25 años no son nada…

Los días 19 y 20 de junio de 1993 yo era uno de los asistentes al Congreso Constituyente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), en el centro cívico de les Cotxeres de Sants, bajo la presidencia honorífica del veterano Josep Maria Lladó. Mi participación era la de uno más en los debates. El único protagonismo fue formar parte de la comisión de recuento que certificó la elección de Enric Bastardes como primer presidente del SPC.

Ahora, 25 años después, tengo el privilegio y la responsabilidad de ser el presidente de la organización. Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny han dirigido las diferentes juntas ejecutivas que ha habido desde entonces y que han convertido –entre todos y todas– el sindicato en un referente indispensable de la profesión. A mí me toca no estropearlo. Y creo, modestamente, que desde que fui elegido en el VIII Congreso celebrado el pasado 14 de abril, la Junta que lidero está haciendo muy buena labor gracias a la gente que la integra.

Pero para llegar a este punto se ha trabajado mucho en años anteriores. No lo detallaré aquí. La página web del SPC es testigo de todo ello. Pero sí querría destacar una cuestión: el papel decisivo del Sindicat de Periodistes de Catalunya para que hoy el Estatuto de Cataluña incluya un artículo 52 que establece cuáles son los deberes de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Durante su elaboración en el proceso participativo abierto por el Gobierno catalán aportamos las propuestas necesarias para ue así fuera. Los redactores del Estatuto lo incorporaron al texto final, que a pesar de ser uno de los artículos impugnados por el PP como anticonstitucionales, quedó incorporado tal cual salió de fábrica en la versión final. Ahora sólo falta que el Gobierno o los grupos parlamentarios lo desarrollen legislativamente  para hacer efectivo este derecho de la ciudadanía. Y no será porque no se haya pedido y presentado propuestas y documentación para que lo puedan hacer…

La profesión vive momentos difíciles. La precariedad laboral y la desregulación de los y las periodistas a la pieza, la falta de credibilidad de la profesión y de los medios de comunicación españoles según revelan varios sondeos de opinión, el desprecio de las empresas de comunicación por un periodismo de calidad priorizando la cantidad pagada a precios irrisorios y que el fotoperiodismo está pagando más duramente; la falta de respeto por los derechos de autoría, por los derechos laborales… Es un largo listado.

Muchos han dado la culpa a la crisis, a las nuevas tecnologías de la información, al cambio de los usos informativos o a las redes sociales. La crisis del periodismo, sin embargo, empezó mucho antes. Pero una ficticia bonanza económica en los medios hizo que todo el mundo o casi todo el mundo mirara hacia otra banda. La crisis, lo único que ha hecho es mostrar las fragilidades y las miserias con toda su crudeza. Y ahora se pagan las consecuencias con dos víctimas principales: unos trabajadores y trabajadoras inmersos en una precariedad cada vez más intensa, y la ciudadanía, que ve como su derecho a recibir una información veraz, plural y de calidad le ha sido hurtado.

Y los autores de este hurto son los propietarios de los medios de comunicación, y también el poder político que actúa como cómplice necesario, puesto que no ha hecho casi nada hasta ahora para garantizar este derecho universal humano a la ciudadanía. El año 1993, el Consejo de Europa aprobó por unanimidad el Código Europeo de Deontología del Periodismo, un texto que podríamos considerar casi revolucionario.

En su artículo 15 dice: «Ni los editores o propietarios [de los medios] ni los periodistas tienen que considerarse amos de la información. Desde la empresa informativa la información no tiene que ser tratada como una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las mismas tienen que estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos por publicidad.» En su artículo 11 establece bien claramente que «las empresas periodísticas se tienen que considerar como empresas especiales socioeconómicas, los objetivos empresariales de las cuales tienen que quedar limitados por las condiciones que tienen que hacer posible la prestación de un derecho fundamental». Esto lo votaron todos los partidos y todos los países del Consejo de Europa, incluidos los españoles. Pero lo tienen oculto, pero no desfalleceremos en seguir recordándolo y a reclamar que se devuelva la información a su legítimo propietario, la ciudadanía.

Nuestro lema por estos cinco lustros de trabajo es «Ya tenemos sólo 25 años». Para coger fuerzas por todo el trabajo que tenemos que hacer como mínimo en los próximos 25 años podéis venir el lunes 5 de noviembre a celebrarlo con nosotros en el centro cívico Parc Sandaru.

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