Archivo de la categoría: Propuestas e iniciativas

‘Un periodismo digno’ por duplicado

En las últimas semanas han coincidido dos iniciativas con un título bastante similar: «Por un periodismo digno». De una, la primera, «15 acciones para un periodismo digno» ya hablé en mi apunte del pasado 8 de diciembre. La segunda se titula «’Por un periodismo digno’. Manifiesto en apoyo a las personas afectadas por el ERE salvaje del diario Sport» y está impulsado por un colectivo de un centenar de fotógrafos de Barcelona, especialmente molestos por la afectación que ha tenido el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en los fotoperiodistas del rotativo deportivo del grupo Z.

La primera es resultado de la tarea hecha en la Asamblea Abierta de Periodistas del 11 de noviembre pasado, organizada conjuntamente por la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), Solidaritat i Comunicació (SiCom) y Som Atents.

El objetivo del encuentro era elaborar una especie de decálogo que incluyera las transformaciones necesarias para que el periodismo se pueda ejercer con unas condiciones laborales dignas y para que recupere la confianza de la ciudadanía. Finalmente y como resultado del debate sobre las diferentes cuestiones planteadas, el decálogo se convirtió en un pentadecálogo, en el que hay hay reclamaciones de índole laboral, profesional, político, de género, de derechos de autoría… El documento fue remitido a las candidaturas que se presentaron en las pasadas elecciones del 21 de diciembre al Parlament de Catalunya.

La segunda responde, tal como indican sus promotores, a «la indignación contra la nueva agresión que ha sufrido el periodismo después del ERE que se ha hecho en el diario Sport y que ha supuesto el despido de 29 trabajadores, un 35% del total de la plantilla. Entre los afectados, periodistas con más de tres décadas de profesión, algunos de ellos fundadores del Sport, y en el caso de la sección de fotografía, la casi desaparición de la misma después del despido de tres de sus cinco fotoperiodistas. Los despidos llegan a las puertas de las fiestas navideñas, afectando igualmente de forma directa a las familias de los trabajadores». En la página web habilitada por estos fotógrafos hay la opción de adherirse al manifiesto.

En el escrito se afirma también que «la situación del periodismo actual, ejemplificada ahora en el ERE salvaje en el Sport, nos lleva a una alerta pública y a una observación urgente ante la falta de libertades y la represión que sufre el colectivo. La falta de credibilidad es, en parte, consecuencia de las sucesivas renuncias y a la precarización que los profesionales han ido sufriendo frente a unos poderes mediáticos cada vez más instrumentalizados por los poderes financieros.» Y se añade que «la grave situación que vive la prensa en España es y tiene que ser una preocupación de todos. Periodismo y, especialmente, fotoperiodismo están llamados a la desaparición si los profesionales no nos movilizamos. Cada vez son más los medios que, además de recortar el número de redactores, prescinden proporcionalmente de más redactores gráficos, editores gráficos o jefes de fotografía, devaluando gravemente las imágenes del medio y aceptando cualquier imagen cedida o hecha por redactores sin formación. Esta mala praxis resulta tan grave como suprimir los propios redactores y utilizar cualquier texto robado de las redes sociales, con el peligro que esto entraña, dando como buena cualquier información sin contrastar que puede ser engañosa o falsa. En la mayoría de medios de comunicación, de hecho, no se aplican los libros de estilo o han quedado obsoletos y el resultado de todo ello no hace más que poner en jaque al estado de derecho, a la libertad de expresión y de información».

Las dos iniciativas plantean interrogantes muy similares, propuestas, reivindicaciones y alternativas en la misma línea. Todas, pero, parten de la necesidad de los profesionales de la información de movilizarse y defender las transformaciones necesarias para que se pueda hacer este periodismo digno. Quizás el siguiente paso sería unir esfuerzos para ser todos juntos mucho más efectivos. En las próximas semanas se constituirá el nuevo Parlament de Catalunya. Algunos de los cambios que en paralelo se reclaman desde las dos iniciativas se tendrán que implementar desde la Cámara catalana. Y los grupos parlamentarios se tendrán que poner las pilas de una vez por todas para resolver una cuestión que desde la política la están convirtiendo en la Cenicienta de los derechos humanos esenciales. Cuanta más gente haya reivindicándolo, más posibilitades habrá que, finalmente, los legisladores atiendan estas demandas.

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La información en los programas electorales del 21-D

Los programas electorales de las diferentes candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre incluyen varios aspectos relacionados con la información y la comunicación. En general, como podréis ver, al margen de unas pocas excepciones, hay muy pocos compromisos concretos. En este artículo no pretendo incluirlos a todos, ya que me centraré en los que están más directamente vinculados al periodismo y al derecho a la información. Hay otros aspectos igualmente importantes –los medios públicos como vehículo de difusión lingüístico, la CCMA como dinamizador industrial, la industria audiovisual, los diferentes planteamientos sobre el espacio de comunicación catalán…– pero quedan fuera del objeto de este blog, centrado esencialmente en el derecho a la información. Pero lo podéis encontrar todo en este documento que recoge el conjunto de los programas electorales en información y comunicación, elaborado por el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC).

Así, me dedicaré a repasar, pues, que propone cada candidatura sobre las cuestiones para mí más importantes:

1.– Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)

A) CUP

• Promoveremos unos medios de comunicación y de información públicos y de gestión pública como herramienta necesaria para garantizar el derecho a la información y el pluralismo político y social. Para asegurar su independencia y calidad, hay que alejarlos del control de los partidos políticos y de los intereses de los lobbies empresariales capitalistas. Por eso los órganos de dirección de los medios de comunicación públicos tienen que ser elegidos por amplias mayorías parlamentarias que eviten su gubernamentalización. Así mismo, para consolidar la profesionalidad e independencia hay que promover la participación de los trabajadores en los órganos de dirección a través de la cogestión.

B) Catalunya en Comú – Podem

• Defendemos la independencia de los medios de comunicación respecto de los poderes políticos y económicos y por eso apostamos por la desgubernamentalización de los medios públicos.
Reformar la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para blindar la independencia, neutralidad e imparcialidad de la televisión de las emisoras de radio y de todas las plataformas de comunicación de la Generalitat.
Asegurar el respeto a la independencia de los medios, tanto de los públicos como de los privados, ante los poderes políticos y económicos, y, en este sentido desgubernamentalizar TV3 y los otros medios de la CCMA, como también la ACN, como condición imprescindible para garantizar la independencia, la profesionalidad, la pluralidad, el rigor y la imparcialidad.
Establecer mecanismos de cogestión para incorporar las personas trabajadoras en los espacios de decisión y gestión.
La elección del presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno con mayoría cualificada y a través de un procedimiento de hearing o examen público.
• La garantía que la CCMA recibirá los recursos necesarios para hacer una programación de calidad, competir con los grandes medios privados y afrontar las transformaciones tecnológicas. El sistema de financiación tiene que ser transparente y fijado por contrato programa y una evaluación de rendimientos que no se base sólo en las audiencias y los costes, sino también en indicadores de rentabilidad social.
• El establecimiento de mecanismos que permitan la participación de la audiencia con fórmulas como el registro de usuarios únicos y, sobre todo, el ejercicio efectivo del derecho de acceso, cosa que exige la reforma de la Ley 11/2007.

C) Ciudadanos

Garantizaremos la pluralidad e independencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Llevaremos a cabo una política de medios de comunicación basada en la objetividad informativa y la excelencia en la profesión periodística. Modificaremos el sistema de elección del Presidente y el Consejo de Gobierno de la CCMA para tener una televisión y una radio públicas de todos los catalanes y no de un Gobierno, tal y como Cs ha defendido también en la reforma de la Corporación de RTVE en el Congreso de los Diputados.
Aseguraremos unos medios basados en la neutralidad, la pluralidad y lo respeto. TV3 y Catalunya Ràdio son la televisión y la radio de todos los catalanes y eso debe reflejarse en su programación y en su gestión. Todas las opiniones deben tener cabida, pero también debe quedar claro qué es opinión y qué es información para garantizar un servicio público neutral y libre de sesgo político.
Garantizaremos la despolitización de la programación dirigida a los menores de edad. Se inadmisible que se uso la programación infantil de los medios de comunicación públicos cono el objetivo de manipular a los menores de edad cono propaganda independentista explícita o encubierta en supuestos contenidos educativos. Garantizaremos que la programación infantil esté libre de ideologías partidistas.

D) ERC

Dotaremos a la Corporación catalana de medianos públicos audiovisuales (CCMA) con los recursos suficientes para un proceso de actualización necesario. La aportación pública se tenderá a equiparar a la media europea que se destina a las corporaciones audiovisuales nacionales, tomando como referencia los indicadores que periódicamente publica el observatorio Europeo del Audiovisual. Esta aportación tendría que garantizar, a través de la mejora de la eficiencia organizativa, el equilibrio financiero de la CCMA y su sostenibilidad preservando siempre las misiones de servicio público encargadas.
• Continuar dando preferencia a unos de los compromisos de servicio público de la CCMA: unos servicios informativos de calidad y equilibrada desde un punto de vista territorial todo incluyente indicadores de seguimiento específicos a través del contrato-programa.
• Fijar como prioridad estratégica el área de contenidos infantiles como uno de los grandes valores añadidos de la CCMA.
• Dar un salto cuantitativo en la difusión específica de contenidos culturales y musicales de nuestro territorio y a los más alternativos o minoritarios.
• Profundizar en los criterios de renovación, transparencia y profesionalidad en la elección de los miembros del Consejo de gobierno de la Corporación.
• Un contrato-programa tendría que recoger el compromiso explícito de elaborar un nuevo plan estratégico de la CCMA que establezca las prioridades para los próximos años.

E) Junts per Catalunya

• Los medios públicos de comunicación deben cumplir siempre con su vocación de servicio público planteando una oferta plural, de calidad y en catalán que tenga como ejes principales la información, la cultura, el entretenimiento y la educación.
Potenciar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para que continúe siendo referente y líder en la sociedad catalana y siga siendo gestionada con criterios de independencia, profesionalidad y viabilidad económica.

F) PP

• Haremos de TV3 y de Catalunya Ràdio unos medios plurales al servicio de una información veraz y neutral. Potenciaremos el perfil profesional e independiente del ente. Ajustaremos el gasto en los medios de comunicación públicos y las retribuciones de sus altos directivos; limitaremos también la producción externa de su presupuesto.

G) PSC

• Elaboraremos un plan estratégico de la CCMA que responda a los objetivos iniciales de la Corporación.
• Trabajaremos para garantizar el rigor informativo y el pluralismo especialmente de los medios de comunicación de titularidad pública, dando valor a la autoridad profesional como elemento básico de la profundización democrática. Trabajaremos para que los recursos humanos y técnicos propios de los medios públicos estén en condiciones de ofrecer una programación y una información de calidad y plural.

 

2.– Regulación de la comunicación. Artículo 52 del Estatuto

A) Catalunya en Comú – Podem

Garantizar los derechos a la información y la comunicación. Respetar y aplicar el principio consagrado al artículo 52 del Estatuto que establece que todas las personas tienen el derecho de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censuras ni trabas, mediante todas las plataformas existentes, en el marco del respecto a la libertad y los derechos humanos.

B) PSC

Los medios de comunicación producen información de interés general que tiene que ser considerada un bien público y, por lo tanto, sometida a algún tipo de protección para garantizar su profesionalidad, pluralidad y diversidad.

 

3.– Política Audiovisual. Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)

A) Catalunya en Comú – Podem

Reformar la Ley 22/2005 de medios audiovisuales de Cataluña y aprobar el decreto que la desarrolle, para garantizar de manera efectiva el principio que “todas las personas tienen el derecho que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos y comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”.
Blindar la plena independencia del CAC y, a la vez, impulsar un acuerdo parlamentario para poner en marcha un órgano que garantice el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía, siguiendo modelos como los de Alemania, Reino Unido y Noruega. El nuevo órgano, que podría sustituir el CAC y asumir las competencias, determinaría la composición y funciones de los consejos de administración de los medios públicos, fijaría los criterios de concesión de ayudas de la Administración al conjunto de los medios y formularía propuestas de promoción del tercer sector de la comunicación, entre otras funciones.

B) Ciudadanos

Cerraremos el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC). Hasta hoy el CAC se ha comportado como un órgano político en el espacio de comunicación catalán frente a los medios que no comulgan cono el nacionalismo y lo independentismo y no ha estado a la altura en las numerosas ocasionas en las que se han producido situaciones de falta de neutralidad y de pluralidad en los medios de comunicación públicos de Cataluña.

C) ERC

• Un Pacto Nacional del Audiovisual que propicie la Ley del Instituto Catalán del Audiovisual (…) y la creación de un Instituto Catalán del Audiovisual para apoyar a la industria audiovisual.

D) PSC

Reforzaremos las instituciones de garantía del pluralismo y la diversidad en el ámbito de los medios públicos.
Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña por, entre otros cuestiones incorporar los adelantos de la Ley estatal 7/2010 y de la Directiva de Servicios de Comunicación audiovisual en su última formulación.

 

4.– Medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro y Tercer Sector

A) CUP

• Otra herramienta comunicativa para garantizar el derecho a la información y promover el pluralismo son los medios de comunicación comunitarios. (…) Tenemos que alentar y potenciar la creación de estos espacios cooperativos, defender su independencia y facilitar su acceso a la información interna y externa.
• Defenderemos que el espacio radioeléctrico sea ocupado por los tres tipos de medios (públicos, comunitarios y privados) a partes iguales, un tercio para cada uno.

B) Catalunya en Comú – Podem

• Apostamos para promover y proteger los medios sin ánimo de lucro y, en general, los que son resultado de la autoorganización de los ciudadanos que ejercen el derecho a ser emisores de información y a constituir y gestionar medios de comunicación propios por cualquier de las plataformas existentes.
Apoyar el emprendimiento en el sector de la comunicación para contribuir a aumentar la diversidad de la oferta y apostar por nuevas fórmulas empresariales y de gestión, como las cooperativas de periodistas y usuarios, los medios con vocación de servicio público y los sistemas de financiación mixta vía micromecenazgo.
Fomentar y proteger los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro, que tienen una función insustituible en el amparo de la diversidad cultural y en la implicación directa de la ciudadanía en el proceso de comunicación social, en el fomento de la alfabetización mediática y en la reflexión crítica.

C) ERC

• Hay que intentar reflejar las nuevas realidades empresariales aparecidas en el ámbito del medios de comunicación como por ejemplo el asociacionismo y cooperativismo.
• Habrá que reflejar las medidas de fomento previstas en el proyecto de Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios sin ánimo de lucro impulsado en la última legislatura desde la Secretaría de Comunicación y su Dirección general de medios de Comunicación para la plena incorporación de estos medios del Tercer Sector a la realidad comunicativa del país.
• Terminar definitivamente el Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios de Iniciativa Social una vez superados los últimos trámites interrumpidos por el final de la legislatura.

D) PSC

• Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña para velar para que los procesos de otorgamiento y renovación de licencias sean efectivamente abiertos, transparentes y competitivos, y garanticen la igualdad de condiciones para las diferentes voces, así como la reserva de un espacio para el Tercer Sector.

 

5.– Transparencia

A) Catalunya en Comú – Podem

Reformar el sistema de publicidad institucional, para poner fin al reparto basado con el amiguismo y el modelo de clickbaits, para garantizar criterios objetivos de transparencia y equidad y para hacer que las subvenciones estructurales para el uso del catalán incluyan todos los medios.

B) Ciudadanos

Acabaremos con la publicidad institucional repartida a dedo para financiar medios afines a la causa independentista. (…) Algunos de ellos viven prácticamente en exclusiva de las subvenciones de la Generalitat. Reduciremos la financiación destinada a publicidad institucional y aseguraremos que su reparto se realice siempre por procedimientos transparentes y atendiendo únicamente a criterios objetivos de difusión.

 

6.– Precariedad laboral

A) Catalunya en Comú – Podem

• Hace falta, al mismo tiempo, que el colectivo de los y las periodistas tengan garantizados sus derechos laborales, puesto que sólo así podrán ejercer plenamente su función social con independencia y espíritu crítico.

 

#periodigno

Este blog, por distintas y variadas razones, llevaba un tiempo inactivo. Ahora lo retomo con la voluntad de recuperar la regularidad e incluso aumentarla. En estos meses que no he escrito nada, no ha sido por falta de temas para referirme al derecho a la información, pero, obviamente, no me dedicaré a decir lo que no he escrito ya. Miremos adelante. Y para hacerlo, quiero aprovechar una iniciativa en la que estoy personal y sindicalmente implicado. El pasado 11 de noviembre se realizó en Barcelona una Asamblea Abierta de Periodistas con unas resoluciones de las que confío que a partir de ahora se hable bastante. El hashtag de la convocatoria es bastante explícito: #periodigno.

Esta asamblea –realizada en la sede de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)– estuvo organizada conjuntamente por varias organizaciones de periodistas: l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) –al que pertenezco–, Solidaritat i Comunicació (SiCom) y Som Atents. No era esta la primera vez que estas organizaciones trabajábamos juntas y es de esperar que tampoco sea la última. El objetivo del encuentro era elaborar una especie de decálogo que incluyera las transformaciones necesarias para que el periodismo se pueda ejercer con unas condiciones laborales dignas y para que recupere la confianza de la ciudadanía. No hay que perder de vista que las últimas encuestas sitúan en el Estado español a los medios de comunicación y a los periodistas como uno de los sectores que genera menos confianza y credibilidad.

Los debates que se hicieron acabaron haciendo que el decálogo, en lugar de diez puntos, tuviera quince y se transformara en lo que podríamos llamar un pentadecálogo. Se incluyen todo tipo de cuestiones. En la web www.periodigne.cat podéis consultar el documento elaborado, que lleva por título «15 acciones para un periodismo digno». Si además queréis un poco de crónica de esta asamblea, en la web de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) la podéis leer, con el documento en su versión en castellano. En el pentadecálogo hay reclamaciones de índole laboral, profesional, político, de género, de derechos de autoría…

Lo que ahora nos proponemos las entidades que lo hemos impulsado es empezar a recabar adhesiones tanto en las redacciones como fuera de ellas. De forma que cuando lo presentamos a los legisladores o a las instancias que tienen que promover las transformaciones que se reclaman, las reivindicaciones tengan el máximo apoyo profesional y –¿por qué no?– ciudadano. Hace demasiado tiempo que los legisladores –a pesar de las veces que se lo hemos pedido– hacen muy poca cosa para no decir nada en defensa de un derecho esencial para la ciudadanía como el derecho a la información. Algunas cosas que en las últimas semanas han pasado en materia de información en Catalunya y en España no habrían pasado con una regulación como la que hay en muchos países de nuestro entorno y también de algo más lejos. En este blog encontraréis más de una referencia.

En unos días, en Catalunya, celebraremos elecciones. El Parlamento que salga elegido deberá ocuparse de estas cuestiones si quiere dignificar la política y mejorar la calidad democrática del país.

La democratización de los medios

«Hay que repensar la información como bien público y lo tiene que financiar el Estado. Es necesaria la reapropiación de los medios por parte de quienes hacen la información y de los que la consumen. Que los medios sean más participativos es indispensable para la democracia». Esto lo dijo el pasado lunes la economista francesa Julia Cagé en la conferencia que pronunció en el Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) con el título Democratizar los medios, salvar Europa del Populismo. Cagé es profesora del Instituto de Estudios Políticos de París. Es autora de un libro que en su traducción al castellano se llama Salvar los medios de comunicación (Anagrama, 2016) pero que en su original francés se titulaba Sauver les médias. Capitalisme, financement participative et démocratie. No deja de ser significativo como se ha encogido en España. Supe de este libro por el comentario que Joan Vila  hizo ena Media.cat. y entre la conferencia y la lectura del libro se desprenden unos planteamientos bastante innovadores por parte de Cagé.

La economista francesa aboga por «unos medios de comunicación gestionados por entidades sin ánimo de lucro», preferentemente bajo la fórmula de fundaciones. En su intervención afirmó que en materia informativa «estamos volviendo atrás, hacia el periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX en que no sabíamos como defender la independencia de los periodistas». También aludió a la situación que se da actualmente y que se refleja perfectamente a las encuestas de opinión sobre la enorme desconfianza ciudadana hacia los medios de comunicación y que esto «pone en peligro la democracia». Entre otras cosas les acusó de tener una gran responsabilidad en el auge de los populismos en varios países, entre los que citó a Estados Unidos.

En una conferencia de poco más de una hora, el discurso es irremediablemente más esquemático, sin tiempo para muchos matices. Por eso, cuando se refiere a que la información es un bien público que lo tiene que financiar el Estado, esto no quiere decir que también lo tenga que producir. En su libro apunta que «a pesar de que la información es un bien público, es un bien público que no puede ser producido directamente por el Estado, como pasa con otros muchos bienes culturales. Por ello, hay que repensar el modelo económico de los medios de comunicación en la  encrucijada del mercado y del Estado, del sector público y del sector privado. Las soluciones al igual que los problemas son los de la economía del conocimiento en el siglo XXI. Varios sectores productores de conocimientos y de cultura han desarrollado desde hace tiempo modelos que permiten superar la ley del mercado y del beneficio y a la vez escapar del control del Estado. Los medios de comunicación pueden inspirarse en ellos para ampliar el campo de posibilidades y salir de la crisis».

En definitiva, los planteamientos de Julia Cagé insisten en la cuestión que la información no pertenece ni a los periodistas ni a los medios de comunicación, sino a la ciudadanía. Y cómo que es un bien público, hay que gestionarlo de acuerdo con el interés público al que se tienen que supeditar medios y periodistas. Ya nos hemos referido en este blog en alguna ocasión a la sandez que soltó Juan Luis Cebrián en los inicios de la transición cuando dijo que «la mejor ley de prensa es la que no existe». De este modo, sin ningún tipo de regulación, gana, como en la selva, el más fuerte, que son los medios, que, mayoritariamente, han supeditado la información a sus intereses empresariales, económicos y políticos. El periodista *Dardo Gómez, ex presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), rebatía este viejo axioma que de manera cíclica reproducen periodistas afines a las estructuras de poder de los medios de comunicación españoles en un artículo publicado en la web CTXT Contexto y acción, en el que afirma que «la mejor ley de prensa es la que protege a la ciudadanía». En este escrito aporta todo tipo de doctrina jurídica emitida por varios tribunales internacionales, como esta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en relación a una demanda contra Italia, en la cual señalaba que «además de un deber negativo de no interferencia, el Estado tiene una obligación positiva de contar con un marco administrativo y legislativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad».

Dardo Gómez también recuerda lo que establece el Código Europeo de Deontología del Periodismo, aprobado por unanimidad por el Consejo de Europa en 1993, que en su artículo 11 establece que «las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental.» Si se repasa con atención este texto del Consejo de Europa se verá que con los tiempos que corren puede considerarse casi como revolucionario. Así, por ejemplo, en el artículo 7 dice que «los medios de comunicación efectúan una labor de “mediación” y prestación del servicio de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información, están en función de los destinatarios, que son los ciudadanos». Una afirmación que se enmarca en la línia de pensamiento de lo afirmó Cagé en su conferencia y que escribió en su libro.

Apuesta por una radiotelevisión democrática

Un grupo de expertos de diferentes ámbitos acaba de hacer público el informe Diagnóstico del servicio público de Radio, Televisión y servicios interactivos. Propuestas para una ciudadanía democrática. En este estudio se constata «el deterioro del espacio público democrático en cuanto a pluralismo y diversidad, y especialmente la fuerte degradación de su servicio público en términos de audiencia, credibilidad y sostenibilidad financiera, con grave peligro de marginalidad en el próximo futuro.». Este trabajo ha sido publicado en la web Teledetodos donde se puede descargar el informe completo y también su versión reducida.

Esta web es el espacio «de un grupo de estudio que agrupa a profesionales, académicos, investigadores y a todos aquellos ciudadanos o colectivos interesados en un auténtico servicio público de comunicación audiovisual y multimedia». Entre sus objetivos hay el derecho a una comunicación de servicio público en una sociedad democrática, la rentabilidad del servicio público de comunicación audiovisual y multimedia, o la defensa y promoción del servicio público audiovisual y multimedia.

Este informe ha sido elaborado por Enrique Bustamante, Rafael Díaz Arias, Pedro Soler, Manuel Aguilar y Marcel Camacho, con la colaboración de otros profesionales. El trabajo consiste en hacer un diagnóstico de la situación actual de la radiotelevisión en España y propone varias líneas de actuación. Por un lado se reconoce el debilitamiento constante y progresivo de la oferta pública, mediante la reducción sistemática de sus recursos económicos y haciéndola cada vez más dependiente del poder político. Por otro lado se constata la concentración de la oferta privada en dos grandes grupos de comunicación, con lo que ello de pérdida de pluralismo. También se hace referencia al incumplimiento generalizado de las normativas europeas sobre la materia.

Así, los autores explican que «el dictamen que proponemos parte de dos principios básicos, una apuesta decidida por la comunicación de servicio público y la convicción que para tener una mirada critica antes hay que estar dispuestos a edificar. Los promotores de este informe tenemos ideas comunes, pero también diversas sobre el modelo de radiotelevisión pública, pero si en algo coincidimos plenamente es en la necesidad de abrir un debate con la ciudadanía y con los grupos políticos que pueden determinar un modelo democrático, sostenible y de calidad que ya no puede esperar por más tiempo.»

Este es uno de los trabajos más completos que se han hecho sobre esta cuestión. Pero no es el único. La alarma sobre el empobrecimiento democrático del sistema de radiotelevisión en España hace tiempo que se expresa desde varios ámbitos. Una de las últimas advertencias, en el mes de julio pasado, es del Instituto de Prensa Internacional (IPI). También la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha pedido «televisiones sostenibles, independientes, neutrales y con participación social.» Esto mismo lo han reclamado insistentemente varias organizaciones profesionales y sindicales del ámbito de la comunicación. Entre estas, el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), a las que pertenezco y en cuyas webs se pueden encontrar numerosas referencias, como también en la del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC).

En la pasada primavera hubo elecciones municipales, y autonómicas en distintos puntos de España. De manera inminente, Cataluña eligirá sus nuevos representantes en el Parlament mientras que en pocos meses se divisan los comicios a nivel estatal. Se ha explicado abastamente en este blog los déficits del Estado español y de Cataluña en materia de garantía del derecho a la información y este ciclo electoral es un buen momento para darle a la situación. Propuestas no  faltan.

Los ejemplos a seguir

Entre los años 1990 y 2013 son más de 80 los países que, por varias razones, han impulsado regulaciones del derecho a la información. En 1989 sólo ocho de los 47 miembros del Consejo de Europa disponían de normativas sobre esta materia. El 2011 eran 40 y el Estado español y sus comunidades autónomas no formaban parte de esta lista. España, lo único que ha hecho, ha sido regular, en 1997, la cláusula de conciencia. Estos son algunos de los datos de salida del informe que he elaborado para el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) para contribuir en la tarea de desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto, que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

El pasado mes de junio, el Parlamento catalán aprobó una moción de ICV-EUiA que instaba al Gobierno a desarrollar este artículo. El SPC se interesó para saber como el Gobierno pensba hacerlo. Como miembro de la dirección del sindicato participé en el encuentro que mantuvimos con miembros del Gobierno catalán en la cual acordamos que pondríamos a disposición del Ejecutivo la información que teníamos sobre experiencias en otros países para tenerlas como referente para impulsar una nueva normativa en Catalunya. A partir de poner en evidencia que Catalunya y el Estado español son casi la excepción en el entorno europeo a la hora de disponer de regulaciones sobre la información y la actividad de los medios y de los profesionales, se nos pidió si podíamos aportar ejemplos de lo que  había en otros países, a lo que obviamente respondimos que sí. El sindicato decidimos entonces aprovechar la ocasión para actualizar y mejorar nuestros datos por lo que se me encargó hacer un informe sobre la cuestión. Con más tiempo del que habría sido deseable y gracias a aportaciones de mucha gente de quienes dejo constancia en el documento, esta tarea se ha terminado. Ya se ha hecho llegar al Gobierno catalán y ahora toca difundirlo.

En este trabajo se destacan las experiencias en Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia porque ofrecen un abanico bastante amplio de regulaciones para tenerlas en conjunto como referencia. También se menciona los casos de Dinamarca y Noruega por su papel líder en la regulación de los medios comunitarios o del Tercer Sector. Igualmente se  repasan las experiencias en América Latina donde en algunos países se han vivido procesos muy interesantes, como a veces ya me  he referido en este blog. Finalmente hay un par de apuntes sobre Estados Unidos y la India para acabar de dibujar la soledad con la que cada vez más se encuentran Catalunya y España en la garantía del derecho a la información de la ciudadanía.

Nueva lección del Consejo de Europa

La Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa (PACE, en sus siglas en inglés) aprobó el pasado 12 de enero un informe sobre la situación de la libertad de información en el continente en el que advierte de las serias amenazas que esta padece. Este documento –que había sido aprobado inicialmente por la Comisión de Cultura, Ciencia, Educación y Medios de la Asamblea el 4 de diciembre de 2104– fue redactado por el diputado socialista croata Gvozden Srećko Flego. El dictamen destaca especialmente la grave situación en países como Azerbaiyán, Hungría, Rusia, Turquía o Ucrania. Pero detalla vulneraciones en casi todos los estados europeos. En el caso español, por ejemplo, se refiere a la «violencia e intimidación por parte de la policía contra los periodistas que cubrían las manifestaciones en Madrid del 29 de marzo [de 2014] y que fue denunciada por la representante de la OSCE y las organizaciones de periodistas españolas». Este apunte del informe se refiere a la declaración hecha por la representante sobre Libertad de medios de la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Dunja Mijatović, a raíz de las protestas por la actuación policial durante una manifestación contra la monarquía donde pusieron graves trabas a la tarea de los profesionales de la información. Esta actitud fue también denunciada por varias organizaciones profesionales y sindicales, entre las cuales está la FeSP, que hizo público un comunicado criticado la actitud de los agentes.

En este informe se afirma que «la libertad de prensa constituye un índice importante para la democracia, las libertades políticas y el estado de derecho en un país o región. En vista del deterioro de la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa en Europa, el Consejo de Europa insta a los Estados a intensificar sus esfuerzos nacionales y multilaterales para el respeto de los derechos humanos a la libertad de expresión y de información, así como a la protección de la vida, la libertad y la seguridad de los que trabajan por y con los medios de comunicación.» Entre otros aspectos, la Asamblea recomienda al Comité de Ministros «prestar especial atención a la total implementación por parte de los Estados miembros de las resoluciones judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ocupan de las graves violaciones de la libertad de prensa, e incrementar la cooperación y el apoyo a las actividades en este campo».

En las conclusiones, el Consejo de Europa afirma que «son pocos los estados miembros que muestran un número importante de posibles violaciones de la libertad de prensa, pero todos ellos deben reforzar la protección de la libertad de prensa a nivel nacional a través de legislación y la práctica, así como a nivel internacional a través del Consejo de Europa.» El organismo anuncia que para hacerlo posible, impulsará una plataforma en internet «para registrar y dar a conocer las posibles infracciones de los derechos garantizados en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.» El Consejo, ya hace algunos años, lanzó esta idea para convertirla «en un importante interfaz estructural para mejorar la cooperación con las principales organizaciones no gubernamentales de la libertad de información.»

No es esta la primera vez que el Consejo de Europa muestra su preocupación por la situación del periodismo y el derecho a la información. Ha sido una constante, apelando siempre a las disposiciones en esta materia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una de las iniciativas más importantes sucedió hace ahora ya 22 años, el 1 de julio de 1993, cuando aprobó por unanimidad el Código Europeo de la Deontología del Periodismo, a partir del informe presentado por el diputado español y catedrático de Filosofía del Derecho Enrique Núñez Encabo.

El informe Protección de la libertad de prensa en Europa ha sido muy recibido por las organizaciones del sector que no han omitido las advertencias que incluye. La Federación Europea de Periodistas (FEP), constata como «se cuestiona la concentración de medios» y pide medidas «para regular los medios de comunicación y la transparencia de la propiedad»Así recoge con satisfacción la propuesta planteada por el diputadp Gvozden Srećko Flego de creación de una «Tarjeta de Identidad de Medios» que obligaría a las empresas de comunicación a proporcionar información sobre los propietarios, «incluyendo los llamados dueños sombra que contribuyen sustancialmente a sus ingresos, como los grandes anunciantes o los donantes.»