Cuando Europa y Latinoamérica marcan el camino

Estos días de fiestas he prácticamente terminado de leer un libro que había empezado hace ya un cierto tiempo, Medios Democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación (Ediciones Akal, 2016), del que es autor el periodista Pascual Serrano. Repasa las regulaciones de la comunicación que se han hecho en varios países de América Latina en el marco de los diferentes procesos políticos que en ellos se habían vivido. Son muy interesantes los planteamientos que se hacen. Al mismo tiempo me llegan noticias de dinámicas impulsadas en otros continentes en relación al derecho a la información que, sin prisas pero sin pausas, –según se decía en antiguas y obsoletas etapas de transición– van avanzando y consolidándose. Concretamente me refiero a Europa y, más concretamente, al Reino Unido.

Y, además, esto coincide cuando faltan pocos días –el próximo 17 de enero– para que se constituya el Parlament de Catalunya surgido de las elecciones del pasado 21 de diciembre. Si en algo Catalunya –y la España de la que una parte importante de Catalunya se quiere desligar– está muy atrasada, es en la defensa del derecho a la información de la ciudadanía como un derecho humano esencial en una sociedad democrática. Si la nueva Cámara catalana y el presidente –y su Gobierno– que posteriormente sea elegido quieren ponerse al día, tienen en el libro de Pascual Serrano y en el Reino Unido ejemplos a los que seguir.

En su análisis, Serrano parte del hecho que en América Latina «los nuevos líderes progresistas que fueron llegando a los gobiernos con el apoyo de sus ciudadanos descubrieron dos cosas: el tremendo poder y hostilidad de los medios privados y la ausencia de medios públicos que pudieran compensar con cierto rigor y ecuanimidad el impresionante papel político de oposición que lideraban las empresas privadas de comunicación». Cita al ex relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, que lo fue entre 2008 y 2014, quién recordó que la libertad de expresión «es un derecho universal, un derecho de todos, y no sólo de las grandes corporaciones de los media. Es un derecho de la sociedad a estar bien informada, es una cuestión de justicia y de ciudadanía vinculada directamente a la diversidad de los medios. Por eso, el monopolio de comunicación está contra, justamente, la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la ciudadanía». En relación a la América Latina, La Rue destaca que «hay un fenómeno histórico común porque toda la estructura de comunicación social fue pensada únicamente desde la óptica comercial. Y la comunicación es mucho más que esto, es un servicio público. No hay problema que también sea negocio, nadie está en contra de eso, pero debe prevalecer el espíritu de servicio a la colectividad, hecho con calidad e independencia, de forma honesta y objetiva». A partir de aquí estudia cómo han afrontado esta cuestión países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile… Leed a Serrano, no os arrepentiréis…

Desde Europa, desde el Reino Unido, nos llega como paso a paso se ha ido consolidando la regulación impulsada a raíz de los abusos y del espionaje de los medios del grupo Murdoch. De todos modos, decir que «nos llega» –sea de Europa, de América Latina o de donde sea– no deja de ser un cierto eufemismo. Los cambios en materia de derecho a la información de la ciudadanía que hay en muchos lugares del mundo son reiteradamente ignorados y silenciados por la prensa española y catalana, a no ser que sea con referencias hostiles y manipuladas.

El periodista Dardo Gómez –ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y expresidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)– en un artículo en la Revista El Observador afirma que «la regulación en la prensa británica avanza». Gómez apunta que «Los grandes grupos de prensa y las organizaciones profesionalistas ocultan los progresos que se hacen en otros países para garantizar a la ciudadanía su derecho a saber y a que los medios no los cuelen bulos vendidos como información». Así, añade, que «sólo por obsecuencia profesional, algunos nos hemos enterado que el último 14 de noviembre se celebraron en la Universidad de Westminster, los primeros cinco años de vigencia del sistema regulador de la prensa británica basado en las recomendaciones del Informe Leveson» del que ya he hablado en otras ocasiones. Para entender lo que ha pasado en este país hay que conocer la organización Hacked Off, la que consiguió que más de 175.000 ciudadanos británicos reclamaran una regulación que acabara con los abusos de algunos medios de comunicación. Obviamente, estos, con el grupo Murdoch al frente pero con los diarios The Telegraph, Mirror y algunos de regionales apoyándole, han planteado –y plantean– todas las batallas posibles para pararlo pero hasta ahora las han perdido todas. Se pregunta Gómez «¿por que se os ocurre que los grandes medios españoles ni las organizaciones profesionalistas no nos cuentan nada de todo esto?»

La respuesta es clara: Porque no quieren que en España y Catalunya aprendamos de este ejemplo y pretendamos seguirlo. En Catalunya, el artículo 52 del Estatuto establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se estrenará la XII Legislatura. ¿Será la definitiva para que Catalunya inicie el camino para aproximarse a los referentes democráticos más próximos?

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