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No son maneras de terminar el año

Estamos a finales de 2018 y desde el derecho a la información se han acumulado las malas noticias. Y en muchos ámbitos. Primero, empezamos por los Medios Públicos. En la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) se ha vivido un pasteleo entre cuatro grupos parlamentarios para repartirse las poltronas del Consejo de Gobierno de la CCMA. La sección sindical del SPC en TV3 lo ha tildado de «estafa a la ciudadanía» y ha mostrado la «decepción ante los incumplimientos de varios grupos parlamentarios, especialmente de quienes en épocas pasadas se habían comprometido con modelos de gestión democrática, no gubernamental y no partidista, de la radiotelevisión pública que tendría que ser de todos». También han hecho críticas contundentes el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el consejo profesional de TV3 y la sección sindical de CCOO en la cadena.

Lo preocupante de todo, pero, es como señala el SPC, que «no solo se trata del pacto por el reparto de puestos en el Consejo de Gobierno, donde por fuerza había que contar con la colaboración de otros grupos, sino de que este comportará la distribución privada y en cremallera, entre JxCat y ERC, de los principales cargos de la Corporación: directores de la tele y la radio y jefes de informativos respectivos, todos en manos de profesionales de confianza del Gobierno». Es decir, que a pesar de las buenas palabras de muchos, que defienden en privado la necesidad de mejorar las emisoras de la Generalitat, los medios públicos catalanes seguirán dependiendo del Ejecutivo. Esto es un paso más para quedarse en la cola, no solo de Europa en cuanto a democratización de los medios públicos, sino también del Estado español, especialmente si lo comparamos con RTVE.

¿Cerrar Canal Sur?

No se ha llegado al extremo que en Andalucía han lanzado los líderes de Vox, con el apoyo de dirigentes del PP, después de las elecciones del 2 de diciembre, de cerrar Canal Sur, propuesta que también ha recibido el rechazo de varios sectores profesionales. El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), recuerda que la RTV pública andaluza «hace 30 años que está dando voz a sectores y territorios andaluces que en otros medios no tienen cabida porque no dan audiencia o, simplemente, no son rentables económicamente». Hay que recordar que antes de estos comicios, el PP apoyó una nueva Ley Audiovisual en Andalucía que no preveía en ningún caso su cierre.

También en Canarias pintan bastos. La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), ante la negativa de Coalición Canaria, el PP y la Agrupación Socialista de Gomera a convocar un concurso público para su Consejo Rector, afirma que «los intereses de la televisión pública autonómica, una vez más, quedan a expensas de los intereses políticos». Y en las Islas Baleares, en IB3, lo que no avanza es que los trabajadores que hacen los espacios informativos sean contratados por la misma televisión pública en lugar de estar subrogados en una productora. Esta es una de las máximas reivindicaciones del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) que hace unos pocos días ratificó en un Congreso ante el poco interés mostrado hasta ahora por las diferentes formaciones políticas para afrontar esta cuestión. En este congreso, al que tuve el placer de asistir y que supone un feliz relanzamiento del SPIB, se eligió la periodista Maria Amengual como nueva secretaria general.

Todo esto hace que el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, se pregunte, en un artículo publicado en el digital encastillalamancha.es, «¿Cuando dejarán en paz a las radios y las televisiones públicas? Mientras los políticos sigan controlando a los medios de comunicación públicos, para manipularlos en su favor, estarán haciendo un grave daño a la democracia y al derecho a la información de la ciudadanía».

La Ley Mordaza, todavía

Todo y las prometidas de varios partidos en la última campaña electoral de modificarla e incluso derogarla, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza, sigue siendo donde era. Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, el Estado ha recaudado ya 270 millones de euros. Centenares de personas denunciadas y sancionadas por unas disposiciones jurídicas cuestionadas por la práctica totalidad de organismos internacionales de los derechos humanos, empezando por la misma Naciones Unidas. El último de ellos es Juan Carlos Mohr, fotoperiodista madrileño, multado con 2.000 euros por «desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse», según ha denunciado el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).

Con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se ha empezado a negociar entre partidos la modificación de algunos artículos de la polémica Ley pero en cada sesión de conversaciones parece que se desvanece la posibilidad de cambios substanciales. Está todavía en su proceso de tramitación y habrá que ver como queda finalmente pero algunos detalles que se van conociendo no invitan al optimismo. Por ejemplo, fotografiar agentes de policía parece ser que seguirá siendo perseguible, cosa que contradice la necesidad de respetar el derecho a la información. Una ley que nació de reacción del establishment a la movilización del 15-M parece que el nuevo establishment quiere seguir utilizándola casi en todos sus preceptos represivos.

Cierre de webs sin orden judicial

El artículo 20.5 de la Constitución española dice textualmente: «Solo se podrá acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.» Ahora parece que esto cambiará gracias a un pacto político entre PP, PSOE y Ciudadanos que se ha formulado a través de una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Estas tres formaciones se han puesto de acuerdo para aprobar en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una reforma de la LPI por la que se permite el cierre de páginas webs por parte de una comisión vinculada al Gobierno sin participación judicial. Estos días, la ley está en trámite en el Senado.

Varias organizaciones, –entre las cuales hay la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Facua-Consumidores en Acción, Asociación de Internautas, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Asociación Española de Startups– han emitido un comunicado en el cual rechazan esta enmienda «porque afecta un derecho fundamental cómo es la libertad de expresión» y también va en contra del citado artículo 20.5 de la Constitución.

Agresiones a periodistas

Este 2018 también ha sido un año difícil a la hora de cubrir acontecimientos en la vía pública. En Catalunya, no solo pero sí principalmente, en actas relacionados con el que se conoce como El Procés. Ha habido muchos problemas para los profesionales de varios medios, especialmente fotoperiodistas. El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha hecho una buena recopilación al portal media.cat. El último incidente lo sufrió el fotoperiodista Albert Salamé, en la manifestación en Girona del pasado 6 de diciembre, en el curso de un acto convocado por Vox que recibió la réplica de colectivos antifascistas de la ciudad.

Un papel especial es el de la extrema derecha –a veces en forma de agentes de policía de paisano y fuera de servicio– donde la impunidad de sus acciones es muy considerable. Los periodistas Jordi Borràs y Xavier Rius Sant lo pueden documentar muy bien. Pero también ha habido incidentes en otros puntos del Estado. En Andalucía son frecuentes las quejas por los problemas que las autoridades ponen para cubrir la actualidad vinculada a la llegada de personas inmigradas.

Y, finalmente, en Francia. En el marco de las movilizaciones de los chalecos amarillos, también habido dificultades para los profesionales de la información. A las manifestaciones del pasado 8 de diciembre muchos periodistas fueron encañonados y heridos por la policía, según la crónica de Libération. Los cuatro sindicatos de periodistas franceses emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que «es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un estado de derecho, que los poderes públicos no garanticen la libertad de informar» y han pedido ser recibidos por el presidente de la República, Emmanuel Macron.

Y eso sin olvidar a los compañeros y compañeras que este 2018 han perdido la vida simplemente por hacer su trabajo de periodista, crímenes que, como ha denunciado la FIP, nueve de cada diez quedan sin resolver.

Seguiremos…

Pero solo terminar de escribir este post y publicarlo, ha estallado el último episodio: La irrupción de la Policía Nacional en dos medios baleares para incautarse de varios equipos en el marco de una operación contra la corrupción. La protección de las fuentes es un derecho esencial de los profesionales de la información en una sociedad democrática, algo que parece que algunos ignoran en la piel de toro… Y todavía quedan 20 días de 2018!

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El show antes que el rigor

Cuando ustedes lean este artículo habrán pasado ya unas semanas de uno de los últimos juicios de estos que se llaman «mediáticos». Era sobre el Caso Nàdia, en el cual se acusaba un matrimonio de haber estafado dinero a personas que colaboraron para financiar los gastos sanitarios de una supuesta grave enfermedad de su hija, Nàdia Nerea que da nombre al asunto.

La pareja Fernando Blanco y Margarita Garau estuvieron durante más de cuatro años recogiendo dinero apelando a una enfermedad extrañísima de su hija que requería, según explicaban de plató en plató de televisión, viajar por medio mundo en busca de especialistas dada la elevada complejidad de los tratamientos. Detrás se escondía un chapucero abuso de la buena fe de centenares de personas y que acabó en los tribunales. El primero en alertar del trapicheo fue un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Josu Mezo, a través de su blog malaprensa.com donde puso en evidencia las contradicciones del asunto.

Mezo escribió el 27 de noviembre de 2016 que «lo que hoy explico es, seguramente, poco popular. Pero creo que se tiene que decir. El periodismo sobre buenas causas no puede estar exento de las reglas normales de la profesión, que se resumen en una de suela: hacer todo el posible porque todo lo que se explica sea verdad». No cuestionaba en aquel momento la actuación de los padres, de quienes dice entender que si el caso es cierto, una cierta desesperación. Pero sí que critica la tarea de los medios porque «el periodista no puede ser un simple reproductor de declaraciones inverosímiles. Su trabajo es, siempre, también en estos casos tristes, explicar la verdad».

Coincidiendo con el juicio, han aparecido voces recordando como la estafa –si la justicia finalmente así lo cataloga– ha sido posible gracias a los medios de comunicación, que convirtieron la supuesta enfermedad de la niña en un show mediático. Uno de los que lo hacía es el periodista Pascual Serrano, que en un artículo publicado en eldiario.es insistía en qué «todo esto se explicó durante meses en los platós de televisión sin que ninguno de los periodistas contrastara con ningún testigo, se asesorara con ningún profesional médico, o consultara ningún informe clínico».

Añadía Serrano: «No nos engañaron Fernando Blanco y Margarita Garau. Fueron los periodistas y los medios de comunicación, sobre todo televisiones, que no hicieron bien su trabajo y que se dedicaron a rellenar un tiempo de programación con poco dinero, para parecer solidarios y con mucha audiencia. Alguien tendría que calcular la publicidad que ingresaron las televisiones en los descansos de aquellos magazins con Nadia, quizás la cifra sea más grande que la que supuestamente han estafado los padres de esta niña». Quizás tendrían que contribuir a resarcir los que se han visto burlados en su buena fe.

Artículo publicado en el número 11 de la revista ‘Utopía’ –revista de la Selva Marítima y el Alt Maresme– en la edición de este mes de noviembre.

La lacra del acoso en las redes sociales, especialmente a mujeres y a ‘freelance’

El Instituto Internacional de Prensa (IPI, en sus siglas en inglés) ha impulsado un proyecto para evaluar la situación del acoso a periodistas en las redes sociales, especialmente mujeres, y también especialmente, freelance. Este estudio se desarrollará en seis países europeos, España, Finlandia, Reino Unido, Polonia, Alemania y Holanda. De todas maneras, finalmente podría haber algún cambio porque no se descarta que se haga también en Serbia o Eslovaquia dados los problemas que se han detectado últimamente para los profesionales de la información en estos países.

El proyecto tiene por nombre On the line y su objetivo es encontrar qué herramientas pueden ser efectivas para prevenir o limitar los efectos del acoso en las redes. El trabajo consistirá en visitas y entrevistas en profundidad a medios y periodistas de los países seleccionados. Además, el IPI también organizará sesiones de focus group con mujeres periodistas y profesionales independientes para recopilar datos adicionales sobre los mecanismos adoptados o su ausencia.

Esta última semana han empezado la primera de las visitas, que ha sido en España. Del 23 al 25 estuvieron en Madrid y el 26 y 27 en Barcelona. La coordinación de esta misión del IPI en Madrid y Barcelona la ha hecho la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). En la capital catalana, se han ocupado del focus group el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) –que a través de la Federación de Sindicatos de Periodistas es una de las entidades fundadoras de la PDLI– y el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ha cedido el espacio donde realizarlo.

Como disuadir al acosador
Cómo explica la PDLI, «entre otras muchas cuestiones, se analizarán qué medidas se pueden tomar para disuadir los posibles assetjadors de participar en los foros de comentarios de los medios digitales sin sacrificar la libre expresión o qué pasos tiene que dar lo/la periodista frente al abuso en redes sociales.» Con las mejores prácticas, el IPI creará una plataforma de recursos de ámbito europeo para compartir las soluciones más eficaces, de forma que puedan ser adoptadas por otros medios. Las recomendaciones estarán dirigidas tanto a medios de comunicación como a periodistas freelance.

En Barcelona la sesión del focus group se hizo el viernes 27 de abril y participaron las periodistas Mercè Molist (periodista freelance), Susana Pérez (profesora en la URL y periodista freelance), Victòria Miró (redactora de Tecnología en TV3) y Michele Catanzaro (especialista en Ciencia en El Periódico). El conductor de la conversación fue el consultor del IPI que dirige el trabajo, Javier Luque. Pude asistir al encuentro, que fue de gran interés.

Todos los participantes aportaron sus experiencias en las redes y su conocimiento en la materia a raíz de su tarea periodística en este ámbito. Más allá de las historias particulares, lo más relevante son las consecuencias que el acoso comporta y las soluciones para superarlo y, sobre todo, evitar los ataques. Más allá de los efectos más personales en angustia, inquietud e incluso miedo, destacan los cambios en los hábitos de comunicación. También en el comportamiento en las redes sociales, que se traduce a menudo en autocensura.

Otro aspecto a tener en cuenta es la soledad en que a veces se tienen que afrontar estas situaciones. En este sentido se destacó que está organizado y encontrar el apoyo de las asociaciones a las cuales la persona afectada puede pertenecer podría ser una ayuda. Una cuestión que a menudo contribuye a facilitar la tarea de la assetjador es el poco conocimiento que en general los periodistas tienen de las herramientas informáticas para proteger sus equipos y sus comunicaciones. En este aspecto dar formación a los profesionales sobre estas cuestiones sería de gran utilidad así como algún tipo de manual de instrucciones sobre como gestionar estas situaciones.

El agravante de ser mujer
Luque aportó un vídeo hecho por el IPI sobre mensajes reales que las mujeres periodistas acosadas en las redes han recibido en sus móviles u otros equipos tecnológicos en los últimos tiempos. Son de una brutalidad escalofriante, con amenazas gravísimas y los peores insultos que se puedan imaginar. Luque recordó el caso de Selin Girit, periodista turca corresponsal de la BBC que, a raíz de una campaña impulsada por el propio alcalde de Ankara, fue objeto de una fortíssima campaña en las redes sociales que duró semanas y que suponían que cada minuto tenía en su teléfono cinco amenazas de muerte o de violación. Girit había informado de las protestas ciudadanas contra el régimen turco y la respuesta del alcalde de Ankara, Ibrahim Melih Gokcek, fue acusarla de espía británica. Los hechos se remontan al mes de junio del 2013.

El caso es que según las experiencias recogidas, los ataques en las redes contra periodistas son de distinta naturaleza en función de si se es hombre o mujer. Las mujeres reciben principalmente insultos de carácter sexual, amenazas de violación, de muerto, de ataques a su familia… En el caso de los hombres las agresiones digitales buscan básicamente la desacreditación profesional. La soledad de la cual hablaba antes también tiene más efecto si las personas afectadas trabajan a la pieza, es decir, son freelance. Cuanta menor es la vinculación con el medio o medios con los que se trabaja, más difícil es que les arrope. Por eso, en estos casos, pertenecer a una organización profesional puede ayudar en este aspecto.

No le digas «’troll’», dile «acosador».
Por la tarea que el IPI –y también otras organizaciones, como la OSCE– ha hecho sobre estas cuestiones, Luque reclama un cambio de terminología «que diga las cosas por su nombre». Así, no se debería hablar de «trolls», sino de «agresores digitales». Explica que «troll» es un término que se ha popularizado «y a veces cae bien decirle a alguien que lo es. Es una expresión que mola». En inglés «se utiliza on line abusers, es decir, agresores o acosadores digitales». También defiende que no se hable de «víctimas», sino «de objetivos» o, según el término en inglés, «targets». Decir «víctima» puede culpabilitzar a la persona afectada y no tendría que ser así.

La previsión del IPI es haber realizadp a finales de septiembre las visitas en todos los países que forman parte del proyecto y haberlo terminado del todo a finales de año. En las próximas semanas, Luque redactará el informe relativo a su visita a España.

Una nueva etapa

De izquierda a derecha, Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny, los tres presidentes que ha tenido el SPC antes que yo. Foto: TAV

El sábado 14 de abril se celebró el VIII Congreso del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). Entre las cuestiones que decidió hay una que me afecta personalmente porque me eligieron como nuevo presidente de la organización. Para mí es un reto importante, no tanto por el volumen de trabajo a realizar, que de esto ya iba sobrado, sino por la responsabilidad y por lo que significa de confianza de los compañeros y compañeras hacia mí. Sólo aspiro que de aquí a cuatro años haberme hecho merecedor de ella.

En primer lugar quiero agradecer a las personas que han aceptado acompañarme y que conjuntamente haremos equipo para tirar adelante este proyecto, que encaramos con ilusión y ganas de contribuir a la mejora global de la profesión. Una lista con gente joven, especialmente mujeres, signo de una necesaria renovación. Luchar contra la precariedad laboral y, en especial, la que afecta a los periodistas a la pieza y freelance; y conseguir de una vez por todas la regulación de la profesión para tener las herramientas suficientes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad son los ejes principales. Pero no los únicos.

Lograr estos retos no es una cuestión que implique sólo al sindicato. Desde el año pasado, el SPC ha impulsado una unidad de acción con otras organizaciones del sector, como la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Som Atents y Solidaritat i Comunicació (SiCom) y más que quieran añadirse a trabajar conjuntamente. Se han tirado adelante varias iniciativas, algunas de las cuales han culminado en la aprobación en la Asamblea Abierta de Periodistas del pasado 11 de noviembre del manifiesto «15 acciones para un periodismo digno», que el Congreso del SPC asumió. También lo hizo con las reivindicaciones de las mujeres periodistas planteadas el pasado 8 de marzo.

Las acciones necesarias para hacer un periodismo digno dependen de diferentes administraciones e instituciones. Exigir que sus gestores impulsen los cambios que se derivan implica al conjunto del sector. Cada vez somos más pidiéndolo. Pero todavía debemos ser muchos más. Los poderes que se oponen a nuestras reivindicaciones son fuertes y poderosos. Y por lo tanto, nuestras organizaciones también deben serlo. Todas. Y el SPC también. Debemos tener muchos más compañeros y compañeras afiliadas al sindicato para tener la fuerza suficiente, conjuntamente con el resto de entidades, para conseguir la protección social de los colaboradores y colaboradoras, el desarrollo del artículo 52 del Estatuto para regular en Catalunya el derecho a la información de la ciudadanía de manera similar a cómo lo está a muchos países de todo el mundo. Para disponer de unos medios públicos despartidizados al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos de turno. Para que las prácticas de los estudiantes no se conviertan en un abuso laboral. Para que el conjunto de los medios de comunicación no estén al servicio de intereses políticos, económicos y empresariales espurios como pasa actualmente en una gran mayoría de empresas informativas. Para que se retiren las leyes mordaza que encarcelan quién dice cosas que no gustan a quienes mandan, y para que los y las fotoperiodistes puedan trabajar sin la amenaza de recibir garrotazos impunemente. El reconocimiento efectivo del Tercer Sector de la comunicación, que trabajar en un medio sin ánimo de lucro no significa que la gente que los produce no tenga que vivir de ellos. Y así hasta las quince acciones de las que hablaba más arriba.

Para mí ser presidente del SPC lo vivo como una oportunidad de devolver a la profesión muchas cosas que me ha dado. He aprendido mucho de compañeros y compañeras, tanto en los medios donde he trabajado cómo de los que lo hacían en otras empresas y hemos coincidido más o menos a menudo en el ejercicio de nuestra tarea profesional. También con todo el mundo con quien he compartido activismo en el sector. A todos ellos y ellas les pido ahora que me ayuden –que nos ayuden– a revertir la difícil situación en que está hoy el periodismo en Catalunya y en España. No es que afuera todo sea música celestial, pero al menos en muchos lugares tienen herramientas de las que nosotros no disponemos, la regulación laboral del periodismo y la del derecho a la información. Y en este contexto la ayuda para lograr estos retos sería su afiliación al sindicato. Nos permitirá a todos juntos ser más fuertes.

No quiero acabar este artículo sin agradecer a mis predecesores lo que he aprendido con ellos. Han presidido el sindicato Enric Bastardes (1993-2001), Dardo Gómez (2001-2009) y Ramon Espuny (2009-2018). Con la ayuda de todo el mundo que ha pasado por las juntas ejecutivas que han liderado han convertido el sindicato en uno de los referentes de la profesión. Ahora todo es muy distinto de cómo lo era cuando constituimos el sindicato hace 25 años. Las nuevas tecnologías, los nuevos usos informativos de la sociedad, la crisis de la prensa en papel, el descrédito de la profesión, la crisis…, han cambiado el sector de pies a cabeza. Seguramente hay que modernizar estrategias y maneras de trabajar, pero el SPC sigue siendo una herramienta útil. Un sindicato no es más que una asociación de personas que se agrupan para defender sus intereses comunes. Y esto es lo que somos y lo que hacemos. Si el SPC no existiera, habría que inventarlo. En cualquier caso, compañeros y compañeras, estoy a vuestra disposición.

Las libertades básicas, en caída libre en España

Las condenas a los raperos Valtonyc y Pablo Hasel, así como la retirada de una obra en la feria Arco, en Madrid, o el secuestro del libro Fariña han llevado a un punto álgido la inquietud de la ciudadanía en relación con la situación de la libertad de expresión en España. No es que hayan sido los únicos episodios en este ámbito porque desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC) –más conocida como Ley Mordaza– y algunas reformas del Código Penal son muchas las sentencias, las sanciones, las imputaciones… por actuaciones que antes de esta normativa ni eran delito ni eran punibles. A raíz de estos hechos, la Fundació Francesc Ferrer y Guàrdia –de la cual me honro de ser uno de sus miembros fundadores– me pidió un artículo para su blog Espai de Llibertat en el que hablara de la situación en que se encuentra la libertad de expresión en España.

En este artículo doy apoyo a las manifestaciones convocadas para el pasado 17 de marzo en varias ciudades españolas por la derogación de la Ley Mordaza por la plataforma No Somos Delito, denunciadora sistemática de todos los ataques contra la libertad de expresión. En el escrito afirmo que «estos episodios han convertido el Estado español en un lugar donde las libertades –especialmente la de expresión– reculan y son más perseguidas.» Más allá que sea yo quien lo diga, lo avala el hecho que lo constatan organismos de toda solvencia, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En julio de 2015 –pronto hará tres años– emitió un informe en el que consideraba que «el Estado español tenía que modificar la LPSC.» También lo han dicho el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) –que agrupa los sindicatos de periodistas de todo el mundo, algo que la convierte en la organización más grande del sector – y Reporteros Sin Fronteras (RSF). No reproduciré el artículo entero porque lo tenéis al enlace que hay a primeros de este párrafo.

El 8-M y el derecho a la información

Mañana es 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Se ha convocado una huelga feminista para denunciar las desigualdades y las violencias de que son objeto las mujeres en el mundo actual. ¿Y que tiene que ver esto con el Derecho a la Información de la Ciudadanía, que es de lo que se ocupa este blog? Mucho. Las periodistas han hecho público un manifiesto titulado «Las periodistas paramos» que ha sido elaborado por una plataforma de mujeres periodistas de todo el Estado. En este escrito denuncian cuestiones que sufren las mujeres, también las informadoras, como la brecha salarial, el techo de cristal, la precariedad laboral y el acoso sexual y laboral. Según datos de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), cerca del 22% de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación en todo el mundo han sufrido actos de violencia física en el trabajo. El 48% han sufrido acoso sexual y el 65% de trabajadoras de medios de comunicación han sido intimidadas, amenazadas o han sufrido abusos en el trabajo.

Pero más allá de esto, en el punto 7 del citado manifiesto se denuncia «la mirada parcial» que hay en los medios de comunicación y se muestra la preocupación por estos enfoques. En el escrito se afirma que «todas estas diferencias que sufrimos las periodistas tienen consecuencias también en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación. La visión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres que, a menudo, son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista, que en muchas ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios e informativos son decididas por hombres.». Es decir, los contenidos de los medios no reflejan la realidad de la sociedad actual porque no da a las mujeres el protagonismo que realmente tienen.

En el punto 6 se afirma que «los espacios de opinión y las tertulias están masculinizados. Hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar esos espacios.». Este es un hecho que la página web #onsonlesdones viene denunciando de hace tiempo. Recoge como los medios de comunicación en Catalunya distribuyen entre hombres y mujeres sus espacios de opinión. Algunos van corrigiendo poco a poco su mirada, pero la mayoría sigue respondiendo a lo que se critica en este manifiesto. En el primer estudio global que este observatorio hizo, en verano del año pasado, se constata que «el 77% de los artículos de opinión publicados en los cuatro rotativos de alcance catalán están firmados por hombres. Que los medios digitales más leídos encargan también a hombres más del 70% de las opiniones que publican. Que en las tertulias de la radio pública hay entre 6 y 7 opinadores hombres de cada diez personas opinando, y que en la radio privada los tertulianos hombres son tres de cada cuatro. Que en las tertulias de actualidad de la televisión pública, donde las mujeres son más visibles –en todos los sentidos– no ha habido ningún mes donde se de la mitad exacta de hombres y de mujeres en un debate, y que en las televisiones privadas las mujeres no pasan, habitualmente, de ocupar una cuarta parte de la mesa.»

Esto coincide también con el pentadecálogo aprobado en la Asamblea Abierta de Periodistas que se celebró el pasado 11 de noviembre, convocada por varias organizaciones del mundo periodístico, en el que, entre otras cosas se reivindica «la representación equilibrada de mujeres y hombres a las informaciones de los medios, haciendo uso del Buscador de Expertas u otras herramientas que faciliten el acceso a fuentes diversas de mujeres, pero también de colectivos infrarepresentados.» También se reclama «incorporar no sólo en la formación inicial en periodismo en las universidades, sino también a lo largo del ejercicio profesional, formación en perspectiva de género».

Por lo tanto, mientras los medios de comunicación no reflejen una realidad ni aporten una visión global del mundo de manera equilibrada entre hombres y mujeres, el derecho a la información de la ciudadanía a una información de calidad, veraz y plural no se ve respetado. Este 8 de Marzo podría servir de punto de inflexión.

#periodigno

Este blog, por distintas y variadas razones, llevaba un tiempo inactivo. Ahora lo retomo con la voluntad de recuperar la regularidad e incluso aumentarla. En estos meses que no he escrito nada, no ha sido por falta de temas para referirme al derecho a la información, pero, obviamente, no me dedicaré a decir lo que no he escrito ya. Miremos adelante. Y para hacerlo, quiero aprovechar una iniciativa en la que estoy personal y sindicalmente implicado. El pasado 11 de noviembre se realizó en Barcelona una Asamblea Abierta de Periodistas con unas resoluciones de las que confío que a partir de ahora se hable bastante. El hashtag de la convocatoria es bastante explícito: #periodigno.

Esta asamblea –realizada en la sede de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)– estuvo organizada conjuntamente por varias organizaciones de periodistas: l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) –al que pertenezco–, Solidaritat i Comunicació (SiCom) y Som Atents. No era esta la primera vez que estas organizaciones trabajábamos juntas y es de esperar que tampoco sea la última. El objetivo del encuentro era elaborar una especie de decálogo que incluyera las transformaciones necesarias para que el periodismo se pueda ejercer con unas condiciones laborales dignas y para que recupere la confianza de la ciudadanía. No hay que perder de vista que las últimas encuestas sitúan en el Estado español a los medios de comunicación y a los periodistas como uno de los sectores que genera menos confianza y credibilidad.

Los debates que se hicieron acabaron haciendo que el decálogo, en lugar de diez puntos, tuviera quince y se transformara en lo que podríamos llamar un pentadecálogo. Se incluyen todo tipo de cuestiones. En la web www.periodigne.cat podéis consultar el documento elaborado, que lleva por título «15 acciones para un periodismo digno». Si además queréis un poco de crónica de esta asamblea, en la web de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) la podéis leer, con el documento en su versión en castellano. En el pentadecálogo hay reclamaciones de índole laboral, profesional, político, de género, de derechos de autoría…

Lo que ahora nos proponemos las entidades que lo hemos impulsado es empezar a recabar adhesiones tanto en las redacciones como fuera de ellas. De forma que cuando lo presentamos a los legisladores o a las instancias que tienen que promover las transformaciones que se reclaman, las reivindicaciones tengan el máximo apoyo profesional y –¿por qué no?– ciudadano. Hace demasiado tiempo que los legisladores –a pesar de las veces que se lo hemos pedido– hacen muy poca cosa para no decir nada en defensa de un derecho esencial para la ciudadanía como el derecho a la información. Algunas cosas que en las últimas semanas han pasado en materia de información en Catalunya y en España no habrían pasado con una regulación como la que hay en muchos países de nuestro entorno y también de algo más lejos. En este blog encontraréis más de una referencia.

En unos días, en Catalunya, celebraremos elecciones. El Parlamento que salga elegido deberá ocuparse de estas cuestiones si quiere dignificar la política y mejorar la calidad democrática del país.