Archivo de la categoría: Catalunya

La reválida de septiembre

Escribo este artículo a finales del verano. Con muchas expectativas por lo que pueda pasar en otoño. En varios ámbitos de la vida pública. En este espacio, ya lo saben los que tienen la generosidad de leerme, se habla de información, de comunicación, de periodismo. Entre las asignaturas pendientes de siempre, me temo que en septiembre habrá que seguir repitiendo curso en la mayoría de ellas.

Pero hay una que todavía se podría aprobar. Es la reforma y democratización de los medios públicos dependientes de la Generalitat. Es decir, Tv3 y Catalunya Ràdio. ¿Han estudiado lo suficiente los que tienen que aprobar esta materia? Hablamos de los dos partidos del Gobierno de Catalunya, ERC y Junts per Catalunya, de si han aprovechado el verano para hacer los deberes.

El comité de empresa de TV3 y la sección sindical del SPC en TV3 denunciaban a lfinales del mes de julio que «los partidos del gobierno catalán tienen acuerdos privados para repartirse TV3 y Catalunya Ràdio», según el comunicado del comité. El SPC, a su vez, se quejaba que «no puede ser que sea un secreto a voces que los partidos del Gobierno mercadean con unos medios que son de toda la ciudadanía, que es la que los financia».

En julio trascendieron algunas informaciones –no desmentidas por ningún miembro del Gobierno– que los dos partidos del Ejecutivo se estaban repartiendo los cargos de TV3 y de Catalunya Ràdio cómo si fuera un departamento más de la Generalitat. Los trabajadores de los medios reaccionaron para denunciarlo y pedir explicaciones.

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se dirige desde un Consejo de Gobierno donde sus miembros tienen el mandato caducado desde el pasado mes de marzo. Los intereses políticos que hay detrás han hecho que hasta ahora no haya prosperado ningún acuerdo para renovarlo. Incluso está en cuestión el sistema de votación, a pesar de que el Parlament aprobó hacerlo por mayoría cualificada.

No sé si será un exceso de ingenuidad por mi parte esperar que este verano los que tienen que aprobar la asignatura de la democratización de los medios públicos –en otros lugares del Estado español han puesto las bases para hacerlo– habrán estudiado lo suficiente como hacerlo. Pero viendo el cambio de rumbo en RTVE o en otras radiotelevisiones autonómicas, el Gobierno catalán no puede permitir que los medios de la CCMA queden casi a la cola de España cuando en algunos momentos habían sido líderes. En septiembre haría falta un nuevo rumbo para TV3 y Catalunya Ràdio. ¿O tendremos que volver a repetir curso?

Artículo publicado en el número 10 de la revista ‘Utopía’ –revista de las comarcas de la Selva Marítima y el Alto Maresme– en la edición de este mes de septiembre.

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La oportunidad de Ernest Maragall

Hace unas semanas tuve el placer de asistir a la entrega del Premio Ernest Udina a la Trayectoria Europeísta a la amiga y compañera Griselda Pastor. El galardón, que este año ha llegado a la decimotercera edición, lo da la Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) y el acto se llevó a cabo en la sede de las instituciones comunitarias en Barcelona. Griselda Pastor es desde hace unos veinte años la corresponsal de la Cadena Estar en Bruselas, donde ha destacado por su capacidad para explicar en el muy poco tiempo que te da la radio la complejidad de la actualidad comunitaria.

El acto contó con la presencia, entre otras personalidades, del consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall. En su discurso de clausura, el consejero destacó el retroceso en la libertad de información que hay en España refiriéndose a los episodios que en los últimos meses se han vivido en Cataluña y España que así lo evidencian. Aprovechando la naturaleza europea de la ceremonia, expresó su inquietud por la inacción de la Administración comunitaria al permitir esta situación.

Sobre el retroceso de la libertad de información en Cataluña y en España, en este espacio hemos escrito más de una vez. De todas maneras, si el consejero Maragall está preocupado por esta situación, tiene en su mano corregirlo, al menos en Cataluña.

Lo único que tiene que hacer es convencer al presidente del Gobierno del que forma parte, Quim Torra, y al conjunto del Ejecutivo catalán, de desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto de Catalunya, aquel estatuto que se impulsó cuando su hermano Pasqual era el presidente de la Generalitat. Este artículo 52 establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

Varias organizaciones de periodistas y también de la ciudadanía hace tiempo que lo reclaman. Hasta ahora, ninguno de los gobiernos que ha habido en la Generalitat han mostrado la sensibilidad necesaria por hacerlo. Los grupos parlamentarios tampoco han sabido generar los consensos suficientes entre ellos para impulsar la normativa.

Hay que celebrar que el consejero Ernest Maragall haya llegado a la conclusión a la que muchos ya hemos llegado desde hace tiempo: el déficit democrático que supone que la ciudadanía no pueda disfrutar de una libertad de información al nivel de países que hace tiempos que han aprobado regulaciones de este derecho humano esencial, como es el de información y comunicación. Pero, consejero, usted tiene ahora la oportunidad de cambiarlo en Catalunya, consiga que el Gobierno del que usted forma parte desarrolle legislativamente el artículo 52 del Estatuto.

Artículo publicado en el número 9 de la revista ‘Utopía’ –revista de la Selva Marítima y el Alto Maresme– en la edición de este mes de julio

La lacra del acoso en las redes sociales, especialmente a mujeres y a ‘freelance’

El Instituto Internacional de Prensa (IPI, en sus siglas en inglés) ha impulsado un proyecto para evaluar la situación del acoso a periodistas en las redes sociales, especialmente mujeres, y también especialmente, freelance. Este estudio se desarrollará en seis países europeos, España, Finlandia, Reino Unido, Polonia, Alemania y Holanda. De todas maneras, finalmente podría haber algún cambio porque no se descarta que se haga también en Serbia o Eslovaquia dados los problemas que se han detectado últimamente para los profesionales de la información en estos países.

El proyecto tiene por nombre On the line y su objetivo es encontrar qué herramientas pueden ser efectivas para prevenir o limitar los efectos del acoso en las redes. El trabajo consistirá en visitas y entrevistas en profundidad a medios y periodistas de los países seleccionados. Además, el IPI también organizará sesiones de focus group con mujeres periodistas y profesionales independientes para recopilar datos adicionales sobre los mecanismos adoptados o su ausencia.

Esta última semana han empezado la primera de las visitas, que ha sido en España. Del 23 al 25 estuvieron en Madrid y el 26 y 27 en Barcelona. La coordinación de esta misión del IPI en Madrid y Barcelona la ha hecho la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). En la capital catalana, se han ocupado del focus group el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) –que a través de la Federación de Sindicatos de Periodistas es una de las entidades fundadoras de la PDLI– y el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ha cedido el espacio donde realizarlo.

Como disuadir al acosador
Cómo explica la PDLI, «entre otras muchas cuestiones, se analizarán qué medidas se pueden tomar para disuadir los posibles assetjadors de participar en los foros de comentarios de los medios digitales sin sacrificar la libre expresión o qué pasos tiene que dar lo/la periodista frente al abuso en redes sociales.» Con las mejores prácticas, el IPI creará una plataforma de recursos de ámbito europeo para compartir las soluciones más eficaces, de forma que puedan ser adoptadas por otros medios. Las recomendaciones estarán dirigidas tanto a medios de comunicación como a periodistas freelance.

En Barcelona la sesión del focus group se hizo el viernes 27 de abril y participaron las periodistas Mercè Molist (periodista freelance), Susana Pérez (profesora en la URL y periodista freelance), Victòria Miró (redactora de Tecnología en TV3) y Michele Catanzaro (especialista en Ciencia en El Periódico). El conductor de la conversación fue el consultor del IPI que dirige el trabajo, Javier Luque. Pude asistir al encuentro, que fue de gran interés.

Todos los participantes aportaron sus experiencias en las redes y su conocimiento en la materia a raíz de su tarea periodística en este ámbito. Más allá de las historias particulares, lo más relevante son las consecuencias que el acoso comporta y las soluciones para superarlo y, sobre todo, evitar los ataques. Más allá de los efectos más personales en angustia, inquietud e incluso miedo, destacan los cambios en los hábitos de comunicación. También en el comportamiento en las redes sociales, que se traduce a menudo en autocensura.

Otro aspecto a tener en cuenta es la soledad en que a veces se tienen que afrontar estas situaciones. En este sentido se destacó que está organizado y encontrar el apoyo de las asociaciones a las cuales la persona afectada puede pertenecer podría ser una ayuda. Una cuestión que a menudo contribuye a facilitar la tarea de la assetjador es el poco conocimiento que en general los periodistas tienen de las herramientas informáticas para proteger sus equipos y sus comunicaciones. En este aspecto dar formación a los profesionales sobre estas cuestiones sería de gran utilidad así como algún tipo de manual de instrucciones sobre como gestionar estas situaciones.

El agravante de ser mujer
Luque aportó un vídeo hecho por el IPI sobre mensajes reales que las mujeres periodistas acosadas en las redes han recibido en sus móviles u otros equipos tecnológicos en los últimos tiempos. Son de una brutalidad escalofriante, con amenazas gravísimas y los peores insultos que se puedan imaginar. Luque recordó el caso de Selin Girit, periodista turca corresponsal de la BBC que, a raíz de una campaña impulsada por el propio alcalde de Ankara, fue objeto de una fortíssima campaña en las redes sociales que duró semanas y que suponían que cada minuto tenía en su teléfono cinco amenazas de muerte o de violación. Girit había informado de las protestas ciudadanas contra el régimen turco y la respuesta del alcalde de Ankara, Ibrahim Melih Gokcek, fue acusarla de espía británica. Los hechos se remontan al mes de junio del 2013.

El caso es que según las experiencias recogidas, los ataques en las redes contra periodistas son de distinta naturaleza en función de si se es hombre o mujer. Las mujeres reciben principalmente insultos de carácter sexual, amenazas de violación, de muerto, de ataques a su familia… En el caso de los hombres las agresiones digitales buscan básicamente la desacreditación profesional. La soledad de la cual hablaba antes también tiene más efecto si las personas afectadas trabajan a la pieza, es decir, son freelance. Cuanta menor es la vinculación con el medio o medios con los que se trabaja, más difícil es que les arrope. Por eso, en estos casos, pertenecer a una organización profesional puede ayudar en este aspecto.

No le digas «’troll’», dile «acosador».
Por la tarea que el IPI –y también otras organizaciones, como la OSCE– ha hecho sobre estas cuestiones, Luque reclama un cambio de terminología «que diga las cosas por su nombre». Así, no se debería hablar de «trolls», sino de «agresores digitales». Explica que «troll» es un término que se ha popularizado «y a veces cae bien decirle a alguien que lo es. Es una expresión que mola». En inglés «se utiliza on line abusers, es decir, agresores o acosadores digitales». También defiende que no se hable de «víctimas», sino «de objetivos» o, según el término en inglés, «targets». Decir «víctima» puede culpabilitzar a la persona afectada y no tendría que ser así.

La previsión del IPI es haber realizadp a finales de septiembre las visitas en todos los países que forman parte del proyecto y haberlo terminado del todo a finales de año. En las próximas semanas, Luque redactará el informe relativo a su visita a España.

Una nueva etapa

De izquierda a derecha, Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny, los tres presidentes que ha tenido el SPC antes que yo. Foto: TAV

El sábado 14 de abril se celebró el VIII Congreso del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). Entre las cuestiones que decidió hay una que me afecta personalmente porque me eligieron como nuevo presidente de la organización. Para mí es un reto importante, no tanto por el volumen de trabajo a realizar, que de esto ya iba sobrado, sino por la responsabilidad y por lo que significa de confianza de los compañeros y compañeras hacia mí. Sólo aspiro que de aquí a cuatro años haberme hecho merecedor de ella.

En primer lugar quiero agradecer a las personas que han aceptado acompañarme y que conjuntamente haremos equipo para tirar adelante este proyecto, que encaramos con ilusión y ganas de contribuir a la mejora global de la profesión. Una lista con gente joven, especialmente mujeres, signo de una necesaria renovación. Luchar contra la precariedad laboral y, en especial, la que afecta a los periodistas a la pieza y freelance; y conseguir de una vez por todas la regulación de la profesión para tener las herramientas suficientes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad son los ejes principales. Pero no los únicos.

Lograr estos retos no es una cuestión que implique sólo al sindicato. Desde el año pasado, el SPC ha impulsado una unidad de acción con otras organizaciones del sector, como la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Som Atents y Solidaritat i Comunicació (SiCom) y más que quieran añadirse a trabajar conjuntamente. Se han tirado adelante varias iniciativas, algunas de las cuales han culminado en la aprobación en la Asamblea Abierta de Periodistas del pasado 11 de noviembre del manifiesto «15 acciones para un periodismo digno», que el Congreso del SPC asumió. También lo hizo con las reivindicaciones de las mujeres periodistas planteadas el pasado 8 de marzo.

Las acciones necesarias para hacer un periodismo digno dependen de diferentes administraciones e instituciones. Exigir que sus gestores impulsen los cambios que se derivan implica al conjunto del sector. Cada vez somos más pidiéndolo. Pero todavía debemos ser muchos más. Los poderes que se oponen a nuestras reivindicaciones son fuertes y poderosos. Y por lo tanto, nuestras organizaciones también deben serlo. Todas. Y el SPC también. Debemos tener muchos más compañeros y compañeras afiliadas al sindicato para tener la fuerza suficiente, conjuntamente con el resto de entidades, para conseguir la protección social de los colaboradores y colaboradoras, el desarrollo del artículo 52 del Estatuto para regular en Catalunya el derecho a la información de la ciudadanía de manera similar a cómo lo está a muchos países de todo el mundo. Para disponer de unos medios públicos despartidizados al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos de turno. Para que las prácticas de los estudiantes no se conviertan en un abuso laboral. Para que el conjunto de los medios de comunicación no estén al servicio de intereses políticos, económicos y empresariales espurios como pasa actualmente en una gran mayoría de empresas informativas. Para que se retiren las leyes mordaza que encarcelan quién dice cosas que no gustan a quienes mandan, y para que los y las fotoperiodistes puedan trabajar sin la amenaza de recibir garrotazos impunemente. El reconocimiento efectivo del Tercer Sector de la comunicación, que trabajar en un medio sin ánimo de lucro no significa que la gente que los produce no tenga que vivir de ellos. Y así hasta las quince acciones de las que hablaba más arriba.

Para mí ser presidente del SPC lo vivo como una oportunidad de devolver a la profesión muchas cosas que me ha dado. He aprendido mucho de compañeros y compañeras, tanto en los medios donde he trabajado cómo de los que lo hacían en otras empresas y hemos coincidido más o menos a menudo en el ejercicio de nuestra tarea profesional. También con todo el mundo con quien he compartido activismo en el sector. A todos ellos y ellas les pido ahora que me ayuden –que nos ayuden– a revertir la difícil situación en que está hoy el periodismo en Catalunya y en España. No es que afuera todo sea música celestial, pero al menos en muchos lugares tienen herramientas de las que nosotros no disponemos, la regulación laboral del periodismo y la del derecho a la información. Y en este contexto la ayuda para lograr estos retos sería su afiliación al sindicato. Nos permitirá a todos juntos ser más fuertes.

No quiero acabar este artículo sin agradecer a mis predecesores lo que he aprendido con ellos. Han presidido el sindicato Enric Bastardes (1993-2001), Dardo Gómez (2001-2009) y Ramon Espuny (2009-2018). Con la ayuda de todo el mundo que ha pasado por las juntas ejecutivas que han liderado han convertido el sindicato en uno de los referentes de la profesión. Ahora todo es muy distinto de cómo lo era cuando constituimos el sindicato hace 25 años. Las nuevas tecnologías, los nuevos usos informativos de la sociedad, la crisis de la prensa en papel, el descrédito de la profesión, la crisis…, han cambiado el sector de pies a cabeza. Seguramente hay que modernizar estrategias y maneras de trabajar, pero el SPC sigue siendo una herramienta útil. Un sindicato no es más que una asociación de personas que se agrupan para defender sus intereses comunes. Y esto es lo que somos y lo que hacemos. Si el SPC no existiera, habría que inventarlo. En cualquier caso, compañeros y compañeras, estoy a vuestra disposición.

El 8-M y el derecho a la información

Mañana es 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Se ha convocado una huelga feminista para denunciar las desigualdades y las violencias de que son objeto las mujeres en el mundo actual. ¿Y que tiene que ver esto con el Derecho a la Información de la Ciudadanía, que es de lo que se ocupa este blog? Mucho. Las periodistas han hecho público un manifiesto titulado «Las periodistas paramos» que ha sido elaborado por una plataforma de mujeres periodistas de todo el Estado. En este escrito denuncian cuestiones que sufren las mujeres, también las informadoras, como la brecha salarial, el techo de cristal, la precariedad laboral y el acoso sexual y laboral. Según datos de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), cerca del 22% de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación en todo el mundo han sufrido actos de violencia física en el trabajo. El 48% han sufrido acoso sexual y el 65% de trabajadoras de medios de comunicación han sido intimidadas, amenazadas o han sufrido abusos en el trabajo.

Pero más allá de esto, en el punto 7 del citado manifiesto se denuncia «la mirada parcial» que hay en los medios de comunicación y se muestra la preocupación por estos enfoques. En el escrito se afirma que «todas estas diferencias que sufrimos las periodistas tienen consecuencias también en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación. La visión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres que, a menudo, son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista, que en muchas ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios e informativos son decididas por hombres.». Es decir, los contenidos de los medios no reflejan la realidad de la sociedad actual porque no da a las mujeres el protagonismo que realmente tienen.

En el punto 6 se afirma que «los espacios de opinión y las tertulias están masculinizados. Hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar esos espacios.». Este es un hecho que la página web #onsonlesdones viene denunciando de hace tiempo. Recoge como los medios de comunicación en Catalunya distribuyen entre hombres y mujeres sus espacios de opinión. Algunos van corrigiendo poco a poco su mirada, pero la mayoría sigue respondiendo a lo que se critica en este manifiesto. En el primer estudio global que este observatorio hizo, en verano del año pasado, se constata que «el 77% de los artículos de opinión publicados en los cuatro rotativos de alcance catalán están firmados por hombres. Que los medios digitales más leídos encargan también a hombres más del 70% de las opiniones que publican. Que en las tertulias de la radio pública hay entre 6 y 7 opinadores hombres de cada diez personas opinando, y que en la radio privada los tertulianos hombres son tres de cada cuatro. Que en las tertulias de actualidad de la televisión pública, donde las mujeres son más visibles –en todos los sentidos– no ha habido ningún mes donde se de la mitad exacta de hombres y de mujeres en un debate, y que en las televisiones privadas las mujeres no pasan, habitualmente, de ocupar una cuarta parte de la mesa.»

Esto coincide también con el pentadecálogo aprobado en la Asamblea Abierta de Periodistas que se celebró el pasado 11 de noviembre, convocada por varias organizaciones del mundo periodístico, en el que, entre otras cosas se reivindica «la representación equilibrada de mujeres y hombres a las informaciones de los medios, haciendo uso del Buscador de Expertas u otras herramientas que faciliten el acceso a fuentes diversas de mujeres, pero también de colectivos infrarepresentados.» También se reclama «incorporar no sólo en la formación inicial en periodismo en las universidades, sino también a lo largo del ejercicio profesional, formación en perspectiva de género».

Por lo tanto, mientras los medios de comunicación no reflejen una realidad ni aporten una visión global del mundo de manera equilibrada entre hombres y mujeres, el derecho a la información de la ciudadanía a una información de calidad, veraz y plural no se ve respetado. Este 8 de Marzo podría servir de punto de inflexión.

‘La Casa de la Premsa’

Se acaba de constituir la Associació Casa de la Premsa, impulsada por varias entidades vecinales y del mundo del periodismo y la información. ¿Qué es la Casa de la Premsa? Es un edificio situado en el barrio del Poble Sec de Barcelona, a la avenida de Ríos y Taulet, cerca de las Fuentes de Montjuic. Fue construido en 1926 para acoger a los periodistas de fuera de Barcelona que visitaron la ciudad para cubrir la Exposición Universal del año 1929. Disponía de teléfono, telégrafo, correos, una sala de actos, dormitorios, cafetería y oficinas administrativas que facilitaron el trabajo de los 1.600 profesionales que pasaron por el certamen. Uno de los usos que se previeron para el inmueble una vez finalizada la Exposición era para destinarlo a los periodistas.

Pero no fue así y tuvo otros destinos como, por ejemplo, el de sede de la Guardia Urbana de Barcelona, hasta que su estado forzó a dejarlo sin actividad cotidiana. De todas maneras, su precario estado no afecta a su estructura, sólo se necesita una tarea de rehabilitación interna. Teniendo en cuenta su condición de espacio recuperable se pusieron en marcha proyectos para reclamar al Ayuntamiento una intervención arquitectónica y dotarlo de contenido social.

Por un lado, los vecinos del Poble Sec, lo reclamaban para hacer equipamientos de barrio que consideraban imprescindibles para la zona y que hasta ahora son inexistentes. Por otro lado, desde varias entidades periodísticas se pedía que la Casa de la Prensa se destinara a usos vinculados con el periodismo.

Dado que el periodismo sólo se puede entender como un trabajo al servicio de la ciudadanía y que el derecho a la información es un derecho humano esencial, la alianza no podía tardar. Y así fue. Vecinos y periodistas unidos para reivindicar un proyecto que –al margen de su papel como equipamiento de barrio– quiere ser un lugar donde unos y otros reivindican el vínculo entre periodismo y ciudadanía, como un espacio de agitación para que la información vuelva a quien realmente pertenece, a la sociedad.

Todo este proceso ha culminado en lo que decía al inicio, la creación de la Associació Casa de la Premsa. Cómo explican en su blog, es «una nueva entidad fundada por 21 personas que representan entidades vecinales del Poble Sec y organizaciones profesionales del mundo del periodismo. Juntas se proponen trabajar para el desarrollo social del barrio y para promover un consumo crítico de los medios de comunicación.» Entre las asociaciones vecinales que forman parte de ella hay la Coordinadora de entidades del Poble Sec, la Unión de Vecinos, la Coordinadora de jubilados y pensionistas, el Colectivo de artistas, la asociación de coleccionistas, la Fundación Sant Pere Claver, el Cerhisec, los Amigos de Santa Madrona, el Consejo de cultura popular, Susoespai, el grupo de arquitectos, Radiactivos y las parroquias del barrio.

Las organizaciones del mundo del periodismo son la Fundació Periodisme Plural, el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Som Atents y Solidaritat i Comunicació (SiCom). Conviene añadir que la constitución de la nueva asociación se produce pocos días después que el Ayuntamiento de Barcelona haya convocado el concurso público para elegir el despacho de arquitectos que se ocupe de la rehabilitación arquitectónica del edificio.

A pesar de su deteriorado estado actual en gran parte del edificio, la Casa de la Premsa permite de momento la utilización de alguno de sus espacios, y así, tanto vecinos como periodistas, lo hemos utilizado para diferentes actos. Uno de los más destacados fue el 6 de mayo del año pasado la celebración por parte de varias entidades del sector del día 1 y 3 mayo –Día Internacional del Trabajo y Día Mundial de la Libertad de Prensa respectivamente–, dos fechas que los periodistas conmemoramos juntas porque son las dos caras de la misma moneda: un informador precario no puede hacer su trabajo con la independencia y libertad suficientes.

Este es un modelo que se debería extender por todo el país. La alianza entre periodismo y ciudadanía para reivindicar un derecho democrático básico cómo es la información del que se han apoderado los medios de comunicación. En cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad de Cataluña, de España, de…, debería haber una Casa de la Premsa.

Cuando Europa y Latinoamérica marcan el camino

Estos días de fiestas he prácticamente terminado de leer un libro que había empezado hace ya un cierto tiempo, Medios Democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación (Ediciones Akal, 2016), del que es autor el periodista Pascual Serrano. Repasa las regulaciones de la comunicación que se han hecho en varios países de América Latina en el marco de los diferentes procesos políticos que en ellos se habían vivido. Son muy interesantes los planteamientos que se hacen. Al mismo tiempo me llegan noticias de dinámicas impulsadas en otros continentes en relación al derecho a la información que, sin prisas pero sin pausas, –según se decía en antiguas y obsoletas etapas de transición– van avanzando y consolidándose. Concretamente me refiero a Europa y, más concretamente, al Reino Unido.

Y, además, esto coincide cuando faltan pocos días –el próximo 17 de enero– para que se constituya el Parlament de Catalunya surgido de las elecciones del pasado 21 de diciembre. Si en algo Catalunya –y la España de la que una parte importante de Catalunya se quiere desligar– está muy atrasada, es en la defensa del derecho a la información de la ciudadanía como un derecho humano esencial en una sociedad democrática. Si la nueva Cámara catalana y el presidente –y su Gobierno– que posteriormente sea elegido quieren ponerse al día, tienen en el libro de Pascual Serrano y en el Reino Unido ejemplos a los que seguir.

En su análisis, Serrano parte del hecho que en América Latina «los nuevos líderes progresistas que fueron llegando a los gobiernos con el apoyo de sus ciudadanos descubrieron dos cosas: el tremendo poder y hostilidad de los medios privados y la ausencia de medios públicos que pudieran compensar con cierto rigor y ecuanimidad el impresionante papel político de oposición que lideraban las empresas privadas de comunicación». Cita al ex relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, que lo fue entre 2008 y 2014, quién recordó que la libertad de expresión «es un derecho universal, un derecho de todos, y no sólo de las grandes corporaciones de los media. Es un derecho de la sociedad a estar bien informada, es una cuestión de justicia y de ciudadanía vinculada directamente a la diversidad de los medios. Por eso, el monopolio de comunicación está contra, justamente, la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la ciudadanía». En relación a la América Latina, La Rue destaca que «hay un fenómeno histórico común porque toda la estructura de comunicación social fue pensada únicamente desde la óptica comercial. Y la comunicación es mucho más que esto, es un servicio público. No hay problema que también sea negocio, nadie está en contra de eso, pero debe prevalecer el espíritu de servicio a la colectividad, hecho con calidad e independencia, de forma honesta y objetiva». A partir de aquí estudia cómo han afrontado esta cuestión países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile… Leed a Serrano, no os arrepentiréis…

Desde Europa, desde el Reino Unido, nos llega como paso a paso se ha ido consolidando la regulación impulsada a raíz de los abusos y del espionaje de los medios del grupo Murdoch. De todos modos, decir que «nos llega» –sea de Europa, de América Latina o de donde sea– no deja de ser un cierto eufemismo. Los cambios en materia de derecho a la información de la ciudadanía que hay en muchos lugares del mundo son reiteradamente ignorados y silenciados por la prensa española y catalana, a no ser que sea con referencias hostiles y manipuladas.

El periodista Dardo Gómez –ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y expresidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)– en un artículo en la Revista El Observador afirma que «la regulación en la prensa británica avanza». Gómez apunta que «Los grandes grupos de prensa y las organizaciones profesionalistas ocultan los progresos que se hacen en otros países para garantizar a la ciudadanía su derecho a saber y a que los medios no los cuelen bulos vendidos como información». Así, añade, que «sólo por obsecuencia profesional, algunos nos hemos enterado que el último 14 de noviembre se celebraron en la Universidad de Westminster, los primeros cinco años de vigencia del sistema regulador de la prensa británica basado en las recomendaciones del Informe Leveson» del que ya he hablado en otras ocasiones. Para entender lo que ha pasado en este país hay que conocer la organización Hacked Off, la que consiguió que más de 175.000 ciudadanos británicos reclamaran una regulación que acabara con los abusos de algunos medios de comunicación. Obviamente, estos, con el grupo Murdoch al frente pero con los diarios The Telegraph, Mirror y algunos de regionales apoyándole, han planteado –y plantean– todas las batallas posibles para pararlo pero hasta ahora las han perdido todas. Se pregunta Gómez «¿por que se os ocurre que los grandes medios españoles ni las organizaciones profesionalistas no nos cuentan nada de todo esto?»

La respuesta es clara: Porque no quieren que en España y Catalunya aprendamos de este ejemplo y pretendamos seguirlo. En Catalunya, el artículo 52 del Estatuto establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se estrenará la XII Legislatura. ¿Será la definitiva para que Catalunya inicie el camino para aproximarse a los referentes democráticos más próximos?