Archivos Mensuales: junio 2017

Batalla para preservar las fuentes informativas

En los últimos casi diez días han coincidido varios acontecimientos que han tenido como común protagonista la necesidad de preservar las fuentes de los periodistas y la tarea de los alertadores o los whistleblowers, en su expresión inglesa. Si los ordenamos cronológicamente, empezaría por citar el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien el pasado 30 de mayo prometió que la UE aprobará en los próximos meses la directiva para proteger a los alertadores. El segundo hecho es el V Congreso del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) donde, en unos debates previos abiertos, participaron el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, y, entre otras, la periodista Mercè Molist. Gutiérrez habló de las nuevas opciones de empleabilidad de los periodistas en Europa y Molist sobre ciberseguridad e información.

El pasado 7 de junio, el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, organizó en Bruselas una mesa redonda con varios expertos para hablar de las nuevas tendencias en el periodismo en Internet y de como los periodistas y los medios de comunicación responden a ese reto. Finalmente, tenemos las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, hechas a raíz de los atentados en Manchester y Londres en las que se mostraba partidaria de priorizar la seguridad frente el terrorismo aunque esto suponga restringir derechos y libertades a la ciudadanía. Son cuatro piezas diferentes que forman parte de un mismo mosaico.

El anuncio o promesa de Juncker es importante porque de vez en cuando aparecen los pronunciamientos como el de May –o días antes de quien, en España, era Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que planteó la necesidad de perseguir a los alertadores– que amenazan el derecho a la información. La Federación Europea de Periodistas (FEP) valoraba las palabras del presidente de la CE como «un paso importante hacia una protección de los denunciantes en el ámbito europeo». La FEP afirma que «la denuncia de irregularidades es un aspecto fundamental de la libertad de expresión y que los denunciantes son importantes fuentes de información para los periodistas». En este sentido reclamaba la armonización legal de los denunciantes porque «el interés público está por encima de los intereses privados». Además, concluía, «hay que reconocer la denuncia como un acto de responsabilidad democrática».

El reconocimiento legal de la figura del alertador o denunciante llega en un momento en que están aumentando las prácticas espias de los gobiernos sobre los periodistas. Por eso, la cuestión de la ciberseguridad en el ámbito de la información cada vez está más presente en los foros de debate profesionales y sindicales. Así, en las jornadas previas al congreso del SPA de los pasados 2 y 3 de junio, formaba parte del programa. En su intervención, Mercè Molist, como recoge el periodista David Bollero en su blog en Público, afirmó que «el Gobierno del Reino Unido espia a los periodistas para identificar sus fuentes». Y añadía que «el 21% de los afectados por el espionaje por parte de los gobiernos corresponde a la sociedad civil y, dentro de este porcentaje, el 57% es prensa». El experto en tecnología Enrique Dans, escribía este viernes 9 de mayo en su blog que «pretender controlar lo que circula por la red o exigir puertas traseras a las aplicaciones de comunicación es directamente estúpido, algo que solo se le ocurriría a quienes no entienden la red. Simplemente, no sirve para nada, y en cambio, genera una erosión completamente inaceptable en las libertades y derechos de los ciudadanos».

En la sesión organizada por los Verdes del Parlamento Europeo, se partía de la constatación que el papel futuro de los medios está en cuestión. Están surgiendo nuevos medios digitales, la publicidad impresa está en declive y el aumento de las falsas noticias, hecho que contribuye a la pérdida de la confianza de los lectores. Una de las expertas que participó es Marta Peirano, Adjunta al Director de Eldiario.es, que defendió la importancia de la suscripción y el apoyo de los lectores como nueva forma principal de financiación de los medios que garantiza su independencia. El debate sobre las falsas noticias se ha intensificado mucho, especialmente desde las elecciones norteamericanas, y como combatirlas también es una de las cuestiones en auge en la agenda periodística.

Las palabras de Theresa May o las de Moix van en dirección contraria a la promesa de Juncker. El periodista Dardo Gómez, definía recientemente estos nuevos alertadores en Revistaelobservador.com como «esta gente que hace este tipo de denuncias públicas que han puesto a la vista toda esta inmundícia [de corrupción]. No se dedica a explicar intimidades de famosillos. Aquí estamos hablando de la revelación de información relacionada con actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o peligrosas, que sean cometidas desde el sector público o privado.» Hace un mes, el 8 de junio, la plataforma británica Campaign For Freedom Information (CFOI), alertaba contra los cambios que se quieren hacer en la Ley de Secretos Oficiales. Esta reforma, denuncia la CFOI, podría suponer «el encarcelamiento de funcionarios públicos y periodistas por revelar información» que, por otro lado, cualquier ciudadano puede reclamar a la administración.

Varios escenarios con una misma preocupación. Las restricciones al derecho a la información que pueden acabar perjudicando gravemente al periodismo y a la calidad democrática de la sociedad.

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