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Cuando Europa y Latinoamérica marcan el camino

Estos días de fiestas he prácticamente terminado de leer un libro que había empezado hace ya un cierto tiempo, Medios Democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación (Ediciones Akal, 2016), del que es autor el periodista Pascual Serrano. Repasa las regulaciones de la comunicación que se han hecho en varios países de América Latina en el marco de los diferentes procesos políticos que en ellos se habían vivido. Son muy interesantes los planteamientos que se hacen. Al mismo tiempo me llegan noticias de dinámicas impulsadas en otros continentes en relación al derecho a la información que, sin prisas pero sin pausas, –según se decía en antiguas y obsoletas etapas de transición– van avanzando y consolidándose. Concretamente me refiero a Europa y, más concretamente, al Reino Unido.

Y, además, esto coincide cuando faltan pocos días –el próximo 17 de enero– para que se constituya el Parlament de Catalunya surgido de las elecciones del pasado 21 de diciembre. Si en algo Catalunya –y la España de la que una parte importante de Catalunya se quiere desligar– está muy atrasada, es en la defensa del derecho a la información de la ciudadanía como un derecho humano esencial en una sociedad democrática. Si la nueva Cámara catalana y el presidente –y su Gobierno– que posteriormente sea elegido quieren ponerse al día, tienen en el libro de Pascual Serrano y en el Reino Unido ejemplos a los que seguir.

En su análisis, Serrano parte del hecho que en América Latina «los nuevos líderes progresistas que fueron llegando a los gobiernos con el apoyo de sus ciudadanos descubrieron dos cosas: el tremendo poder y hostilidad de los medios privados y la ausencia de medios públicos que pudieran compensar con cierto rigor y ecuanimidad el impresionante papel político de oposición que lideraban las empresas privadas de comunicación». Cita al ex relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, que lo fue entre 2008 y 2014, quién recordó que la libertad de expresión «es un derecho universal, un derecho de todos, y no sólo de las grandes corporaciones de los media. Es un derecho de la sociedad a estar bien informada, es una cuestión de justicia y de ciudadanía vinculada directamente a la diversidad de los medios. Por eso, el monopolio de comunicación está contra, justamente, la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la ciudadanía». En relación a la América Latina, La Rue destaca que «hay un fenómeno histórico común porque toda la estructura de comunicación social fue pensada únicamente desde la óptica comercial. Y la comunicación es mucho más que esto, es un servicio público. No hay problema que también sea negocio, nadie está en contra de eso, pero debe prevalecer el espíritu de servicio a la colectividad, hecho con calidad e independencia, de forma honesta y objetiva». A partir de aquí estudia cómo han afrontado esta cuestión países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile… Leed a Serrano, no os arrepentiréis…

Desde Europa, desde el Reino Unido, nos llega como paso a paso se ha ido consolidando la regulación impulsada a raíz de los abusos y del espionaje de los medios del grupo Murdoch. De todos modos, decir que «nos llega» –sea de Europa, de América Latina o de donde sea– no deja de ser un cierto eufemismo. Los cambios en materia de derecho a la información de la ciudadanía que hay en muchos lugares del mundo son reiteradamente ignorados y silenciados por la prensa española y catalana, a no ser que sea con referencias hostiles y manipuladas.

El periodista Dardo Gómez –ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y expresidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)– en un artículo en la Revista El Observador afirma que «la regulación en la prensa británica avanza». Gómez apunta que «Los grandes grupos de prensa y las organizaciones profesionalistas ocultan los progresos que se hacen en otros países para garantizar a la ciudadanía su derecho a saber y a que los medios no los cuelen bulos vendidos como información». Así, añade, que «sólo por obsecuencia profesional, algunos nos hemos enterado que el último 14 de noviembre se celebraron en la Universidad de Westminster, los primeros cinco años de vigencia del sistema regulador de la prensa británica basado en las recomendaciones del Informe Leveson» del que ya he hablado en otras ocasiones. Para entender lo que ha pasado en este país hay que conocer la organización Hacked Off, la que consiguió que más de 175.000 ciudadanos británicos reclamaran una regulación que acabara con los abusos de algunos medios de comunicación. Obviamente, estos, con el grupo Murdoch al frente pero con los diarios The Telegraph, Mirror y algunos de regionales apoyándole, han planteado –y plantean– todas las batallas posibles para pararlo pero hasta ahora las han perdido todas. Se pregunta Gómez «¿por que se os ocurre que los grandes medios españoles ni las organizaciones profesionalistas no nos cuentan nada de todo esto?»

La respuesta es clara: Porque no quieren que en España y Catalunya aprendamos de este ejemplo y pretendamos seguirlo. En Catalunya, el artículo 52 del Estatuto establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se estrenará la XII Legislatura. ¿Será la definitiva para que Catalunya inicie el camino para aproximarse a los referentes democráticos más próximos?

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La información como arma política

En este blog he hablado en varias ocasiones sobre la ventaja que estaban tomando varios países latinoamericanos respecto a otros, especialmente los europeos, en una cuestión tan democráticamente capital como el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía. Habían elaborado regulaciones realmente innovadoras, que partían del hecho de considerar la información y la comunicación como un derecho humano, tal como establece, sin ir más lejos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 19.

Algunos de los últimos procesos electorales vividos en este subcontinente han introducido sombras en esta dinámica. El caso más paradigmático es Argentina, pero también en Venezuela planean oscuras perspectivas. El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, ha declarado la guerra a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) e incluso firmó un decreto para desactivar sus elementos básicos, como la destitución de los miembros de su ente regulador. El abogado y doctor en Comunicación Damián Loreti explica la situación en este artículo publicado en el diario argentino Página 12.

Esta decisión del Gobierno Macri ha provocado un alud de protestas tanto en el país como a escala internacional. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha afirmado que «es completamente peligrosa para la democratización de la comunicación en Argentina la actitud que el nuevo gobierno ha mostrado hacia  una Ley votada por el Parlamento nacional, precedida y legitimada por un debate que involucró al conjunto de la sociedad». Se refiere la FIP al hecho que la LSCA fue elaborada a través de un proceso de participación ciudadana de gran repercusión social, que culminó con la elaboración de un texto aportado a las instancias legislativas que redactaron y aprobaron el texto definitivo. Sostiene el organismo internacional de representación de los periodistas que esta tarea no se puede destruir con un simple decreto ley.

Esta tesis ha sido refrendada por el juez de La Plata Luis Arias, que ha emitido una resolución por la que prohíbe al Ejecutivo de Mauricio Macri cualquier modificación de la LSCA y de sus organismos de control y de gestión por la vía del decreto. El magistrado ordena al Gobierno que, según la crónica de Página 12, «se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)». Arias respondía así a la reclamación presentada por los funcionarios de la AFSCA que pedían la nulidad absoluta del citado decreto. El pronunciamiento judicial está basado «en favor del derecho colectivo a la información y a la libertad de expresión».

Este hecho demuestra una vez más la voluntad de los gobiernos de utilizar la información como arma de control político. La hostilidad de determinados poderes contra una ley como la LSCA es equivalente a la que demuestran estos mismos poderes para evitar que lo regule este derecho fundamental en lugares donde no lo está, como lo es en España y también en Catalunya, donde el desarrollo del artículo 52 del Estatuto se ha convertido en un plato de segunda mesa. En el caso español, destaca el hecho de cómo muchos medios de comunicación han amplificado las críticas de Macri a la LSCA –que la ha tildado de intervencionista, represora y de contraria a la libertad de expresión– pero no han dicho nada de las defensas que destacados organismos internacionales han hecho de esta norma ni de las muestras de apoyo que recibe desde muchos sectores sociales. Después de que Macri impulsara la intervención de la Autoridad Federal que supervisa el cumplimiento de la ley hubo en Argentina numerosas protestas, que han sido silenciadas.

Pero a pesar de todo, en Argentina todavía están más cerca de la democracia en la información que en España, donde se saca mucho pecho con la Constitución pero el artículo 20 es cómo si no existiera.

Los ejemplos a seguir

Entre los años 1990 y 2013 son más de 80 los países que, por varias razones, han impulsado regulaciones del derecho a la información. En 1989 sólo ocho de los 47 miembros del Consejo de Europa disponían de normativas sobre esta materia. El 2011 eran 40 y el Estado español y sus comunidades autónomas no formaban parte de esta lista. España, lo único que ha hecho, ha sido regular, en 1997, la cláusula de conciencia. Estos son algunos de los datos de salida del informe que he elaborado para el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) para contribuir en la tarea de desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto, que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

El pasado mes de junio, el Parlamento catalán aprobó una moción de ICV-EUiA que instaba al Gobierno a desarrollar este artículo. El SPC se interesó para saber como el Gobierno pensba hacerlo. Como miembro de la dirección del sindicato participé en el encuentro que mantuvimos con miembros del Gobierno catalán en la cual acordamos que pondríamos a disposición del Ejecutivo la información que teníamos sobre experiencias en otros países para tenerlas como referente para impulsar una nueva normativa en Catalunya. A partir de poner en evidencia que Catalunya y el Estado español son casi la excepción en el entorno europeo a la hora de disponer de regulaciones sobre la información y la actividad de los medios y de los profesionales, se nos pidió si podíamos aportar ejemplos de lo que  había en otros países, a lo que obviamente respondimos que sí. El sindicato decidimos entonces aprovechar la ocasión para actualizar y mejorar nuestros datos por lo que se me encargó hacer un informe sobre la cuestión. Con más tiempo del que habría sido deseable y gracias a aportaciones de mucha gente de quienes dejo constancia en el documento, esta tarea se ha terminado. Ya se ha hecho llegar al Gobierno catalán y ahora toca difundirlo.

En este trabajo se destacan las experiencias en Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia porque ofrecen un abanico bastante amplio de regulaciones para tenerlas en conjunto como referencia. También se menciona los casos de Dinamarca y Noruega por su papel líder en la regulación de los medios comunitarios o del Tercer Sector. Igualmente se  repasan las experiencias en América Latina donde en algunos países se han vivido procesos muy interesantes, como a veces ya me  he referido en este blog. Finalmente hay un par de apuntes sobre Estados Unidos y la India para acabar de dibujar la soledad con la que cada vez más se encuentran Catalunya y España en la garantía del derecho a la información de la ciudadanía.

El papel clave de los medios comunitarios

La Red de Medios Comunitarios (ReMC) y dos emblemáticos medios de este ámbito como son Ràdio Televisió de Cardedeu (RTVC) y Tele K (del barrio madrileño de Vallecas) han iniciado una batalla contra el Gobierno español para conseguir su reconocimiento real y ser tenidos en cuenta en el reparto de licencias. Lo hacen interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra el Real decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan aspectos para la liberación del dividendo digital. Para poder hacerlo han iniciado una campaña de captación de fondo a través de una operación de micromecenazgo que les permita afrontar los gastos del proceso. Los demandantes recuerdan que la ley reconoce el derecho de estos medios a tener su espacio pero a la hora de la verdad los diferentes gobiernos no los han tenido en cuenta cuando han distribuido frecuencias.

Aunque las primeras emisoras empezaron a funcionar a finales de los años setenta del siglo pasado, el reconocimiento legal no llegó hasta 2007 y 2010 cuando el Gobierno español legalizó su existencia a través de las leyes audiovisuales. Así pues, hace más de 30 años que los colectivos sociales que han impulsado radios y televisiones comunitarias sólo encuentran por parte de la administración todas las trabas posibles para que puedan crecer y desarrollarse. Por ello, ahora han decidido pasar al ataque. Piden algo más de 7.000 euros que confían poder recoger en los cerca de cuatro meses que todavía tienen de margen para conseguirlo.

Esta, pues, es una batalla que viene de lejos. En Catalunya, la ley prevé que hay que reservar un 5% de las frecuencias a entidades sin ánimo de lucro, pero esto nunca ha sido efectivo. Sin embargo, estos medios –con el apoyo de algunas organizaciones de periodistas, como el SPC– siempre han considerado este porcentaje como insuficiente y que el espectro radioeléctrico debería repartirse a partes iguales –un tercio para cada uno– entre operadores privados, públicos y entidades sin ánimo de lucro. No es ningún invento, ya hay países que esto lo practican y la mayoría de ellos están en el América Latina donde los medios comunitarios desarrollan un gran papel e incluso en algunas zonas su trabajo es de vital importancia.

Décimo aniversario

En uno de estos países, Argentina, se celebra estos días una efeméride importante. La Red de Radios Comunitarias celebra el décimo aniversario de su primero informativo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) «es una las experiencias más importantes de comunicación popular y comunitaria en red en la América Latina», según informa la Agencia de Notícias del Sur (ANSUR). El informativo FARCO, según explica la entidad, «es un noticiario nacional que se emite diariamente a través de más de 170 radios de todo el país y se caracteriza por su producción participativa y federal. Además se realiza desde la concepción que la comunicación es un derecho humano esencial.» El acto de celebración sirvió también para presentar el primer libro de estilo de la Red. Uno de los responsables del informativo, Pepe Frutos, lo define diciendo que «no es una receta, no es la verdad revelada, no es un ejemplo a seguir, pero sí es un aporte que hacemos las radios comunitarias al mundo de la comunicación, a los nuevos comunicadores, esperando que sea una publicación motivadora para que se sepa que se puede hacer periodismo de otra manera, en forma federal, participativa y democrática, donde no haya alguien que mande y otros obligados a obedecer».

Así, la campaña emprendida en España por la ReMC, RTVC y Tele K tiene un objetivo que en otros lugares del mundo ya se ha logrado o está más avanzado. No es ningún secreto que en América Latina hay muchos problemas pero a menudo están más relacionados con las actuaciones de los gobiernos y responsables políticos y económicos que no por las iniciativas ciudadanas y de los movimientos sociales. En materia de comunicación y de derecho de información, en algunos lugares, ya hace tiempo que van por delante del Estado español –algo que en los tiempos actuales no supone ninguna heroicidad democrática– pero también de otros países europeos.

El gordo del 22 de diciembre cayó en Uruguay

En el sorteo de lotería del pasado 22 de diciembre, ninguna de mis participaciones me reportó ningún premio apreciable. Pero como no todo pueden ser malas noticias, ese mismo 22 de diciembre, casi en el otro extremo del planeta, la Cámara de Diputados del Uruguay aprobaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) a la cual ya me había referido en este blog. Fue el pasado 23 de octubre cuando la saludé como uno de los grandes legados del presidente saliente, José Mújica, del Frente Amplio (FA). Decía que sólo faltaba el trámite parlamentario, lo que se culminó este 22 de diciembre, cuando los diputados uruguayos aprobaron el texto definitivo gracias a los votos del Frente Amplio.

A través de sus 202 artículos, la ley, según explica la Coalición para una Comunicación Democrática del Uruguaygran defensora del proyecto– regula los servicios de comunicación audiovisual, que son aquellos que proporcionan «una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión». No regula, en cambio, internet. Otros aspectos importantes son que prohíbe la censura previa, «la apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas» y establece un horario de protección a niños y adolescentes, entre las 6.00 y las 22.00 horas. También determina algunas restricciones a la publicidad diigida a este público. El articulado también dispone que los periodistas «tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento» .La ley crea la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) y el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Este último será un órgano independiente del Gobierno y será responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones de la ley. Estará integrado por cinco miembros, uno de ellos designado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, y los restantes cuatro, por la Asamblea General «sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a dos tercios de sus integrantes». El CCA asesorará al Poder Ejecutivo en materia de concesión de frecuencias, aunque la potestad de concesión corrrespondrà en última instancia del Gobierno, El proyecto crea además el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional como servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura .

La LSCA prevé diversas sanciones por incumplimiento de la normativa que pueden ir de la simple observación, a la advertencia, o hasta el decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o de los bienes detectados en infracción. Las multas pueden ser de hasta casi 250.000 euros, la suspensión de hasta 90 días en la prestación de la actividad, y en los casos de infracciones muy graves, retirada de la concesión. La aplicación de sanciones será en general competencia del CCA, salvo excepciones muy particulares -por ejemplo, la revocación de la frecuencia- que serán una atribución del Gobierno.

Límites a la concentración mediática

La ley establece mecanismos por los que se impiden la creación de oligopolios y monopolios y propone que los propietarios de los medios audiovisuales paguen un canon para utilizar el espectro radioeléctrico. También prevé mecanismos para promover la producción nacional fijando que al menos el 60% de la programación total emitida por cada canal de televisión comercial y público debe ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción. Además, al menos el 30% de esta programación debe haber sido hecha por productores independientes, no pudiendo concentrar un mismo productor independiente más del 40% en un mismo servicio de radiodifusión de televisión. Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida debe contener estrenos de ficción televisiva o estrenos de películas cinematográficas, y de éstas, al menos el 50% debe ser de producción independiente. También un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deben ser programas de agenda cultural. Las radios, por su parte, deben emitir al menos el 30% de música de origen nacional del total de su programación musical. Otro principio de la nueva norma es la limitación de emisión de imágenes violentas.

Esta ley ha tenido un proceso largo porque desde algunos sectores se la ha tachado de un ataque a la libertad de expresión cuando en realidad es todo lo contrario. Ha sido criticada por la oposición y también por los propietarios de las principales cadenas de radio y de televisión así como las organizaciones que las agrupan como la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu). El propio ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, en un artículo publicado en el diario español El País tildaba la LSCA de «revólver cargado sobre la nuca del periodismo independiente». Pero, como señala la Coalición para una Comunicación Democrática, la ley -elaborada durante un año por un comité técnico consultivo integrado por periodistas, organizaciones académicas y sociales vinculadas a al comunicación y los representantes de las empresas del sector- ha recibido elogios de los relatores sobre libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Ha recibido también el apoyo de entidades como Reporteros Sin Fronteras (RSF) –que considera que es un ejemplo a seguir por otros países del continente y de otras asociaciones de periodistas.

La ley de medios, uno de los principales legados de José Mújica

Este 26 de octubre hay elecciones presidenciales en Uruguay, que supondrán la salida del actual presidente, José Mújica (Frente Amplio), que no puede volver a presentarse. Más allá de otras cuestiones, Mújica pasará a la historia por haber impulsado durante su mandato una de las leyes reguladoras de la comunicación más ambiciosas del mundo. El principal reproche que se le puede hacer es, quizás, que se limita a legislar sobre los medios audiovisuales, dejando fuera el resto de soportes informativos. Que la Ley de Servicios a la Comunicación Audiovisual (LSCA) de Uruguay –conocida como la Ley de Medios– es uno de los principales referentes en este ámbito es un hecho que reconocen varios expertos. Por ejemplo, Ramón Zallo, Catedrático de la Universidad del País Vasco y presidente de la sección española de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC). Zallo, en su intervención de ahora hace un año en la sesión inaugural del Congreso de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), afirmaba que «algo se mueve en algunos países de los que podemos aprender. En América Latina el servicio público de comunicación ha iniciado un viaje de ida positivo mientras que a la Unión Europea está de vuelta». Aportó los ejemplos de Argentina, Ecuador y Uruguay, destacando este último «como el más interesante». Especialmente porque era el que se dotaba de los organismos de control más independiente.

Así, por ejemplo, destacaba que «en el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) –el ente regulador que establece la LSCA– tres de sus cinco miembros son votados por dos tercios de la Cámara de Senadores lo que garantiza el pluralismo.» El mandato es por seis años, más allá de los periodos legislativos, lo que limita los riesgos de gubernamentalización. También establece que los titulares de servicios de comunicación audiovisual no podrán ser al mismo tiempo, titulares de una licencia para prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Sobra decir que efectos podría tener este hecho en zonas mucho más próximas. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF), cree que la LSCA uruguaya «ofrece garantías importantes en en lo que se refiere a la desconcentración del espacio de difusión y a una distribución más equitativa de las frecuencias, sin que se pretenda controlar los contenidos o ejercer presiones en la línea editorial de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios».

Uno de los problemas para la aplicación de la ley era la implementación del CCA. La Constitución uruguaya impide que un año antes de las elecciones se creen nuevos cargos y esto hizo que a la espera del nuevo organismo, «las competencias del Consejo fueron derivadas a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación Audiovisual (URSEC), órgano encargado de las telecomunicaciones que dispone de un Consejo Directivo designado por el Gobierno y que históricamente ha sido criticado por la falta de aplicación de estándares de derechos humanos en la regulación del espectro radioeléctrico», según explica Edison Lanza, miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, en Uruguay, en el portal del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergència. Lanza es desde este mes de octubre el nuevo relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La LSCA fue aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado y el Senado debía ratificarla el pasado mes de julio. El problema principal era qué solución definitiva se daba al consejo regulador. Se encontró una solución intermedia que la cámara todavía no ha ratificado. A pregunta de este blog, Lanza ha explicado que esta cuestión, «se había solucionado en la última versión aprobada por la Comisión del Senado. Estamos a la espera de que la Cámara de Senadores apruebe el texto definitivamente y lo devuelva al Congreso de Diputados para su sanción final. Para que esto sea así, hay que esperar al resultado del domingo. Si gana el oficialismo, posiblemente se apruebe… si se complica, la chance la veo difícil».

Uno de los grandes defensores de este proyecto es el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, que en un acto del pasado mes de julio dijo, según recoge la crónica del portal Señales que «es muy importante que la ley se apruebe antes de que acabe la legislatura». La Rue participaba en una charla sobre Libertad de expresión y regulación de medios para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes organizada por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) donde aseguró que «la ley es una gran contribución» y que la «la democracia de un país necesita de la democratización del uso de los medios». La Rue expresó su deseo que «no debería retrasarse la discusión ni la aprobación [de este proyecto] porque se pierde el momento, la energía y los dos años de consulta y de debate». El relator de la ONU ha seguido de cerca este proceso y lo ha definido como «uno de los más interesantes a la región y es importante aprobar la ley lo antes posible».

La persecución a los periodistas en América Latina

Casi 50 profesionales de la información (47) han sido atacados en los cuatro primeros meses del año en Perú. En estos 120 días del 2014, se han denunciado 15 amenazas / hostigamientos, 14 agresiones físicas, siete presiones jurídicas, seis trabas al ejercicio periodístico, dos más a la circulación de la información, dos secuestros y un robo. Uno de estos ataques fue el pasado 27 de abril el lanzamiento por parte de un desconocido de un artefacto explosivo contra el domicilio del director de un diario de Barranca, en la provincia de Lima. El 21 de abril pasado se cumplieron diez años del asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, que denunciaba a través de su programa radio. la relación de Luis Valdez Villacorta, ex alcalde del municipio de Coronel Portillo, con el tráfico de madera, de drogas y otras  supuestas irregularidades en la gestión de este ayuntamiento. Valdez Villacorta fue juzgado como autor intelectual del crimen siendo absuelto en primera instancia. La Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) apunta que la Corte Suprema peruana podría declarar proximamente la nulidad de esta resolución. La ANP ha aprovechado este aniversario para reclamar una veze más que «se acabe la impunidad en Perú» de los ataques contra los periodistas.

Pero este no es el único caso en América Latina donde se denuncian agresiones a los profesionales de la información. Y el caso más sangriento con toda seguridad es el de México, donde los asesinatos de periodistas son ya una trágica noticia habitual. Pero en 2013, Brasil, con cinco periodistas que perdieron la vida, lo superó en este trágico ranking, según se desprende del Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras,. Guatemala, Honduras y Colombia también son países hostiles a los periodistas que quieren informar. Lo sufren especialmente aquellos que quieren hacerlo sobre las actividades del narcotráfico organizado. El mismo informe de RSF reconoce que en aquellos países donde se han reducido las tasas de violencia ha sido porque ha aumentado la autocensura de los profesionales. La consecuencia de todo ello es el retroceso en el derecho a la información.

En otros países del continente también hay problemas –de menor o mayor alcance– y todo ello configura un panorama en el que los periodistas no disponen del mejor entorno para hacer su trabajo con libertad. En algunos países se están haciendo pasos importantes con la promulgación de leyes reguladoras de la información y la comunicación bastante avanzadas, pero el poder de determinadas estructuras de poder sigue mostrándose implacable con quien se les hace frente. Las nuevas legislaciones latinoamericanas en este ámbito son exportables a todo el mundo pero en estos países hacen falta políticas y acciones firmes decididas a proteger todavía más el trabajo de los periodistas, especialmente en aquellos ámbitos donde se generan más enemistades. La Federación de Periodistas de la América Latina y el Caribe (FEPALC) –que agrupa los sindicatos de periodistas del continente– aporta suficientes datos sobre esta situación. En cualquier caso, donde se han impulsado nuevas regulaciones de la comunicación –Uruguay, Ecuador, Bolivia…– es donde hay menos riesgos para los periodistas.

Hemos empezado por Perú porque, además de ser uno de los países donde es más duro ser periodista, la estadística de los cuatro primeros meses exige un interés de las autoridades muy superior al demostrado hasta ahora en defensa de que los profesionales puedan trabajar con la libertad que necesita la ciudadanía para poder disponer de una información de calidad.