta ahora se conocen revelan que el tratado no permitiría a los gobiernos aprobar leyes para la regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, servicios postales o telecomunicaciones. Si se produjera cualquier expropiación, las empresas podrían demandar a los Estados exigiendo la devolución de su inversión más compensaciones e intereses. Esto afecta incluso al mundo de la comunicación porque los gobiernos no podrían aprobar leyes limitando la propiedad en los medios para impedir la creación de imperios mediáticos cómo, por ejemplo, el de Murdoch. Y ya es sabido que el efecto principal de la concentración mediática es la reducción del pluralismo informativo, una de las amenazas principales a la calidad democrática de un país

Por lo tanto, el atentado a Charlie Hebdo es gravísimo por las consecuencias humanas que ha tenido. Ha sido perpetrado por colectivos particularmente enloquecidos. Participé en la concentración frente el consulado de Francia en Barcelona para también decir Je suis Charlie. L’Avi decía en el citado debate que por sus circunstancias de buscar unas víctimas previamente elegidas, los hechos de Paris le recordaban bastante al atentado contra unos abogados laboralistas de CCOO, realizado en Madrid, en la calle de Atocha, en enero de 1977 por la extrema derecha española. Pero la libertad de prensa y de expresión tiene más amenazas de las que provienen de estos grupos fanáticos. Desde otros ámbitos, con otras ideologías, con métodos más refinados, también quieren limitar lo que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: «Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado debido a las propias opiniones y el de buscar, recibir y difundir las informaciones y las ideas por cualquier medio y sin límite de fronteras».

En los últimos días han aparecido informaciones sobre las propuestas que diferentes gobiernos europeos han planteado para intentar evitar nuevos atentados. La mayoría refuerzan el control de las informaciones y la libre comunicación entre las personas. Desde, por ejemplo, poder intervenir en las aplicaciones de mensajería instantánea hasta la prohibición del popular WhatsApp. El experto en internet Enrique Dans apunta en su blog que se debería hacer todo lo contrario. Defiende que «todos debemos tener el derecho a actuar anónimamente siempre que, por la razón que sea, deseemos hacerlo. Que ese mismo anonimato pueda ser utilizado para actividades delictivas no es más que un efecto secundario cuya existencia no puede ser utilizada para invalidar el uso legítimo de ese derecho al anonimato. Evitar el anonimato en la red es técnicamente imposible, y bajo esa base puramente tecnológica debemos tratar de organizarnos lo mejor posible para respetar ciertos derechos y tratar de poner freno a ciertas conductas delictivas.» Y si el anonimato debe ser posible, todavía más el activismo a cara descubierta, sin ser perseguido ni investigado por hacerlo.

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