Archivos Mensuales: marzo 2016

La supeditación de la verdad

El nuevo Gobierno catalán se ha puesto a caminar y entre sus prioridades no está derecho a la información de la ciudadanía. Más bien todo lo contrario, si atendemos a como se han hecho los nombramientos de los cargos directivos en los medios de comunicación públicos catalanes. Algunas formaciones incorporaban en su programa electoral el desarrollo del artículo 52 del Estatuto, que es el que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se trataría que lo cumplieran. Los primeros pasps, pero, no son alentadores. No hace mucho, la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, defendía en sede parlamentaria que «la televisión pública de Catalunya es un reflejo de cómo está evolucionando la sociedad catalana y de hacia donde va». Munté destacaba que «el independentismo ha pasado de ser la opción de un 14% de la población a un 40% entre 2006 y 2015. Y una televisión pública, en cuanto que es pública, se adapta y evoluciona de acuerdo con este sentimiento que también ha ido evolucionando y ha ido cambiante».

La consejera no es la única que piensa así. El catedrático de Teoría de la Comunicación y profesor emérito en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Josep Gifreu apuntaba en un artículo publicado el mes de septiembre pasado en el diario El PuntAvui que «TV3 se ha hecho independentista? En la medida que prácticamente todas las grandes cadenas de televisión, públicas y privadas, presentes en Cataluña, han optado por la defensa compacta del unionismo, ¿no corresponde a un servicio público básico asumir,  presentar y representar las opciones de al menos una mitad de la ciudadanía que no se siente representada por Tele5, Antena 3, TVE 1, La Sexta, Cuatro o 8TV?» En conjunto, los medios como una de las principales herramientas de combate en las trincheras.

A nivel español, las perspectivas no son mejores, e incluso, hoy por hoy, todo lo contrario. Todavía no hay Gobierno, pero la construcción de una sociedad democrática en la que no sea permitido manipular la información ni mentir a la ciudadanía no parece estar en las hojas de ruta que se diseñan sobre las mesas de negociación para formar las nuevas mayorías. En mi condición de miembro de la dirección del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), he tenido la oportunidad de participar en varias entrevistas con representantes institucionales para tratar cuestiones relativas a nuestra actividad. Con una de las personas con las que nos hemos reunido algunas veces es Josep Martí, hasta hace pocas semanas Secretario de Comunicación del Gobierno catalán. Martí nos explicó en cierta ocasión que había formado parte de una delegación de la Generalitat para entrevistarse con los responsables de los medios de Madrid para explicarles el proceso que se estaba viviendo en Catalunya. Nos decía que la respuesta de todos ellos fue unánime: que la unidad de España estaba por delante de la verdad, en expresión casi textual. Lo cuenta también Jofre Llombart, subdirector de El Món a RAC-1, en un artículo publicado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), titulado «Los límites del sistema».

Al margen del debate de si TV3 y Catalunya Ràdio se han hecho independentistas o no, en Catalunya hay medios que defienden claramente una postura independentista. Incluso hay quienes, como gran parte de los directivos de medios de Madrid, piensan que la independencia está por delante de la verdad. Unos y otros, de titularidad privada, tienen derecho a ser independentistas o unionistas, sólo faltaría. Pero, ¿tienen derecho a poner su ideario por delante de la verdad? ¿Hay alguna otra cuestión que también pongan por delante de la verdad? Una regulación del derecho a la información de la ciudadanía como la que hay en otros países debería impedir que la verdad quede solapada. Y la actividad legislativa se debería extender a hacer que los medios públicos fueran realmente públicos, es decir, desgubernamentalizados y despartidizados. El derecho a la información es un derecho humano universal y si realmente fuera respetado cómo corresponde, quizás nadie se atrevería a pedir que los medios públicos catalanes hicieran de contrapeso a las mentiras y manipulaciones ajenas. En Cataluña es muy fácil, sólo hay que desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto.

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