No son maneras de terminar el año

Estamos a finales de 2018 y desde el derecho a la información se han acumulado las malas noticias. Y en muchos ámbitos. Primero, empezamos por los Medios Públicos. En la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) se ha vivido un pasteleo entre cuatro grupos parlamentarios para repartirse las poltronas del Consejo de Gobierno de la CCMA. La sección sindical del SPC en TV3 lo ha tildado de «estafa a la ciudadanía» y ha mostrado la «decepción ante los incumplimientos de varios grupos parlamentarios, especialmente de quienes en épocas pasadas se habían comprometido con modelos de gestión democrática, no gubernamental y no partidista, de la radiotelevisión pública que tendría que ser de todos». También han hecho críticas contundentes el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el consejo profesional de TV3 y la sección sindical de CCOO en la cadena.

Lo preocupante de todo, pero, es como señala el SPC, que «no solo se trata del pacto por el reparto de puestos en el Consejo de Gobierno, donde por fuerza había que contar con la colaboración de otros grupos, sino de que este comportará la distribución privada y en cremallera, entre JxCat y ERC, de los principales cargos de la Corporación: directores de la tele y la radio y jefes de informativos respectivos, todos en manos de profesionales de confianza del Gobierno». Es decir, que a pesar de las buenas palabras de muchos, que defienden en privado la necesidad de mejorar las emisoras de la Generalitat, los medios públicos catalanes seguirán dependiendo del Ejecutivo. Esto es un paso más para quedarse en la cola, no solo de Europa en cuanto a democratización de los medios públicos, sino también del Estado español, especialmente si lo comparamos con RTVE.

¿Cerrar Canal Sur?

No se ha llegado al extremo que en Andalucía han lanzado los líderes de Vox, con el apoyo de dirigentes del PP, después de las elecciones del 2 de diciembre, de cerrar Canal Sur, propuesta que también ha recibido el rechazo de varios sectores profesionales. El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), recuerda que la RTV pública andaluza «hace 30 años que está dando voz a sectores y territorios andaluces que en otros medios no tienen cabida porque no dan audiencia o, simplemente, no son rentables económicamente». Hay que recordar que antes de estos comicios, el PP apoyó una nueva Ley Audiovisual en Andalucía que no preveía en ningún caso su cierre.

También en Canarias pintan bastos. La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), ante la negativa de Coalición Canaria, el PP y la Agrupación Socialista de Gomera a convocar un concurso público para su Consejo Rector, afirma que «los intereses de la televisión pública autonómica, una vez más, quedan a expensas de los intereses políticos». Y en las Islas Baleares, en IB3, lo que no avanza es que los trabajadores que hacen los espacios informativos sean contratados por la misma televisión pública en lugar de estar subrogados en una productora. Esta es una de las máximas reivindicaciones del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) que hace unos pocos días ratificó en un Congreso ante el poco interés mostrado hasta ahora por las diferentes formaciones políticas para afrontar esta cuestión. En este congreso, al que tuve el placer de asistir y que supone un feliz relanzamiento del SPIB, se eligió la periodista Maria Amengual como nueva secretaria general.

Todo esto hace que el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, se pregunte, en un artículo publicado en el digital encastillalamancha.es, «¿Cuando dejarán en paz a las radios y las televisiones públicas? Mientras los políticos sigan controlando a los medios de comunicación públicos, para manipularlos en su favor, estarán haciendo un grave daño a la democracia y al derecho a la información de la ciudadanía».

La Ley Mordaza, todavía

Todo y las prometidas de varios partidos en la última campaña electoral de modificarla e incluso derogarla, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza, sigue siendo donde era. Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, el Estado ha recaudado ya 270 millones de euros. Centenares de personas denunciadas y sancionadas por unas disposiciones jurídicas cuestionadas por la práctica totalidad de organismos internacionales de los derechos humanos, empezando por la misma Naciones Unidas. El último de ellos es Juan Carlos Mohr, fotoperiodista madrileño, multado con 2.000 euros por «desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse», según ha denunciado el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).

Con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se ha empezado a negociar entre partidos la modificación de algunos artículos de la polémica Ley pero en cada sesión de conversaciones parece que se desvanece la posibilidad de cambios substanciales. Está todavía en su proceso de tramitación y habrá que ver como queda finalmente pero algunos detalles que se van conociendo no invitan al optimismo. Por ejemplo, fotografiar agentes de policía parece ser que seguirá siendo perseguible, cosa que contradice la necesidad de respetar el derecho a la información. Una ley que nació de reacción del establishment a la movilización del 15-M parece que el nuevo establishment quiere seguir utilizándola casi en todos sus preceptos represivos.

Cierre de webs sin orden judicial

El artículo 20.5 de la Constitución española dice textualmente: «Solo se podrá acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.» Ahora parece que esto cambiará gracias a un pacto político entre PP, PSOE y Ciudadanos que se ha formulado a través de una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Estas tres formaciones se han puesto de acuerdo para aprobar en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una reforma de la LPI por la que se permite el cierre de páginas webs por parte de una comisión vinculada al Gobierno sin participación judicial. Estos días, la ley está en trámite en el Senado.

Varias organizaciones, –entre las cuales hay la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Facua-Consumidores en Acción, Asociación de Internautas, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Asociación Española de Startups– han emitido un comunicado en el cual rechazan esta enmienda «porque afecta un derecho fundamental cómo es la libertad de expresión» y también va en contra del citado artículo 20.5 de la Constitución.

Agresiones a periodistas

Este 2018 también ha sido un año difícil a la hora de cubrir acontecimientos en la vía pública. En Catalunya, no solo pero sí principalmente, en actas relacionados con el que se conoce como El Procés. Ha habido muchos problemas para los profesionales de varios medios, especialmente fotoperiodistas. El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha hecho una buena recopilación al portal media.cat. El último incidente lo sufrió el fotoperiodista Albert Salamé, en la manifestación en Girona del pasado 6 de diciembre, en el curso de un acto convocado por Vox que recibió la réplica de colectivos antifascistas de la ciudad.

Un papel especial es el de la extrema derecha –a veces en forma de agentes de policía de paisano y fuera de servicio– donde la impunidad de sus acciones es muy considerable. Los periodistas Jordi Borràs y Xavier Rius Sant lo pueden documentar muy bien. Pero también ha habido incidentes en otros puntos del Estado. En Andalucía son frecuentes las quejas por los problemas que las autoridades ponen para cubrir la actualidad vinculada a la llegada de personas inmigradas.

Y, finalmente, en Francia. En el marco de las movilizaciones de los chalecos amarillos, también habido dificultades para los profesionales de la información. A las manifestaciones del pasado 8 de diciembre muchos periodistas fueron encañonados y heridos por la policía, según la crónica de Libération. Los cuatro sindicatos de periodistas franceses emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que «es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un estado de derecho, que los poderes públicos no garanticen la libertad de informar» y han pedido ser recibidos por el presidente de la República, Emmanuel Macron.

Y eso sin olvidar a los compañeros y compañeras que este 2018 han perdido la vida simplemente por hacer su trabajo de periodista, crímenes que, como ha denunciado la FIP, nueve de cada diez quedan sin resolver.

Seguiremos…

Pero solo terminar de escribir este post y publicarlo, ha estallado el último episodio: La irrupción de la Policía Nacional en dos medios baleares para incautarse de varios equipos en el marco de una operación contra la corrupción. La protección de las fuentes es un derecho esencial de los profesionales de la información en una sociedad democrática, algo que parece que algunos ignoran en la piel de toro… Y todavía quedan 20 días de 2018!

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