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Dia Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, para proteger libertades fundamentales

En 2016, la Unesco declaró el 28 de septiembre Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Su objetivo es promover que los países garanticen el acceso público a la información y protejan las libertades fundamentales, de acuerdo con la legislación nacional y los acuerdos internacionales». Varias organizaciones han hecho actos para conmemorar esta fecha y reivindicar que en todo el mundo se respete este derecho humano universal, tal como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) no ha sido una excepción y ha denunciado que «más de 30 países han bloqueado el acceso a mediados de comunicación o a Internet en el que va de 2019, amenazando el derecho fundamental de la ciudadanía al libre acceso a la información».

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) también ha hecho su aportación, difundiendo las campañas internacionales e impulsando otra a escala catalana. Tiene como lema «¡Súmate a la lucha del SPC por un periodismo digno!». Es una iniciativa de la que, como presidente del SPC, no puedo ser más favorable. El objetivo del sindicato es potenciar su tarea en defensa de los y las profesionales de la información y del Derecho a la información de la ciudadanía. Y que la iniciativa nazca un 28 de septiembre coincidiendo con la conmemoración de la Unesco no es una casualidad.

Tal como se afirma en el anuncio de esta campaña, «defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sector es garantizar unas condiciones de trabajo dignas, el respecto a la deontología, a la ética y a la independencia periodística; es garantizar también el Derecho a la Información de la ciudadanía. Sin un periodismo libre, independiente y riguroso es muy difícil defender el resto de derechos: a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la justicia, a la atención social, al trabajo, a unos servicios públicos de calidad… Sin periodismo independiente no hay democracia.

El año está lleno de Días Internacionales –o Mundiales– de… Seguramente todos a favor de causas justas y nobles que hay que proteger y promover. Pero esta del 28 de septiembre es una fecha que sirve para concienciarnos todos juntos sobre la importancia de poder recibir una información libre e independiente de los poderes políticos, económicos y empresariales para disponer de una óptima democracia. Obviamente que el derecho más esencial es el de la vida y que hay otros fundamentales que acabamos de citar. Pero el de la información es el que permite defenderlos todos porque es el que sirve para tener todos los datos para hacerlo mejor. Es lo que liga la salsa de todos los derechos humanos.

Naturalmente que yo colaboraré en esta campaña, que será plenamente operativa a partir el próximo 7 de octubre. Es una cuestión que interpela a todo el mundo. A profesionales de la información, formen parte del sindicato o no, y a aquellos sectores sociales que comparten la preocupación por las deficiencias en la información que reciben. Sólo haciéndonos todos juntos cómplices en este combate podremos revertir la situación en la calidad de la información de la ciudadanía. Si no te gusta la información que recibes, ayuda al SPC a ser más fuerte para tener más y mejores herramientas para cambiarlo.

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Periodismo vs. publicidad, un mundo sin ley

La semana pasada se presentó en Barcelona el libro La ética de los periodistas que hacen publicidad, escrito por Manuel López, periodista y doctor en Ciencias de la Información y profesor emérito de la UAB. Está editado por Ediciones Carena, una pequeña editorial independiente encabezada por el librero José Membrive. El amigo Manel tuvo la ocurrencia de pedirme a mí que hiciera el prólogo, cosa que he hecho de la mejor manera que he sido capaz.

La presentación consistió en un diálogo entre el autor del libro y el prologuista y también con las personas que acudieron a la Casa del Llibre –que acogió el acto– en una conversación muy amena no sólo sobre las prácticas en las que se centra el libro sino también sobre el periodismo en general. Una de las conclusiones es que el periodismo no vive un buen momento porque los intereses económicos, políticos y empresariales están –en la mayoría de medios, especialmente los más grandes– por delante del derecho a la información de la ciudadanía. Y algunos profesionales son cómplices de ello en primer grado.

El libro analiza a los profesionales de la información que combinan su tarea periodística con la publicidad, una práctica no permitida por los códigos deontológicos repartidos por todo el mundo. La cuestión es que los códigos deontológicos sólo son una referencia, no son de obligado cumplimiento y, por eso, hay empresas de comunicación –tanto públicas como privadas– que vulneran el articulado entero varias veces al día. Y los y las periodistas que –a cambio de un sobresueldo– se prestan a poner su profesionalidad en entredicho, también hacen nula observancia de sus preceptos.

Manuel López aporta en su investigación datos muy ilustrativos y relevantes sobre esta situación. La obra la podéis adquirir en un puñado de librerías o en la misma editorial. El prólogo, si os apetece, lo podéis leer en este enlace. Entre otras cosas, reclamo una ley que establezca que los códigos deontológicos sean de obligado cumplimiento y estipule sanciones para quienes los vulneren. ¿Os imagináis qué pasaría si el Código de Circulación fuera sólo una serie de recomendaciones de buenas prácticas sin que hubiera que respetarlas porque no pasaría nada a quienes lo infringieran? Pues esto es lo que pasa en el periodismo dónde a las normas deontológicas de tráfico no hay que hacerles ningún caso.

El periodismo de ‘guerra’, ¿sin futuro? Especialmente si eres ‘freelance’

El fotoperiodista Ricardo Garcia Vilanova ha estado recientemente presentando su libro Fade to black. Ascenso y caída del califato del ISIS 2011-2019. Siria, Irak y Libia (Editorial Blume) por varias ciudades españolas. En Barcelona fue el pasado 9 de mayo, en un acto en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) en el que fue entrevistado por el periodista Jordi Évole. En la conversación también participaban la fotoperiodista Sandra Balsells, y Leopoldo Blume, director de la Editorial Blume. Fue una sesión muy interesante en la quen Ricardo explicó la realidad en estos países, como se había formado el poder del ISIS en estas zonas y cómo, finalmente cayó. También habló de cómo se hace periodismo en territorios en guerra.

Garcia Vilanova se hizo tristemente famoso en septiembre de 2013 cuando en compañía del periodista de El Mundo Javier Espinosa fueron secuestrados en Siria por el ISIS. Pocos días antes también lo había sido el corresponsal de El Periódico de Catalunya en la zona, Marc Marginedas. El cautiverio duró hasta el mes de marzo de 2014, cuando, primero Marc y después Ricardo y Javier, fueron liberados. Ya entonces se editó un libro en apoyo de Garcia Vilanova, para quien aquella situación había tenido unas complicaciones adicionales por el simple hecho de ser freelance o periodista a la pieza mientras que sus dos compañeros plumillas estaban en plantilla. En este artículo que hice entonces podéis recordar los detalles.

En la presentación del libro y a preguntas de Evole explicó también las dificultades para un fotoperiodista freelance dedicarse a cubrir los conflictos bélicos que hay por varios puntos del planeta. Que los medios de comunicación de todo el mundo –al margen de alguna honrosa excepción como The New York Times y alguno más– ya no envía sus periodistas a lugares en conflicto por los riesgos que acompaña la operación. Y para los que van a tanto la pieza es muy difícil financiarse estos viajes. Sólo hay que pensar que contratar un fixer –una persona local que apoya el trabajo de un corresponsal que trabaja en un país extranjero haciéndole entre otras cosas de guía y traductor– en el Yemen puede costar 300 dólares diarios como mínimo. Yemen es un país al que Ricardo le gustaría ir para explicar qué pasa allí pero que sin un medio detrás, un freelance «no se lo puede permitir». Y hay que añadir viajes, comunicaciones, material…

Fade to black es un libro que en parte sirve para afrontar los gastos que supone ir a explicar lo que pasa en los países en guerra o con conflictos bélicos. Muchos medios han optado por contratar periodistas locales que lo hagan. Garcia Vilanova afirma que «esto está bien pero a veces estos informadores son activistas de alguno de los bandos y una persona que viene de fuera puede aportar una visión más objetiva». En cualquier caso, este artículo no pretende reflejar el debate sobre esta cuestión sino dejar patente una vez más las dificultades que tienen los periodistas a la pieza, colaboradores o freelance para hacer su trabajo en igualdad de condiciones al resto de periodistas.

Acabo con una cuña publicitaria gratuita: Comprad el libro de Ricardo. Es muy interesante, con unas imágenes sobrecogedoras. Excelentemente editado por una editorial que no es la primera vez que colabora en proyectos de este tipo. Además apoyaréis al #periodigno y a un profesional que forma parte de una generación de fotoperiodistas con coraje y compromiso para explicar aquello que pasa en los países donde su gente sufre los estragos de las guerras y la destrucción. Si no tenéis que hacer un regalo y no sabéis qué, Fade to black os hará quedar la mar de bien.

La rotativa del Grupo Z como paradigma

Este miércoles 15 de mayo, los trabajadores de la planta de impresión del Grupo Z en Parets del Vallès se manifestarán en Barcelona en el marco del conflicto laboral que tienen abierto con la empresa, Gráficas de Prensa Doaria (GPD), que ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de cierre de la rotativa y extinción de todos los contratos de trabajo. En estos momentos la negociación consiste en establecer las condiciones con que el personal de GPD pierde el trabajo y se va al paro porque el punto final se presenta como inevitable. Y la falta de respuestas satisfactorias de la empresa hacia la plantilla es lo que está motivando una protesta más que justa, con varios intentos de la dirección de GPD de vulnerar el derecho de huelga, que han sido denunciados a la Inspección de Trabajo.

El cierre de la rotativa forma parte del proceso de adquisición del conjunto del grupo Z por parte de Prensa Ibérica, el hólding mediático presidido por Javier Moll, lo que hace que este conglomerado sea conocido también como el Grupo Moll. Entre las condiciones para terminarr de formalizar la operación –el acuerdo entre las partes es total según han confirmado cada una de ellas– había la de cerrar la planta de Parets, un proyecto megalomaníaco de Antonio Asensio en un momento en que el futuro de la prensa en papel ya planteaba incógnitaso, tanto por los cambios tecnológicos como por los indicios de crisis en el sector.

La huelga en Gráficas de Prensa Diaria intenta conseguir las mejores condiciones para la salida de los trabajadores. Cómo hace unos meses ya pasó lo mismo en El Periódico de Catalunya y el Sport, las dos principales publicaciones del grupo Z. En el caso de El Periódico hubo un acuerdo para que las bajas fueran voluntarias y las que afectaban la redacción hubo más personas que querían irse del diario que las que se preveía que tenían que marcharse. Un indicio de la moral de la tropa del rotativo.

El desinterés de Antonio Asensio Mosbah, el hijo del fundador del imperio, por el negocio de la prensa en papel ha sido bastante decisivo en la caída de Z. Los rumores sobre la venta del grupo eran señal de las conversaciones que en varios escenarios tenían los acreedores –principalmente la banca– para intentar minimizar las pérdidas con una operación que, además, garantizara una cierta línea editorial.

Con el cierre de GPD culminará la desaparición del grupo fundado por Antonio Asensio Pizarro. La adquisición por parte de Prensa Ibérica permitirá la continuidad de las publicaciones a pesar de que ahora hay que ver en qué condiciones. El hólding de Javier Moll no se caracteriza por tener medios con unas condiciones laborales óptimas. Pero más allá de esta circunstancia sobre la que las intenciones reales se verán a partir de la entrada efectiva de los nuevos propietarios en la gestión de las empresas del grupo, hay que tener presente las implicaciones mediáticas que la operación supone.

Pérdida de pluralismo
De entrada, la desaparición del grupo Z supone una pérdida de pluralismo. La información en menos manos. Se puede opinar lo que se quiera sobre la línea editorial de sus publicaciones y su posible supeditación a determinados intereses que dominan muchos medios de comunicación pero, en definitiva, ahora habrá menos voces diferentes. Menos pluralismo significa menos democracia. Y no es una afirmación personal. Gran cantidad de expertos lo dicen. Por ejemplo, el Grupo de Alto Nivel (HLG en sus siglas en inglés) sobre Pluralismo y Libertad de medios de comunicación de la Comisión Europea, dirigido por la profesora Herta Däubler-Gmelin, exministra de Justicia de Alemania; Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro, profesor del Instituto Universitario Europeo y antiguo abogado general del Tribunal Europeo de Justicia; y Bien Hammersley, pionero digital y editor de una revista sobre tecnología.

Este informe presenta las conclusiones y recomendaciones de este grupo independiente de expertos, reunido por la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, el octubre de 2011, y fue comisionado para proporcionar un conjunto de recomendaciones para el respeto, la protección, el apoyo y la promoción de pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en Europa. El HLG dio a conocer el enero de 2013 el resultado de su trabajo. Su informe final aporta conclusiones y recomendaciones para garantizar el derecho a la información entendiendo que «la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación resultan cruciales para la democracia europea». También alertan contra la pérdida de pluralismo las autoridades europeas en sus recomendaciones sobre información y democracia. La última en hacerlo, el mes de mayo del año pasado, fue el Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el pluralismo de los medios y la transparencia sobre sus propietarios. El periodista Dardo Gómez se refirió en este artículo en la Revistaelobservador.com.

Hay que tener presente que además de El Periódico de Catalunya y el Sport, Prensa Ibérica también se hace con otros diarios: El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, La Crónica de Badajoz, Córdoba, Mediterráneo (en Castellón) y La Grada. En lo que se refiere a revistas, el grupo Moll se queda con 12 publicaciones especializadas más: Woman, Cuore, Rumore, Viajar, Stilo, Autohebdo Sport, Port, Digital Camera, Cartoon Network, Disney Channel, Neox Kidz y Like!. Prensa Ibérica ya disponía de 17 diarios en el Estado español –entre ellos, en Catalunya, Regió 7 y Diari de Girona– entre los que desstacan varias cabeceras bajo el epígrafe de La Opinión y Diario de Mallorca. Algunas de las operaciones de Javier Moll en diferentes comunidades de adquisición de otras cabeceras han supuesto el cierre de diarios por duplicidad de rotativos en una misma área, algo que ha dejado una sola voz en estas zonas. Años atrás, Prensa Ibérica había invertido con bastante éxito en países como Australia.

Y termino cómo he empezado. El cierre de la rotativa de GPD es la última expresión de la derrota de uno de los grupos mediáticos más importantes de los últimos años, que ha supuesto y supone la pérdida tangible y dolorosa de un gran número de puestos de trabajo y lo que ello implica para las personas y familias afectadas, y una pérdida más intangible de un día para otro pero terriblemente peligrosa para la riqueza democrática de un país: menos pluralismo informativo.

Información y elecciones

Cuando ustedes lean este artículo ya habrá pasado el 28-A y ya quedarán pocos días para los comicios municipales y al Parlamento Europeo. En este rinconcito, ya lo saben, suelo a hablar de periodismo, de derecho a la información, de libertad de expresión… Y ligando las dos cosas me preocupa los pocos compromisos –al margen de honrosas excepciones– que los partidos asumen en esta materia en sus programas electorales. En mi blog personal publiqué el 15 de abril un artículo en el que hacía una comparativa sobre el que decían las candidaturas sobre estas cuestiones.

El futuro de RTVE es el apartado que recogía más propuestas mientras que en la regulación del derecho a la información sólo había compromisos por parte de En Comú Podem –bastante amplios, por cierto– y del PSOE. En este escrito me fijaba en ítems como la precariedad laboral, la libertad de prensa, la reforma de las leyes audiovisuales o el reconocimiento de los medios comunitarios.

Toda una serie de cuestiones que volverán a estar sobre la mesa para las elecciones del 26 de Mayo. A pesar de que en este ámbito las competencias recaen principalmente en el Gobierno estatal y en los autonómicos, el margen de actuación de la Administración Local es bastante amplio. Tienen responsabilidades en los medios locales –de despartidización y de condiciones laborales del personal–, en la distribución de publicidad, de promover las buenas prácticas en varios ámbitos informativos, de promoción de la importancia del derecho a la información entre la ciudadanía para que esta sea más exigente en este ámbito…

El trabajo de la UE implica fijar unas reglas de juego mínimas para todos los países de la Unión. España está a la cola de Europa en materia de derecho a la información y las autoridades comunitarias deberían ser mucho más estrictas a hacer cumplir sus directivas, hacer de Primo Zumosol y proteger a la ciudadanía europea.

Y la ciudadanía, del mismo modo que miramos qué dicen los partidos en cuestiones que nos son muy tangibles, como la sanidad, la educación, el trabajo o la vivienda, tendríamos que interesarnos también para saber qué dicen sobre derecho a la información porque sólo cuando este nos sea plenamente garantizado, tendremos las mejores armas para luchar por el resto de derechos y libertades.

Los periodistas presentamos nuestras peticiones en este ámbito para el 28-A y lo volveremos a hacer para el 26-M. Pero haría falta que la sociedad se diera cuenta que esta no es una asignatura maria que si se suspende, no pasa nada. Sin información (de calidad) no hay democracia (de calidad). Esto nos jugábamos el 28-A y nos lo volveremos a jugar el 26-M. Y cada vez que nos pongan una urna por delante.

Artículo publicado en el número 13 de la revista ‘Utopía’ –que se publica en las comarcas catalanas de la Selva Marítima y  l’Alt Maresme– en la edición de este mes de mayo

Qué proponen en materia de comunicación los partidos para el 28-A

Con ocasión de las elecciones al Parlament de Catalunya del 21 de diciembre de 2017 publiqué un artículo en este blog repasando los compromisos de las diferentes candidaturas. Destacaba que al margen de algunas excepciones, en general había muy pocos compromisos concretos. Ahora, ante la nueva contienda electoral de este 28 de abril para el Congreso de los Diputados y el Senado, con las mismas excepciones, la situación no ha mejorado mucho.

La información para hacer este nuevo artículo, como en la anterior ocasión, sale de la compilación que he hecho yo mismo para el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) en el que se detalla partido por partido sus propuestas en este ámbito. El trabajo se refiere casi exclusivamente a cuestiones directamente vinculadas con el derecho a la información. Es cierto que como sindicato nos interesan también otros cuestiones más generales –la brecha salarial entre hombres y mujeres, la violencia contra las mujeres y el acoso en la red, el futuro de las pensiones, los falsos autónomos, el abuso en la práctica de los y las estudiantes, las personas en situación de paro de larga duración, etc…– que compartimos con otros sectores de la sociedad y por eso, ahora me centro básicamente en aquellos que nos afectan más como periodistas.

Como referencia final, si lo queréis comparar, en este enlace hay las peticiones que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha planteado a estos partidos sobre estas cuestiones

1.– Medios Públicos

A) CIUDADANOS

II) Tolerancia cero con la corrupción
Garantizaremos la independencia y pluralidad de Radiotelevisión Española (RTVE). Reforzaremos el procedimiento de concurso para evitar bloqueos políticos interesados y aseguraremos la elección de un nuevo Consejo de Administración de RTVE formado por profesionales expertos e independientes.
Auditaremos las televisiones autonómicas para reducir gasto innecesario y aseguraremos que sus contenidos no sirvan para hacer propaganda ideológica. Garantizaremos la neutralidad y la pluralidad de los medios públicos de comunicación social, promoveremos su autofinanciación y, en su caso, impulsaremos la eliminación de aquellos que resulten manifiestamente inviables.

B) EN COMÚ PODEM (*)

Desgubernamentalizar RTVE y hacer que sea un servicio público efectivo. La televisión y la radio públicas viven una situación crítica, y la televisión privada, un proceso de concentración que limita el pluralismo. Condicionada por una financiación sólo pública y sometida a la manipulación del Gobierno, RTVE se ha convertido en un instrumento de propaganda gubernamental. Para cambiar esta situación hay que derogar el decreto ley 15/2012 que impuso el PP, promover una auditoría a RTVE y reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). En este sentido nos comprometemos a:
Garantizar la independencia y el pluralismo de RTVE, democratizar la elección y el funcionamiento de sus órganos de gestión y promover una financiación transparente fijada por contrato/programa.
Fomentar la participación ciudadana en RTVE a través de un consejo social, dotado de competencias reales, especialmente la de arbitrar el concurso público para designar la presidencia de cada medio, planificar la gestión y potenciar los consejos de informativos, el Defensor del Espectador y las áreas de medios interactivos.
● Poner a disposición de la ciudadanía, por canales accesibles y con licencias abiertas, los archivos audiovisuales de interés histórico o cultural de los fondos de la Corporación RTVE y de la agencia Efe.
● Hacer realidad el derecho de acceso a los medios públicos. Para hacerlo, se facilitará que las organizaciones sociales puedan reservar espacios y los recursos humanos y técnicos necesarios para la producción de contenidos de calidad.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

Propuestas para la República Catalana:
Impulsar unos medios de comunicación públicos fuertes –de acuerdo con un modelo pluricultural y plurilingüístico– e independientes de los poderes gubernamentales.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica. Acabaremos con el modelo de Administrador único de la corporación de RTVE e impulsaremos un Gobierno corporativo guiado por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad.

 

2.– Regulación del derecho a la Información de la Ciudadanía

B) EN COMÚ PODEM

Garantizar el derecho a una información plural y de calidad. Porque el derecho a la información sea un derecho ciudadano y por lo tanto que todas las personas tengan el derecho a acceder a una información plural y de calidad, se tiene que asegurar la independencia de los medios respecto a los poderes políticos y económicos. Hay que facilitar el acceso de todas las personas a una información plural y veraz. Por eso, nos proponemos:
Desarrollar una ley del derecho a la información y la comunicación que fije los derechos y deberes de los medios para asegurar la independencia y el pluralismo.
● Impulsar el consenso parlamentario para crear un consejo de la información y la comunicación, formado por personas independientes a los partidos y las empresas de comunicación, que determine la composición y las funciones de los consejos de administración de los medios públicos y los criterios de selección de sus cargos directivos, y, en general, que impulse medidas de fomento del derecho de la ciudadanía a la información.
Garantizar que las campañas y las ayudas públicas, así como las licencias de explotación, no se adjudiquen de forma sesgada, partidista y opaca, sino de manera transparente y objetiva. Además, poner fin al uso partidista y a los amiguismos en la publicidad institucional y la compra de suscripciones por parte de las instituciones.
Reducir las ayudas a los medios de comunicación privados mientras no se puedan garantizar recursos suficientes para los medios públicos. La concesión de ayudas por parte de las administraciones del Estado a los medios privados, tiene que ser pública y transparente. Los medios beneficiarios tendrán que estar al día en sus obligaciones fiscales y laborales, incluida la contratación legal e igualitaria de los trabajadores y trabajadoras.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

• Desde el respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional para la lucha contra la desinformación, con actividades de concienciación y formación para la ciudadanía.

 

3.– Ordenamiento del sector audiovisual

B) EN COMÚ PODEM

• Medidas urgentes porque la Ley General de la Comunicación Audiovisual, cumpla con la obligación de reserva de espectro radioeléctrico para los medios comunitarios y apruebe un reglamento que regule la concesión de las licencias a los mismos; cómo establece la misma LGCA desde su publicación en 2010.
● Incluir a la Ley General de la Comunicación Audiovisual las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera, la governança y el derecho de acceso a los medios audiovisuales públicos.
● Conseguir amplios acuerdos para constituir el Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales (CESA), independiente del Gobierno, con competencias para conceder las licencias e imponer sanciones y con medios financieros, técnicos y humanos suficientes. El CESA tiene que garantizar el respeto al pluralismo, la diversidad cultural, la protección de los consumidores y las consumidoras, el correcto funcionamiento del mercado interior y la competencia leal. Sus integrantes deben ser elegidos mediante un concurso público de méritos y reforzar sus incompatibilidades, con el fin de evitar las llamadas “puertas giratorias”.
Para garantizar el pluralismo de los medios audiovisuales, no se debe permitir que un mismo grupo supere una audiencia mediana del 30% en el conjunto de sus canales de ámbito estatal, en los 12 primeros meses desde la adquisición. Cuando esto se produzca, tendrá un plazo de un año para realizar las desinversiones necesarias para bajar de nivel.
● Establecer que quién presta servicios de televisión, radio y audiovisuales tenga que incluir en su página web sus datos de identidad y dirección, forma de contacto directo con ellos o ellas, e identificación de personas físicas o jurídicas que integran su accionariado.
● Las licencias de espacios audiovisuales se tienen que conceder por concurso público, dando a conocer las ofertas, las condiciones con que se conceden y los motivos. Cuando no se cumplan estas condiciones, la licencia podrá ser retirada.
Cuando se otorgue una licencia no se podrán modificar las condiciones de la oferta, así un canal televisivo de noticias no puede convertirse en un canal de realities, ni una televisión autonómica podrá dejar de emitir información sobre su comunidad.
● Crear un consejo del audiovisual independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), pareciendo a los consejos que existen en otros países europeos.
Asegurar la presencia de las lenguas españolas diferentes de la castellana en las radios y televisiones públicas y privadas en horarios no marginales. Garantizar desconexiones. Dar cobertura estatal a las emisoras que dependen de los gobiernos autonómicos y que emiten en lenguas diferentes de la castellana.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

Propuestas para la República Catalana:
Ordenación del espacio radioeléctrico, en cuanto que autoridad competente, de acuerdo con las directivas establecidas por la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la Unión Europea.
• Concesión de licencias de emisión de las radios y televisiones que se otorgarán con criterios de veracidad informativa, pluralismo ideológico y corresponsabilitat social, así como culturales y lingüísticos, como por ejemplo el uso de las lenguas catalana y occitana, y la emisión de contenidos producidos a los Países Catalanes.
• Favorecer la implantación de medios privados y ajustar a la nueva legislación audiovisual los servicios de televisión digital de pago, independientemente de donde tengan la sede social operativa, para garantizar la oferta de contenidos de interés nacional y local.
• Dedicar más recursos a la producción de contenidos para consolidar una industria audiovisual potente, innovadora, pluricultural y plurilingüística a través de un Plan transversal de inversión en industrias creativas que implique la CCMA y el Instituto Catalán de las Empresas Culturales.
• Promover Cataluña como un centro de medios y servicios de comunicación mediterráneos y potenciar la Mobile World Capital como dinamizadora del negocio de contenidos audiovisuales.
Impulsar programas de alfabetización mediática para combatir la desinformación y porque los estudiantes de primaria y secundaria adquieran competencias en nuevos medios (new media) y adopten un rol de creadores y de consumidores críticos de nuevos medios.

Mientras tanto, medidas que presentaremos en el Congreso y Senado:
Conceder un nuevo multiplex para hacer efectiva la reciprocidad entre Tv3, À Punt y IB3 en Cataluña, en el País Valenciano y en las Islas Baleares, así como también en el resto del Estado.
• Apoyo a la creación de consejos reguladores del audiovisual en las autonomías, coordinados con el CAC, e impulso de un código de conducta de ámbito europeo para promover el comportamiento ético en internet y la protección del derecho de autor (copyright). Creación de un Observatorio de la comunicación que haga y coordine la búsqueda.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) debe recuperar el múltiplex que le fue retirado.
Promover la iniciativa Televisión sin fronteras que pretende garantizar la recepción directa de las emisiones de radio y televisión en catalán en los territorios con los cuales compartimos lengua, con el objetivo de promocionar y proteger los espacios de comunicación del catalán.
• La presencia del catalán en los medios de comunicación de alcance estatal, públicos y privados, es escasa o nula. El Gobierno español redujo el espacio de comunicación catalán y limitó las emisiones de Tv3 y Catalunya Ràdio sólo en Cataluña.
Potenciar la presencia del catalán a los medios de comunicación de alcance estatal.

 

4.– Medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro o del Tercer Sector

B) EN COMÚ PODEM

Fomentar y proteger el tercer sector de la comunicación. Los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro (el Tercer Sector de la comunicación) tienen una función insustituible en la libre expresión de los movimientos, entidades y asociaciones de la sociedad, en el amparo de la diversidad cultural y en la reflexión crítica. Por eso, es imprescindible impulsarlos y protegerlos, tal como recomiendan la UNESCO, el Consejo de Europa y otros organismos internacionales. Así, pues, haremos el posible por:
Revisar la gestión del espectro radioeléctrico para garantizar un reparto de recursos más equilibrado entre los tres sectores de la comunicación: el público, el comercial y el Tercer Sector. La revisión tiene que incluir la publicidad institucional y las ayudas públicas, como también la adjudicación de las licencias de explotación con criterios de imparcialidad, objetividad y transparencia.
● Ofrecer asesoramiento legal, fiscal, laboral y de financiación, y apoyar la creación de nuevos medios de comunicación bajo nuevas fórmulas empresariales o de gestión (cooperativas de periodistas o de usuarios y usuarias, medios sin ánimo de lucro, con financiación, vía micromecenazgo o donativos, etc.).
● Impulsar convenios de colaboración de los medios públicos con los del Tercer Sector para brindarles recursos y apoyo técnico sin comprometer la independencia.
● Crear dos canales en abierto en la TDT y en la radio con conexiones locales, gestionados en colaboración con los propios medios del Tercer Sector, como se hace en Alemania, Noruega y Finlandia, entre otros países.

 

5.– Libertad de prensa, libertad de información y transparencia

A) CIUDADANOS

II) Tolerancia cero en corrupción
Aprobaremos una Ley de Protección del Denunciante de Corrupción. Protegeremos a todas las personas que denuncien casos de corrupción u órdenes ilegales de sus superiores. Crearemos una Autoridad Independiente de Integridad Pública para erradicar la corrupción, fiscalizar a nuestros cargos públicos y garantizar que su actuación responde al interés general.

B) EN COMÚ PODEM

Derogar inmediatamente la Ley Mordaza. La Ley de seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, otorga potestad sancionadora al Ejecutivo y parece redactada como reacción a las protestas surgidas por la respuesta que el gobierno dio a la crisis económica, el movimiento 15M, las mareas, los sindicatos y otros. Una ley que pretende proteger el gobierno frente a las protestas y demandas de los movimientos sociales y que, a la vez, pretende reprimir el derecho de expresión y de manifestación de la ciudadanía. La Ley Mordaza pone en riesgo la libertad de información y la protesta pacífica, otorga más poder a las fuerzas de seguridad, limita las garantías de la ciudadanía para defender sus derechos y pone en riesgo los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

• Una justicia independiente garantía de los derechos y libertades para todo el mundo: Derogación de la Ley Mordaza.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

Reformas que legislativas recientes que hay que derogar: Entre otros, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Seguiremos aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana que garantiza el derecho de los españoles a una convivencia pacífica y apoya a la actuación legítima de las FCSE en defensa de las libertades.
Aprobaremos una nueva Ley de Protección de la Información Clasificada que sustituya la actual Ley de Secretos Oficiales y que incorpore las prácticas y estándares internacionales. Esta nueva regulación tendrá que estar adaptada a los adelantos en el tratamiento de la información.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

• Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad que sustituya la Ley Mordaza. Es posible más libertad con más seguridad.
(Incluido en el programa pero no a los «110 compromisos cono la España que quieres»)
Aprobar una nueva la Ley Integral de Protección de Testigos, Informadores y Denunciantes que supere las carencias materiales y personales de los sistemas de protección vigentes, reforzando la protección de los denunciantes de casos de corrupción, protegiéndolos de intimidaciones y represalias y preservando los datos de personales de las personas protegidas para evitar su publicidad o difusión. La Ley también introducirá las disposiciones de la directiva europea para la protección de los denunciantes, actualmente en tramitación.

 

6.– Precariedad laboral

B) EN COMÚ PODEM

Impulsar una ley que regule los derechos laborales de los y las periodistas. El colectivo de los y las periodistas está sometido a importantes condiciones de precariedad, las cuales se han agravado desde que se inició la crisis. Dotar de garantías laborales al sector permitiría que los y las periodistas pudieran ejercer plenamente su función social, aumentaría también la independencia y la capacidad de espíritu crítico. Por eso proponemos la creación de una ley que se debería centrar, principalmente, en:
● Dotar de garantías laborales a los y las profesionales en situación de desprotección de toda la cadena informativa: periodistas que cobran por pieza informativa, determinado tipo de corresponsal, becarios y becarias cuyo trabajo habría que regular, etc.
● Incorporar un Estatuto del Periodista profesional que proteja y dé garantías a los y las profesionales que trabajan en los medios de comunicación.
Derogar las reformas laborales de PP y PSOE por injustas e inútiles. Sustituir la normativa derogada por una ley que defina un sistema de relaciones laborales, garantista del derecho a un trabajo digno, en las siguientes materias: Igualdad al acceso a la ocupación, Relaciones Laborales, salarios, formación profesional, contratación, organización del trabajo, despido, negociación colectiva y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

• Una República con trabajo y salario dignos. Derogar las reformas laborales impulsadas por los gobiernos del PP y del PSOE. Devolver a la capacidad negociadora a los trabajadores, a la cultura laboral del diálogo, al respeto por los derechos adquiridos y a la la negociación colectiva.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

Modificar la reforma laboral del 2012. Hay que proceder a:
a) Establecer la primacía del convenio sectorial respecto al convenio de empresa en cuestiones claves cómo son los salarios o las horas extraordinarias. Se trata de contrarrestar aquellas subcontrataciones de servicios que tienen como única finalidad la reducción de salarios, sin más valor añadido.
b) Reforzar el papel de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de ocupación (ERE) para #promover el acuerdo entre las partes en condiciones adecuadas.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Profundizaremos los avances en flexibilidad del mercado de trabajo conseguidos con la reforma laboral de 2012. Especialmente, en aquello que se refiere a negociación colectiva, favoreciendo convenios colectivos adaptados a las necesidades reales del tejido productivo y plenamente actualizados a las necesidades de empresas y trabajadores.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Aprobaremos los cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI que se adapte a los cambios sociales, económicos y tecnológicos del mundo actual, y que compagine la com

(*) Para no generar confusión, conviene saber que el programa de En Comú Podem en Catalunya con el que presenta Podemos a nivel estatal ofrecen notorias diferencias, como mínimo en materia de derecho a la información, comunicación y periodismo. El programa de Podemos no incluye muchas de las propuestas que sí recoge En Comú Podem.

 

No son maneras de terminar el año

Estamos a finales de 2018 y desde el derecho a la información se han acumulado las malas noticias. Y en muchos ámbitos. Primero, empezamos por los Medios Públicos. En la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) se ha vivido un pasteleo entre cuatro grupos parlamentarios para repartirse las poltronas del Consejo de Gobierno de la CCMA. La sección sindical del SPC en TV3 lo ha tildado de «estafa a la ciudadanía» y ha mostrado la «decepción ante los incumplimientos de varios grupos parlamentarios, especialmente de quienes en épocas pasadas se habían comprometido con modelos de gestión democrática, no gubernamental y no partidista, de la radiotelevisión pública que tendría que ser de todos». También han hecho críticas contundentes el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el consejo profesional de TV3 y la sección sindical de CCOO en la cadena.

Lo preocupante de todo, pero, es como señala el SPC, que «no solo se trata del pacto por el reparto de puestos en el Consejo de Gobierno, donde por fuerza había que contar con la colaboración de otros grupos, sino de que este comportará la distribución privada y en cremallera, entre JxCat y ERC, de los principales cargos de la Corporación: directores de la tele y la radio y jefes de informativos respectivos, todos en manos de profesionales de confianza del Gobierno». Es decir, que a pesar de las buenas palabras de muchos, que defienden en privado la necesidad de mejorar las emisoras de la Generalitat, los medios públicos catalanes seguirán dependiendo del Ejecutivo. Esto es un paso más para quedarse en la cola, no solo de Europa en cuanto a democratización de los medios públicos, sino también del Estado español, especialmente si lo comparamos con RTVE.

¿Cerrar Canal Sur?

No se ha llegado al extremo que en Andalucía han lanzado los líderes de Vox, con el apoyo de dirigentes del PP, después de las elecciones del 2 de diciembre, de cerrar Canal Sur, propuesta que también ha recibido el rechazo de varios sectores profesionales. El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), recuerda que la RTV pública andaluza «hace 30 años que está dando voz a sectores y territorios andaluces que en otros medios no tienen cabida porque no dan audiencia o, simplemente, no son rentables económicamente». Hay que recordar que antes de estos comicios, el PP apoyó una nueva Ley Audiovisual en Andalucía que no preveía en ningún caso su cierre.

También en Canarias pintan bastos. La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), ante la negativa de Coalición Canaria, el PP y la Agrupación Socialista de Gomera a convocar un concurso público para su Consejo Rector, afirma que «los intereses de la televisión pública autonómica, una vez más, quedan a expensas de los intereses políticos». Y en las Islas Baleares, en IB3, lo que no avanza es que los trabajadores que hacen los espacios informativos sean contratados por la misma televisión pública en lugar de estar subrogados en una productora. Esta es una de las máximas reivindicaciones del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) que hace unos pocos días ratificó en un Congreso ante el poco interés mostrado hasta ahora por las diferentes formaciones políticas para afrontar esta cuestión. En este congreso, al que tuve el placer de asistir y que supone un feliz relanzamiento del SPIB, se eligió la periodista Maria Amengual como nueva secretaria general.

Todo esto hace que el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, se pregunte, en un artículo publicado en el digital encastillalamancha.es, «¿Cuando dejarán en paz a las radios y las televisiones públicas? Mientras los políticos sigan controlando a los medios de comunicación públicos, para manipularlos en su favor, estarán haciendo un grave daño a la democracia y al derecho a la información de la ciudadanía».

La Ley Mordaza, todavía

Todo y las prometidas de varios partidos en la última campaña electoral de modificarla e incluso derogarla, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza, sigue siendo donde era. Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, el Estado ha recaudado ya 270 millones de euros. Centenares de personas denunciadas y sancionadas por unas disposiciones jurídicas cuestionadas por la práctica totalidad de organismos internacionales de los derechos humanos, empezando por la misma Naciones Unidas. El último de ellos es Juan Carlos Mohr, fotoperiodista madrileño, multado con 2.000 euros por «desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse», según ha denunciado el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).

Con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se ha empezado a negociar entre partidos la modificación de algunos artículos de la polémica Ley pero en cada sesión de conversaciones parece que se desvanece la posibilidad de cambios substanciales. Está todavía en su proceso de tramitación y habrá que ver como queda finalmente pero algunos detalles que se van conociendo no invitan al optimismo. Por ejemplo, fotografiar agentes de policía parece ser que seguirá siendo perseguible, cosa que contradice la necesidad de respetar el derecho a la información. Una ley que nació de reacción del establishment a la movilización del 15-M parece que el nuevo establishment quiere seguir utilizándola casi en todos sus preceptos represivos.

Cierre de webs sin orden judicial

El artículo 20.5 de la Constitución española dice textualmente: «Solo se podrá acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.» Ahora parece que esto cambiará gracias a un pacto político entre PP, PSOE y Ciudadanos que se ha formulado a través de una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Estas tres formaciones se han puesto de acuerdo para aprobar en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una reforma de la LPI por la que se permite el cierre de páginas webs por parte de una comisión vinculada al Gobierno sin participación judicial. Estos días, la ley está en trámite en el Senado.

Varias organizaciones, –entre las cuales hay la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Facua-Consumidores en Acción, Asociación de Internautas, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Asociación Española de Startups– han emitido un comunicado en el cual rechazan esta enmienda «porque afecta un derecho fundamental cómo es la libertad de expresión» y también va en contra del citado artículo 20.5 de la Constitución.

Agresiones a periodistas

Este 2018 también ha sido un año difícil a la hora de cubrir acontecimientos en la vía pública. En Catalunya, no solo pero sí principalmente, en actas relacionados con el que se conoce como El Procés. Ha habido muchos problemas para los profesionales de varios medios, especialmente fotoperiodistas. El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha hecho una buena recopilación al portal media.cat. El último incidente lo sufrió el fotoperiodista Albert Salamé, en la manifestación en Girona del pasado 6 de diciembre, en el curso de un acto convocado por Vox que recibió la réplica de colectivos antifascistas de la ciudad.

Un papel especial es el de la extrema derecha –a veces en forma de agentes de policía de paisano y fuera de servicio– donde la impunidad de sus acciones es muy considerable. Los periodistas Jordi Borràs y Xavier Rius Sant lo pueden documentar muy bien. Pero también ha habido incidentes en otros puntos del Estado. En Andalucía son frecuentes las quejas por los problemas que las autoridades ponen para cubrir la actualidad vinculada a la llegada de personas inmigradas.

Y, finalmente, en Francia. En el marco de las movilizaciones de los chalecos amarillos, también habido dificultades para los profesionales de la información. A las manifestaciones del pasado 8 de diciembre muchos periodistas fueron encañonados y heridos por la policía, según la crónica de Libération. Los cuatro sindicatos de periodistas franceses emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que «es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un estado de derecho, que los poderes públicos no garanticen la libertad de informar» y han pedido ser recibidos por el presidente de la República, Emmanuel Macron.

Y eso sin olvidar a los compañeros y compañeras que este 2018 han perdido la vida simplemente por hacer su trabajo de periodista, crímenes que, como ha denunciado la FIP, nueve de cada diez quedan sin resolver.

Seguiremos…

Pero solo terminar de escribir este post y publicarlo, ha estallado el último episodio: La irrupción de la Policía Nacional en dos medios baleares para incautarse de varios equipos en el marco de una operación contra la corrupción. La protección de las fuentes es un derecho esencial de los profesionales de la información en una sociedad democrática, algo que parece que algunos ignoran en la piel de toro… Y todavía quedan 20 días de 2018!