Archivo de la categoría: Ataques al derecho a la información

Lo que no salió en Telecinco

El pasado martes, 1 de octubre, en el marco de las movilizaciones con motivo del segundo aniversario del referéndum del 1-O, hubo, lamentablemente y de nuevo, agresiones contra periodistas. La compañera Laila Jiménez, de Telecinco, fue atacada por dos de las personas que participan en ellas. La acción fue duramente criticada desde amplios sectores de la sociedad, de la política y del periodismo. Entre ellos, el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), que lo hizo a través de las redes sociales, denuncia que fue ignorada por la gran mayoría de medios de comunicación, un silencio sospechoso sobre nuestra actividad que ya hace tiempo que el sindicato sufre.

Pero no quiero hablar de esto, sino de la entrevista que el día siguiente me hizo Telecinco, como presidente del SPC para que hiciera una valoración de los hechos. Nos citamos cerca de mi casa, en los Jardines Montserrat Roig de Barcelona, para poder hacerlo sin ruidos ambientales molestos. La conversación con la periodista que me entrevistó fue muy interesante y se tradujo en una grabación de unos diez minutos aproximadamente. Llegada la hora del Informativo de la cadena, a las tres de la tarde, me senté ante la televisión para ver qué salía. «Un día que sales en la tele como presidente del SPC, no te lo puedes perder!», pensé.

Una de las primeras informaciones del noticiario fue justamente la de los incidentes en aquella manifestación. Y recogieron mi intervención. Durante cinco segundos o poco más aparecí en pantalla para tan sólo decir una frase sacada de contexto que no decía casi nada, planteando que era cosa de los gobiernos proteger el derecho a la información de la ciudadanía. Si me hubieran entrevistado en verano en la playa, en el mismo tiempo, no habría tenido prácticamente tiempo ni de quejarme del calor.

Entiendo que Telecinco tiene sus criterios a la hora de reproducir declaraciones de personas que entrevista y que considerara que lo que yo decía no tenía más interés. Conozco la importancia del tiempo en televisión y del espacio disponible en los medios. Yo también soy periodista y sé que hay que ajustar las declaraciones e informaciones que recibes al espacio que tienes disponible. Y en este sentido, cinco, seis o siete segundos en Telecinco permitieron que quizás alguien descubriera la existencia del SPC.

No querría que pareciera un subidón de vanidad pensar que es necesario que el mundo mundial conozca lo que dije a Telecinco, pero cómo que creo que en esta conversación tratamos temas bastante importantes, me gustaría haceros un resumen de lo que dije a la compañera de esta cadena que me entrevistó. Critiqué el ataque que sufrió Laila Jiménez, como lo hemos hecho siempre que ha habido agresiones –tanto físicas cómo verbales– «vengan de donde vengan y sean quienes sean las personas afectadas».

Afirmé también que los ataques contra profesionales de la información «suponen una vulneración al derecho a la información de la ciudadanía, un derecho fundamental en una sociedad democrática». También consideré que «no es que los y las periodistas sean más que el resto de la ciudadanía pero «son quienes, justamente, deben intentar garantizar este derecho». Recordé que el SPC, «desde siempre, ha denunciado todas las situaciones en las que los y las profesionales de la información han sufrido trabas, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de grupos de personas, para poder hacer su trabajo, fuera cual fuera el medio para el que trabajaban o que lo hicieran como freelances».

Se me preguntó si estábamos preocupados por la reiteración de este tipo de incidentes que se han producido en el marco de El Procés. Respondí que evidentemente que el SPC está inquieto, como lo ha estado siempre y como siempre lo estará mientras no se ponga solución. Que la violencia la han sufrido todo tipo de medios y que no empieza ahora. Quisieron saber si, desde el punto de vista del sindicato, eran los políticos los que tenían que poner remedio. Lo que dije es que «España –y Cataluña– están a la cola de Europa en lo que se refiere al derecho a la información de la ciudadanía, puesto que los diferentes gobiernos que ha habido nunca han afrontado regularlo como lo está en la mayoría de países europeos» con una tradición democrática más larga. Y que esto es así porque los partidos no han mostrado interés alguno por esta cuestión «a pesar de que la Constitución española, en su artículo 20; el Estatuto de Catalunya, en su artículo 52; y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que todo el mundo se vanagloria de apoyar, en su artículo 19; así lo establecen y lo reconocen».

También consideré que esta desidia gubernamental y política en garantizar el derecho a la información de la ciudadanía tenía unos efectos perniciosos en la pedagogía cívica de que hay que respetar el trabajo de los y las profesionales de la información. Añadí que si alguien está descontento con la información que recibe porque cree que hay medios que manipulan y distorsionan la realidad, «esto no se arregla fustigando a los y las profesionales que están a pie de calle, porque hay otras vías para denunciarlo a pesar de que admito, como ya he dicho, que en España y Catalunya haya menos herramientas para hacerlo que en otros países». Los que imponen la manipulación informativa suelen estar en despachos muy bien conectados con los diferentes poderes.

Hice una última afirmación ya fuera de micrófono de la que, puesto que estamos en ello y como colofón, dejo constancia. Es una lástima que los medios –sea Telecinco o sea quién sea– sólo destaquen las agresiones a profesionales de la información cuando esto afecta a gente de su empresa o de su trinchera mediática. En los dos últimos casos registrados –los de la Diada, en el Parlament, y los de esta semana– ha sido ya un poco distinto, pero sería deseable que cada vez que hay un episodio de estos todo el mundo expresara su rechazo. Contribuiría a hacer pedagogía social y serviría para rebajar la tensión y evitar situaciones de violencia.

Por cierto: para quien esté descontento de la información que recibe, miraos esto.

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La lacra del acoso en las redes sociales, especialmente a mujeres y a ‘freelance’

El Instituto Internacional de Prensa (IPI, en sus siglas en inglés) ha impulsado un proyecto para evaluar la situación del acoso a periodistas en las redes sociales, especialmente mujeres, y también especialmente, freelance. Este estudio se desarrollará en seis países europeos, España, Finlandia, Reino Unido, Polonia, Alemania y Holanda. De todas maneras, finalmente podría haber algún cambio porque no se descarta que se haga también en Serbia o Eslovaquia dados los problemas que se han detectado últimamente para los profesionales de la información en estos países.

El proyecto tiene por nombre On the line y su objetivo es encontrar qué herramientas pueden ser efectivas para prevenir o limitar los efectos del acoso en las redes. El trabajo consistirá en visitas y entrevistas en profundidad a medios y periodistas de los países seleccionados. Además, el IPI también organizará sesiones de focus group con mujeres periodistas y profesionales independientes para recopilar datos adicionales sobre los mecanismos adoptados o su ausencia.

Esta última semana han empezado la primera de las visitas, que ha sido en España. Del 23 al 25 estuvieron en Madrid y el 26 y 27 en Barcelona. La coordinación de esta misión del IPI en Madrid y Barcelona la ha hecho la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). En la capital catalana, se han ocupado del focus group el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) –que a través de la Federación de Sindicatos de Periodistas es una de las entidades fundadoras de la PDLI– y el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ha cedido el espacio donde realizarlo.

Como disuadir al acosador
Cómo explica la PDLI, «entre otras muchas cuestiones, se analizarán qué medidas se pueden tomar para disuadir los posibles assetjadors de participar en los foros de comentarios de los medios digitales sin sacrificar la libre expresión o qué pasos tiene que dar lo/la periodista frente al abuso en redes sociales.» Con las mejores prácticas, el IPI creará una plataforma de recursos de ámbito europeo para compartir las soluciones más eficaces, de forma que puedan ser adoptadas por otros medios. Las recomendaciones estarán dirigidas tanto a medios de comunicación como a periodistas freelance.

En Barcelona la sesión del focus group se hizo el viernes 27 de abril y participaron las periodistas Mercè Molist (periodista freelance), Susana Pérez (profesora en la URL y periodista freelance), Victòria Miró (redactora de Tecnología en TV3) y Michele Catanzaro (especialista en Ciencia en El Periódico). El conductor de la conversación fue el consultor del IPI que dirige el trabajo, Javier Luque. Pude asistir al encuentro, que fue de gran interés.

Todos los participantes aportaron sus experiencias en las redes y su conocimiento en la materia a raíz de su tarea periodística en este ámbito. Más allá de las historias particulares, lo más relevante son las consecuencias que el acoso comporta y las soluciones para superarlo y, sobre todo, evitar los ataques. Más allá de los efectos más personales en angustia, inquietud e incluso miedo, destacan los cambios en los hábitos de comunicación. También en el comportamiento en las redes sociales, que se traduce a menudo en autocensura.

Otro aspecto a tener en cuenta es la soledad en que a veces se tienen que afrontar estas situaciones. En este sentido se destacó que está organizado y encontrar el apoyo de las asociaciones a las cuales la persona afectada puede pertenecer podría ser una ayuda. Una cuestión que a menudo contribuye a facilitar la tarea de la assetjador es el poco conocimiento que en general los periodistas tienen de las herramientas informáticas para proteger sus equipos y sus comunicaciones. En este aspecto dar formación a los profesionales sobre estas cuestiones sería de gran utilidad así como algún tipo de manual de instrucciones sobre como gestionar estas situaciones.

El agravante de ser mujer
Luque aportó un vídeo hecho por el IPI sobre mensajes reales que las mujeres periodistas acosadas en las redes han recibido en sus móviles u otros equipos tecnológicos en los últimos tiempos. Son de una brutalidad escalofriante, con amenazas gravísimas y los peores insultos que se puedan imaginar. Luque recordó el caso de Selin Girit, periodista turca corresponsal de la BBC que, a raíz de una campaña impulsada por el propio alcalde de Ankara, fue objeto de una fortíssima campaña en las redes sociales que duró semanas y que suponían que cada minuto tenía en su teléfono cinco amenazas de muerte o de violación. Girit había informado de las protestas ciudadanas contra el régimen turco y la respuesta del alcalde de Ankara, Ibrahim Melih Gokcek, fue acusarla de espía británica. Los hechos se remontan al mes de junio del 2013.

El caso es que según las experiencias recogidas, los ataques en las redes contra periodistas son de distinta naturaleza en función de si se es hombre o mujer. Las mujeres reciben principalmente insultos de carácter sexual, amenazas de violación, de muerto, de ataques a su familia… En el caso de los hombres las agresiones digitales buscan básicamente la desacreditación profesional. La soledad de la cual hablaba antes también tiene más efecto si las personas afectadas trabajan a la pieza, es decir, son freelance. Cuanta menor es la vinculación con el medio o medios con los que se trabaja, más difícil es que les arrope. Por eso, en estos casos, pertenecer a una organización profesional puede ayudar en este aspecto.

No le digas «’troll’», dile «acosador».
Por la tarea que el IPI –y también otras organizaciones, como la OSCE– ha hecho sobre estas cuestiones, Luque reclama un cambio de terminología «que diga las cosas por su nombre». Así, no se debería hablar de «trolls», sino de «agresores digitales». Explica que «troll» es un término que se ha popularizado «y a veces cae bien decirle a alguien que lo es. Es una expresión que mola». En inglés «se utiliza on line abusers, es decir, agresores o acosadores digitales». También defiende que no se hable de «víctimas», sino «de objetivos» o, según el término en inglés, «targets». Decir «víctima» puede culpabilitzar a la persona afectada y no tendría que ser así.

La previsión del IPI es haber realizadp a finales de septiembre las visitas en todos los países que forman parte del proyecto y haberlo terminado del todo a finales de año. En las próximas semanas, Luque redactará el informe relativo a su visita a España.

Las libertades básicas, en caída libre en España

Las condenas a los raperos Valtonyc y Pablo Hasel, así como la retirada de una obra en la feria Arco, en Madrid, o el secuestro del libro Fariña han llevado a un punto álgido la inquietud de la ciudadanía en relación con la situación de la libertad de expresión en España. No es que hayan sido los únicos episodios en este ámbito porque desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC) –más conocida como Ley Mordaza– y algunas reformas del Código Penal son muchas las sentencias, las sanciones, las imputaciones… por actuaciones que antes de esta normativa ni eran delito ni eran punibles. A raíz de estos hechos, la Fundació Francesc Ferrer y Guàrdia –de la cual me honro de ser uno de sus miembros fundadores– me pidió un artículo para su blog Espai de Llibertat en el que hablara de la situación en que se encuentra la libertad de expresión en España.

En este artículo doy apoyo a las manifestaciones convocadas para el pasado 17 de marzo en varias ciudades españolas por la derogación de la Ley Mordaza por la plataforma No Somos Delito, denunciadora sistemática de todos los ataques contra la libertad de expresión. En el escrito afirmo que «estos episodios han convertido el Estado español en un lugar donde las libertades –especialmente la de expresión– reculan y son más perseguidas.» Más allá que sea yo quien lo diga, lo avala el hecho que lo constatan organismos de toda solvencia, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En julio de 2015 –pronto hará tres años– emitió un informe en el que consideraba que «el Estado español tenía que modificar la LPSC.» También lo han dicho el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) –que agrupa los sindicatos de periodistas de todo el mundo, algo que la convierte en la organización más grande del sector – y Reporteros Sin Fronteras (RSF). No reproduciré el artículo entero porque lo tenéis al enlace que hay a primeros de este párrafo.

Batalla para preservar las fuentes informativas

En los últimos casi diez días han coincidido varios acontecimientos que han tenido como común protagonista la necesidad de preservar las fuentes de los periodistas y la tarea de los alertadores o los whistleblowers, en su expresión inglesa. Si los ordenamos cronológicamente, empezaría por citar el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien el pasado 30 de mayo prometió que la UE aprobará en los próximos meses la directiva para proteger a los alertadores. El segundo hecho es el V Congreso del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) donde, en unos debates previos abiertos, participaron el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, y, entre otras, la periodista Mercè Molist. Gutiérrez habló de las nuevas opciones de empleabilidad de los periodistas en Europa y Molist sobre ciberseguridad e información.

El pasado 7 de junio, el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, organizó en Bruselas una mesa redonda con varios expertos para hablar de las nuevas tendencias en el periodismo en Internet y de como los periodistas y los medios de comunicación responden a ese reto. Finalmente, tenemos las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, hechas a raíz de los atentados en Manchester y Londres en las que se mostraba partidaria de priorizar la seguridad frente el terrorismo aunque esto suponga restringir derechos y libertades a la ciudadanía. Son cuatro piezas diferentes que forman parte de un mismo mosaico.

El anuncio o promesa de Juncker es importante porque de vez en cuando aparecen los pronunciamientos como el de May –o días antes de quien, en España, era Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que planteó la necesidad de perseguir a los alertadores– que amenazan el derecho a la información. La Federación Europea de Periodistas (FEP) valoraba las palabras del presidente de la CE como «un paso importante hacia una protección de los denunciantes en el ámbito europeo». La FEP afirma que «la denuncia de irregularidades es un aspecto fundamental de la libertad de expresión y que los denunciantes son importantes fuentes de información para los periodistas». En este sentido reclamaba la armonización legal de los denunciantes porque «el interés público está por encima de los intereses privados». Además, concluía, «hay que reconocer la denuncia como un acto de responsabilidad democrática».

El reconocimiento legal de la figura del alertador o denunciante llega en un momento en que están aumentando las prácticas espias de los gobiernos sobre los periodistas. Por eso, la cuestión de la ciberseguridad en el ámbito de la información cada vez está más presente en los foros de debate profesionales y sindicales. Así, en las jornadas previas al congreso del SPA de los pasados 2 y 3 de junio, formaba parte del programa. En su intervención, Mercè Molist, como recoge el periodista David Bollero en su blog en Público, afirmó que «el Gobierno del Reino Unido espia a los periodistas para identificar sus fuentes». Y añadía que «el 21% de los afectados por el espionaje por parte de los gobiernos corresponde a la sociedad civil y, dentro de este porcentaje, el 57% es prensa». El experto en tecnología Enrique Dans, escribía este viernes 9 de mayo en su blog que «pretender controlar lo que circula por la red o exigir puertas traseras a las aplicaciones de comunicación es directamente estúpido, algo que solo se le ocurriría a quienes no entienden la red. Simplemente, no sirve para nada, y en cambio, genera una erosión completamente inaceptable en las libertades y derechos de los ciudadanos».

En la sesión organizada por los Verdes del Parlamento Europeo, se partía de la constatación que el papel futuro de los medios está en cuestión. Están surgiendo nuevos medios digitales, la publicidad impresa está en declive y el aumento de las falsas noticias, hecho que contribuye a la pérdida de la confianza de los lectores. Una de las expertas que participó es Marta Peirano, Adjunta al Director de Eldiario.es, que defendió la importancia de la suscripción y el apoyo de los lectores como nueva forma principal de financiación de los medios que garantiza su independencia. El debate sobre las falsas noticias se ha intensificado mucho, especialmente desde las elecciones norteamericanas, y como combatirlas también es una de las cuestiones en auge en la agenda periodística.

Las palabras de Theresa May o las de Moix van en dirección contraria a la promesa de Juncker. El periodista Dardo Gómez, definía recientemente estos nuevos alertadores en Revistaelobservador.com como «esta gente que hace este tipo de denuncias públicas que han puesto a la vista toda esta inmundícia [de corrupción]. No se dedica a explicar intimidades de famosillos. Aquí estamos hablando de la revelación de información relacionada con actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o peligrosas, que sean cometidas desde el sector público o privado.» Hace un mes, el 8 de junio, la plataforma británica Campaign For Freedom Information (CFOI), alertaba contra los cambios que se quieren hacer en la Ley de Secretos Oficiales. Esta reforma, denuncia la CFOI, podría suponer «el encarcelamiento de funcionarios públicos y periodistas por revelar información» que, por otro lado, cualquier ciudadano puede reclamar a la administración.

Varios escenarios con una misma preocupación. Las restricciones al derecho a la información que pueden acabar perjudicando gravemente al periodismo y a la calidad democrática de la sociedad.

Los nuevos McCarthy de hoy

Ayer fui al cine a ver Trumbo, la magnífica película de Jay Roach sobre las listas negras de Hollywood, que empezaron a aparecer a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado impulsadas por el senador republicano Joseph McCarthy. Este asunto ha merecido la atención de varios cineastas y Trumbo no es más que la visión del caso a partir de la biografía escrita por Bruce Alexander Cook de Dalton Trumbo, uno de los guionistas de más renombre de Hollywood –uno de los diez de Hollywood– y que fue perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero, con ojos de hoy, la caza de brujas que sufrió Trumbo es mucho más que esto.

Trumbo no habla sólo de un caso personal concreto ni de la situación específica en los Estados Unidos en un momento determinado. Habla de la libertad para explicar a la gente aquello que pasa. Habla, en términos de hoy, del derecho a la información, del derecho a explicar los hechos libremente, sin persecuciones ni ser criminalizado para hacerlo. Es cierto que desde entonces el término «caza de brujas» se ha convertido en sinónimo de acoso a todo tipo de disidencias, pero actualmente este es un monstruo que se presenta con varias caras. No debe olvidarse que el maccarthismo contó con el apoyo de varios e importantes medios de comunicación y de periodistas, como en esta película queda muy patente. Ni tampoco que otros medios y otros periodistas  fueron víctimas. Georges Clooney lo explicó muy bien en Buenas noches y buena suerte.

Si el derecho a la información sigue hoy en peligro, atacado por todo tipo de McCarthys, ¿quién son pues los McCarthy de hoy? Sin voluntad de ser exhaustivo ni citarlos por orden de méritos, en esta lista  encontraríamos por ejemplo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Desde el intento de golpe de Estado del pasado mes de julio, en Turquía han sido encarcelados 107 periodistas y unos 2.500 han sido despedidos. Y la oleada de represión continua. En Rusia, un caso paradigmático es el de la periodista Anna Polikòvskaya, una voz crítica con el régimen del presidente Vladimir Putin, de quien el pasado mes se cumplieron diez años de su asesinato. En Rusia, la acción de Putin contra cualquier disidencia ha sido devastadora. La conjura mafioso-política es extremadamente atroz en la América Latina, especialmente en Brasil y, sobre todo, en México, con cifras de informadores que han sido secuestrados, torturados y asesinatos que hacen temblar. Y podríamos hablar en términos similares de más de medio mundo, pasando por todos los continentes, al este y al oeste (Filipinas, Macedonia, el Congo…) sin olvidar que en Estados Unidos  vuelve a haber listas negras. Lo pueden explicar periodistas como Amy Goodman y otros que han sufrido las consecuencias de querer informar sobre la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte de una forma que no ha gustado a determinados poderes políticos, económicos, judiciales y policiales del país.

¿Y en nuestra casa? La versión hispánica del Comité de Actividades Antiamericanas se llama Ley Mordaza. A partir de ella cualquiera que hable de cuestiones que no interesan al establishment es perseguido e incluso detenido. Sería difícil jugar el juego de encontrar las siete diferencias entre Joseph McCarthy y el ministro impulsor de esta vergüenza democrática que se llama Ley de Seguridad Ciudadana, Jorge Fernández Díaz. Pero ahora que España tendrá nuevo gobierno, quizás sería el momento que los que no han votado a favor de Mariano Rajoy –sea por la vía del «no» o de la abstención– impulsen la derogación de esta esperpéntica Ley Mordaza, un auténtico cáncer para el derecho a la información. Esperar que lo haga Rajoy, sería demasiado esperar. Y a pesar de que la mayoría de diputados del PSOE ya se han tragado una de sus prometidas electorales, ni que sea para compensar, podrían promover conjuntamente con el resto de grupos la defenestración de una ley impropia de una democracia madura y de un estado que respeta el derecho a la información de la ciudadanía. ¿Listas negras en España? No olvidemos que justo la semana pasada, el editor de Vozpópuli, Jesús Cacho, despidió a tres periodistas de la publicación digital. ¿Su delito? Querer presentarse a las elecciones sindicales para representar sus compañeros. Y no han sido los únicos. Esto ha pasado en varios puntos del Estado, también en Catalunya.

Trumbo nos muestra que McCarthy sigue cabalgando.

Del 14 de abril al 3 de mayo

El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha como tantas otras que hay en el calendario para luchar, recordar, reivindicar y/o difundir problemáticas y derechos de todo tipo. Parece ya un ritual. Pero sirven para impulsar acciones, cambios, para remover conciencias, para la movilización social. Pero, ¿son eficaces?. No entraré en otros terrenos, donde gente mucho más experta y conocedora puede aportar datos y visiones mucho más fiables que la mía. Pero en materia de libertad de prensa, de derecho a la información, ¿qué ha pasado desde el 3 de mayo de 2015 hasta hoy? Pues poca cosa buena, si es que hay.

En el Estado español se ha aprobado la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza. En Europa, hace muy pocos días, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la Ley de secretos comerciales y tenemos el polémico Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP) en camino. En el ámbito internacional, desde principios de año llevamos 25 periodistas –o personal de apoyo– que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión. Pero hay muchos otros encarcelados o amenazados de prisión. Uno de los últimos es Andy Halll, un activista británico a quien en Tailandia le piden siete años de prisión por un informe sobre las actividades irregulares de la industria de la fruta en este país, según la crónica periodística de eldiario.es.

Alguien puede considerar que estas cosas pasan porque Tailandia es una dictadura militar desde que en 2014 hubo un golpe de estado. La legislación de este país, pero, contrariamente a lo que fija la ONU, establece penas de prisión para el delito de difamación. ¿Alguien cree que esto en Europa no puede pasar? En la Europa postley de secretos comerciales podrían pasar cosas similares. La nueva directiva aprobada el pasado 14 de abril es una amenaza para el periodismo de investigación. Varias organizaciones profesionales europeas –entre las que hay la Federación Europea de Periodistas (FEP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)– afirman que «todo y las apreciables mejoras respecto al proyecto original, la norma recientemente aprobada todavía plantea dudas en lo que se refiere a si los periodistas y, en particular, sus fuentes denunciantes están protegidos adecuadamente». El redactado es bastante ambiguo y deja demasiadas incertidumbres sobre la cuestión. Los activistas de la red también reprueban esta directiva. La Plataforma X-Net –un grupo de activistas que luchan por la democracia en la red– considera que el único objetivo de la nueva ley «es acabar con los alertadors de abusos y corrupción».

En el Estado español, ya se han empezado a ver los efectos de la Ley Mordaza. Ya hay varias personas sancionadas administrativamente, situación que también afecta a dos profesionales de la información, que han sido multados por sus artículos. Los atentados terroristas que ha habido recientemente en varias ciudades europeas han sido la excusa de varios gobiernos para impulsar reformas legislativas encaminadas a recortar libertades como único camino para reforzar la seguridad. Es momento para recordar la frase de Benjamin Franklin que «quién renuncia a las libertades por una seguridad transitoria, no merece ni la una ni la otra».

Y en Catalunya? Pues antes del 3 de mayo de 2015, la radiotelevisión pública estaba en manos de comisarios políticos. Antes del 3 de mayo de 2016, también. Antes del 3 de mayo de 2015, Catalunya no había desarrollado legislativamente el artículo 52 del Estatuto –que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho en la información de la ciudadanía– y antes del 3 de mayo del 2016, tampoco. Antes del 3 de mayo de 2015, los medios del Tercer Sector no disponían de espacio para su mínima supervivencia y antes del 3 de mayo del 2016, la situación no ha cambiado. Los políticos pueden democratizar los medios públicos. ¿Lo harán antes del 3 de mayo de 2017? Pueden hacer una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía, como hay a muchos países y como desde varias instancias profesionales y ciudadanas los han pedido en reiteradas ocasiones. ¿La harán antes del 3 de mayo de 2017? ¿Tendrán los medios comunitarios un terreno de juego justo y suficiente antes del 3 de mayo de 2017? Todavía es pronto para hacer la carta a los Reyes de Oriente y por lo tanto, seguiremos reclamando. En materia de libertad de prensa, ¿vamos como los cangrejos?

La información como arma política

En este blog he hablado en varias ocasiones sobre la ventaja que estaban tomando varios países latinoamericanos respecto a otros, especialmente los europeos, en una cuestión tan democráticamente capital como el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía. Habían elaborado regulaciones realmente innovadoras, que partían del hecho de considerar la información y la comunicación como un derecho humano, tal como establece, sin ir más lejos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 19.

Algunos de los últimos procesos electorales vividos en este subcontinente han introducido sombras en esta dinámica. El caso más paradigmático es Argentina, pero también en Venezuela planean oscuras perspectivas. El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, ha declarado la guerra a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) e incluso firmó un decreto para desactivar sus elementos básicos, como la destitución de los miembros de su ente regulador. El abogado y doctor en Comunicación Damián Loreti explica la situación en este artículo publicado en el diario argentino Página 12.

Esta decisión del Gobierno Macri ha provocado un alud de protestas tanto en el país como a escala internacional. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha afirmado que «es completamente peligrosa para la democratización de la comunicación en Argentina la actitud que el nuevo gobierno ha mostrado hacia  una Ley votada por el Parlamento nacional, precedida y legitimada por un debate que involucró al conjunto de la sociedad». Se refiere la FIP al hecho que la LSCA fue elaborada a través de un proceso de participación ciudadana de gran repercusión social, que culminó con la elaboración de un texto aportado a las instancias legislativas que redactaron y aprobaron el texto definitivo. Sostiene el organismo internacional de representación de los periodistas que esta tarea no se puede destruir con un simple decreto ley.

Esta tesis ha sido refrendada por el juez de La Plata Luis Arias, que ha emitido una resolución por la que prohíbe al Ejecutivo de Mauricio Macri cualquier modificación de la LSCA y de sus organismos de control y de gestión por la vía del decreto. El magistrado ordena al Gobierno que, según la crónica de Página 12, «se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)». Arias respondía así a la reclamación presentada por los funcionarios de la AFSCA que pedían la nulidad absoluta del citado decreto. El pronunciamiento judicial está basado «en favor del derecho colectivo a la información y a la libertad de expresión».

Este hecho demuestra una vez más la voluntad de los gobiernos de utilizar la información como arma de control político. La hostilidad de determinados poderes contra una ley como la LSCA es equivalente a la que demuestran estos mismos poderes para evitar que lo regule este derecho fundamental en lugares donde no lo está, como lo es en España y también en Catalunya, donde el desarrollo del artículo 52 del Estatuto se ha convertido en un plato de segunda mesa. En el caso español, destaca el hecho de cómo muchos medios de comunicación han amplificado las críticas de Macri a la LSCA –que la ha tildado de intervencionista, represora y de contraria a la libertad de expresión– pero no han dicho nada de las defensas que destacados organismos internacionales han hecho de esta norma ni de las muestras de apoyo que recibe desde muchos sectores sociales. Después de que Macri impulsara la intervención de la Autoridad Federal que supervisa el cumplimiento de la ley hubo en Argentina numerosas protestas, que han sido silenciadas.

Pero a pesar de todo, en Argentina todavía están más cerca de la democracia en la información que en España, donde se saca mucho pecho con la Constitución pero el artículo 20 es cómo si no existiera.