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El 8-M y el derecho a la información

Mañana es 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Se ha convocado una huelga feminista para denunciar las desigualdades y las violencias de que son objeto las mujeres en el mundo actual. ¿Y que tiene que ver esto con el Derecho a la Información de la Ciudadanía, que es de lo que se ocupa este blog? Mucho. Las periodistas han hecho público un manifiesto titulado «Las periodistas paramos» que ha sido elaborado por una plataforma de mujeres periodistas de todo el Estado. En este escrito denuncian cuestiones que sufren las mujeres, también las informadoras, como la brecha salarial, el techo de cristal, la precariedad laboral y el acoso sexual y laboral. Según datos de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), cerca del 22% de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación en todo el mundo han sufrido actos de violencia física en el trabajo. El 48% han sufrido acoso sexual y el 65% de trabajadoras de medios de comunicación han sido intimidadas, amenazadas o han sufrido abusos en el trabajo.

Pero más allá de esto, en el punto 7 del citado manifiesto se denuncia «la mirada parcial» que hay en los medios de comunicación y se muestra la preocupación por estos enfoques. En el escrito se afirma que «todas estas diferencias que sufrimos las periodistas tienen consecuencias también en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación. La visión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres que, a menudo, son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista, que en muchas ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios e informativos son decididas por hombres.». Es decir, los contenidos de los medios no reflejan la realidad de la sociedad actual porque no da a las mujeres el protagonismo que realmente tienen.

En el punto 6 se afirma que «los espacios de opinión y las tertulias están masculinizados. Hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar esos espacios.». Este es un hecho que la página web #onsonlesdones viene denunciando de hace tiempo. Recoge como los medios de comunicación en Catalunya distribuyen entre hombres y mujeres sus espacios de opinión. Algunos van corrigiendo poco a poco su mirada, pero la mayoría sigue respondiendo a lo que se critica en este manifiesto. En el primer estudio global que este observatorio hizo, en verano del año pasado, se constata que «el 77% de los artículos de opinión publicados en los cuatro rotativos de alcance catalán están firmados por hombres. Que los medios digitales más leídos encargan también a hombres más del 70% de las opiniones que publican. Que en las tertulias de la radio pública hay entre 6 y 7 opinadores hombres de cada diez personas opinando, y que en la radio privada los tertulianos hombres son tres de cada cuatro. Que en las tertulias de actualidad de la televisión pública, donde las mujeres son más visibles –en todos los sentidos– no ha habido ningún mes donde se de la mitad exacta de hombres y de mujeres en un debate, y que en las televisiones privadas las mujeres no pasan, habitualmente, de ocupar una cuarta parte de la mesa.»

Esto coincide también con el pentadecálogo aprobado en la Asamblea Abierta de Periodistas que se celebró el pasado 11 de noviembre, convocada por varias organizaciones del mundo periodístico, en el que, entre otras cosas se reivindica «la representación equilibrada de mujeres y hombres a las informaciones de los medios, haciendo uso del Buscador de Expertas u otras herramientas que faciliten el acceso a fuentes diversas de mujeres, pero también de colectivos infrarepresentados.» También se reclama «incorporar no sólo en la formación inicial en periodismo en las universidades, sino también a lo largo del ejercicio profesional, formación en perspectiva de género».

Por lo tanto, mientras los medios de comunicación no reflejen una realidad ni aporten una visión global del mundo de manera equilibrada entre hombres y mujeres, el derecho a la información de la ciudadanía a una información de calidad, veraz y plural no se ve respetado. Este 8 de Marzo podría servir de punto de inflexión.

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Los nuevos McCarthy de hoy

Ayer fui al cine a ver Trumbo, la magnífica película de Jay Roach sobre las listas negras de Hollywood, que empezaron a aparecer a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado impulsadas por el senador republicano Joseph McCarthy. Este asunto ha merecido la atención de varios cineastas y Trumbo no es más que la visión del caso a partir de la biografía escrita por Bruce Alexander Cook de Dalton Trumbo, uno de los guionistas de más renombre de Hollywood –uno de los diez de Hollywood– y que fue perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero, con ojos de hoy, la caza de brujas que sufrió Trumbo es mucho más que esto.

Trumbo no habla sólo de un caso personal concreto ni de la situación específica en los Estados Unidos en un momento determinado. Habla de la libertad para explicar a la gente aquello que pasa. Habla, en términos de hoy, del derecho a la información, del derecho a explicar los hechos libremente, sin persecuciones ni ser criminalizado para hacerlo. Es cierto que desde entonces el término «caza de brujas» se ha convertido en sinónimo de acoso a todo tipo de disidencias, pero actualmente este es un monstruo que se presenta con varias caras. No debe olvidarse que el maccarthismo contó con el apoyo de varios e importantes medios de comunicación y de periodistas, como en esta película queda muy patente. Ni tampoco que otros medios y otros periodistas  fueron víctimas. Georges Clooney lo explicó muy bien en Buenas noches y buena suerte.

Si el derecho a la información sigue hoy en peligro, atacado por todo tipo de McCarthys, ¿quién son pues los McCarthy de hoy? Sin voluntad de ser exhaustivo ni citarlos por orden de méritos, en esta lista  encontraríamos por ejemplo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Desde el intento de golpe de Estado del pasado mes de julio, en Turquía han sido encarcelados 107 periodistas y unos 2.500 han sido despedidos. Y la oleada de represión continua. En Rusia, un caso paradigmático es el de la periodista Anna Polikòvskaya, una voz crítica con el régimen del presidente Vladimir Putin, de quien el pasado mes se cumplieron diez años de su asesinato. En Rusia, la acción de Putin contra cualquier disidencia ha sido devastadora. La conjura mafioso-política es extremadamente atroz en la América Latina, especialmente en Brasil y, sobre todo, en México, con cifras de informadores que han sido secuestrados, torturados y asesinatos que hacen temblar. Y podríamos hablar en términos similares de más de medio mundo, pasando por todos los continentes, al este y al oeste (Filipinas, Macedonia, el Congo…) sin olvidar que en Estados Unidos  vuelve a haber listas negras. Lo pueden explicar periodistas como Amy Goodman y otros que han sufrido las consecuencias de querer informar sobre la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte de una forma que no ha gustado a determinados poderes políticos, económicos, judiciales y policiales del país.

¿Y en nuestra casa? La versión hispánica del Comité de Actividades Antiamericanas se llama Ley Mordaza. A partir de ella cualquiera que hable de cuestiones que no interesan al establishment es perseguido e incluso detenido. Sería difícil jugar el juego de encontrar las siete diferencias entre Joseph McCarthy y el ministro impulsor de esta vergüenza democrática que se llama Ley de Seguridad Ciudadana, Jorge Fernández Díaz. Pero ahora que España tendrá nuevo gobierno, quizás sería el momento que los que no han votado a favor de Mariano Rajoy –sea por la vía del «no» o de la abstención– impulsen la derogación de esta esperpéntica Ley Mordaza, un auténtico cáncer para el derecho a la información. Esperar que lo haga Rajoy, sería demasiado esperar. Y a pesar de que la mayoría de diputados del PSOE ya se han tragado una de sus prometidas electorales, ni que sea para compensar, podrían promover conjuntamente con el resto de grupos la defenestración de una ley impropia de una democracia madura y de un estado que respeta el derecho a la información de la ciudadanía. ¿Listas negras en España? No olvidemos que justo la semana pasada, el editor de Vozpópuli, Jesús Cacho, despidió a tres periodistas de la publicación digital. ¿Su delito? Querer presentarse a las elecciones sindicales para representar sus compañeros. Y no han sido los únicos. Esto ha pasado en varios puntos del Estado, también en Catalunya.

Trumbo nos muestra que McCarthy sigue cabalgando.

La ciberseguridad como herramienta de trabajo de los periodistas

El Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) publicó hace un tiempo un artículo de Tom Lowenthal titulado La vigilancia obliga a los periodistas a pensar y actuar como espías. El CPJ es una organización internacional con sede en Nueva York que promueve la libertad de prensa en todo el mundo y defiende el derecho de los periodistas a informar sin miedo a represalias. Lowenthal es un periodista freelance y experto del CPJ en materia de seguridad operativa y autodefensa contra la vigilancia. Sostiene en su escrito que «en una época un periodista nunca entregaba a una fuente confidencial. Cuando alguien se ofrece, anónimamente, para informar a la sociedad, es mejor arriesgarse a pasar un tiempo encerrado en la cárcel que entregar a esa persona. Esta responsabilidad ética también era una necesidad práctica y profesional. Si prometes el anonimato, estás obligado a cumplir. Si no puedes cumplir con tu palabra, ¿quién depositará la confianza en ti en el futuro? Las fuentes se van a otra parte y las noticias te pasan de lado».

Lowenthal añade que «la experiencia de una nueva generación de redactores presenta una historia diferente. Optar por decir el nombre de una fuente es una cuestión secundaria. ¿Acaso ahora se puede proteger el nombre de una fuente? Los registros de llamadas, archivos de correo electrónico, intercepción de teléfonos, información de localización derivada de antenas para celulares, tarjetas o abonos inteligentes de transporte, activación remota del celular para escuchar conversaciones mediante su micrófono, cámaras de vigilancia: la opción por omisión de nuestro mundo es estar bajo vigilancia. Por unos breves momentos quizás se pueda tener privacidad, pero, inclusive entonces, únicamente tras mucho esfuerzo. Y sin embargo, este es el mundo feliz del periodismo.»

La última cita del artículo de Lowenthal –de lectura imprescindible para quien haga periodismo de investigación– que quería aportar en este apunte es esta: «Si es que acaso un periodista puede proteger la identidad de sus fuentes, es sólo gracias a la aplicación de increíble experticia y práctica, junto con el empleo de costosas herramientas. Los periodistas ahora compiten con los agentes secretos y los espías, y los agentes secretos cuentan con la ventaja que otorga la condiciónde sede. El hábitat de un periodista no debe ser mundos oscuros de subterfugio y vigilancia. El tiempo que un periodista pasa aprendiendo el juego Spy vs.Spy podría estar mejor dedicado a perfeccionar sus habilidades profesionales. Cada hora dedicada a entender complejas herramientas de seguridad podría ser una hora dedicada a la investigación y la redacción». Todo el escrito advierte de las dificultades de todo orden para mantener la privacidad de los equipos de trabajo de los periodistas.

Pero, según afirman diferentes expertos, este es uno de los retos principales del periodismo, especialmente el de investigación. Al mes de enero, tuve la oportunidad de participar en un seminario de formación de cuatro días organizado por la Federación Europea de Periodistas (FEP) en Bruselas sobre Ciberseguridad para periodistas. A lo largo del curso, quedó claro que «la protección de las fuentes puede verse fácilmente comprometida en un mundo donde la vigilancia de la sociedad es cada vez más omnipresente y cada vez menos perceptible. Pero sacrificando un poco su tiempo, los periodistas pueden igualmente aprovechar estos mismos avances tecnológicos para hacer más seguras sus comunicaciones y para protegerse mejor y reforzar la relación de confianza con sus fuentes.» También se pudieron aprender de manera rápida y práctica el uso de las nuevas herramientas en este campo y «conocer medios técnicos para evitar la censura en Internet, examinar casos prácticos de pirateo y de violaciones de los derechos humanos, y descubrir nuevas herramientas para encriptar comunicaciones o reforzar contraseñas.»

Hay países, como Suecia, donde la protección de las fuentes no es un derecho de los periodistas sino una obligación. En España no está ni siquiera regulado. Por eso el Estado español está a la cola de Europa en lo que se refiere a la libertad de prensa y al derecho a la información. Pero el secreto profesional es uno de los pilares de una prensa independiente y los avances tecnológicos hacen que para protegerlo se necesite mucho más que una ley. Hace falta que los informadores conozcan y dispongan de herramientas para proteger sus equipos informáticos y sus comunicaciones. Probablemente, un gran medio podrá disponer de recursos humanos y técnicos para hacerlo. Otra cuestión es que quiera plantar batalla a las estructuras del Estado –o de quién sea– y opte para mantener indefensos a sus periodistas. En las publicaciones más pequeñas pero basadas principalmente en el periodismo de investigación, el reto de protegerse de ataques cibernéticos es más que imprescindible. Los recursos materiales pueden ser caros pero conocer las herramientas informáticas y tecnológicas puede dificultar la interceptación de las comunicaciones y blindar mejor las webs y los equipos de trabajo.

Hasta hace poco, el concepto «seguridad» aplicado en el mundo de la información era principalmente más una cuestión de seguridad física por los riesgos inherentes al trabajo desarrollado en zonas en guerra o por la represión en países bajo regímenes dictatoriales. Ahora, hay que incluirle la vertiente cibernética a partir de los ataques que se viven y ven en cualquier lugar del mundo, incluso en los estados presuntamente más democráticos. En este sentido, casos como el de Snowden son bastante ilustrativos. Por eso, desde las organizaciones internacionales de periodistas más destacadas –como la Federación Inrternacional de Periodistas (FIP)–, se pide que los profesionales tomen conciencia de la importancia de esta cuestión y adopten medidas para protegerse del ciberespionaje.

En Cataluña y en el Estado español, hay gente que trabaja en este ámbito, sólo falta que los informadores asuman la importancia que tiene. La periodista Marta Peirano publicó hace pocos meses El pequeño libro rojo del activista en la Red (Roca, 2015), un libro con prólogo de Edward Snowden, sobre la seguridad en la red, con consejos para asegurar las comunicaciones. Pero si hay una periodista que se ha convertido en un referente en estas cuestiones es Mercè Molist. A principios de año publicó Cibercrimen  (Tibidabo Ediciones, 2015) y es probablemente quien más ha escrito y desde hace más tiempo sobre hacking y ciberseguridad.

Es sabido que la seguridad absoluta no existe, que, si alguien nos quiere reventar la puerta de casa, lo acabará haciendo por muchas medidas para evitarlo que hayamos puesto. Pero no por eso nadie deja la puerta abierta cuando sale de casa. En la Red, es exactamente igual, debe hacerse el máximo para protegernos sabiendo que nunca lo estaremos al 100%.

Las negociaciones clandestinas para el tratado TTIP

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, en sus siglas en inglés) tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea con la supresión de aranceles varios, así como normativas que desde los negociadores se consideran innecesarias. La oficina en España de la Unión Europea lo argumenta diciendo que «son restricciones a la inversión, y lo que hace falta es simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios». La web de la representación de Bruselas en Madrid facilita la escasa información oficial que dan los negociadores sobre las conversaciones y nunca sobre sus aspectos más controvertidos. De todos modos, los textos del anteproyecto que hasta ahora se conocen revelan que el tratado no permitiría a los gobiernos aprobar leyes para la regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, servicios postales o telecomunicaciones. Si se produjera cualquier expropiación, las empresas podrían demandar a los Estados exigiendo la devolución de su inversión más compensaciones e intereses. Esto afecta incluso en el mundo de la comunicación porque los gobiernos no podrían aprobar leyes limitando la propiedad en los medios para impedir la creación de imperios mediáticos cómo, por ejemplo, el de Murdoch. Y ya es sabido que el efecto principal de la concentración mediática es la reducción del pluralismo informativo, una de las amenazas principales a la calidad democrática de un país.

En el pasado mes de junio me hacía eco en este blog de una campaña internacional que denunciaba el oscurantismo que había alrededor de las negociaciones para el tratado TTIP. Esta iniciativa se ha desarrollado a través de STOP TTIP, una plataforma integrada por unas 250 organizaciones europeas de todo tipo (ecologistas, sindicatos, asociaciones de consumidores…). Una de las acciones desarrolladas ha sido una recogida de firmas contra este tratado en forma de iniciativa ciudadana para pedir a las autoridades comunitarias y a los gobiernos de los estados miembros de la UE que suspendieran las conversaciones. Desde el pasado mes de julio en que arrancó esta acción, se han obtenido en Europa un millón de firmas contra el acuerdo. Sus impulsores aseguran que el convenio «daría un poder sin precedentes a las empresas multinacionales y por lo tanto amenazan con anular la democracia y el Estado de Derecho, así como perjudicar la protección del medio ambiente y de los consumidores. Los tratados permitirían que las empresas demandaran a los gobiernos ante tribunales de arbitraje privados si sus leyes o políticas dañaran los beneficios de la compañía.»

John Hilary, miembro del Comité de Ciudadanos que ha desarrollado esta iniciativa, destaca que «STOP TTIP ha recogido más de un millón de firmas en un tiempo récord. Esto es especialmente embarazoso para la Comisión Europea, puesto que ha intentado varias veces bloquear la participación de los ciudadanos en la forma en que estos tratados se están negociando y en su resultado». Hillary reclama al presidente de la CE, Jean Claude Juncker, que «escuche la creciente oposición y deje de negociar los tratados inmediatamente».

Al margen otras cuestiones –de indudable vital importancia para la calidad democrática y económica de la sociedad– estas negociaciones afectan a una cuestión tan importante cómo es el derecho a la información de la ciudadanía por dos cuestiones principales. Por un lado se trata de unas conversaciones que se desarrollan sin ningún tipo de transparencia. Muy poca gente conoce el alcance real de lo que se está hablando. En España, las pocas noticias que han salido en los grandes medios de comunicación tanto públicos como privados se limitan a reproducir las informaciones oficiales que se limitan a cantar las excelencias de este tratado. Probablemente las tenga, pero sólo para las grandes empresas multinacionales. El segundo aspecto preocupante de los tratados TTIP en relación a la comunicación es al que aludíamos en el primer párrafo. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) alertaba recientemente en un comunicado del pasado 1 de diciembre de «el oscurantismo que rodea a las negociaciones secretas que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea sobre el TTIP». Añadía que «de llevarse a cabo este acuerdo, además de suponer un grave atentado contra la defensa de la regulación europea en materias como la economía, los derechos laborales, el medio ambiente o los servicios públicos (salud, educación…), afectará directamente al derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía: la creación del llamado Mecanismo de solución de controversias inversoras-Estado acarrearía la indefensión de los Estados contra la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos monopolios, una práctica que limita el necesario pluralismo informativo». También la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha criticado con dureza estas negociaciones y, conjuntamente con otras organizaciones europeas ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo de la Unión Europea y ha emprendido líneas de trabajo conjuntas con organizaciones sindicales del sector en Estados Unidos y Canadá.

En un momento en qué diferentes organizaciones están reclamando en el Estado español y en Catalunya la regulación del derecho a la información, este tratado puede suponer un ataque a la línea de flotación de esta reivindicación. En Catalunya hace pocas semanas se presentó la Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación que tiene entre sus objetivos conseguir una legislación que limite la concentración de medios. El manifiesto de la FEP para las últimas elecciones europeas del pasado 25 de mayo reclamaba una regulación «para limitar la concentración de medios». Con el TTIP con sus actuales planteamientos, sería imposible parar los pies a los Murdoch de todo el mundo. En este sentido, América Latina vuelve a coger la delantera al viejo continente en lo que se refiere al respeto a un derecho tan elemental como el de la información puesto que en algunos países se están desarrollando normativas claramente más avanzadas en este aspecto. Pero esto sucede, simplemente, porque Europa está yendo marcha atrás. Y en el Estado español, este tratado que atenta contra la soberanía de los pueblos, tiene el apoyo del PP, del PSOE y de CiU.

Un mes de noviembre para denunciar la impunidad de los ataques contra periodistas

Varias organizaciones internacionales impulsan este mes de noviembre distintas iniciativas para reclamar que los gobiernos pongan fin a la impunidad en los ataques contra los periodistas, vengan de donde vengan, sean desde los cuerpos de seguridad de los estados, en conflictos bélicos o como resultado de acciones instigadas desde diferentes estructuras de poder político, económico o criminal. Asociaciones como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la asociación Abogados Europeos Demócratas (AED) o la Red IFEX de defensa de la libertad de expresión son las que convocan las principales iniciativas. Tanto la FIP como RSF forman parte de la Red IFEX que es quien coordina la mayoría de las convocatorias.

A pesar de que la campaña se desarrolla durante todo el mes, el 23 de noviembre está fijado como el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra periodistas. En esta fecha se recuerda la masacre más grande producida nunca en un solo ataque contra profesionales de la información que sucedió en 2011 en las Filipinas y dejó el trágico balance de 32 muertos. La ONU fijó este día en una resolución aprobada el 18 de diciembre del año pasado. El 18 de diciembre de pasado año, la ONU designó para idéntica causa el 2 de noviembre, con motivo del asesinato de dos periodistas de RFI, Ghislaine Dupont y Claude Verlon, sucedidos en Kidal (Mali) en 2013.

Con la referencia de estas dos fechas, la FIP ha pedido a sus sindicatos asociados que desde el pasado día 2 y hasta el 23 vayan difundiendo a través de las redes sociales la necesidad que se implementen las normativas internacionales que protegen la tarea de los periodistas y, por lo tanto, el derecho a la información de la ciudadanía. El citado día 23 se haría especial hincapié en los países que hoy en día son los más peligrosos para los profesionales de la información –obviando, lógicamente, aquellos donde hay conflictos bélicos abiertos– y que son Filipinas, México y Somalia. RSF ha diseñado una página web en la quel detalla diez casos de crímenes contra periodistas que todavía permanecen en la impunidad. Según esta organización, puede tratarse «de desapariciones, como la de la periodista de investigación mexicana María Esther Aguilar Cansimbe, el periodista franco-canadiense Guy-André Kieffer, el iraní Pirouz Davani y el analista político y caricaturista de Sri Lanka Prageeth Eknaligoda. La lista incluye casos de periodistas asesinados, como el del pakistaní Syed Saleem Shahzad, la joven periodista serbia Dada Vujasinovic, el columnista franco-libanés Samir Kassir y el periodista de Daguestán Akhmednabi Akhmednabiev, que perdió la vida enl 2013. También se muestran otro tipo de crímenes, como el encarcelamiento del periodista sueco-eritreo Dawit Isaak, que se encuentra encerrado en un lugar secreto de las infernales prisiones de Eritrea del régimen de Isaías Afewerki desde hace 13 años, o como los actos de tortura que sufrió la reportera bahreiní Nazeeha Saeed a manos de la policía por haber cubierto las manifestaciones a favor de la democracia.

Desde el año 1992 casi 800 periodistas han perdido la vida en todo el mundo en el ejercicio de su tarea profesional. En este 2014 ya se ha alcanzado la cifra de 100 informadores y asistentes asesinados. La Red IFEX –de la que forman parte 17 organizaciones internacionales y un gran número más a nivel local– basa su iniciativa en este dato. Así, la entidad explica que «no todos los secuestros o asesinatos de periodistas se encuentran en los titulares internacionales, tampoco la mayoría de las muertes se producen en zonas de guerra. En la mayoría de los casos, las víctimas son periodistas locales, reportando en sus propios países. Cada vez más, aquellos dispuestos a traernos la verdad, cubrir el crimen, el conflicto o la corrupción, son atacados y silenciados. Pero aunque se trate de un grupo yihadista ultra violento como ISIS, un sindicato del crimen, o figuras en la sombra haciendo el trabajo sucio de las corporaciones o los gobiernos, los motivos detrás de los intentos de silenciar a los medios de comunicación son claros, y es igualmente claro por qué no podemos permitir que eso suceda.» La Red denuncia que los asesinos «se están saliendo con la suya. La realidad de la impunidad sistémica por los delitos cometidos contra los periodistas no está en cuestión. De acuerdo con las últimas cifras de la UNESCO, desde el 2006 se han aplicado condenas en menos del 10% de los casos de periodistas asesinados».

La iniciativa de la asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) tiene un perfil diferente puesto que su objetivo es conseguir que los agentes policiales lleven placa identificativa en todos los países del continente para poder depurar responsabilidades en caso de abusos que puedan cometer los agentes. La campaña consiste en una recogida de firmas para pedir al Comisario Europeo, a la Comisión Europea y a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que adopten una directiva europea sobre la identificación de los agentes de policía a partir de la resolución que la Eurocámara adoptó en enero del año pasado en la que expresaba su preocupación por la ausencia de esta placa. La entidad ha iniciado la captación de firmas este mes de noviembre con la voluntad de obtenerlas en todos los países de la UE y entregarlas a las autoridades comunitarias el mes de febrero del 2015. AED pide que se inicien «los procedimientos y los debates necesarios para adoptar una directiva o una decisión marco en esta materia y dar una respuesta al problema de la identificación visible de los agentes de policía para evitar la infracción de derechos fundamentales, salvaguardar los derechos de la defensa, la independencia del poder judicial y su rol de control, con el objetivo de desterrar del día a día la impunidad de las acciones delictivas de las fuerzas policiales y de sus responsables administrativos y políticos».

Derecho a saber, derecho a estar informado

«Las personas tienen el derecho a saber» es el título de una campaña internacional a través de la que más de 250 organizaciones de todo el mundo reclaman una mayor transparencia sobre las negociaciones que están llevando a cabo representantes de los Estados Unidos y de la Unión Europea para el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés). Argumentan los promotores de esta iniciativa –entre los que hay sindicatos, consumidores, movimientos sociales y ong para el desarrollo, y observatorios sobre transparencia– que este será el tratado comercial bilateral más importante de la historia «con unos impactos que afectarán enormemente las vidas de las personas a ambos lados del Atlántico». Las partes que negocian el TTIP arguyen que el secretismo de este proceso es inevitable puesto que es un asunto de relaciones internacionales. Los defensores de la transparencia creen, pero, que la ciudadanía «tiene derecho a saber qué es lo que se está poniendo encima la mesa y cómo se están tomando las decisiones.» Añaden que es imprescindible un debate democrático «porque son las personas y no las empresas quienes tienen que poder participar en una discusión sobre qué economía, qué entorno y qué futuro queremos».

Este lunes 2 de junio se celebraba en Madrid un acto para promocionar el TTIP en la Casa de América en el que participaban representantes de los gobiernos español y norteamericano así como de las empresas más importantes. Los opositores a este tratado habían convocado una protesta coincidiendo con la sesión para denunciar –entre otras cuestiones que critican– la opacidad con que se están llevando las negociaciones. Una portavoz de Amigos de la Tierra –una de las organizaciones que a nivel internacional coordina el rechazo al TTIP– explica que se están haciendo actas en diferentes ciudades para informar sobre lo que hay en juego en estas conversaciones.

Una vez más nos encontramos ante un caso dónde a la ciudadanía se le niega el acceso a información básica. En noviembre del año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Transparencia –como siempre, el Estado español casi el último al aprobar una normativa de este estilo– en la cual se fijan aquellos aspectos de los cuales la sociedad  podrá conocer los detalles. Sobre ello, durante el proceso parlamentario de tramitación, la Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), aseguró que en el texto legislativo no se especifica que el acceso a la información de la ciudadanía «es un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión.» Obviamente, este no es un problema que se derive de la normativa española porque en esta campaña en favor de una mayor transparencia en las conversaciones para el TTIP  participan organizaciones sociales de la mayoría de los países implicados en el tratado. Pero quizás es un indicador que las normativas europeas surgidas después de la II Guerra Mundial y que se limitaban a fijar los derechos y deberes de los periodistas para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía empiezan a ser obsoletas. Ni Catalunya ni España tienen ni siquiera este mínimo europeo y ahora que está a punto de constituirse el nuevo Parlamento Europeo sería el momento que el continente diera pasos adelante en esta línea y acercarse a lo que prevén algunas legislaciones latinoamericanas, mucho más avanzadas y ambiciosas en este sentido. Catalunya, además, está elaborando su propia Ley de transparencia, pero todavía está en trámite parlamentario e incluso un poco paralizada puesto que el Gobierno y los principales grupos que le apoyan tienen en estos momentos otras prioridades legislativas en este ámbito como es, por ejemplo, la Ley electoral.

3 de Mayo y ¡tanto por hacer!

El 3 de Mayo es el Día de la Libertad de Prensa, instaurada en 1993. Los periodistas lo consideramos la otra cara de la moneda del 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, porque un periodista sin condiciones laborales dignas no puede ejercer su profesión con suficiente independencia y libertad. Un informe de la asociación norteamericana Freedom House señala el retroceso generalizado de la libertad de prensa en todo el mundo y que el Estado español no es una excepción hasta el punto que en el ranking de la citada entidad –con un presupuesto del que el gobierno de los EE.UU. aporta el 80%– España todavía  consta como un país libre pero muy cerca de serlo sólo parcialmente. La mitad de los puntos negativos que Freedom House otorga en España son por las dificultades que pone el poder político, poco más de la cuarta parte por razones económicas y la otra escasa cuarta parte restante es por limitaciones legales a la libertad de informar.

Como complemento a este informe hay el estudio hecho por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) relativo a 2013 y presentado el pasado mes de diciembre que revela que un 73% de los periodistas españoles reconocen recibir presiones y que un 76% de estos dicen que son los propios empresarios los que las ejercen. Y por si fuera poco, la lista de quienes se han fijado en la deteriorada situación que estas cuestiones tienen en el Estado español sigue ampliándose constantemente. El diario británico The Guardian, en un artículo titulado «Media Revolution in Spain as readers search for new voices» y publicado a finales del pasado mes de marz, aseguraba que el poder controla los grandes periódicos españoles, destacando que dependen especialmente de las grandes entidades financieras debido a las deudas crediticias contraídas.

¿Por qué se produce esta bajada en la libertad de información? Pues, entre otros motivos, por la inexistencia de una ley regule el derecho a la información de la ciudadanía. Además, las pocas iniciativas que hay en esta línea son claramente restrictivas. Si los legisladores cumplieran el mandato constitucional y desarrollaran el artículo 20 de la Constitución en la línea de cómo lo han hecho otros países europeos, los informadores tendrían instrumentos legales para enfrentarse a las presiones. Si se fuera más allá y se optara por el modelo que se está implementando en un gran número de países latinoamericanos, todo esto se haría con una perspectiva mucho más ciudadana porque el objetivo sería garantizar el derecho a la información de la ciudadanía con la articulación de varios mecanismos para hacerlo efectivo. Eso sí, habría que mejorar la composición de la mayoría de organismos reguladores existentes en este continente.

Además, los legisladores, al margen de impulsar  la aprobación de una Ley Orgánica del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LODGIC) –acompañada de la Ley de Derechos Laborales de los Periodistas que reconozca la figura del colaborador– tendrían que corregir los ataques a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a una información veraz y plural, como son las leyes de Seguridad Ciudadana y la de Propiedad Intelectual. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al margen de restringir el derecho de manifestación, incluye medidas que dificultan la tarea de los trabajadores de la información especialmente en lo que se refiere a tomas imágenes de las actuaciones policiales . La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) se está haciendo al dictado de los intereses de los grupos empresariales, obviando –contrariamente a lo qué pasa en todo Europa— que los periodistas son los autores y no los medios. Añadido a todo ello, las modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial que está impulsando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, prevén dar potestad a los jueces para poner trabas a la tarea de los profesionales de la información en los juzgados.

Quién crea que esto sólo afecta los informadores, que es una cuestión corporativa del sector, se equivoca. El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, en un artículo publicado en el digital enastillalamancha.es, afirma que «los titulares del derecho a la información son los ciudadanos y, por eso, son ellos quienes deben exigir que se cumpla; los periodistas somos meros intermediarios que debemos encargarnos con nuestro trabajo de que ese derecho constitucional y humano sea una realidad cada día.» También dice que «habrá quienes opinen que esta conmemoración se refiere sobre todo a los países del mundo en los que no existen libertades. Se equivocan: en sociedades democráticas como la española o las de los países miembros de la Unión Europea también hay muchas restricciones y limitaciones a la libertad de prensa e información, cada vez más.». Que es lo que cada vez ratifican más investigaciones, como acabamos de ver.

Finalmente, la guinda del pastel de la involución en el derecho a la información de la ciudadanía y en la libertad de prensa –entendida de manera genérica y no sólo los periódicos– es el acoso que en España y en Catalunya están sufriendo los medios públicos. Lo hemos visto en Canal 9 (País Valenciano), Ona Mallorca (Illes Balears), Telemadrid (Madrid), pero también en Catalunya. El pacto CiU-PP para desmembrar TV3 y Catalunya Ràdio son la punta del iceberg, pero la Xarxa –dependiente de la Diputación de Barcelona–, TV Cambrils, Radio l’Hospitalet y tantos otros medios municipales son el ejemplo del que tanto CiU, como PP, PSC y también ERC  tienen su cuota de responsabilidad. Por otro lado, la reforma de la Ley de la Administración Local por parte del Gobierno de Mariano Rajoy  también supone negros augurios para el futuro de los medios públicos de titularidad municipal.

Por todo ello, como dice Yanel, el 3-M es una fecha que implica el conjunto de la ciudadanía. Por eso en varios puntos del país se están impulsando iniciativas por parte de la sociedad civil para reivindicar que se garantice su derecho a la información y a la comunicación. Andalucía va un paso por delante y desde Cataluña se empiezan a promover varias iniciativas que hay que seguir con interés para que que se desarrolle el Artículo 52 del Estatuto de Catalunya