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No son maneras de terminar el año

Estamos a finales de 2018 y desde el derecho a la información se han acumulado las malas noticias. Y en muchos ámbitos. Primero, empezamos por los Medios Públicos. En la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) se ha vivido un pasteleo entre cuatro grupos parlamentarios para repartirse las poltronas del Consejo de Gobierno de la CCMA. La sección sindical del SPC en TV3 lo ha tildado de «estafa a la ciudadanía» y ha mostrado la «decepción ante los incumplimientos de varios grupos parlamentarios, especialmente de quienes en épocas pasadas se habían comprometido con modelos de gestión democrática, no gubernamental y no partidista, de la radiotelevisión pública que tendría que ser de todos». También han hecho críticas contundentes el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el consejo profesional de TV3 y la sección sindical de CCOO en la cadena.

Lo preocupante de todo, pero, es como señala el SPC, que «no solo se trata del pacto por el reparto de puestos en el Consejo de Gobierno, donde por fuerza había que contar con la colaboración de otros grupos, sino de que este comportará la distribución privada y en cremallera, entre JxCat y ERC, de los principales cargos de la Corporación: directores de la tele y la radio y jefes de informativos respectivos, todos en manos de profesionales de confianza del Gobierno». Es decir, que a pesar de las buenas palabras de muchos, que defienden en privado la necesidad de mejorar las emisoras de la Generalitat, los medios públicos catalanes seguirán dependiendo del Ejecutivo. Esto es un paso más para quedarse en la cola, no solo de Europa en cuanto a democratización de los medios públicos, sino también del Estado español, especialmente si lo comparamos con RTVE.

¿Cerrar Canal Sur?

No se ha llegado al extremo que en Andalucía han lanzado los líderes de Vox, con el apoyo de dirigentes del PP, después de las elecciones del 2 de diciembre, de cerrar Canal Sur, propuesta que también ha recibido el rechazo de varios sectores profesionales. El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), recuerda que la RTV pública andaluza «hace 30 años que está dando voz a sectores y territorios andaluces que en otros medios no tienen cabida porque no dan audiencia o, simplemente, no son rentables económicamente». Hay que recordar que antes de estos comicios, el PP apoyó una nueva Ley Audiovisual en Andalucía que no preveía en ningún caso su cierre.

También en Canarias pintan bastos. La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), ante la negativa de Coalición Canaria, el PP y la Agrupación Socialista de Gomera a convocar un concurso público para su Consejo Rector, afirma que «los intereses de la televisión pública autonómica, una vez más, quedan a expensas de los intereses políticos». Y en las Islas Baleares, en IB3, lo que no avanza es que los trabajadores que hacen los espacios informativos sean contratados por la misma televisión pública en lugar de estar subrogados en una productora. Esta es una de las máximas reivindicaciones del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) que hace unos pocos días ratificó en un Congreso ante el poco interés mostrado hasta ahora por las diferentes formaciones políticas para afrontar esta cuestión. En este congreso, al que tuve el placer de asistir y que supone un feliz relanzamiento del SPIB, se eligió la periodista Maria Amengual como nueva secretaria general.

Todo esto hace que el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, se pregunte, en un artículo publicado en el digital encastillalamancha.es, «¿Cuando dejarán en paz a las radios y las televisiones públicas? Mientras los políticos sigan controlando a los medios de comunicación públicos, para manipularlos en su favor, estarán haciendo un grave daño a la democracia y al derecho a la información de la ciudadanía».

La Ley Mordaza, todavía

Todo y las prometidas de varios partidos en la última campaña electoral de modificarla e incluso derogarla, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza, sigue siendo donde era. Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, el Estado ha recaudado ya 270 millones de euros. Centenares de personas denunciadas y sancionadas por unas disposiciones jurídicas cuestionadas por la práctica totalidad de organismos internacionales de los derechos humanos, empezando por la misma Naciones Unidas. El último de ellos es Juan Carlos Mohr, fotoperiodista madrileño, multado con 2.000 euros por «desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse», según ha denunciado el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).

Con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se ha empezado a negociar entre partidos la modificación de algunos artículos de la polémica Ley pero en cada sesión de conversaciones parece que se desvanece la posibilidad de cambios substanciales. Está todavía en su proceso de tramitación y habrá que ver como queda finalmente pero algunos detalles que se van conociendo no invitan al optimismo. Por ejemplo, fotografiar agentes de policía parece ser que seguirá siendo perseguible, cosa que contradice la necesidad de respetar el derecho a la información. Una ley que nació de reacción del establishment a la movilización del 15-M parece que el nuevo establishment quiere seguir utilizándola casi en todos sus preceptos represivos.

Cierre de webs sin orden judicial

El artículo 20.5 de la Constitución española dice textualmente: «Solo se podrá acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.» Ahora parece que esto cambiará gracias a un pacto político entre PP, PSOE y Ciudadanos que se ha formulado a través de una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Estas tres formaciones se han puesto de acuerdo para aprobar en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una reforma de la LPI por la que se permite el cierre de páginas webs por parte de una comisión vinculada al Gobierno sin participación judicial. Estos días, la ley está en trámite en el Senado.

Varias organizaciones, –entre las cuales hay la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Facua-Consumidores en Acción, Asociación de Internautas, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Asociación Española de Startups– han emitido un comunicado en el cual rechazan esta enmienda «porque afecta un derecho fundamental cómo es la libertad de expresión» y también va en contra del citado artículo 20.5 de la Constitución.

Agresiones a periodistas

Este 2018 también ha sido un año difícil a la hora de cubrir acontecimientos en la vía pública. En Catalunya, no solo pero sí principalmente, en actas relacionados con el que se conoce como El Procés. Ha habido muchos problemas para los profesionales de varios medios, especialmente fotoperiodistas. El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha hecho una buena recopilación al portal media.cat. El último incidente lo sufrió el fotoperiodista Albert Salamé, en la manifestación en Girona del pasado 6 de diciembre, en el curso de un acto convocado por Vox que recibió la réplica de colectivos antifascistas de la ciudad.

Un papel especial es el de la extrema derecha –a veces en forma de agentes de policía de paisano y fuera de servicio– donde la impunidad de sus acciones es muy considerable. Los periodistas Jordi Borràs y Xavier Rius Sant lo pueden documentar muy bien. Pero también ha habido incidentes en otros puntos del Estado. En Andalucía son frecuentes las quejas por los problemas que las autoridades ponen para cubrir la actualidad vinculada a la llegada de personas inmigradas.

Y, finalmente, en Francia. En el marco de las movilizaciones de los chalecos amarillos, también habido dificultades para los profesionales de la información. A las manifestaciones del pasado 8 de diciembre muchos periodistas fueron encañonados y heridos por la policía, según la crónica de Libération. Los cuatro sindicatos de periodistas franceses emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que «es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un estado de derecho, que los poderes públicos no garanticen la libertad de informar» y han pedido ser recibidos por el presidente de la República, Emmanuel Macron.

Y eso sin olvidar a los compañeros y compañeras que este 2018 han perdido la vida simplemente por hacer su trabajo de periodista, crímenes que, como ha denunciado la FIP, nueve de cada diez quedan sin resolver.

Seguiremos…

Pero solo terminar de escribir este post y publicarlo, ha estallado el último episodio: La irrupción de la Policía Nacional en dos medios baleares para incautarse de varios equipos en el marco de una operación contra la corrupción. La protección de las fuentes es un derecho esencial de los profesionales de la información en una sociedad democrática, algo que parece que algunos ignoran en la piel de toro… Y todavía quedan 20 días de 2018!

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Cuando Europa y Latinoamérica marcan el camino

Estos días de fiestas he prácticamente terminado de leer un libro que había empezado hace ya un cierto tiempo, Medios Democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación (Ediciones Akal, 2016), del que es autor el periodista Pascual Serrano. Repasa las regulaciones de la comunicación que se han hecho en varios países de América Latina en el marco de los diferentes procesos políticos que en ellos se habían vivido. Son muy interesantes los planteamientos que se hacen. Al mismo tiempo me llegan noticias de dinámicas impulsadas en otros continentes en relación al derecho a la información que, sin prisas pero sin pausas, –según se decía en antiguas y obsoletas etapas de transición– van avanzando y consolidándose. Concretamente me refiero a Europa y, más concretamente, al Reino Unido.

Y, además, esto coincide cuando faltan pocos días –el próximo 17 de enero– para que se constituya el Parlament de Catalunya surgido de las elecciones del pasado 21 de diciembre. Si en algo Catalunya –y la España de la que una parte importante de Catalunya se quiere desligar– está muy atrasada, es en la defensa del derecho a la información de la ciudadanía como un derecho humano esencial en una sociedad democrática. Si la nueva Cámara catalana y el presidente –y su Gobierno– que posteriormente sea elegido quieren ponerse al día, tienen en el libro de Pascual Serrano y en el Reino Unido ejemplos a los que seguir.

En su análisis, Serrano parte del hecho que en América Latina «los nuevos líderes progresistas que fueron llegando a los gobiernos con el apoyo de sus ciudadanos descubrieron dos cosas: el tremendo poder y hostilidad de los medios privados y la ausencia de medios públicos que pudieran compensar con cierto rigor y ecuanimidad el impresionante papel político de oposición que lideraban las empresas privadas de comunicación». Cita al ex relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, que lo fue entre 2008 y 2014, quién recordó que la libertad de expresión «es un derecho universal, un derecho de todos, y no sólo de las grandes corporaciones de los media. Es un derecho de la sociedad a estar bien informada, es una cuestión de justicia y de ciudadanía vinculada directamente a la diversidad de los medios. Por eso, el monopolio de comunicación está contra, justamente, la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la ciudadanía». En relación a la América Latina, La Rue destaca que «hay un fenómeno histórico común porque toda la estructura de comunicación social fue pensada únicamente desde la óptica comercial. Y la comunicación es mucho más que esto, es un servicio público. No hay problema que también sea negocio, nadie está en contra de eso, pero debe prevalecer el espíritu de servicio a la colectividad, hecho con calidad e independencia, de forma honesta y objetiva». A partir de aquí estudia cómo han afrontado esta cuestión países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile… Leed a Serrano, no os arrepentiréis…

Desde Europa, desde el Reino Unido, nos llega como paso a paso se ha ido consolidando la regulación impulsada a raíz de los abusos y del espionaje de los medios del grupo Murdoch. De todos modos, decir que «nos llega» –sea de Europa, de América Latina o de donde sea– no deja de ser un cierto eufemismo. Los cambios en materia de derecho a la información de la ciudadanía que hay en muchos lugares del mundo son reiteradamente ignorados y silenciados por la prensa española y catalana, a no ser que sea con referencias hostiles y manipuladas.

El periodista Dardo Gómez –ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y expresidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)– en un artículo en la Revista El Observador afirma que «la regulación en la prensa británica avanza». Gómez apunta que «Los grandes grupos de prensa y las organizaciones profesionalistas ocultan los progresos que se hacen en otros países para garantizar a la ciudadanía su derecho a saber y a que los medios no los cuelen bulos vendidos como información». Así, añade, que «sólo por obsecuencia profesional, algunos nos hemos enterado que el último 14 de noviembre se celebraron en la Universidad de Westminster, los primeros cinco años de vigencia del sistema regulador de la prensa británica basado en las recomendaciones del Informe Leveson» del que ya he hablado en otras ocasiones. Para entender lo que ha pasado en este país hay que conocer la organización Hacked Off, la que consiguió que más de 175.000 ciudadanos británicos reclamaran una regulación que acabara con los abusos de algunos medios de comunicación. Obviamente, estos, con el grupo Murdoch al frente pero con los diarios The Telegraph, Mirror y algunos de regionales apoyándole, han planteado –y plantean– todas las batallas posibles para pararlo pero hasta ahora las han perdido todas. Se pregunta Gómez «¿por que se os ocurre que los grandes medios españoles ni las organizaciones profesionalistas no nos cuentan nada de todo esto?»

La respuesta es clara: Porque no quieren que en España y Catalunya aprendamos de este ejemplo y pretendamos seguirlo. En Catalunya, el artículo 52 del Estatuto establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se estrenará la XII Legislatura. ¿Será la definitiva para que Catalunya inicie el camino para aproximarse a los referentes democráticos más próximos?

Batalla para preservar las fuentes informativas

En los últimos casi diez días han coincidido varios acontecimientos que han tenido como común protagonista la necesidad de preservar las fuentes de los periodistas y la tarea de los alertadores o los whistleblowers, en su expresión inglesa. Si los ordenamos cronológicamente, empezaría por citar el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien el pasado 30 de mayo prometió que la UE aprobará en los próximos meses la directiva para proteger a los alertadores. El segundo hecho es el V Congreso del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) donde, en unos debates previos abiertos, participaron el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, y, entre otras, la periodista Mercè Molist. Gutiérrez habló de las nuevas opciones de empleabilidad de los periodistas en Europa y Molist sobre ciberseguridad e información.

El pasado 7 de junio, el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, organizó en Bruselas una mesa redonda con varios expertos para hablar de las nuevas tendencias en el periodismo en Internet y de como los periodistas y los medios de comunicación responden a ese reto. Finalmente, tenemos las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, hechas a raíz de los atentados en Manchester y Londres en las que se mostraba partidaria de priorizar la seguridad frente el terrorismo aunque esto suponga restringir derechos y libertades a la ciudadanía. Son cuatro piezas diferentes que forman parte de un mismo mosaico.

El anuncio o promesa de Juncker es importante porque de vez en cuando aparecen los pronunciamientos como el de May –o días antes de quien, en España, era Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que planteó la necesidad de perseguir a los alertadores– que amenazan el derecho a la información. La Federación Europea de Periodistas (FEP) valoraba las palabras del presidente de la CE como «un paso importante hacia una protección de los denunciantes en el ámbito europeo». La FEP afirma que «la denuncia de irregularidades es un aspecto fundamental de la libertad de expresión y que los denunciantes son importantes fuentes de información para los periodistas». En este sentido reclamaba la armonización legal de los denunciantes porque «el interés público está por encima de los intereses privados». Además, concluía, «hay que reconocer la denuncia como un acto de responsabilidad democrática».

El reconocimiento legal de la figura del alertador o denunciante llega en un momento en que están aumentando las prácticas espias de los gobiernos sobre los periodistas. Por eso, la cuestión de la ciberseguridad en el ámbito de la información cada vez está más presente en los foros de debate profesionales y sindicales. Así, en las jornadas previas al congreso del SPA de los pasados 2 y 3 de junio, formaba parte del programa. En su intervención, Mercè Molist, como recoge el periodista David Bollero en su blog en Público, afirmó que «el Gobierno del Reino Unido espia a los periodistas para identificar sus fuentes». Y añadía que «el 21% de los afectados por el espionaje por parte de los gobiernos corresponde a la sociedad civil y, dentro de este porcentaje, el 57% es prensa». El experto en tecnología Enrique Dans, escribía este viernes 9 de mayo en su blog que «pretender controlar lo que circula por la red o exigir puertas traseras a las aplicaciones de comunicación es directamente estúpido, algo que solo se le ocurriría a quienes no entienden la red. Simplemente, no sirve para nada, y en cambio, genera una erosión completamente inaceptable en las libertades y derechos de los ciudadanos».

En la sesión organizada por los Verdes del Parlamento Europeo, se partía de la constatación que el papel futuro de los medios está en cuestión. Están surgiendo nuevos medios digitales, la publicidad impresa está en declive y el aumento de las falsas noticias, hecho que contribuye a la pérdida de la confianza de los lectores. Una de las expertas que participó es Marta Peirano, Adjunta al Director de Eldiario.es, que defendió la importancia de la suscripción y el apoyo de los lectores como nueva forma principal de financiación de los medios que garantiza su independencia. El debate sobre las falsas noticias se ha intensificado mucho, especialmente desde las elecciones norteamericanas, y como combatirlas también es una de las cuestiones en auge en la agenda periodística.

Las palabras de Theresa May o las de Moix van en dirección contraria a la promesa de Juncker. El periodista Dardo Gómez, definía recientemente estos nuevos alertadores en Revistaelobservador.com como «esta gente que hace este tipo de denuncias públicas que han puesto a la vista toda esta inmundícia [de corrupción]. No se dedica a explicar intimidades de famosillos. Aquí estamos hablando de la revelación de información relacionada con actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o peligrosas, que sean cometidas desde el sector público o privado.» Hace un mes, el 8 de junio, la plataforma británica Campaign For Freedom Information (CFOI), alertaba contra los cambios que se quieren hacer en la Ley de Secretos Oficiales. Esta reforma, denuncia la CFOI, podría suponer «el encarcelamiento de funcionarios públicos y periodistas por revelar información» que, por otro lado, cualquier ciudadano puede reclamar a la administración.

Varios escenarios con una misma preocupación. Las restricciones al derecho a la información que pueden acabar perjudicando gravemente al periodismo y a la calidad democrática de la sociedad.

La democratización de los medios

«Hay que repensar la información como bien público y lo tiene que financiar el Estado. Es necesaria la reapropiación de los medios por parte de quienes hacen la información y de los que la consumen. Que los medios sean más participativos es indispensable para la democracia». Esto lo dijo el pasado lunes la economista francesa Julia Cagé en la conferencia que pronunció en el Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) con el título Democratizar los medios, salvar Europa del Populismo. Cagé es profesora del Instituto de Estudios Políticos de París. Es autora de un libro que en su traducción al castellano se llama Salvar los medios de comunicación (Anagrama, 2016) pero que en su original francés se titulaba Sauver les médias. Capitalisme, financement participative et démocratie. No deja de ser significativo como se ha encogido en España. Supe de este libro por el comentario que Joan Vila  hizo ena Media.cat. y entre la conferencia y la lectura del libro se desprenden unos planteamientos bastante innovadores por parte de Cagé.

La economista francesa aboga por «unos medios de comunicación gestionados por entidades sin ánimo de lucro», preferentemente bajo la fórmula de fundaciones. En su intervención afirmó que en materia informativa «estamos volviendo atrás, hacia el periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX en que no sabíamos como defender la independencia de los periodistas». También aludió a la situación que se da actualmente y que se refleja perfectamente a las encuestas de opinión sobre la enorme desconfianza ciudadana hacia los medios de comunicación y que esto «pone en peligro la democracia». Entre otras cosas les acusó de tener una gran responsabilidad en el auge de los populismos en varios países, entre los que citó a Estados Unidos.

En una conferencia de poco más de una hora, el discurso es irremediablemente más esquemático, sin tiempo para muchos matices. Por eso, cuando se refiere a que la información es un bien público que lo tiene que financiar el Estado, esto no quiere decir que también lo tenga que producir. En su libro apunta que «a pesar de que la información es un bien público, es un bien público que no puede ser producido directamente por el Estado, como pasa con otros muchos bienes culturales. Por ello, hay que repensar el modelo económico de los medios de comunicación en la  encrucijada del mercado y del Estado, del sector público y del sector privado. Las soluciones al igual que los problemas son los de la economía del conocimiento en el siglo XXI. Varios sectores productores de conocimientos y de cultura han desarrollado desde hace tiempo modelos que permiten superar la ley del mercado y del beneficio y a la vez escapar del control del Estado. Los medios de comunicación pueden inspirarse en ellos para ampliar el campo de posibilidades y salir de la crisis».

En definitiva, los planteamientos de Julia Cagé insisten en la cuestión que la información no pertenece ni a los periodistas ni a los medios de comunicación, sino a la ciudadanía. Y cómo que es un bien público, hay que gestionarlo de acuerdo con el interés público al que se tienen que supeditar medios y periodistas. Ya nos hemos referido en este blog en alguna ocasión a la sandez que soltó Juan Luis Cebrián en los inicios de la transición cuando dijo que «la mejor ley de prensa es la que no existe». De este modo, sin ningún tipo de regulación, gana, como en la selva, el más fuerte, que son los medios, que, mayoritariamente, han supeditado la información a sus intereses empresariales, económicos y políticos. El periodista *Dardo Gómez, ex presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), rebatía este viejo axioma que de manera cíclica reproducen periodistas afines a las estructuras de poder de los medios de comunicación españoles en un artículo publicado en la web CTXT Contexto y acción, en el que afirma que «la mejor ley de prensa es la que protege a la ciudadanía». En este escrito aporta todo tipo de doctrina jurídica emitida por varios tribunales internacionales, como esta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en relación a una demanda contra Italia, en la cual señalaba que «además de un deber negativo de no interferencia, el Estado tiene una obligación positiva de contar con un marco administrativo y legislativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad».

Dardo Gómez también recuerda lo que establece el Código Europeo de Deontología del Periodismo, aprobado por unanimidad por el Consejo de Europa en 1993, que en su artículo 11 establece que «las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental.» Si se repasa con atención este texto del Consejo de Europa se verá que con los tiempos que corren puede considerarse casi como revolucionario. Así, por ejemplo, en el artículo 7 dice que «los medios de comunicación efectúan una labor de “mediación” y prestación del servicio de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información, están en función de los destinatarios, que son los ciudadanos». Una afirmación que se enmarca en la línia de pensamiento de lo afirmó Cagé en su conferencia y que escribió en su libro.

Del 14 de abril al 3 de mayo

El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha como tantas otras que hay en el calendario para luchar, recordar, reivindicar y/o difundir problemáticas y derechos de todo tipo. Parece ya un ritual. Pero sirven para impulsar acciones, cambios, para remover conciencias, para la movilización social. Pero, ¿son eficaces?. No entraré en otros terrenos, donde gente mucho más experta y conocedora puede aportar datos y visiones mucho más fiables que la mía. Pero en materia de libertad de prensa, de derecho a la información, ¿qué ha pasado desde el 3 de mayo de 2015 hasta hoy? Pues poca cosa buena, si es que hay.

En el Estado español se ha aprobado la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza. En Europa, hace muy pocos días, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la Ley de secretos comerciales y tenemos el polémico Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP) en camino. En el ámbito internacional, desde principios de año llevamos 25 periodistas –o personal de apoyo– que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión. Pero hay muchos otros encarcelados o amenazados de prisión. Uno de los últimos es Andy Halll, un activista británico a quien en Tailandia le piden siete años de prisión por un informe sobre las actividades irregulares de la industria de la fruta en este país, según la crónica periodística de eldiario.es.

Alguien puede considerar que estas cosas pasan porque Tailandia es una dictadura militar desde que en 2014 hubo un golpe de estado. La legislación de este país, pero, contrariamente a lo que fija la ONU, establece penas de prisión para el delito de difamación. ¿Alguien cree que esto en Europa no puede pasar? En la Europa postley de secretos comerciales podrían pasar cosas similares. La nueva directiva aprobada el pasado 14 de abril es una amenaza para el periodismo de investigación. Varias organizaciones profesionales europeas –entre las que hay la Federación Europea de Periodistas (FEP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)– afirman que «todo y las apreciables mejoras respecto al proyecto original, la norma recientemente aprobada todavía plantea dudas en lo que se refiere a si los periodistas y, en particular, sus fuentes denunciantes están protegidos adecuadamente». El redactado es bastante ambiguo y deja demasiadas incertidumbres sobre la cuestión. Los activistas de la red también reprueban esta directiva. La Plataforma X-Net –un grupo de activistas que luchan por la democracia en la red– considera que el único objetivo de la nueva ley «es acabar con los alertadors de abusos y corrupción».

En el Estado español, ya se han empezado a ver los efectos de la Ley Mordaza. Ya hay varias personas sancionadas administrativamente, situación que también afecta a dos profesionales de la información, que han sido multados por sus artículos. Los atentados terroristas que ha habido recientemente en varias ciudades europeas han sido la excusa de varios gobiernos para impulsar reformas legislativas encaminadas a recortar libertades como único camino para reforzar la seguridad. Es momento para recordar la frase de Benjamin Franklin que «quién renuncia a las libertades por una seguridad transitoria, no merece ni la una ni la otra».

Y en Catalunya? Pues antes del 3 de mayo de 2015, la radiotelevisión pública estaba en manos de comisarios políticos. Antes del 3 de mayo de 2016, también. Antes del 3 de mayo de 2015, Catalunya no había desarrollado legislativamente el artículo 52 del Estatuto –que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho en la información de la ciudadanía– y antes del 3 de mayo del 2016, tampoco. Antes del 3 de mayo de 2015, los medios del Tercer Sector no disponían de espacio para su mínima supervivencia y antes del 3 de mayo del 2016, la situación no ha cambiado. Los políticos pueden democratizar los medios públicos. ¿Lo harán antes del 3 de mayo de 2017? Pueden hacer una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía, como hay a muchos países y como desde varias instancias profesionales y ciudadanas los han pedido en reiteradas ocasiones. ¿La harán antes del 3 de mayo de 2017? ¿Tendrán los medios comunitarios un terreno de juego justo y suficiente antes del 3 de mayo de 2017? Todavía es pronto para hacer la carta a los Reyes de Oriente y por lo tanto, seguiremos reclamando. En materia de libertad de prensa, ¿vamos como los cangrejos?

Entre la privacidad y la transparencia

Internet es (era?) un espacio de libertad. Es por lo tanto el espacio donde los que quieren restringir las libertades han puesto su mirada, una vez ya lo han conseguido notoriamente en otros espacios de convivencia social y pública. Recientemente se ha celebrado en Barcelona – del pasado 30 de octubre al 2 de noviembre– la séptima edición del Foro Internacional de Cultura Libre, organizado por la plataforma Xnet, que tenía como hilo conductor el periodismo de investigación. Se presentó el manual Seguridad de la Información para Periodistas, una herramienta muy útil elaborada por el Centro para el Periodismo de Investigación (CIJ, en sus siglas en inglés). La edición y distribución en castellano se ha hecho con la ayuda de Xnet

En este manual se asegura que «por primera vez, los periodistas ahora son conscientes de que prácticamente cada comunicación electrónica que hacemos o recibimos está siendo grabada, guardada y sujeta a análisis y control. Como esta vigilancia se lleva en secreto, sin control, transparencia o cualquier posibilidad realista de exigir responsabilidades, nuestras fuentes, nuestras noticias y nuestro mismo trabajo profesional están bajo amenaza.» Probablemente es una afirmación demasiada optimista por lo que es la realidad de la profesión en la que el grado de conciencia sobre la necesidad de proteger los equipos de trabajo y las comunicaciones tiene todavía un amplio margen de mejora. Las conclusiones de estas jornadas se pueden consultar en este enlace. Los organizadores del Foro de Cultura Libre piden el apoyo de quien quiera colaborar en la edición de los textos en otros idiomas, que se puede gestionar a traves del citado enlace.

Una parte del debate se centró en el dilema entre privacidad y transparencia. Simona Levi, una de las fundadoras de Xnet, en su intervención introductoria afirmaba que «la transparencia y la privacidad, se han convertido en armas arrojadizas en manos de la propaganda de unos y de otros cuando la transparencia sirve para acorralar a la gente que, de manera anónima, filtra información relevante, información que se nos oculta o cuando desobedecen para modificar leyes injustas. La privacidad se utiliza para borrar los crímenes de banqueros, políticos y grandes monopolios. En las tertulias se criminalizan, con total naturalidad, a activistas porque “no se sabe quienes son” mientras que se defiende a gángsters institucionales porque “los políticos también tienen derecho a su privacidad”». En la era post revelaciones de Snowden, insiste Levi, «a la pregunta de dónde ponemos el límite, los activistas por los derechos digitales tenemos damos una respuesta sin ambigüedades: “Transparencia para los gobiernos; privacidad para todos nosotros».

El Foro Internacional de Cultura Libre plantea pues la necesidad de mantener las comunicaciones y los equipos informáticos protegidos y la conveniencia que aquellos que se dedican a difundir informaciones que determinados poderes querrían mantener escondidas –como los periodistas de investigación– se doten de las herramientas suficientes para hacerlo. Y también de los conocimientos. Sobre todo en un mundo donde los poderes cada vez se espabilan más en perfeccionar sus mecanismos de vigilancia. Y no sólo tras de los atentados del 13 de noviembre pasado a Paris. Ya advertía de esta dinámica en este blog cuando en mes de enero de este año se produjo el ataque criminal contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo.

Esto nos lleva a ver como en diferentes puntos del mundo se están implementando medidas para vigilar la red y el que a través de ella circula. Enrique Dans escribía hace unas semanas en su blog un artículo titulado La privacidad a ambos lados del oceáno en el quel afirma que «los tópicos en torno a la privacidad son muy claros: mientras en Europa se siguen políticas garantistas que protegen este derecho fundamental de los ciudadanos, en los Estados Unidos no se respeta en absoluto, y tanto las empresas como el gobierno se consideran autorizados a acceder a todo tipo de datos y a hacer uso de los mismos sea para un marketing agresivo o para investigar lo que les venga en gana.» Pero tras analizar diferentes episodios en varios países llega a una conclusión muy distinta: «La evolución del panorama parece indicar que los Estados Unidos parecen estar llegando mucho más rápido al nivel de sentido común necesario para darse cuenta de que hay cosas que, en plena era digital, no pueden siquiera plantearse. Mientras, los gobernantes europeos, mucho más iletrados tecnológicamente, siguen pretendiendo que la seguridad puede obtenerse mediante la oscuridad, que las puertas traseras tienen sentido, que si no tienes nada que ocultar no tienes nada que temer, o que la seguridad puede obtenerse mediante la vigilancia exhaustiva de todos los ciudadanos.» Entre los episodios relatados por Dans hay por ejemplo la decisión del Gobernador de California, Jerry Brown, de aprobar la ley de defensa de la privacidad más fuerte de los Estados Unidos al obligar a toda agencia o autoridad a obtener una orden judicial para poder acceder a prácticamente cualquier dato, metadato o comunicación digital de un ciudadano. En cambio en Europa, se ven países como Francia, Reino Unido o Suecia implementar legislaciones que aumentan el control ciudadano, para no hablar de la ignominia española con las conocidas leyes Mordaza o Torquemada.

Las organizaciones internacionales de periodistas también tienen esta cuestión como uno de sus ejes prioritarios. La Federación Europea de Periodistas (FEP) ha realizado este año varias acciones en este ámbito. Uno de sus objetivos es que todos los sindicatos que forman parte tengan un responsable de seguridad que se ocupe de impulsar iniciativas en esta línea. En el manual de Seguridad de la Información para Periodistas que citaba en el primer párrafo se afirma que «las revelaciones de Snowden revelaron la extraordinaria capacidad de algunas agencias gubernamentales de inteligencia de interceptar comunicaciones, y de lograr acceso no autorizado a datos en casi todos los ordenadores personales o aparatos electrónicos de comunicación en el mundo. Esto podría suponer un riesgo en la seguridad de la información para un periodista de investigación, que trabaja en reportajes centrados en algún interés de estos gobiernos, sus agencias y sus contratistas privados en materia de inteligencia.» Y se recuerda a los periodistas que «El acceso no autorizado a tu información puede implicar su uso, divulgación, distorsión, modificación, inspección, grabación o destrucción. Tú y tu fuente podríais estar expuestos a riesgos jurídicos o físicos, y la información a la base de tu reportaje podría verse comprometida. En situaciones de alto riesgo, la seguridad en la información puede tan importante como usar un chaleco antibalas y viajar con guardaespaldas; sin embargo, puesto que las amenazas digitales son invisibles, complejas y a menudo no detectables, es posible subestimarlas o pasarlas por alto.»

«Los periodistas no son soldados»

«Los periodistas no deben ser utilizados como instrumentos en las guerras de información». Lo han afirmado el Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania (NUJU), el Sindicato Independiente de Medios de Ucrania (IMTUU) y el Sindicato Ruso de Periodistas (RUJ) en el marco de una iniciativa conjunta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organización regional, la Federación Europea de Periodistas (FEP) para documentar las lecciones y la experiencia del conflicto en Ucrania para los periodistas. También han dicho que «los periodistas no son soldados». Este pronunciamiento constaen  a la introducción del Informe sobre la seguridad de los periodistas en Ucrania en 2014, que la FIP y la FEP han presentado en una conferencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El objetivo era documentar las lecciones y la experiencia del conflicto Ucrania para los periodistas.

El manual detalla la variedad y el alcance de las restricciones a los derechos de los periodistas experimentados por dos periodistas ucranianos y rusos durante 2014 incluyendo la libertad de movimiento, detenciones, amenazas, agresiones y muertes. El trabajo es el resultado de la solidaridad transfronteriza entre la FIP y la FEP con los periodistas de Ucrania y Rusia que, con el apoyo de Dunja Mijatovic, representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, se ha reunido en seis ocasiones desde abril de 2014. Este organismo ha celebrado en Viena los días 15 y 16 de junio la Conferencia sobre Seguridad, Libertad de Medios y Pluralismo en tiempo de conflicto, donde se ha presentado este informe.

Los colegas ucranianos y rusos insisten «en nuestros estándares profesionales y éticos, negándonos a aceptara  los periodistas como combatientes. Creemos que lo más importante en todos los conflictos y contradicciones políticas es ser honesto, para mantener nuestra dignidad y deber de profesional, para ser periodistas y seres humanos. En primer lugar, nos da esperanza, y la perspectiva de un futuro sin violencia, ni odio ni impunidad». El propio presidente de la FIP, Jim Boumelha, asegura que «este informe es una demostración que el compromiso persistente de los principios de nuestra profesión y la resolución de las diferencias puede ayudar los periodistas a superar la confusión y la histeria de la guerra para encontrar una causa común. Esperamos que sirva de modelo para los periodistas y los sindicatos que en el futuro se enfrenten a conflictos».

El derecho a la información es uno de los más asediados hoy en día en todo el mundo. No sólo en las dictaduras. Muchos países que se jactan de vivir en democracia están impulsando reformas legislativas para dificultar el acceso a la información de las ciudadanías respectivas y para limitar la tarea de los periodistas. España  es una de las muestras más notorios de ello. El próximo 1 de julio entrará en vigor la Ley Mordaza y otras normas similares –como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– ya están en camino. A nivel europeo vemos como el Tratado de Libre Comercio (TTIP) o la ley de Secretos Comerciales suponen amenazas gravísimas a la calidad democrática.

Esta situación, en caso de conflicto bélico, es mucho más flagrante y agresiva. Los periodistas, entienden quienes gobiernan, deben estar al servicio de la causa. Nos podríamos remontar a la Segunda Guerra Mundial, pero no es necesario. Lo hemos visto en los Balcanes, lo hemos visto en Ruanda y lo hemos visto en otros lugares. Por eso, la iniciativa de la FIP y la FEP con los sindicatos  de periodistas ucranianos y ruso supone un avance para evitar que los informadores sean reclutados para formar parte de la maquinaria bélica. También lo han intentado en otros lugares –en la guerra palestino-israeliana–, pero no ha sido posible. Seguramente queda mucho trabajo para hacer pero que los profesionales de la información de dos países entre los que hay seriosísimas tensiones se reúnan para evitar ser utilizados y poder informar de lo que  sucede con la máxima profesionalidad e independencia es una buena noticia para el periodismo y, por lo tanto, para la democracia.