Archivo de la categoría: Ataques al derecho a la información

Las libertades básicas, en caída libre en España

Las condenas a los raperos Valtonyc y Pablo Hasel, así como la retirada de una obra en la feria Arco, en Madrid, o el secuestro del libro Fariña han llevado a un punto álgido la inquietud de la ciudadanía en relación con la situación de la libertad de expresión en España. No es que hayan sido los únicos episodios en este ámbito porque desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC) –más conocida como Ley Mordaza– y algunas reformas del Código Penal son muchas las sentencias, las sanciones, las imputaciones… por actuaciones que antes de esta normativa ni eran delito ni eran punibles. A raíz de estos hechos, la Fundació Francesc Ferrer y Guàrdia –de la cual me honro de ser uno de sus miembros fundadores– me pidió un artículo para su blog Espai de Llibertat en el que hablara de la situación en que se encuentra la libertad de expresión en España.

En este artículo doy apoyo a las manifestaciones convocadas para el pasado 17 de marzo en varias ciudades españolas por la derogación de la Ley Mordaza por la plataforma No Somos Delito, denunciadora sistemática de todos los ataques contra la libertad de expresión. En el escrito afirmo que «estos episodios han convertido el Estado español en un lugar donde las libertades –especialmente la de expresión– reculan y son más perseguidas.» Más allá que sea yo quien lo diga, lo avala el hecho que lo constatan organismos de toda solvencia, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En julio de 2015 –pronto hará tres años– emitió un informe en el que consideraba que «el Estado español tenía que modificar la LPSC.» También lo han dicho el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) –que agrupa los sindicatos de periodistas de todo el mundo, algo que la convierte en la organización más grande del sector – y Reporteros Sin Fronteras (RSF). No reproduciré el artículo entero porque lo tenéis al enlace que hay a primeros de este párrafo.

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Batalla para preservar las fuentes informativas

En los últimos casi diez días han coincidido varios acontecimientos que han tenido como común protagonista la necesidad de preservar las fuentes de los periodistas y la tarea de los alertadores o los whistleblowers, en su expresión inglesa. Si los ordenamos cronológicamente, empezaría por citar el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien el pasado 30 de mayo prometió que la UE aprobará en los próximos meses la directiva para proteger a los alertadores. El segundo hecho es el V Congreso del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) donde, en unos debates previos abiertos, participaron el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, y, entre otras, la periodista Mercè Molist. Gutiérrez habló de las nuevas opciones de empleabilidad de los periodistas en Europa y Molist sobre ciberseguridad e información.

El pasado 7 de junio, el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, organizó en Bruselas una mesa redonda con varios expertos para hablar de las nuevas tendencias en el periodismo en Internet y de como los periodistas y los medios de comunicación responden a ese reto. Finalmente, tenemos las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, hechas a raíz de los atentados en Manchester y Londres en las que se mostraba partidaria de priorizar la seguridad frente el terrorismo aunque esto suponga restringir derechos y libertades a la ciudadanía. Son cuatro piezas diferentes que forman parte de un mismo mosaico.

El anuncio o promesa de Juncker es importante porque de vez en cuando aparecen los pronunciamientos como el de May –o días antes de quien, en España, era Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que planteó la necesidad de perseguir a los alertadores– que amenazan el derecho a la información. La Federación Europea de Periodistas (FEP) valoraba las palabras del presidente de la CE como «un paso importante hacia una protección de los denunciantes en el ámbito europeo». La FEP afirma que «la denuncia de irregularidades es un aspecto fundamental de la libertad de expresión y que los denunciantes son importantes fuentes de información para los periodistas». En este sentido reclamaba la armonización legal de los denunciantes porque «el interés público está por encima de los intereses privados». Además, concluía, «hay que reconocer la denuncia como un acto de responsabilidad democrática».

El reconocimiento legal de la figura del alertador o denunciante llega en un momento en que están aumentando las prácticas espias de los gobiernos sobre los periodistas. Por eso, la cuestión de la ciberseguridad en el ámbito de la información cada vez está más presente en los foros de debate profesionales y sindicales. Así, en las jornadas previas al congreso del SPA de los pasados 2 y 3 de junio, formaba parte del programa. En su intervención, Mercè Molist, como recoge el periodista David Bollero en su blog en Público, afirmó que «el Gobierno del Reino Unido espia a los periodistas para identificar sus fuentes». Y añadía que «el 21% de los afectados por el espionaje por parte de los gobiernos corresponde a la sociedad civil y, dentro de este porcentaje, el 57% es prensa». El experto en tecnología Enrique Dans, escribía este viernes 9 de mayo en su blog que «pretender controlar lo que circula por la red o exigir puertas traseras a las aplicaciones de comunicación es directamente estúpido, algo que solo se le ocurriría a quienes no entienden la red. Simplemente, no sirve para nada, y en cambio, genera una erosión completamente inaceptable en las libertades y derechos de los ciudadanos».

En la sesión organizada por los Verdes del Parlamento Europeo, se partía de la constatación que el papel futuro de los medios está en cuestión. Están surgiendo nuevos medios digitales, la publicidad impresa está en declive y el aumento de las falsas noticias, hecho que contribuye a la pérdida de la confianza de los lectores. Una de las expertas que participó es Marta Peirano, Adjunta al Director de Eldiario.es, que defendió la importancia de la suscripción y el apoyo de los lectores como nueva forma principal de financiación de los medios que garantiza su independencia. El debate sobre las falsas noticias se ha intensificado mucho, especialmente desde las elecciones norteamericanas, y como combatirlas también es una de las cuestiones en auge en la agenda periodística.

Las palabras de Theresa May o las de Moix van en dirección contraria a la promesa de Juncker. El periodista Dardo Gómez, definía recientemente estos nuevos alertadores en Revistaelobservador.com como «esta gente que hace este tipo de denuncias públicas que han puesto a la vista toda esta inmundícia [de corrupción]. No se dedica a explicar intimidades de famosillos. Aquí estamos hablando de la revelación de información relacionada con actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o peligrosas, que sean cometidas desde el sector público o privado.» Hace un mes, el 8 de junio, la plataforma británica Campaign For Freedom Information (CFOI), alertaba contra los cambios que se quieren hacer en la Ley de Secretos Oficiales. Esta reforma, denuncia la CFOI, podría suponer «el encarcelamiento de funcionarios públicos y periodistas por revelar información» que, por otro lado, cualquier ciudadano puede reclamar a la administración.

Varios escenarios con una misma preocupación. Las restricciones al derecho a la información que pueden acabar perjudicando gravemente al periodismo y a la calidad democrática de la sociedad.

Los nuevos McCarthy de hoy

Ayer fui al cine a ver Trumbo, la magnífica película de Jay Roach sobre las listas negras de Hollywood, que empezaron a aparecer a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado impulsadas por el senador republicano Joseph McCarthy. Este asunto ha merecido la atención de varios cineastas y Trumbo no es más que la visión del caso a partir de la biografía escrita por Bruce Alexander Cook de Dalton Trumbo, uno de los guionistas de más renombre de Hollywood –uno de los diez de Hollywood– y que fue perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero, con ojos de hoy, la caza de brujas que sufrió Trumbo es mucho más que esto.

Trumbo no habla sólo de un caso personal concreto ni de la situación específica en los Estados Unidos en un momento determinado. Habla de la libertad para explicar a la gente aquello que pasa. Habla, en términos de hoy, del derecho a la información, del derecho a explicar los hechos libremente, sin persecuciones ni ser criminalizado para hacerlo. Es cierto que desde entonces el término «caza de brujas» se ha convertido en sinónimo de acoso a todo tipo de disidencias, pero actualmente este es un monstruo que se presenta con varias caras. No debe olvidarse que el maccarthismo contó con el apoyo de varios e importantes medios de comunicación y de periodistas, como en esta película queda muy patente. Ni tampoco que otros medios y otros periodistas  fueron víctimas. Georges Clooney lo explicó muy bien en Buenas noches y buena suerte.

Si el derecho a la información sigue hoy en peligro, atacado por todo tipo de McCarthys, ¿quién son pues los McCarthy de hoy? Sin voluntad de ser exhaustivo ni citarlos por orden de méritos, en esta lista  encontraríamos por ejemplo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Desde el intento de golpe de Estado del pasado mes de julio, en Turquía han sido encarcelados 107 periodistas y unos 2.500 han sido despedidos. Y la oleada de represión continua. En Rusia, un caso paradigmático es el de la periodista Anna Polikòvskaya, una voz crítica con el régimen del presidente Vladimir Putin, de quien el pasado mes se cumplieron diez años de su asesinato. En Rusia, la acción de Putin contra cualquier disidencia ha sido devastadora. La conjura mafioso-política es extremadamente atroz en la América Latina, especialmente en Brasil y, sobre todo, en México, con cifras de informadores que han sido secuestrados, torturados y asesinatos que hacen temblar. Y podríamos hablar en términos similares de más de medio mundo, pasando por todos los continentes, al este y al oeste (Filipinas, Macedonia, el Congo…) sin olvidar que en Estados Unidos  vuelve a haber listas negras. Lo pueden explicar periodistas como Amy Goodman y otros que han sufrido las consecuencias de querer informar sobre la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte de una forma que no ha gustado a determinados poderes políticos, económicos, judiciales y policiales del país.

¿Y en nuestra casa? La versión hispánica del Comité de Actividades Antiamericanas se llama Ley Mordaza. A partir de ella cualquiera que hable de cuestiones que no interesan al establishment es perseguido e incluso detenido. Sería difícil jugar el juego de encontrar las siete diferencias entre Joseph McCarthy y el ministro impulsor de esta vergüenza democrática que se llama Ley de Seguridad Ciudadana, Jorge Fernández Díaz. Pero ahora que España tendrá nuevo gobierno, quizás sería el momento que los que no han votado a favor de Mariano Rajoy –sea por la vía del «no» o de la abstención– impulsen la derogación de esta esperpéntica Ley Mordaza, un auténtico cáncer para el derecho a la información. Esperar que lo haga Rajoy, sería demasiado esperar. Y a pesar de que la mayoría de diputados del PSOE ya se han tragado una de sus prometidas electorales, ni que sea para compensar, podrían promover conjuntamente con el resto de grupos la defenestración de una ley impropia de una democracia madura y de un estado que respeta el derecho a la información de la ciudadanía. ¿Listas negras en España? No olvidemos que justo la semana pasada, el editor de Vozpópuli, Jesús Cacho, despidió a tres periodistas de la publicación digital. ¿Su delito? Querer presentarse a las elecciones sindicales para representar sus compañeros. Y no han sido los únicos. Esto ha pasado en varios puntos del Estado, también en Catalunya.

Trumbo nos muestra que McCarthy sigue cabalgando.

Del 14 de abril al 3 de mayo

El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha como tantas otras que hay en el calendario para luchar, recordar, reivindicar y/o difundir problemáticas y derechos de todo tipo. Parece ya un ritual. Pero sirven para impulsar acciones, cambios, para remover conciencias, para la movilización social. Pero, ¿son eficaces?. No entraré en otros terrenos, donde gente mucho más experta y conocedora puede aportar datos y visiones mucho más fiables que la mía. Pero en materia de libertad de prensa, de derecho a la información, ¿qué ha pasado desde el 3 de mayo de 2015 hasta hoy? Pues poca cosa buena, si es que hay.

En el Estado español se ha aprobado la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza. En Europa, hace muy pocos días, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la Ley de secretos comerciales y tenemos el polémico Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP) en camino. En el ámbito internacional, desde principios de año llevamos 25 periodistas –o personal de apoyo– que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión. Pero hay muchos otros encarcelados o amenazados de prisión. Uno de los últimos es Andy Halll, un activista británico a quien en Tailandia le piden siete años de prisión por un informe sobre las actividades irregulares de la industria de la fruta en este país, según la crónica periodística de eldiario.es.

Alguien puede considerar que estas cosas pasan porque Tailandia es una dictadura militar desde que en 2014 hubo un golpe de estado. La legislación de este país, pero, contrariamente a lo que fija la ONU, establece penas de prisión para el delito de difamación. ¿Alguien cree que esto en Europa no puede pasar? En la Europa postley de secretos comerciales podrían pasar cosas similares. La nueva directiva aprobada el pasado 14 de abril es una amenaza para el periodismo de investigación. Varias organizaciones profesionales europeas –entre las que hay la Federación Europea de Periodistas (FEP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)– afirman que «todo y las apreciables mejoras respecto al proyecto original, la norma recientemente aprobada todavía plantea dudas en lo que se refiere a si los periodistas y, en particular, sus fuentes denunciantes están protegidos adecuadamente». El redactado es bastante ambiguo y deja demasiadas incertidumbres sobre la cuestión. Los activistas de la red también reprueban esta directiva. La Plataforma X-Net –un grupo de activistas que luchan por la democracia en la red– considera que el único objetivo de la nueva ley «es acabar con los alertadors de abusos y corrupción».

En el Estado español, ya se han empezado a ver los efectos de la Ley Mordaza. Ya hay varias personas sancionadas administrativamente, situación que también afecta a dos profesionales de la información, que han sido multados por sus artículos. Los atentados terroristas que ha habido recientemente en varias ciudades europeas han sido la excusa de varios gobiernos para impulsar reformas legislativas encaminadas a recortar libertades como único camino para reforzar la seguridad. Es momento para recordar la frase de Benjamin Franklin que «quién renuncia a las libertades por una seguridad transitoria, no merece ni la una ni la otra».

Y en Catalunya? Pues antes del 3 de mayo de 2015, la radiotelevisión pública estaba en manos de comisarios políticos. Antes del 3 de mayo de 2016, también. Antes del 3 de mayo de 2015, Catalunya no había desarrollado legislativamente el artículo 52 del Estatuto –que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho en la información de la ciudadanía– y antes del 3 de mayo del 2016, tampoco. Antes del 3 de mayo de 2015, los medios del Tercer Sector no disponían de espacio para su mínima supervivencia y antes del 3 de mayo del 2016, la situación no ha cambiado. Los políticos pueden democratizar los medios públicos. ¿Lo harán antes del 3 de mayo de 2017? Pueden hacer una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía, como hay a muchos países y como desde varias instancias profesionales y ciudadanas los han pedido en reiteradas ocasiones. ¿La harán antes del 3 de mayo de 2017? ¿Tendrán los medios comunitarios un terreno de juego justo y suficiente antes del 3 de mayo de 2017? Todavía es pronto para hacer la carta a los Reyes de Oriente y por lo tanto, seguiremos reclamando. En materia de libertad de prensa, ¿vamos como los cangrejos?

La información como arma política

En este blog he hablado en varias ocasiones sobre la ventaja que estaban tomando varios países latinoamericanos respecto a otros, especialmente los europeos, en una cuestión tan democráticamente capital como el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía. Habían elaborado regulaciones realmente innovadoras, que partían del hecho de considerar la información y la comunicación como un derecho humano, tal como establece, sin ir más lejos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 19.

Algunos de los últimos procesos electorales vividos en este subcontinente han introducido sombras en esta dinámica. El caso más paradigmático es Argentina, pero también en Venezuela planean oscuras perspectivas. El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, ha declarado la guerra a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) e incluso firmó un decreto para desactivar sus elementos básicos, como la destitución de los miembros de su ente regulador. El abogado y doctor en Comunicación Damián Loreti explica la situación en este artículo publicado en el diario argentino Página 12.

Esta decisión del Gobierno Macri ha provocado un alud de protestas tanto en el país como a escala internacional. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha afirmado que «es completamente peligrosa para la democratización de la comunicación en Argentina la actitud que el nuevo gobierno ha mostrado hacia  una Ley votada por el Parlamento nacional, precedida y legitimada por un debate que involucró al conjunto de la sociedad». Se refiere la FIP al hecho que la LSCA fue elaborada a través de un proceso de participación ciudadana de gran repercusión social, que culminó con la elaboración de un texto aportado a las instancias legislativas que redactaron y aprobaron el texto definitivo. Sostiene el organismo internacional de representación de los periodistas que esta tarea no se puede destruir con un simple decreto ley.

Esta tesis ha sido refrendada por el juez de La Plata Luis Arias, que ha emitido una resolución por la que prohíbe al Ejecutivo de Mauricio Macri cualquier modificación de la LSCA y de sus organismos de control y de gestión por la vía del decreto. El magistrado ordena al Gobierno que, según la crónica de Página 12, «se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)». Arias respondía así a la reclamación presentada por los funcionarios de la AFSCA que pedían la nulidad absoluta del citado decreto. El pronunciamiento judicial está basado «en favor del derecho colectivo a la información y a la libertad de expresión».

Este hecho demuestra una vez más la voluntad de los gobiernos de utilizar la información como arma de control político. La hostilidad de determinados poderes contra una ley como la LSCA es equivalente a la que demuestran estos mismos poderes para evitar que lo regule este derecho fundamental en lugares donde no lo está, como lo es en España y también en Catalunya, donde el desarrollo del artículo 52 del Estatuto se ha convertido en un plato de segunda mesa. En el caso español, destaca el hecho de cómo muchos medios de comunicación han amplificado las críticas de Macri a la LSCA –que la ha tildado de intervencionista, represora y de contraria a la libertad de expresión– pero no han dicho nada de las defensas que destacados organismos internacionales han hecho de esta norma ni de las muestras de apoyo que recibe desde muchos sectores sociales. Después de que Macri impulsara la intervención de la Autoridad Federal que supervisa el cumplimiento de la ley hubo en Argentina numerosas protestas, que han sido silenciadas.

Pero a pesar de todo, en Argentina todavía están más cerca de la democracia en la información que en España, donde se saca mucho pecho con la Constitución pero el artículo 20 es cómo si no existiera.

La ciberseguridad como herramienta de trabajo de los periodistas

El Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) publicó hace un tiempo un artículo de Tom Lowenthal titulado La vigilancia obliga a los periodistas a pensar y actuar como espías. El CPJ es una organización internacional con sede en Nueva York que promueve la libertad de prensa en todo el mundo y defiende el derecho de los periodistas a informar sin miedo a represalias. Lowenthal es un periodista freelance y experto del CPJ en materia de seguridad operativa y autodefensa contra la vigilancia. Sostiene en su escrito que «en una época un periodista nunca entregaba a una fuente confidencial. Cuando alguien se ofrece, anónimamente, para informar a la sociedad, es mejor arriesgarse a pasar un tiempo encerrado en la cárcel que entregar a esa persona. Esta responsabilidad ética también era una necesidad práctica y profesional. Si prometes el anonimato, estás obligado a cumplir. Si no puedes cumplir con tu palabra, ¿quién depositará la confianza en ti en el futuro? Las fuentes se van a otra parte y las noticias te pasan de lado».

Lowenthal añade que «la experiencia de una nueva generación de redactores presenta una historia diferente. Optar por decir el nombre de una fuente es una cuestión secundaria. ¿Acaso ahora se puede proteger el nombre de una fuente? Los registros de llamadas, archivos de correo electrónico, intercepción de teléfonos, información de localización derivada de antenas para celulares, tarjetas o abonos inteligentes de transporte, activación remota del celular para escuchar conversaciones mediante su micrófono, cámaras de vigilancia: la opción por omisión de nuestro mundo es estar bajo vigilancia. Por unos breves momentos quizás se pueda tener privacidad, pero, inclusive entonces, únicamente tras mucho esfuerzo. Y sin embargo, este es el mundo feliz del periodismo.»

La última cita del artículo de Lowenthal –de lectura imprescindible para quien haga periodismo de investigación– que quería aportar en este apunte es esta: «Si es que acaso un periodista puede proteger la identidad de sus fuentes, es sólo gracias a la aplicación de increíble experticia y práctica, junto con el empleo de costosas herramientas. Los periodistas ahora compiten con los agentes secretos y los espías, y los agentes secretos cuentan con la ventaja que otorga la condiciónde sede. El hábitat de un periodista no debe ser mundos oscuros de subterfugio y vigilancia. El tiempo que un periodista pasa aprendiendo el juego Spy vs.Spy podría estar mejor dedicado a perfeccionar sus habilidades profesionales. Cada hora dedicada a entender complejas herramientas de seguridad podría ser una hora dedicada a la investigación y la redacción». Todo el escrito advierte de las dificultades de todo orden para mantener la privacidad de los equipos de trabajo de los periodistas.

Pero, según afirman diferentes expertos, este es uno de los retos principales del periodismo, especialmente el de investigación. Al mes de enero, tuve la oportunidad de participar en un seminario de formación de cuatro días organizado por la Federación Europea de Periodistas (FEP) en Bruselas sobre Ciberseguridad para periodistas. A lo largo del curso, quedó claro que «la protección de las fuentes puede verse fácilmente comprometida en un mundo donde la vigilancia de la sociedad es cada vez más omnipresente y cada vez menos perceptible. Pero sacrificando un poco su tiempo, los periodistas pueden igualmente aprovechar estos mismos avances tecnológicos para hacer más seguras sus comunicaciones y para protegerse mejor y reforzar la relación de confianza con sus fuentes.» También se pudieron aprender de manera rápida y práctica el uso de las nuevas herramientas en este campo y «conocer medios técnicos para evitar la censura en Internet, examinar casos prácticos de pirateo y de violaciones de los derechos humanos, y descubrir nuevas herramientas para encriptar comunicaciones o reforzar contraseñas.»

Hay países, como Suecia, donde la protección de las fuentes no es un derecho de los periodistas sino una obligación. En España no está ni siquiera regulado. Por eso el Estado español está a la cola de Europa en lo que se refiere a la libertad de prensa y al derecho a la información. Pero el secreto profesional es uno de los pilares de una prensa independiente y los avances tecnológicos hacen que para protegerlo se necesite mucho más que una ley. Hace falta que los informadores conozcan y dispongan de herramientas para proteger sus equipos informáticos y sus comunicaciones. Probablemente, un gran medio podrá disponer de recursos humanos y técnicos para hacerlo. Otra cuestión es que quiera plantar batalla a las estructuras del Estado –o de quién sea– y opte para mantener indefensos a sus periodistas. En las publicaciones más pequeñas pero basadas principalmente en el periodismo de investigación, el reto de protegerse de ataques cibernéticos es más que imprescindible. Los recursos materiales pueden ser caros pero conocer las herramientas informáticas y tecnológicas puede dificultar la interceptación de las comunicaciones y blindar mejor las webs y los equipos de trabajo.

Hasta hace poco, el concepto «seguridad» aplicado en el mundo de la información era principalmente más una cuestión de seguridad física por los riesgos inherentes al trabajo desarrollado en zonas en guerra o por la represión en países bajo regímenes dictatoriales. Ahora, hay que incluirle la vertiente cibernética a partir de los ataques que se viven y ven en cualquier lugar del mundo, incluso en los estados presuntamente más democráticos. En este sentido, casos como el de Snowden son bastante ilustrativos. Por eso, desde las organizaciones internacionales de periodistas más destacadas –como la Federación Inrternacional de Periodistas (FIP)–, se pide que los profesionales tomen conciencia de la importancia de esta cuestión y adopten medidas para protegerse del ciberespionaje.

En Cataluña y en el Estado español, hay gente que trabaja en este ámbito, sólo falta que los informadores asuman la importancia que tiene. La periodista Marta Peirano publicó hace pocos meses El pequeño libro rojo del activista en la Red (Roca, 2015), un libro con prólogo de Edward Snowden, sobre la seguridad en la red, con consejos para asegurar las comunicaciones. Pero si hay una periodista que se ha convertido en un referente en estas cuestiones es Mercè Molist. A principios de año publicó Cibercrimen  (Tibidabo Ediciones, 2015) y es probablemente quien más ha escrito y desde hace más tiempo sobre hacking y ciberseguridad.

Es sabido que la seguridad absoluta no existe, que, si alguien nos quiere reventar la puerta de casa, lo acabará haciendo por muchas medidas para evitarlo que hayamos puesto. Pero no por eso nadie deja la puerta abierta cuando sale de casa. En la Red, es exactamente igual, debe hacerse el máximo para protegernos sabiendo que nunca lo estaremos al 100%.

«Los periodistas no son soldados»

«Los periodistas no deben ser utilizados como instrumentos en las guerras de información». Lo han afirmado el Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania (NUJU), el Sindicato Independiente de Medios de Ucrania (IMTUU) y el Sindicato Ruso de Periodistas (RUJ) en el marco de una iniciativa conjunta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organización regional, la Federación Europea de Periodistas (FEP) para documentar las lecciones y la experiencia del conflicto en Ucrania para los periodistas. También han dicho que «los periodistas no son soldados». Este pronunciamiento constaen  a la introducción del Informe sobre la seguridad de los periodistas en Ucrania en 2014, que la FIP y la FEP han presentado en una conferencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El objetivo era documentar las lecciones y la experiencia del conflicto Ucrania para los periodistas.

El manual detalla la variedad y el alcance de las restricciones a los derechos de los periodistas experimentados por dos periodistas ucranianos y rusos durante 2014 incluyendo la libertad de movimiento, detenciones, amenazas, agresiones y muertes. El trabajo es el resultado de la solidaridad transfronteriza entre la FIP y la FEP con los periodistas de Ucrania y Rusia que, con el apoyo de Dunja Mijatovic, representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, se ha reunido en seis ocasiones desde abril de 2014. Este organismo ha celebrado en Viena los días 15 y 16 de junio la Conferencia sobre Seguridad, Libertad de Medios y Pluralismo en tiempo de conflicto, donde se ha presentado este informe.

Los colegas ucranianos y rusos insisten «en nuestros estándares profesionales y éticos, negándonos a aceptara  los periodistas como combatientes. Creemos que lo más importante en todos los conflictos y contradicciones políticas es ser honesto, para mantener nuestra dignidad y deber de profesional, para ser periodistas y seres humanos. En primer lugar, nos da esperanza, y la perspectiva de un futuro sin violencia, ni odio ni impunidad». El propio presidente de la FIP, Jim Boumelha, asegura que «este informe es una demostración que el compromiso persistente de los principios de nuestra profesión y la resolución de las diferencias puede ayudar los periodistas a superar la confusión y la histeria de la guerra para encontrar una causa común. Esperamos que sirva de modelo para los periodistas y los sindicatos que en el futuro se enfrenten a conflictos».

El derecho a la información es uno de los más asediados hoy en día en todo el mundo. No sólo en las dictaduras. Muchos países que se jactan de vivir en democracia están impulsando reformas legislativas para dificultar el acceso a la información de las ciudadanías respectivas y para limitar la tarea de los periodistas. España  es una de las muestras más notorios de ello. El próximo 1 de julio entrará en vigor la Ley Mordaza y otras normas similares –como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– ya están en camino. A nivel europeo vemos como el Tratado de Libre Comercio (TTIP) o la ley de Secretos Comerciales suponen amenazas gravísimas a la calidad democrática.

Esta situación, en caso de conflicto bélico, es mucho más flagrante y agresiva. Los periodistas, entienden quienes gobiernan, deben estar al servicio de la causa. Nos podríamos remontar a la Segunda Guerra Mundial, pero no es necesario. Lo hemos visto en los Balcanes, lo hemos visto en Ruanda y lo hemos visto en otros lugares. Por eso, la iniciativa de la FIP y la FEP con los sindicatos  de periodistas ucranianos y ruso supone un avance para evitar que los informadores sean reclutados para formar parte de la maquinaria bélica. También lo han intentado en otros lugares –en la guerra palestino-israeliana–, pero no ha sido posible. Seguramente queda mucho trabajo para hacer pero que los profesionales de la información de dos países entre los que hay seriosísimas tensiones se reúnan para evitar ser utilizados y poder informar de lo que  sucede con la máxima profesionalidad e independencia es una buena noticia para el periodismo y, por lo tanto, para la democracia.