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La información en los programas electorales del 21-D

Los programas electorales de las diferentes candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre incluyen varios aspectos relacionados con la información y la comunicación. En general, como podréis ver, al margen de unas pocas excepciones, hay muy pocos compromisos concretos. En este artículo no pretendo incluirlos a todos, ya que me centraré en los que están más directamente vinculados al periodismo y al derecho a la información. Hay otros aspectos igualmente importantes –los medios públicos como vehículo de difusión lingüístico, la CCMA como dinamizador industrial, la industria audiovisual, los diferentes planteamientos sobre el espacio de comunicación catalán…– pero quedan fuera del objeto de este blog, centrado esencialmente en el derecho a la información. Pero lo podéis encontrar todo en este documento que recoge el conjunto de los programas electorales en información y comunicación, elaborado por el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC).

Así, me dedicaré a repasar, pues, que propone cada candidatura sobre las cuestiones para mí más importantes:

1.– Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)

A) CUP

• Promoveremos unos medios de comunicación y de información públicos y de gestión pública como herramienta necesaria para garantizar el derecho a la información y el pluralismo político y social. Para asegurar su independencia y calidad, hay que alejarlos del control de los partidos políticos y de los intereses de los lobbies empresariales capitalistas. Por eso los órganos de dirección de los medios de comunicación públicos tienen que ser elegidos por amplias mayorías parlamentarias que eviten su gubernamentalización. Así mismo, para consolidar la profesionalidad e independencia hay que promover la participación de los trabajadores en los órganos de dirección a través de la cogestión.

B) Catalunya en Comú – Podem

• Defendemos la independencia de los medios de comunicación respecto de los poderes políticos y económicos y por eso apostamos por la desgubernamentalización de los medios públicos.
Reformar la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para blindar la independencia, neutralidad e imparcialidad de la televisión de las emisoras de radio y de todas las plataformas de comunicación de la Generalitat.
Asegurar el respeto a la independencia de los medios, tanto de los públicos como de los privados, ante los poderes políticos y económicos, y, en este sentido desgubernamentalizar TV3 y los otros medios de la CCMA, como también la ACN, como condición imprescindible para garantizar la independencia, la profesionalidad, la pluralidad, el rigor y la imparcialidad.
Establecer mecanismos de cogestión para incorporar las personas trabajadoras en los espacios de decisión y gestión.
La elección del presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno con mayoría cualificada y a través de un procedimiento de hearing o examen público.
• La garantía que la CCMA recibirá los recursos necesarios para hacer una programación de calidad, competir con los grandes medios privados y afrontar las transformaciones tecnológicas. El sistema de financiación tiene que ser transparente y fijado por contrato programa y una evaluación de rendimientos que no se base sólo en las audiencias y los costes, sino también en indicadores de rentabilidad social.
• El establecimiento de mecanismos que permitan la participación de la audiencia con fórmulas como el registro de usuarios únicos y, sobre todo, el ejercicio efectivo del derecho de acceso, cosa que exige la reforma de la Ley 11/2007.

C) Ciudadanos

Garantizaremos la pluralidad e independencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Llevaremos a cabo una política de medios de comunicación basada en la objetividad informativa y la excelencia en la profesión periodística. Modificaremos el sistema de elección del Presidente y el Consejo de Gobierno de la CCMA para tener una televisión y una radio públicas de todos los catalanes y no de un Gobierno, tal y como Cs ha defendido también en la reforma de la Corporación de RTVE en el Congreso de los Diputados.
Aseguraremos unos medios basados en la neutralidad, la pluralidad y lo respeto. TV3 y Catalunya Ràdio son la televisión y la radio de todos los catalanes y eso debe reflejarse en su programación y en su gestión. Todas las opiniones deben tener cabida, pero también debe quedar claro qué es opinión y qué es información para garantizar un servicio público neutral y libre de sesgo político.
Garantizaremos la despolitización de la programación dirigida a los menores de edad. Se inadmisible que se uso la programación infantil de los medios de comunicación públicos cono el objetivo de manipular a los menores de edad cono propaganda independentista explícita o encubierta en supuestos contenidos educativos. Garantizaremos que la programación infantil esté libre de ideologías partidistas.

D) ERC

Dotaremos a la Corporación catalana de medianos públicos audiovisuales (CCMA) con los recursos suficientes para un proceso de actualización necesario. La aportación pública se tenderá a equiparar a la media europea que se destina a las corporaciones audiovisuales nacionales, tomando como referencia los indicadores que periódicamente publica el observatorio Europeo del Audiovisual. Esta aportación tendría que garantizar, a través de la mejora de la eficiencia organizativa, el equilibrio financiero de la CCMA y su sostenibilidad preservando siempre las misiones de servicio público encargadas.
• Continuar dando preferencia a unos de los compromisos de servicio público de la CCMA: unos servicios informativos de calidad y equilibrada desde un punto de vista territorial todo incluyente indicadores de seguimiento específicos a través del contrato-programa.
• Fijar como prioridad estratégica el área de contenidos infantiles como uno de los grandes valores añadidos de la CCMA.
• Dar un salto cuantitativo en la difusión específica de contenidos culturales y musicales de nuestro territorio y a los más alternativos o minoritarios.
• Profundizar en los criterios de renovación, transparencia y profesionalidad en la elección de los miembros del Consejo de gobierno de la Corporación.
• Un contrato-programa tendría que recoger el compromiso explícito de elaborar un nuevo plan estratégico de la CCMA que establezca las prioridades para los próximos años.

E) Junts per Catalunya

• Los medios públicos de comunicación deben cumplir siempre con su vocación de servicio público planteando una oferta plural, de calidad y en catalán que tenga como ejes principales la información, la cultura, el entretenimiento y la educación.
Potenciar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para que continúe siendo referente y líder en la sociedad catalana y siga siendo gestionada con criterios de independencia, profesionalidad y viabilidad económica.

F) PP

• Haremos de TV3 y de Catalunya Ràdio unos medios plurales al servicio de una información veraz y neutral. Potenciaremos el perfil profesional e independiente del ente. Ajustaremos el gasto en los medios de comunicación públicos y las retribuciones de sus altos directivos; limitaremos también la producción externa de su presupuesto.

G) PSC

• Elaboraremos un plan estratégico de la CCMA que responda a los objetivos iniciales de la Corporación.
• Trabajaremos para garantizar el rigor informativo y el pluralismo especialmente de los medios de comunicación de titularidad pública, dando valor a la autoridad profesional como elemento básico de la profundización democrática. Trabajaremos para que los recursos humanos y técnicos propios de los medios públicos estén en condiciones de ofrecer una programación y una información de calidad y plural.

 

2.– Regulación de la comunicación. Artículo 52 del Estatuto

A) Catalunya en Comú – Podem

Garantizar los derechos a la información y la comunicación. Respetar y aplicar el principio consagrado al artículo 52 del Estatuto que establece que todas las personas tienen el derecho de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censuras ni trabas, mediante todas las plataformas existentes, en el marco del respecto a la libertad y los derechos humanos.

B) PSC

Los medios de comunicación producen información de interés general que tiene que ser considerada un bien público y, por lo tanto, sometida a algún tipo de protección para garantizar su profesionalidad, pluralidad y diversidad.

 

3.– Política Audiovisual. Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)

A) Catalunya en Comú – Podem

Reformar la Ley 22/2005 de medios audiovisuales de Cataluña y aprobar el decreto que la desarrolle, para garantizar de manera efectiva el principio que “todas las personas tienen el derecho que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos y comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”.
Blindar la plena independencia del CAC y, a la vez, impulsar un acuerdo parlamentario para poner en marcha un órgano que garantice el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía, siguiendo modelos como los de Alemania, Reino Unido y Noruega. El nuevo órgano, que podría sustituir el CAC y asumir las competencias, determinaría la composición y funciones de los consejos de administración de los medios públicos, fijaría los criterios de concesión de ayudas de la Administración al conjunto de los medios y formularía propuestas de promoción del tercer sector de la comunicación, entre otras funciones.

B) Ciudadanos

Cerraremos el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC). Hasta hoy el CAC se ha comportado como un órgano político en el espacio de comunicación catalán frente a los medios que no comulgan cono el nacionalismo y lo independentismo y no ha estado a la altura en las numerosas ocasionas en las que se han producido situaciones de falta de neutralidad y de pluralidad en los medios de comunicación públicos de Cataluña.

C) ERC

• Un Pacto Nacional del Audiovisual que propicie la Ley del Instituto Catalán del Audiovisual (…) y la creación de un Instituto Catalán del Audiovisual para apoyar a la industria audiovisual.

D) PSC

Reforzaremos las instituciones de garantía del pluralismo y la diversidad en el ámbito de los medios públicos.
Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña por, entre otros cuestiones incorporar los adelantos de la Ley estatal 7/2010 y de la Directiva de Servicios de Comunicación audiovisual en su última formulación.

 

4.– Medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro y Tercer Sector

A) CUP

• Otra herramienta comunicativa para garantizar el derecho a la información y promover el pluralismo son los medios de comunicación comunitarios. (…) Tenemos que alentar y potenciar la creación de estos espacios cooperativos, defender su independencia y facilitar su acceso a la información interna y externa.
• Defenderemos que el espacio radioeléctrico sea ocupado por los tres tipos de medios (públicos, comunitarios y privados) a partes iguales, un tercio para cada uno.

B) Catalunya en Comú – Podem

• Apostamos para promover y proteger los medios sin ánimo de lucro y, en general, los que son resultado de la autoorganización de los ciudadanos que ejercen el derecho a ser emisores de información y a constituir y gestionar medios de comunicación propios por cualquier de las plataformas existentes.
Apoyar el emprendimiento en el sector de la comunicación para contribuir a aumentar la diversidad de la oferta y apostar por nuevas fórmulas empresariales y de gestión, como las cooperativas de periodistas y usuarios, los medios con vocación de servicio público y los sistemas de financiación mixta vía micromecenazgo.
Fomentar y proteger los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro, que tienen una función insustituible en el amparo de la diversidad cultural y en la implicación directa de la ciudadanía en el proceso de comunicación social, en el fomento de la alfabetización mediática y en la reflexión crítica.

C) ERC

• Hay que intentar reflejar las nuevas realidades empresariales aparecidas en el ámbito del medios de comunicación como por ejemplo el asociacionismo y cooperativismo.
• Habrá que reflejar las medidas de fomento previstas en el proyecto de Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios sin ánimo de lucro impulsado en la última legislatura desde la Secretaría de Comunicación y su Dirección general de medios de Comunicación para la plena incorporación de estos medios del Tercer Sector a la realidad comunicativa del país.
• Terminar definitivamente el Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios de Iniciativa Social una vez superados los últimos trámites interrumpidos por el final de la legislatura.

D) PSC

• Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña para velar para que los procesos de otorgamiento y renovación de licencias sean efectivamente abiertos, transparentes y competitivos, y garanticen la igualdad de condiciones para las diferentes voces, así como la reserva de un espacio para el Tercer Sector.

 

5.– Transparencia

A) Catalunya en Comú – Podem

Reformar el sistema de publicidad institucional, para poner fin al reparto basado con el amiguismo y el modelo de clickbaits, para garantizar criterios objetivos de transparencia y equidad y para hacer que las subvenciones estructurales para el uso del catalán incluyan todos los medios.

B) Ciudadanos

Acabaremos con la publicidad institucional repartida a dedo para financiar medios afines a la causa independentista. (…) Algunos de ellos viven prácticamente en exclusiva de las subvenciones de la Generalitat. Reduciremos la financiación destinada a publicidad institucional y aseguraremos que su reparto se realice siempre por procedimientos transparentes y atendiendo únicamente a criterios objetivos de difusión.

 

6.– Precariedad laboral

A) Catalunya en Comú – Podem

• Hace falta, al mismo tiempo, que el colectivo de los y las periodistas tengan garantizados sus derechos laborales, puesto que sólo así podrán ejercer plenamente su función social con independencia y espíritu crítico.

 

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La supeditación de la verdad

El nuevo Gobierno catalán se ha puesto a caminar y entre sus prioridades no está derecho a la información de la ciudadanía. Más bien todo lo contrario, si atendemos a como se han hecho los nombramientos de los cargos directivos en los medios de comunicación públicos catalanes. Algunas formaciones incorporaban en su programa electoral el desarrollo del artículo 52 del Estatuto, que es el que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se trataría que lo cumplieran. Los primeros pasps, pero, no son alentadores. No hace mucho, la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, defendía en sede parlamentaria que «la televisión pública de Catalunya es un reflejo de cómo está evolucionando la sociedad catalana y de hacia donde va». Munté destacaba que «el independentismo ha pasado de ser la opción de un 14% de la población a un 40% entre 2006 y 2015. Y una televisión pública, en cuanto que es pública, se adapta y evoluciona de acuerdo con este sentimiento que también ha ido evolucionando y ha ido cambiante».

La consejera no es la única que piensa así. El catedrático de Teoría de la Comunicación y profesor emérito en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Josep Gifreu apuntaba en un artículo publicado el mes de septiembre pasado en el diario El PuntAvui que «TV3 se ha hecho independentista? En la medida que prácticamente todas las grandes cadenas de televisión, públicas y privadas, presentes en Cataluña, han optado por la defensa compacta del unionismo, ¿no corresponde a un servicio público básico asumir,  presentar y representar las opciones de al menos una mitad de la ciudadanía que no se siente representada por Tele5, Antena 3, TVE 1, La Sexta, Cuatro o 8TV?» En conjunto, los medios como una de las principales herramientas de combate en las trincheras.

A nivel español, las perspectivas no son mejores, e incluso, hoy por hoy, todo lo contrario. Todavía no hay Gobierno, pero la construcción de una sociedad democrática en la que no sea permitido manipular la información ni mentir a la ciudadanía no parece estar en las hojas de ruta que se diseñan sobre las mesas de negociación para formar las nuevas mayorías. En mi condición de miembro de la dirección del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), he tenido la oportunidad de participar en varias entrevistas con representantes institucionales para tratar cuestiones relativas a nuestra actividad. Con una de las personas con las que nos hemos reunido algunas veces es Josep Martí, hasta hace pocas semanas Secretario de Comunicación del Gobierno catalán. Martí nos explicó en cierta ocasión que había formado parte de una delegación de la Generalitat para entrevistarse con los responsables de los medios de Madrid para explicarles el proceso que se estaba viviendo en Catalunya. Nos decía que la respuesta de todos ellos fue unánime: que la unidad de España estaba por delante de la verdad, en expresión casi textual. Lo cuenta también Jofre Llombart, subdirector de El Món a RAC-1, en un artículo publicado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), titulado «Los límites del sistema».

Al margen del debate de si TV3 y Catalunya Ràdio se han hecho independentistas o no, en Catalunya hay medios que defienden claramente una postura independentista. Incluso hay quienes, como gran parte de los directivos de medios de Madrid, piensan que la independencia está por delante de la verdad. Unos y otros, de titularidad privada, tienen derecho a ser independentistas o unionistas, sólo faltaría. Pero, ¿tienen derecho a poner su ideario por delante de la verdad? ¿Hay alguna otra cuestión que también pongan por delante de la verdad? Una regulación del derecho a la información de la ciudadanía como la que hay en otros países debería impedir que la verdad quede solapada. Y la actividad legislativa se debería extender a hacer que los medios públicos fueran realmente públicos, es decir, desgubernamentalizados y despartidizados. El derecho a la información es un derecho humano universal y si realmente fuera respetado cómo corresponde, quizás nadie se atrevería a pedir que los medios públicos catalanes hicieran de contrapeso a las mentiras y manipulaciones ajenas. En Cataluña es muy fácil, sólo hay que desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto.

La información como arma política

En este blog he hablado en varias ocasiones sobre la ventaja que estaban tomando varios países latinoamericanos respecto a otros, especialmente los europeos, en una cuestión tan democráticamente capital como el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía. Habían elaborado regulaciones realmente innovadoras, que partían del hecho de considerar la información y la comunicación como un derecho humano, tal como establece, sin ir más lejos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 19.

Algunos de los últimos procesos electorales vividos en este subcontinente han introducido sombras en esta dinámica. El caso más paradigmático es Argentina, pero también en Venezuela planean oscuras perspectivas. El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, ha declarado la guerra a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) e incluso firmó un decreto para desactivar sus elementos básicos, como la destitución de los miembros de su ente regulador. El abogado y doctor en Comunicación Damián Loreti explica la situación en este artículo publicado en el diario argentino Página 12.

Esta decisión del Gobierno Macri ha provocado un alud de protestas tanto en el país como a escala internacional. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha afirmado que «es completamente peligrosa para la democratización de la comunicación en Argentina la actitud que el nuevo gobierno ha mostrado hacia  una Ley votada por el Parlamento nacional, precedida y legitimada por un debate que involucró al conjunto de la sociedad». Se refiere la FIP al hecho que la LSCA fue elaborada a través de un proceso de participación ciudadana de gran repercusión social, que culminó con la elaboración de un texto aportado a las instancias legislativas que redactaron y aprobaron el texto definitivo. Sostiene el organismo internacional de representación de los periodistas que esta tarea no se puede destruir con un simple decreto ley.

Esta tesis ha sido refrendada por el juez de La Plata Luis Arias, que ha emitido una resolución por la que prohíbe al Ejecutivo de Mauricio Macri cualquier modificación de la LSCA y de sus organismos de control y de gestión por la vía del decreto. El magistrado ordena al Gobierno que, según la crónica de Página 12, «se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)». Arias respondía así a la reclamación presentada por los funcionarios de la AFSCA que pedían la nulidad absoluta del citado decreto. El pronunciamiento judicial está basado «en favor del derecho colectivo a la información y a la libertad de expresión».

Este hecho demuestra una vez más la voluntad de los gobiernos de utilizar la información como arma de control político. La hostilidad de determinados poderes contra una ley como la LSCA es equivalente a la que demuestran estos mismos poderes para evitar que lo regule este derecho fundamental en lugares donde no lo está, como lo es en España y también en Catalunya, donde el desarrollo del artículo 52 del Estatuto se ha convertido en un plato de segunda mesa. En el caso español, destaca el hecho de cómo muchos medios de comunicación han amplificado las críticas de Macri a la LSCA –que la ha tildado de intervencionista, represora y de contraria a la libertad de expresión– pero no han dicho nada de las defensas que destacados organismos internacionales han hecho de esta norma ni de las muestras de apoyo que recibe desde muchos sectores sociales. Después de que Macri impulsara la intervención de la Autoridad Federal que supervisa el cumplimiento de la ley hubo en Argentina numerosas protestas, que han sido silenciadas.

Pero a pesar de todo, en Argentina todavía están más cerca de la democracia en la información que en España, donde se saca mucho pecho con la Constitución pero el artículo 20 es cómo si no existiera.

El papel clave de los medios comunitarios

La Red de Medios Comunitarios (ReMC) y dos emblemáticos medios de este ámbito como son Ràdio Televisió de Cardedeu (RTVC) y Tele K (del barrio madrileño de Vallecas) han iniciado una batalla contra el Gobierno español para conseguir su reconocimiento real y ser tenidos en cuenta en el reparto de licencias. Lo hacen interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra el Real decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan aspectos para la liberación del dividendo digital. Para poder hacerlo han iniciado una campaña de captación de fondo a través de una operación de micromecenazgo que les permita afrontar los gastos del proceso. Los demandantes recuerdan que la ley reconoce el derecho de estos medios a tener su espacio pero a la hora de la verdad los diferentes gobiernos no los han tenido en cuenta cuando han distribuido frecuencias.

Aunque las primeras emisoras empezaron a funcionar a finales de los años setenta del siglo pasado, el reconocimiento legal no llegó hasta 2007 y 2010 cuando el Gobierno español legalizó su existencia a través de las leyes audiovisuales. Así pues, hace más de 30 años que los colectivos sociales que han impulsado radios y televisiones comunitarias sólo encuentran por parte de la administración todas las trabas posibles para que puedan crecer y desarrollarse. Por ello, ahora han decidido pasar al ataque. Piden algo más de 7.000 euros que confían poder recoger en los cerca de cuatro meses que todavía tienen de margen para conseguirlo.

Esta, pues, es una batalla que viene de lejos. En Catalunya, la ley prevé que hay que reservar un 5% de las frecuencias a entidades sin ánimo de lucro, pero esto nunca ha sido efectivo. Sin embargo, estos medios –con el apoyo de algunas organizaciones de periodistas, como el SPC– siempre han considerado este porcentaje como insuficiente y que el espectro radioeléctrico debería repartirse a partes iguales –un tercio para cada uno– entre operadores privados, públicos y entidades sin ánimo de lucro. No es ningún invento, ya hay países que esto lo practican y la mayoría de ellos están en el América Latina donde los medios comunitarios desarrollan un gran papel e incluso en algunas zonas su trabajo es de vital importancia.

Décimo aniversario

En uno de estos países, Argentina, se celebra estos días una efeméride importante. La Red de Radios Comunitarias celebra el décimo aniversario de su primero informativo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) «es una las experiencias más importantes de comunicación popular y comunitaria en red en la América Latina», según informa la Agencia de Notícias del Sur (ANSUR). El informativo FARCO, según explica la entidad, «es un noticiario nacional que se emite diariamente a través de más de 170 radios de todo el país y se caracteriza por su producción participativa y federal. Además se realiza desde la concepción que la comunicación es un derecho humano esencial.» El acto de celebración sirvió también para presentar el primer libro de estilo de la Red. Uno de los responsables del informativo, Pepe Frutos, lo define diciendo que «no es una receta, no es la verdad revelada, no es un ejemplo a seguir, pero sí es un aporte que hacemos las radios comunitarias al mundo de la comunicación, a los nuevos comunicadores, esperando que sea una publicación motivadora para que se sepa que se puede hacer periodismo de otra manera, en forma federal, participativa y democrática, donde no haya alguien que mande y otros obligados a obedecer».

Así, la campaña emprendida en España por la ReMC, RTVC y Tele K tiene un objetivo que en otros lugares del mundo ya se ha logrado o está más avanzado. No es ningún secreto que en América Latina hay muchos problemas pero a menudo están más relacionados con las actuaciones de los gobiernos y responsables políticos y económicos que no por las iniciativas ciudadanas y de los movimientos sociales. En materia de comunicación y de derecho de información, en algunos lugares, ya hace tiempo que van por delante del Estado español –algo que en los tiempos actuales no supone ninguna heroicidad democrática– pero también de otros países europeos.

Nueva lección del Consejo de Europa

La Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa (PACE, en sus siglas en inglés) aprobó el pasado 12 de enero un informe sobre la situación de la libertad de información en el continente en el que advierte de las serias amenazas que esta padece. Este documento –que había sido aprobado inicialmente por la Comisión de Cultura, Ciencia, Educación y Medios de la Asamblea el 4 de diciembre de 2104– fue redactado por el diputado socialista croata Gvozden Srećko Flego. El dictamen destaca especialmente la grave situación en países como Azerbaiyán, Hungría, Rusia, Turquía o Ucrania. Pero detalla vulneraciones en casi todos los estados europeos. En el caso español, por ejemplo, se refiere a la «violencia e intimidación por parte de la policía contra los periodistas que cubrían las manifestaciones en Madrid del 29 de marzo [de 2014] y que fue denunciada por la representante de la OSCE y las organizaciones de periodistas españolas». Este apunte del informe se refiere a la declaración hecha por la representante sobre Libertad de medios de la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Dunja Mijatović, a raíz de las protestas por la actuación policial durante una manifestación contra la monarquía donde pusieron graves trabas a la tarea de los profesionales de la información. Esta actitud fue también denunciada por varias organizaciones profesionales y sindicales, entre las cuales está la FeSP, que hizo público un comunicado criticado la actitud de los agentes.

En este informe se afirma que «la libertad de prensa constituye un índice importante para la democracia, las libertades políticas y el estado de derecho en un país o región. En vista del deterioro de la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa en Europa, el Consejo de Europa insta a los Estados a intensificar sus esfuerzos nacionales y multilaterales para el respeto de los derechos humanos a la libertad de expresión y de información, así como a la protección de la vida, la libertad y la seguridad de los que trabajan por y con los medios de comunicación.» Entre otros aspectos, la Asamblea recomienda al Comité de Ministros «prestar especial atención a la total implementación por parte de los Estados miembros de las resoluciones judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ocupan de las graves violaciones de la libertad de prensa, e incrementar la cooperación y el apoyo a las actividades en este campo».

En las conclusiones, el Consejo de Europa afirma que «son pocos los estados miembros que muestran un número importante de posibles violaciones de la libertad de prensa, pero todos ellos deben reforzar la protección de la libertad de prensa a nivel nacional a través de legislación y la práctica, así como a nivel internacional a través del Consejo de Europa.» El organismo anuncia que para hacerlo posible, impulsará una plataforma en internet «para registrar y dar a conocer las posibles infracciones de los derechos garantizados en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.» El Consejo, ya hace algunos años, lanzó esta idea para convertirla «en un importante interfaz estructural para mejorar la cooperación con las principales organizaciones no gubernamentales de la libertad de información.»

No es esta la primera vez que el Consejo de Europa muestra su preocupación por la situación del periodismo y el derecho a la información. Ha sido una constante, apelando siempre a las disposiciones en esta materia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una de las iniciativas más importantes sucedió hace ahora ya 22 años, el 1 de julio de 1993, cuando aprobó por unanimidad el Código Europeo de la Deontología del Periodismo, a partir del informe presentado por el diputado español y catedrático de Filosofía del Derecho Enrique Núñez Encabo.

El informe Protección de la libertad de prensa en Europa ha sido muy recibido por las organizaciones del sector que no han omitido las advertencias que incluye. La Federación Europea de Periodistas (FEP), constata como «se cuestiona la concentración de medios» y pide medidas «para regular los medios de comunicación y la transparencia de la propiedad»Así recoge con satisfacción la propuesta planteada por el diputadp Gvozden Srećko Flego de creación de una «Tarjeta de Identidad de Medios» que obligaría a las empresas de comunicación a proporcionar información sobre los propietarios, «incluyendo los llamados dueños sombra que contribuyen sustancialmente a sus ingresos, como los grandes anunciantes o los donantes.»

El gordo del 22 de diciembre cayó en Uruguay

En el sorteo de lotería del pasado 22 de diciembre, ninguna de mis participaciones me reportó ningún premio apreciable. Pero como no todo pueden ser malas noticias, ese mismo 22 de diciembre, casi en el otro extremo del planeta, la Cámara de Diputados del Uruguay aprobaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) a la cual ya me había referido en este blog. Fue el pasado 23 de octubre cuando la saludé como uno de los grandes legados del presidente saliente, José Mújica, del Frente Amplio (FA). Decía que sólo faltaba el trámite parlamentario, lo que se culminó este 22 de diciembre, cuando los diputados uruguayos aprobaron el texto definitivo gracias a los votos del Frente Amplio.

A través de sus 202 artículos, la ley, según explica la Coalición para una Comunicación Democrática del Uruguaygran defensora del proyecto– regula los servicios de comunicación audiovisual, que son aquellos que proporcionan «una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión». No regula, en cambio, internet. Otros aspectos importantes son que prohíbe la censura previa, «la apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas» y establece un horario de protección a niños y adolescentes, entre las 6.00 y las 22.00 horas. También determina algunas restricciones a la publicidad diigida a este público. El articulado también dispone que los periodistas «tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento» .La ley crea la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) y el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Este último será un órgano independiente del Gobierno y será responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones de la ley. Estará integrado por cinco miembros, uno de ellos designado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, y los restantes cuatro, por la Asamblea General «sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a dos tercios de sus integrantes». El CCA asesorará al Poder Ejecutivo en materia de concesión de frecuencias, aunque la potestad de concesión corrrespondrà en última instancia del Gobierno, El proyecto crea además el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional como servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura .

La LSCA prevé diversas sanciones por incumplimiento de la normativa que pueden ir de la simple observación, a la advertencia, o hasta el decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o de los bienes detectados en infracción. Las multas pueden ser de hasta casi 250.000 euros, la suspensión de hasta 90 días en la prestación de la actividad, y en los casos de infracciones muy graves, retirada de la concesión. La aplicación de sanciones será en general competencia del CCA, salvo excepciones muy particulares -por ejemplo, la revocación de la frecuencia- que serán una atribución del Gobierno.

Límites a la concentración mediática

La ley establece mecanismos por los que se impiden la creación de oligopolios y monopolios y propone que los propietarios de los medios audiovisuales paguen un canon para utilizar el espectro radioeléctrico. También prevé mecanismos para promover la producción nacional fijando que al menos el 60% de la programación total emitida por cada canal de televisión comercial y público debe ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción. Además, al menos el 30% de esta programación debe haber sido hecha por productores independientes, no pudiendo concentrar un mismo productor independiente más del 40% en un mismo servicio de radiodifusión de televisión. Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida debe contener estrenos de ficción televisiva o estrenos de películas cinematográficas, y de éstas, al menos el 50% debe ser de producción independiente. También un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deben ser programas de agenda cultural. Las radios, por su parte, deben emitir al menos el 30% de música de origen nacional del total de su programación musical. Otro principio de la nueva norma es la limitación de emisión de imágenes violentas.

Esta ley ha tenido un proceso largo porque desde algunos sectores se la ha tachado de un ataque a la libertad de expresión cuando en realidad es todo lo contrario. Ha sido criticada por la oposición y también por los propietarios de las principales cadenas de radio y de televisión así como las organizaciones que las agrupan como la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu). El propio ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, en un artículo publicado en el diario español El País tildaba la LSCA de «revólver cargado sobre la nuca del periodismo independiente». Pero, como señala la Coalición para una Comunicación Democrática, la ley -elaborada durante un año por un comité técnico consultivo integrado por periodistas, organizaciones académicas y sociales vinculadas a al comunicación y los representantes de las empresas del sector- ha recibido elogios de los relatores sobre libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Ha recibido también el apoyo de entidades como Reporteros Sin Fronteras (RSF) –que considera que es un ejemplo a seguir por otros países del continente y de otras asociaciones de periodistas.

La ley de medios, uno de los principales legados de José Mújica

Este 26 de octubre hay elecciones presidenciales en Uruguay, que supondrán la salida del actual presidente, José Mújica (Frente Amplio), que no puede volver a presentarse. Más allá de otras cuestiones, Mújica pasará a la historia por haber impulsado durante su mandato una de las leyes reguladoras de la comunicación más ambiciosas del mundo. El principal reproche que se le puede hacer es, quizás, que se limita a legislar sobre los medios audiovisuales, dejando fuera el resto de soportes informativos. Que la Ley de Servicios a la Comunicación Audiovisual (LSCA) de Uruguay –conocida como la Ley de Medios– es uno de los principales referentes en este ámbito es un hecho que reconocen varios expertos. Por ejemplo, Ramón Zallo, Catedrático de la Universidad del País Vasco y presidente de la sección española de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC). Zallo, en su intervención de ahora hace un año en la sesión inaugural del Congreso de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), afirmaba que «algo se mueve en algunos países de los que podemos aprender. En América Latina el servicio público de comunicación ha iniciado un viaje de ida positivo mientras que a la Unión Europea está de vuelta». Aportó los ejemplos de Argentina, Ecuador y Uruguay, destacando este último «como el más interesante». Especialmente porque era el que se dotaba de los organismos de control más independiente.

Así, por ejemplo, destacaba que «en el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) –el ente regulador que establece la LSCA– tres de sus cinco miembros son votados por dos tercios de la Cámara de Senadores lo que garantiza el pluralismo.» El mandato es por seis años, más allá de los periodos legislativos, lo que limita los riesgos de gubernamentalización. También establece que los titulares de servicios de comunicación audiovisual no podrán ser al mismo tiempo, titulares de una licencia para prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Sobra decir que efectos podría tener este hecho en zonas mucho más próximas. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF), cree que la LSCA uruguaya «ofrece garantías importantes en en lo que se refiere a la desconcentración del espacio de difusión y a una distribución más equitativa de las frecuencias, sin que se pretenda controlar los contenidos o ejercer presiones en la línea editorial de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios».

Uno de los problemas para la aplicación de la ley era la implementación del CCA. La Constitución uruguaya impide que un año antes de las elecciones se creen nuevos cargos y esto hizo que a la espera del nuevo organismo, «las competencias del Consejo fueron derivadas a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación Audiovisual (URSEC), órgano encargado de las telecomunicaciones que dispone de un Consejo Directivo designado por el Gobierno y que históricamente ha sido criticado por la falta de aplicación de estándares de derechos humanos en la regulación del espectro radioeléctrico», según explica Edison Lanza, miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, en Uruguay, en el portal del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergència. Lanza es desde este mes de octubre el nuevo relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La LSCA fue aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado y el Senado debía ratificarla el pasado mes de julio. El problema principal era qué solución definitiva se daba al consejo regulador. Se encontró una solución intermedia que la cámara todavía no ha ratificado. A pregunta de este blog, Lanza ha explicado que esta cuestión, «se había solucionado en la última versión aprobada por la Comisión del Senado. Estamos a la espera de que la Cámara de Senadores apruebe el texto definitivamente y lo devuelva al Congreso de Diputados para su sanción final. Para que esto sea así, hay que esperar al resultado del domingo. Si gana el oficialismo, posiblemente se apruebe… si se complica, la chance la veo difícil».

Uno de los grandes defensores de este proyecto es el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, que en un acto del pasado mes de julio dijo, según recoge la crónica del portal Señales que «es muy importante que la ley se apruebe antes de que acabe la legislatura». La Rue participaba en una charla sobre Libertad de expresión y regulación de medios para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes organizada por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) donde aseguró que «la ley es una gran contribución» y que la «la democracia de un país necesita de la democratización del uso de los medios». La Rue expresó su deseo que «no debería retrasarse la discusión ni la aprobación [de este proyecto] porque se pierde el momento, la energía y los dos años de consulta y de debate». El relator de la ONU ha seguido de cerca este proceso y lo ha definido como «uno de los más interesantes a la región y es importante aprobar la ley lo antes posible».