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Una nueva etapa

De izquierda a derecha, Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny, los tres presidentes que ha tenido el SPC antes que yo. Foto: TAV

El sábado 14 de abril se celebró el VIII Congreso del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). Entre las cuestiones que decidió hay una que me afecta personalmente porque me eligieron como nuevo presidente de la organización. Para mí es un reto importante, no tanto por el volumen de trabajo a realizar, que de esto ya iba sobrado, sino por la responsabilidad y por lo que significa de confianza de los compañeros y compañeras hacia mí. Sólo aspiro que de aquí a cuatro años haberme hecho merecedor de ella.

En primer lugar quiero agradecer a las personas que han aceptado acompañarme y que conjuntamente haremos equipo para tirar adelante este proyecto, que encaramos con ilusión y ganas de contribuir a la mejora global de la profesión. Una lista con gente joven, especialmente mujeres, signo de una necesaria renovación. Luchar contra la precariedad laboral y, en especial, la que afecta a los periodistas a la pieza y freelance; y conseguir de una vez por todas la regulación de la profesión para tener las herramientas suficientes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad son los ejes principales. Pero no los únicos.

Lograr estos retos no es una cuestión que implique sólo al sindicato. Desde el año pasado, el SPC ha impulsado una unidad de acción con otras organizaciones del sector, como la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Som Atents y Solidaritat i Comunicació (SiCom) y más que quieran añadirse a trabajar conjuntamente. Se han tirado adelante varias iniciativas, algunas de las cuales han culminado en la aprobación en la Asamblea Abierta de Periodistas del pasado 11 de noviembre del manifiesto «15 acciones para un periodismo digno», que el Congreso del SPC asumió. También lo hizo con las reivindicaciones de las mujeres periodistas planteadas el pasado 8 de marzo.

Las acciones necesarias para hacer un periodismo digno dependen de diferentes administraciones e instituciones. Exigir que sus gestores impulsen los cambios que se derivan implica al conjunto del sector. Cada vez somos más pidiéndolo. Pero todavía debemos ser muchos más. Los poderes que se oponen a nuestras reivindicaciones son fuertes y poderosos. Y por lo tanto, nuestras organizaciones también deben serlo. Todas. Y el SPC también. Debemos tener muchos más compañeros y compañeras afiliadas al sindicato para tener la fuerza suficiente, conjuntamente con el resto de entidades, para conseguir la protección social de los colaboradores y colaboradoras, el desarrollo del artículo 52 del Estatuto para regular en Catalunya el derecho a la información de la ciudadanía de manera similar a cómo lo está a muchos países de todo el mundo. Para disponer de unos medios públicos despartidizados al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos de turno. Para que las prácticas de los estudiantes no se conviertan en un abuso laboral. Para que el conjunto de los medios de comunicación no estén al servicio de intereses políticos, económicos y empresariales espurios como pasa actualmente en una gran mayoría de empresas informativas. Para que se retiren las leyes mordaza que encarcelan quién dice cosas que no gustan a quienes mandan, y para que los y las fotoperiodistes puedan trabajar sin la amenaza de recibir garrotazos impunemente. El reconocimiento efectivo del Tercer Sector de la comunicación, que trabajar en un medio sin ánimo de lucro no significa que la gente que los produce no tenga que vivir de ellos. Y así hasta las quince acciones de las que hablaba más arriba.

Para mí ser presidente del SPC lo vivo como una oportunidad de devolver a la profesión muchas cosas que me ha dado. He aprendido mucho de compañeros y compañeras, tanto en los medios donde he trabajado cómo de los que lo hacían en otras empresas y hemos coincidido más o menos a menudo en el ejercicio de nuestra tarea profesional. También con todo el mundo con quien he compartido activismo en el sector. A todos ellos y ellas les pido ahora que me ayuden –que nos ayuden– a revertir la difícil situación en que está hoy el periodismo en Catalunya y en España. No es que afuera todo sea música celestial, pero al menos en muchos lugares tienen herramientas de las que nosotros no disponemos, la regulación laboral del periodismo y la del derecho a la información. Y en este contexto la ayuda para lograr estos retos sería su afiliación al sindicato. Nos permitirá a todos juntos ser más fuertes.

No quiero acabar este artículo sin agradecer a mis predecesores lo que he aprendido con ellos. Han presidido el sindicato Enric Bastardes (1993-2001), Dardo Gómez (2001-2009) y Ramon Espuny (2009-2018). Con la ayuda de todo el mundo que ha pasado por las juntas ejecutivas que han liderado han convertido el sindicato en uno de los referentes de la profesión. Ahora todo es muy distinto de cómo lo era cuando constituimos el sindicato hace 25 años. Las nuevas tecnologías, los nuevos usos informativos de la sociedad, la crisis de la prensa en papel, el descrédito de la profesión, la crisis…, han cambiado el sector de pies a cabeza. Seguramente hay que modernizar estrategias y maneras de trabajar, pero el SPC sigue siendo una herramienta útil. Un sindicato no es más que una asociación de personas que se agrupan para defender sus intereses comunes. Y esto es lo que somos y lo que hacemos. Si el SPC no existiera, habría que inventarlo. En cualquier caso, compañeros y compañeras, estoy a vuestra disposición.

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Las libertades básicas, en caída libre en España

Las condenas a los raperos Valtonyc y Pablo Hasel, así como la retirada de una obra en la feria Arco, en Madrid, o el secuestro del libro Fariña han llevado a un punto álgido la inquietud de la ciudadanía en relación con la situación de la libertad de expresión en España. No es que hayan sido los únicos episodios en este ámbito porque desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC) –más conocida como Ley Mordaza– y algunas reformas del Código Penal son muchas las sentencias, las sanciones, las imputaciones… por actuaciones que antes de esta normativa ni eran delito ni eran punibles. A raíz de estos hechos, la Fundació Francesc Ferrer y Guàrdia –de la cual me honro de ser uno de sus miembros fundadores– me pidió un artículo para su blog Espai de Llibertat en el que hablara de la situación en que se encuentra la libertad de expresión en España.

En este artículo doy apoyo a las manifestaciones convocadas para el pasado 17 de marzo en varias ciudades españolas por la derogación de la Ley Mordaza por la plataforma No Somos Delito, denunciadora sistemática de todos los ataques contra la libertad de expresión. En el escrito afirmo que «estos episodios han convertido el Estado español en un lugar donde las libertades –especialmente la de expresión– reculan y son más perseguidas.» Más allá que sea yo quien lo diga, lo avala el hecho que lo constatan organismos de toda solvencia, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En julio de 2015 –pronto hará tres años– emitió un informe en el que consideraba que «el Estado español tenía que modificar la LPSC.» También lo han dicho el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) –que agrupa los sindicatos de periodistas de todo el mundo, algo que la convierte en la organización más grande del sector – y Reporteros Sin Fronteras (RSF). No reproduciré el artículo entero porque lo tenéis al enlace que hay a primeros de este párrafo.

El 8-M y el derecho a la información

Mañana es 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Se ha convocado una huelga feminista para denunciar las desigualdades y las violencias de que son objeto las mujeres en el mundo actual. ¿Y que tiene que ver esto con el Derecho a la Información de la Ciudadanía, que es de lo que se ocupa este blog? Mucho. Las periodistas han hecho público un manifiesto titulado «Las periodistas paramos» que ha sido elaborado por una plataforma de mujeres periodistas de todo el Estado. En este escrito denuncian cuestiones que sufren las mujeres, también las informadoras, como la brecha salarial, el techo de cristal, la precariedad laboral y el acoso sexual y laboral. Según datos de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), cerca del 22% de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación en todo el mundo han sufrido actos de violencia física en el trabajo. El 48% han sufrido acoso sexual y el 65% de trabajadoras de medios de comunicación han sido intimidadas, amenazadas o han sufrido abusos en el trabajo.

Pero más allá de esto, en el punto 7 del citado manifiesto se denuncia «la mirada parcial» que hay en los medios de comunicación y se muestra la preocupación por estos enfoques. En el escrito se afirma que «todas estas diferencias que sufrimos las periodistas tienen consecuencias también en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación. La visión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres que, a menudo, son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista, que en muchas ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios e informativos son decididas por hombres.». Es decir, los contenidos de los medios no reflejan la realidad de la sociedad actual porque no da a las mujeres el protagonismo que realmente tienen.

En el punto 6 se afirma que «los espacios de opinión y las tertulias están masculinizados. Hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar esos espacios.». Este es un hecho que la página web #onsonlesdones viene denunciando de hace tiempo. Recoge como los medios de comunicación en Catalunya distribuyen entre hombres y mujeres sus espacios de opinión. Algunos van corrigiendo poco a poco su mirada, pero la mayoría sigue respondiendo a lo que se critica en este manifiesto. En el primer estudio global que este observatorio hizo, en verano del año pasado, se constata que «el 77% de los artículos de opinión publicados en los cuatro rotativos de alcance catalán están firmados por hombres. Que los medios digitales más leídos encargan también a hombres más del 70% de las opiniones que publican. Que en las tertulias de la radio pública hay entre 6 y 7 opinadores hombres de cada diez personas opinando, y que en la radio privada los tertulianos hombres son tres de cada cuatro. Que en las tertulias de actualidad de la televisión pública, donde las mujeres son más visibles –en todos los sentidos– no ha habido ningún mes donde se de la mitad exacta de hombres y de mujeres en un debate, y que en las televisiones privadas las mujeres no pasan, habitualmente, de ocupar una cuarta parte de la mesa.»

Esto coincide también con el pentadecálogo aprobado en la Asamblea Abierta de Periodistas que se celebró el pasado 11 de noviembre, convocada por varias organizaciones del mundo periodístico, en el que, entre otras cosas se reivindica «la representación equilibrada de mujeres y hombres a las informaciones de los medios, haciendo uso del Buscador de Expertas u otras herramientas que faciliten el acceso a fuentes diversas de mujeres, pero también de colectivos infrarepresentados.» También se reclama «incorporar no sólo en la formación inicial en periodismo en las universidades, sino también a lo largo del ejercicio profesional, formación en perspectiva de género».

Por lo tanto, mientras los medios de comunicación no reflejen una realidad ni aporten una visión global del mundo de manera equilibrada entre hombres y mujeres, el derecho a la información de la ciudadanía a una información de calidad, veraz y plural no se ve respetado. Este 8 de Marzo podría servir de punto de inflexión.

#periodigno

Este blog, por distintas y variadas razones, llevaba un tiempo inactivo. Ahora lo retomo con la voluntad de recuperar la regularidad e incluso aumentarla. En estos meses que no he escrito nada, no ha sido por falta de temas para referirme al derecho a la información, pero, obviamente, no me dedicaré a decir lo que no he escrito ya. Miremos adelante. Y para hacerlo, quiero aprovechar una iniciativa en la que estoy personal y sindicalmente implicado. El pasado 11 de noviembre se realizó en Barcelona una Asamblea Abierta de Periodistas con unas resoluciones de las que confío que a partir de ahora se hable bastante. El hashtag de la convocatoria es bastante explícito: #periodigno.

Esta asamblea –realizada en la sede de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)– estuvo organizada conjuntamente por varias organizaciones de periodistas: l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) –al que pertenezco–, Solidaritat i Comunicació (SiCom) y Som Atents. No era esta la primera vez que estas organizaciones trabajábamos juntas y es de esperar que tampoco sea la última. El objetivo del encuentro era elaborar una especie de decálogo que incluyera las transformaciones necesarias para que el periodismo se pueda ejercer con unas condiciones laborales dignas y para que recupere la confianza de la ciudadanía. No hay que perder de vista que las últimas encuestas sitúan en el Estado español a los medios de comunicación y a los periodistas como uno de los sectores que genera menos confianza y credibilidad.

Los debates que se hicieron acabaron haciendo que el decálogo, en lugar de diez puntos, tuviera quince y se transformara en lo que podríamos llamar un pentadecálogo. Se incluyen todo tipo de cuestiones. En la web www.periodigne.cat podéis consultar el documento elaborado, que lleva por título «15 acciones para un periodismo digno». Si además queréis un poco de crónica de esta asamblea, en la web de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) la podéis leer, con el documento en su versión en castellano. En el pentadecálogo hay reclamaciones de índole laboral, profesional, político, de género, de derechos de autoría…

Lo que ahora nos proponemos las entidades que lo hemos impulsado es empezar a recabar adhesiones tanto en las redacciones como fuera de ellas. De forma que cuando lo presentamos a los legisladores o a las instancias que tienen que promover las transformaciones que se reclaman, las reivindicaciones tengan el máximo apoyo profesional y –¿por qué no?– ciudadano. Hace demasiado tiempo que los legisladores –a pesar de las veces que se lo hemos pedido– hacen muy poca cosa para no decir nada en defensa de un derecho esencial para la ciudadanía como el derecho a la información. Algunas cosas que en las últimas semanas han pasado en materia de información en Catalunya y en España no habrían pasado con una regulación como la que hay en muchos países de nuestro entorno y también de algo más lejos. En este blog encontraréis más de una referencia.

En unos días, en Catalunya, celebraremos elecciones. El Parlamento que salga elegido deberá ocuparse de estas cuestiones si quiere dignificar la política y mejorar la calidad democrática del país.

Un sector agitado

Este mes de mayo, el sector de la comunicación ha vivido dos episodios que pueden ser significativos por lo que pueden suponer. Por un lado, coincidiendo con el 1 de Mayo –Día Internacional del Trabajo– y 3 de Mayo –día Mundial de la Libertad de Prensa– se celebró el pasado 6 de mayo un debate con el título «Por un periodismo ni al dictado ni mal pagado». El encuentro fue organizada por cuatro entidades del mundo de la información y la comunicación y suponía la primera iniciativa hecha a partir de la colaboración entre algunas de las asociaciones más importantes de este ámbito. La segunda ha sido la huelga realizada por los trabajadores de El Periódico y del Sport en el marco de la movilización del personal de las empresas del Grupo Z contra el recorte salarial que quiere imponer el hólding que preside Antonio Asensio.

El debate del 6 de Mayo, se realizó en la Casa de la Prensa, edificio sobre el que hay un proyecto compartido entre periodistas y el movimiento vecinal para defender conjuntamente el derecho a la información como un derecho ciudadano esencial en una democracia. La relevancia del acto viene del hecho que era, como decía, la primera vez que las entidades del sector reflexionaban conjuntamente sobre precariedad laboral, descrédito profesional, estereotipos discriminatorios –como los de género–, regulación de la profesión y otras cuestiones. Una de las conclusiones principales fue que todo y las grandes coincidencias que hubo había que seguir trabajando para armonizar un discurso homogéneo de todo el sector. Con este objetivo se emplazó a las entidades organizadoras del encuentro –Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y SomAtents– a convocar para otoño una asamblea abierta de todo el sector para seguir debatiendo sobre estos y otros temas que puedan salir. La importancia de esta iniciativa vendrá de la capacidad que tengan estas entidades –y las que se  quieran añadir– de seguir trabajando juntas para que tanto el periodismo como ellas mismas se  puedan beneficiar.

El segundo episodio relevante es la retahíla de protestas a las empresas de Grupo Z que han culminado entre el 15 y el 17 de mayo con una huelga en El Periódico –a pesar de que inicialmente estaba convocada hasta el 19 de mayo– en contra de los recortes salariales que plantea la empresa y su falta de voluntad negociadora. Los días 15 y 16 de mayo también hicieron huelga los trabajadores del diario Sport. En El Periódico, la protesta supuso que por primera vez en su historia el diario dejara de salir y faltara a su cita con los quioscos y subscriptores durante tres días. A  pesar de las presiones y amenazas de los directivos del grupo, las plantillas de los dos rotativos mostraron una determinación en secundar el paro como hasta ahora casi nunca se había visto en el sector, si es que alguna vez se ha visto.

El sector de la información y la comunicación habitualmente no se ha caracterizado por su capacidad movilizadora y si ahora han coincidido dos episodios que parecen mostrar, sino lo contrario, sí que algo quizás está cambiando. No dejan de ser un síntoma también del estado de ánimo general en la profesión. De la indignación por la constante precarización de las condiciones laborales, que sólo comporta más dificultades para elaborar buenos productos informativos. De cómo esto favorece el descrédito del periodismo, cada vez más sujeto a los intereses económicos, políticos y empresariales de los propietarios de los medios de comunicación.

Si de esta agitación  saldrá algún resultado que sirva para cambiar la situación, sólo el futuro lo sabe. Si la huelga de El Periódico y Sport ha sido más que una huelga, sólo el futuro lo sabe. Si esta conjunción entre las entidades del mundo de la información y la comunicación sirve para fortalecer la organización del sector, sólo el futuro lo sabe. Pero también es verdad que si no se aprovechan las oportunidades para impulsar los profundos cambios estructurales necesarios, cada vez quedará menos margen para que el periodismo recupere la confianza de la ciudadanía.

Del 14 de abril al 3 de mayo

El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha como tantas otras que hay en el calendario para luchar, recordar, reivindicar y/o difundir problemáticas y derechos de todo tipo. Parece ya un ritual. Pero sirven para impulsar acciones, cambios, para remover conciencias, para la movilización social. Pero, ¿son eficaces?. No entraré en otros terrenos, donde gente mucho más experta y conocedora puede aportar datos y visiones mucho más fiables que la mía. Pero en materia de libertad de prensa, de derecho a la información, ¿qué ha pasado desde el 3 de mayo de 2015 hasta hoy? Pues poca cosa buena, si es que hay.

En el Estado español se ha aprobado la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza. En Europa, hace muy pocos días, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la Ley de secretos comerciales y tenemos el polémico Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP) en camino. En el ámbito internacional, desde principios de año llevamos 25 periodistas –o personal de apoyo– que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión. Pero hay muchos otros encarcelados o amenazados de prisión. Uno de los últimos es Andy Halll, un activista británico a quien en Tailandia le piden siete años de prisión por un informe sobre las actividades irregulares de la industria de la fruta en este país, según la crónica periodística de eldiario.es.

Alguien puede considerar que estas cosas pasan porque Tailandia es una dictadura militar desde que en 2014 hubo un golpe de estado. La legislación de este país, pero, contrariamente a lo que fija la ONU, establece penas de prisión para el delito de difamación. ¿Alguien cree que esto en Europa no puede pasar? En la Europa postley de secretos comerciales podrían pasar cosas similares. La nueva directiva aprobada el pasado 14 de abril es una amenaza para el periodismo de investigación. Varias organizaciones profesionales europeas –entre las que hay la Federación Europea de Periodistas (FEP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)– afirman que «todo y las apreciables mejoras respecto al proyecto original, la norma recientemente aprobada todavía plantea dudas en lo que se refiere a si los periodistas y, en particular, sus fuentes denunciantes están protegidos adecuadamente». El redactado es bastante ambiguo y deja demasiadas incertidumbres sobre la cuestión. Los activistas de la red también reprueban esta directiva. La Plataforma X-Net –un grupo de activistas que luchan por la democracia en la red– considera que el único objetivo de la nueva ley «es acabar con los alertadors de abusos y corrupción».

En el Estado español, ya se han empezado a ver los efectos de la Ley Mordaza. Ya hay varias personas sancionadas administrativamente, situación que también afecta a dos profesionales de la información, que han sido multados por sus artículos. Los atentados terroristas que ha habido recientemente en varias ciudades europeas han sido la excusa de varios gobiernos para impulsar reformas legislativas encaminadas a recortar libertades como único camino para reforzar la seguridad. Es momento para recordar la frase de Benjamin Franklin que «quién renuncia a las libertades por una seguridad transitoria, no merece ni la una ni la otra».

Y en Catalunya? Pues antes del 3 de mayo de 2015, la radiotelevisión pública estaba en manos de comisarios políticos. Antes del 3 de mayo de 2016, también. Antes del 3 de mayo de 2015, Catalunya no había desarrollado legislativamente el artículo 52 del Estatuto –que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho en la información de la ciudadanía– y antes del 3 de mayo del 2016, tampoco. Antes del 3 de mayo de 2015, los medios del Tercer Sector no disponían de espacio para su mínima supervivencia y antes del 3 de mayo del 2016, la situación no ha cambiado. Los políticos pueden democratizar los medios públicos. ¿Lo harán antes del 3 de mayo de 2017? Pueden hacer una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía, como hay a muchos países y como desde varias instancias profesionales y ciudadanas los han pedido en reiteradas ocasiones. ¿La harán antes del 3 de mayo de 2017? ¿Tendrán los medios comunitarios un terreno de juego justo y suficiente antes del 3 de mayo de 2017? Todavía es pronto para hacer la carta a los Reyes de Oriente y por lo tanto, seguiremos reclamando. En materia de libertad de prensa, ¿vamos como los cangrejos?

La supeditación de la verdad

El nuevo Gobierno catalán se ha puesto a caminar y entre sus prioridades no está derecho a la información de la ciudadanía. Más bien todo lo contrario, si atendemos a como se han hecho los nombramientos de los cargos directivos en los medios de comunicación públicos catalanes. Algunas formaciones incorporaban en su programa electoral el desarrollo del artículo 52 del Estatuto, que es el que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se trataría que lo cumplieran. Los primeros pasps, pero, no son alentadores. No hace mucho, la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, defendía en sede parlamentaria que «la televisión pública de Catalunya es un reflejo de cómo está evolucionando la sociedad catalana y de hacia donde va». Munté destacaba que «el independentismo ha pasado de ser la opción de un 14% de la población a un 40% entre 2006 y 2015. Y una televisión pública, en cuanto que es pública, se adapta y evoluciona de acuerdo con este sentimiento que también ha ido evolucionando y ha ido cambiante».

La consejera no es la única que piensa así. El catedrático de Teoría de la Comunicación y profesor emérito en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Josep Gifreu apuntaba en un artículo publicado el mes de septiembre pasado en el diario El PuntAvui que «TV3 se ha hecho independentista? En la medida que prácticamente todas las grandes cadenas de televisión, públicas y privadas, presentes en Cataluña, han optado por la defensa compacta del unionismo, ¿no corresponde a un servicio público básico asumir,  presentar y representar las opciones de al menos una mitad de la ciudadanía que no se siente representada por Tele5, Antena 3, TVE 1, La Sexta, Cuatro o 8TV?» En conjunto, los medios como una de las principales herramientas de combate en las trincheras.

A nivel español, las perspectivas no son mejores, e incluso, hoy por hoy, todo lo contrario. Todavía no hay Gobierno, pero la construcción de una sociedad democrática en la que no sea permitido manipular la información ni mentir a la ciudadanía no parece estar en las hojas de ruta que se diseñan sobre las mesas de negociación para formar las nuevas mayorías. En mi condición de miembro de la dirección del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), he tenido la oportunidad de participar en varias entrevistas con representantes institucionales para tratar cuestiones relativas a nuestra actividad. Con una de las personas con las que nos hemos reunido algunas veces es Josep Martí, hasta hace pocas semanas Secretario de Comunicación del Gobierno catalán. Martí nos explicó en cierta ocasión que había formado parte de una delegación de la Generalitat para entrevistarse con los responsables de los medios de Madrid para explicarles el proceso que se estaba viviendo en Catalunya. Nos decía que la respuesta de todos ellos fue unánime: que la unidad de España estaba por delante de la verdad, en expresión casi textual. Lo cuenta también Jofre Llombart, subdirector de El Món a RAC-1, en un artículo publicado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), titulado «Los límites del sistema».

Al margen del debate de si TV3 y Catalunya Ràdio se han hecho independentistas o no, en Catalunya hay medios que defienden claramente una postura independentista. Incluso hay quienes, como gran parte de los directivos de medios de Madrid, piensan que la independencia está por delante de la verdad. Unos y otros, de titularidad privada, tienen derecho a ser independentistas o unionistas, sólo faltaría. Pero, ¿tienen derecho a poner su ideario por delante de la verdad? ¿Hay alguna otra cuestión que también pongan por delante de la verdad? Una regulación del derecho a la información de la ciudadanía como la que hay en otros países debería impedir que la verdad quede solapada. Y la actividad legislativa se debería extender a hacer que los medios públicos fueran realmente públicos, es decir, desgubernamentalizados y despartidizados. El derecho a la información es un derecho humano universal y si realmente fuera respetado cómo corresponde, quizás nadie se atrevería a pedir que los medios públicos catalanes hicieran de contrapeso a las mentiras y manipulaciones ajenas. En Cataluña es muy fácil, sólo hay que desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto.