Archivo de la categoría: Transparencia informativa

Entre la privacidad y la transparencia

Internet es (era?) un espacio de libertad. Es por lo tanto el espacio donde los que quieren restringir las libertades han puesto su mirada, una vez ya lo han conseguido notoriamente en otros espacios de convivencia social y pública. Recientemente se ha celebrado en Barcelona – del pasado 30 de octubre al 2 de noviembre– la séptima edición del Foro Internacional de Cultura Libre, organizado por la plataforma Xnet, que tenía como hilo conductor el periodismo de investigación. Se presentó el manual Seguridad de la Información para Periodistas, una herramienta muy útil elaborada por el Centro para el Periodismo de Investigación (CIJ, en sus siglas en inglés). La edición y distribución en castellano se ha hecho con la ayuda de Xnet

En este manual se asegura que «por primera vez, los periodistas ahora son conscientes de que prácticamente cada comunicación electrónica que hacemos o recibimos está siendo grabada, guardada y sujeta a análisis y control. Como esta vigilancia se lleva en secreto, sin control, transparencia o cualquier posibilidad realista de exigir responsabilidades, nuestras fuentes, nuestras noticias y nuestro mismo trabajo profesional están bajo amenaza.» Probablemente es una afirmación demasiada optimista por lo que es la realidad de la profesión en la que el grado de conciencia sobre la necesidad de proteger los equipos de trabajo y las comunicaciones tiene todavía un amplio margen de mejora. Las conclusiones de estas jornadas se pueden consultar en este enlace. Los organizadores del Foro de Cultura Libre piden el apoyo de quien quiera colaborar en la edición de los textos en otros idiomas, que se puede gestionar a traves del citado enlace.

Una parte del debate se centró en el dilema entre privacidad y transparencia. Simona Levi, una de las fundadoras de Xnet, en su intervención introductoria afirmaba que «la transparencia y la privacidad, se han convertido en armas arrojadizas en manos de la propaganda de unos y de otros cuando la transparencia sirve para acorralar a la gente que, de manera anónima, filtra información relevante, información que se nos oculta o cuando desobedecen para modificar leyes injustas. La privacidad se utiliza para borrar los crímenes de banqueros, políticos y grandes monopolios. En las tertulias se criminalizan, con total naturalidad, a activistas porque “no se sabe quienes son” mientras que se defiende a gángsters institucionales porque “los políticos también tienen derecho a su privacidad”». En la era post revelaciones de Snowden, insiste Levi, «a la pregunta de dónde ponemos el límite, los activistas por los derechos digitales tenemos damos una respuesta sin ambigüedades: “Transparencia para los gobiernos; privacidad para todos nosotros».

El Foro Internacional de Cultura Libre plantea pues la necesidad de mantener las comunicaciones y los equipos informáticos protegidos y la conveniencia que aquellos que se dedican a difundir informaciones que determinados poderes querrían mantener escondidas –como los periodistas de investigación– se doten de las herramientas suficientes para hacerlo. Y también de los conocimientos. Sobre todo en un mundo donde los poderes cada vez se espabilan más en perfeccionar sus mecanismos de vigilancia. Y no sólo tras de los atentados del 13 de noviembre pasado a Paris. Ya advertía de esta dinámica en este blog cuando en mes de enero de este año se produjo el ataque criminal contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo.

Esto nos lleva a ver como en diferentes puntos del mundo se están implementando medidas para vigilar la red y el que a través de ella circula. Enrique Dans escribía hace unas semanas en su blog un artículo titulado La privacidad a ambos lados del oceáno en el quel afirma que «los tópicos en torno a la privacidad son muy claros: mientras en Europa se siguen políticas garantistas que protegen este derecho fundamental de los ciudadanos, en los Estados Unidos no se respeta en absoluto, y tanto las empresas como el gobierno se consideran autorizados a acceder a todo tipo de datos y a hacer uso de los mismos sea para un marketing agresivo o para investigar lo que les venga en gana.» Pero tras analizar diferentes episodios en varios países llega a una conclusión muy distinta: «La evolución del panorama parece indicar que los Estados Unidos parecen estar llegando mucho más rápido al nivel de sentido común necesario para darse cuenta de que hay cosas que, en plena era digital, no pueden siquiera plantearse. Mientras, los gobernantes europeos, mucho más iletrados tecnológicamente, siguen pretendiendo que la seguridad puede obtenerse mediante la oscuridad, que las puertas traseras tienen sentido, que si no tienes nada que ocultar no tienes nada que temer, o que la seguridad puede obtenerse mediante la vigilancia exhaustiva de todos los ciudadanos.» Entre los episodios relatados por Dans hay por ejemplo la decisión del Gobernador de California, Jerry Brown, de aprobar la ley de defensa de la privacidad más fuerte de los Estados Unidos al obligar a toda agencia o autoridad a obtener una orden judicial para poder acceder a prácticamente cualquier dato, metadato o comunicación digital de un ciudadano. En cambio en Europa, se ven países como Francia, Reino Unido o Suecia implementar legislaciones que aumentan el control ciudadano, para no hablar de la ignominia española con las conocidas leyes Mordaza o Torquemada.

Las organizaciones internacionales de periodistas también tienen esta cuestión como uno de sus ejes prioritarios. La Federación Europea de Periodistas (FEP) ha realizado este año varias acciones en este ámbito. Uno de sus objetivos es que todos los sindicatos que forman parte tengan un responsable de seguridad que se ocupe de impulsar iniciativas en esta línea. En el manual de Seguridad de la Información para Periodistas que citaba en el primer párrafo se afirma que «las revelaciones de Snowden revelaron la extraordinaria capacidad de algunas agencias gubernamentales de inteligencia de interceptar comunicaciones, y de lograr acceso no autorizado a datos en casi todos los ordenadores personales o aparatos electrónicos de comunicación en el mundo. Esto podría suponer un riesgo en la seguridad de la información para un periodista de investigación, que trabaja en reportajes centrados en algún interés de estos gobiernos, sus agencias y sus contratistas privados en materia de inteligencia.» Y se recuerda a los periodistas que «El acceso no autorizado a tu información puede implicar su uso, divulgación, distorsión, modificación, inspección, grabación o destrucción. Tú y tu fuente podríais estar expuestos a riesgos jurídicos o físicos, y la información a la base de tu reportaje podría verse comprometida. En situaciones de alto riesgo, la seguridad en la información puede tan importante como usar un chaleco antibalas y viajar con guardaespaldas; sin embargo, puesto que las amenazas digitales son invisibles, complejas y a menudo no detectables, es posible subestimarlas o pasarlas por alto.»

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Las negociaciones clandestinas para el tratado TTIP

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, en sus siglas en inglés) tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea con la supresión de aranceles varios, así como normativas que desde los negociadores se consideran innecesarias. La oficina en España de la Unión Europea lo argumenta diciendo que «son restricciones a la inversión, y lo que hace falta es simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios». La web de la representación de Bruselas en Madrid facilita la escasa información oficial que dan los negociadores sobre las conversaciones y nunca sobre sus aspectos más controvertidos. De todos modos, los textos del anteproyecto que hasta ahora se conocen revelan que el tratado no permitiría a los gobiernos aprobar leyes para la regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, servicios postales o telecomunicaciones. Si se produjera cualquier expropiación, las empresas podrían demandar a los Estados exigiendo la devolución de su inversión más compensaciones e intereses. Esto afecta incluso en el mundo de la comunicación porque los gobiernos no podrían aprobar leyes limitando la propiedad en los medios para impedir la creación de imperios mediáticos cómo, por ejemplo, el de Murdoch. Y ya es sabido que el efecto principal de la concentración mediática es la reducción del pluralismo informativo, una de las amenazas principales a la calidad democrática de un país.

En el pasado mes de junio me hacía eco en este blog de una campaña internacional que denunciaba el oscurantismo que había alrededor de las negociaciones para el tratado TTIP. Esta iniciativa se ha desarrollado a través de STOP TTIP, una plataforma integrada por unas 250 organizaciones europeas de todo tipo (ecologistas, sindicatos, asociaciones de consumidores…). Una de las acciones desarrolladas ha sido una recogida de firmas contra este tratado en forma de iniciativa ciudadana para pedir a las autoridades comunitarias y a los gobiernos de los estados miembros de la UE que suspendieran las conversaciones. Desde el pasado mes de julio en que arrancó esta acción, se han obtenido en Europa un millón de firmas contra el acuerdo. Sus impulsores aseguran que el convenio «daría un poder sin precedentes a las empresas multinacionales y por lo tanto amenazan con anular la democracia y el Estado de Derecho, así como perjudicar la protección del medio ambiente y de los consumidores. Los tratados permitirían que las empresas demandaran a los gobiernos ante tribunales de arbitraje privados si sus leyes o políticas dañaran los beneficios de la compañía.»

John Hilary, miembro del Comité de Ciudadanos que ha desarrollado esta iniciativa, destaca que «STOP TTIP ha recogido más de un millón de firmas en un tiempo récord. Esto es especialmente embarazoso para la Comisión Europea, puesto que ha intentado varias veces bloquear la participación de los ciudadanos en la forma en que estos tratados se están negociando y en su resultado». Hillary reclama al presidente de la CE, Jean Claude Juncker, que «escuche la creciente oposición y deje de negociar los tratados inmediatamente».

Al margen otras cuestiones –de indudable vital importancia para la calidad democrática y económica de la sociedad– estas negociaciones afectan a una cuestión tan importante cómo es el derecho a la información de la ciudadanía por dos cuestiones principales. Por un lado se trata de unas conversaciones que se desarrollan sin ningún tipo de transparencia. Muy poca gente conoce el alcance real de lo que se está hablando. En España, las pocas noticias que han salido en los grandes medios de comunicación tanto públicos como privados se limitan a reproducir las informaciones oficiales que se limitan a cantar las excelencias de este tratado. Probablemente las tenga, pero sólo para las grandes empresas multinacionales. El segundo aspecto preocupante de los tratados TTIP en relación a la comunicación es al que aludíamos en el primer párrafo. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) alertaba recientemente en un comunicado del pasado 1 de diciembre de «el oscurantismo que rodea a las negociaciones secretas que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea sobre el TTIP». Añadía que «de llevarse a cabo este acuerdo, además de suponer un grave atentado contra la defensa de la regulación europea en materias como la economía, los derechos laborales, el medio ambiente o los servicios públicos (salud, educación…), afectará directamente al derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía: la creación del llamado Mecanismo de solución de controversias inversoras-Estado acarrearía la indefensión de los Estados contra la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos monopolios, una práctica que limita el necesario pluralismo informativo». También la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha criticado con dureza estas negociaciones y, conjuntamente con otras organizaciones europeas ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo de la Unión Europea y ha emprendido líneas de trabajo conjuntas con organizaciones sindicales del sector en Estados Unidos y Canadá.

En un momento en qué diferentes organizaciones están reclamando en el Estado español y en Catalunya la regulación del derecho a la información, este tratado puede suponer un ataque a la línea de flotación de esta reivindicación. En Catalunya hace pocas semanas se presentó la Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación que tiene entre sus objetivos conseguir una legislación que limite la concentración de medios. El manifiesto de la FEP para las últimas elecciones europeas del pasado 25 de mayo reclamaba una regulación «para limitar la concentración de medios». Con el TTIP con sus actuales planteamientos, sería imposible parar los pies a los Murdoch de todo el mundo. En este sentido, América Latina vuelve a coger la delantera al viejo continente en lo que se refiere al respeto a un derecho tan elemental como el de la información puesto que en algunos países se están desarrollando normativas claramente más avanzadas en este aspecto. Pero esto sucede, simplemente, porque Europa está yendo marcha atrás. Y en el Estado español, este tratado que atenta contra la soberanía de los pueblos, tiene el apoyo del PP, del PSOE y de CiU.

El ‘efecto Streisand’ del derecho al olvido

«Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible» es la frase redundante por antonomasia pero resume a la perfección lo que ha pasado con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que establece el derecho al olvido y obliga a los buscadores de internet a eliminar resultados si el protagonista de la noticía así lo reclama. Cómo bien explica el experto en tecnología y en internet Enrique Dans, «tal como tenía que pasar» ya han aparecido en la red las primeras respuestas «a este absurdo». Una de ellas es la web hidden from google que es, según se definen ellos mismos «una lista de búsqueda de resultados omitidos, borrados o censurados a causa del “derecho al olvido”». Puede ser legítimo que una persona que hace años protagonizó un asunto digamos desagradable reclame que este no lo persiga eternamente. Lo que también debería pensar esta persona es si obligar a los buscadores a eliminar las referencias sobre este hecho es la mejor estrategia para este fin. Porque esto es como ponerle puertas al mar. La red, ella misma, ha generado sus propios anticuerpos para eludir estas obligaciones. Ha acabado provocando lo que se conoce como efecto Streisand, que es que todavía se  hable más de este asunto puesto que el simple hecho de que se quiera hacerlo desaparecer despierta el interés de saber el por qué.

¿Hasta qué punto el derecho al olvido es prioritario o no al derecho a saber? Es un debate interesante. Cómo también lo es entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Es obvio que en personas de relevancia pública en función de sus responsabilidades en la sociedad, el derecho a saber de la ciudadanía debería prevalecer. Pero por justificada que pueda parecer la aspiración de una persona de pasar al anonimato absoluto, intentarlo en la red puede ser más que contraproducente. El derecho a saber siempre tendrá su espacio. Afortunadamente

Derecho a saber, derecho a estar informado

«Las personas tienen el derecho a saber» es el título de una campaña internacional a través de la que más de 250 organizaciones de todo el mundo reclaman una mayor transparencia sobre las negociaciones que están llevando a cabo representantes de los Estados Unidos y de la Unión Europea para el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés). Argumentan los promotores de esta iniciativa –entre los que hay sindicatos, consumidores, movimientos sociales y ong para el desarrollo, y observatorios sobre transparencia– que este será el tratado comercial bilateral más importante de la historia «con unos impactos que afectarán enormemente las vidas de las personas a ambos lados del Atlántico». Las partes que negocian el TTIP arguyen que el secretismo de este proceso es inevitable puesto que es un asunto de relaciones internacionales. Los defensores de la transparencia creen, pero, que la ciudadanía «tiene derecho a saber qué es lo que se está poniendo encima la mesa y cómo se están tomando las decisiones.» Añaden que es imprescindible un debate democrático «porque son las personas y no las empresas quienes tienen que poder participar en una discusión sobre qué economía, qué entorno y qué futuro queremos».

Este lunes 2 de junio se celebraba en Madrid un acto para promocionar el TTIP en la Casa de América en el que participaban representantes de los gobiernos español y norteamericano así como de las empresas más importantes. Los opositores a este tratado habían convocado una protesta coincidiendo con la sesión para denunciar –entre otras cuestiones que critican– la opacidad con que se están llevando las negociaciones. Una portavoz de Amigos de la Tierra –una de las organizaciones que a nivel internacional coordina el rechazo al TTIP– explica que se están haciendo actas en diferentes ciudades para informar sobre lo que hay en juego en estas conversaciones.

Una vez más nos encontramos ante un caso dónde a la ciudadanía se le niega el acceso a información básica. En noviembre del año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Transparencia –como siempre, el Estado español casi el último al aprobar una normativa de este estilo– en la cual se fijan aquellos aspectos de los cuales la sociedad  podrá conocer los detalles. Sobre ello, durante el proceso parlamentario de tramitación, la Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), aseguró que en el texto legislativo no se especifica que el acceso a la información de la ciudadanía «es un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión.» Obviamente, este no es un problema que se derive de la normativa española porque en esta campaña en favor de una mayor transparencia en las conversaciones para el TTIP  participan organizaciones sociales de la mayoría de los países implicados en el tratado. Pero quizás es un indicador que las normativas europeas surgidas después de la II Guerra Mundial y que se limitaban a fijar los derechos y deberes de los periodistas para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía empiezan a ser obsoletas. Ni Catalunya ni España tienen ni siquiera este mínimo europeo y ahora que está a punto de constituirse el nuevo Parlamento Europeo sería el momento que el continente diera pasos adelante en esta línea y acercarse a lo que prevén algunas legislaciones latinoamericanas, mucho más avanzadas y ambiciosas en este sentido. Catalunya, además, está elaborando su propia Ley de transparencia, pero todavía está en trámite parlamentario e incluso un poco paralizada puesto que el Gobierno y los principales grupos que le apoyan tienen en estos momentos otras prioridades legislativas en este ámbito como es, por ejemplo, la Ley electoral.

El manifiesto de los periodistas europeos, en castellano

Explicábamos en la última entrada a este blog lo que hay en juego en materia de libertad de información en las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, y facilitábamos el acceso al manifiesto elaborado por la Federación Europea de Periodistas (FEP) en sus versiones en inglés y francés. Ahora, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha hecho la versión en castellano

La información también está en juego el 25-M

El belga Guy Verhofstadt, candidato de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) a presidir la Comisión Europea; la alemana Ska Keller, cabeza de lista de Los Verdes; y el también alemán Martin Schulz, que lo es por el Partido Socialista Europeo, han firmado el manifiesto que la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha elaborado de cara a las próximas elecciones del 25 de mayo para elegir un nuevo Parlamento Europeo. En este escrito se afirma que «la libertad de los medios, el pluralismo, y la independencia de los periodistas están cada vez más amenazadas por las presiones políticas y económicas, así como por la globalización del sistema mediático». En este manifiesto –que se puede consultar en su versión en francés o en inglés– se detallan varias reivindicaciones entre las que destaca la propuesta que se condicione la adhesión a la Unión Europea al hecho que se cumplan las disposiciones comunitarias sobre libertad de información: «El respeto de la libertad de la prensa, del pluralismo y de la independencia de los periodistas condicionan la adhesión a la UE. Se tienen que impulsar las disposiciones necesarias para que se pueda hacer un registro de los casos de las violaciones de la legislación europea en este ámbito».

No es que en el conjunto de Europa la situación del periodismo sea un paraíso. En casi todos los países ha habido enormes retrocesos –como constatan los diversos informes sobre el estado de la libertad de prensa al mundo recientemente publicados– pero en algunos  tienen legislaciones que permiten mitigar los efectos de la crisis que sufre el sector. También la UE dispone de varias normativas aprobadas y el que reclama la *FEP –que reúne 320.000 profesionales en 39 países– es que desde las instituciones comunitarias se vele por su cumplimiento.

Así, en la declaración de la FEP para el 25-M se afirma que «no hay democracia sin independencia de los periodistas«, que no hay «libertad de prensa sin pluralismo de la información», y que no hay «periodismo de calidad sin respetar unas condiciones laborales dignas». Se recuerda que «la información es un bien público» y que «no hay libertad de prensa sin transparencia». Una de las preocupaciones principales que se  expresan es la situación de los periodistas a la pieza, «especialmente frágiles y que deben ser tenidos en cuenta en las negociaciones entre sindicatos y patronal».

Siguiendo las diversas cuestiones que se plantean en este texto, el Estado español está en fuera de juego en muchas de ellas, tanto en el ámbito laboral como en el de independencia profesional. Por ejemplo, todavía no se ha regulado una cuestión tan básica como el secreto profesional. El respeto a los derechos de autoría de los informadores, en la piel de toro, brilla por su ausencia, con la total indiferencia del partido que ahora gobierna. Por lo tanto, quien el 25-N tenga tenga la situación de la libertad de información como una de las principales preocupaciones a la hora de decidir su voto, tiene que saber que –hasta ahora– sólo hay tres candidatos que hayan asumido el Manifiesto de los Periodistas «por una recuperación de la libertad y el pluralismo en los medios europeos» impulsado por la *FEP.

Un elemento que evidencia a la perfección la malsana situación de la información en Catalunya y en España es la existencia de los bloques de información electoral minutada en los noticiarios de radio y televisión públicas, algo totalmente desconocido en Europa. La movilización profesional contra este anacronismo heredado de la transición ha sido constante en las últimas citas electorales y ahora vuelve a pasar lo mismo. En Europa no hay ningún país que los tenga. Como mucho, las respectivas autoridades audiovisuales hacen a posteriori informes sobre el comportamiento de los medios en relación a su neutralidad en el seguimiento de la campaña electoral o sobre marginación de minorías, pero nunca bajo la intervención de la junta Electoral, como pasa en España y en Catalunya.

Pedro J. bebe de su jarabe

El amigo Enric Bastardes sugiere en un comentario en la presentación de este blog hablar de la destitución de Pedro J. Ramírez como director de El Mundo. Dice Enric: «Esta semana tenemos un caso para discutir. La “destitución” –según dice él– del director de El Mundo: Pedro J. Si fuera verdad su argumento que ha sido destituido por las presiones políticas para dar a conocer los papeles del caso Bárcenas se daría el hecho que mientras mentía, manipulaba, inventaba y prevaricaba con los atentados de Atocha durante cuatro años no le pasó nada y ahora que pretendía hacer de periodista, lo destituyen. Tantos méritos acumulados para ser destituido por causas objetivas de atentados a la deontología profesional y va y lo destituyen para revelar la doble contabilidad del PP. Qué país!» La cúpula del PP, con Mariano Rajoy al frente, enojada por las revelaciones de El Mundo sobre el asunto de la financiación del partido, castigó al rotativo de Pedro J retirándole la publicidad institucional, hecho que menguó los ingresos de Unidad Editorial en unos 15 millones de euros. A partir de aqui, los acontecimientos se han precipitado. Pero ha sido lindo escuchar a Pedro J. haciendo una defensa tan firme de la profesión como la de ahora cuando le han echado. Pero hacía mucho tiempo que no se le oía algo así. Y nos podemos remontar mucho más allá de su campaña conspirativa alrededor del 11-M.

Desde hace muchos años, varias organizaciones profesionales y sindicales del sector han intentado regular el derecho a la información en el Estado español. Cuando llegan las campañas electorales estas entidades intentan que los candidatos asuman compromisos en esta línea. El año 2004, previo a los comicios que llevarían a José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno español, el entonces candidato socialista se comprometió en una carta enviada a quien en aquellos momentos era el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Enric Bastardes, prometiendo que lo haría en caso de victoria electoral, como así finalmente fue. Aún así, costó enormes esfuerzos –que un día habrá que explicar– que lo que entonces se bautizó como Estatuto del Periodista Profesional (EPP) empezara un trámite parlamentario que no llegó a ninguna parte porque aquel proyecto batió todos los récords de prórroga de la tarea en comisión. Pero una cosa sí que consiguió: que, por primera vez, todos los medios de comunicación salieran unidos para pararlo porque suponía, entre otras cosas, limitar sus abusos informativos y manipulaciones que hace años que practican. El diario de Pedro J incluso hizo un editorial exclamando alarmado «un estatuto todavía peor que el catalán», frase que, en el horizonte del año 2006 y 2007 y en boca del inefable Ramírez, todo el mundo sabrá contextualizar

Si no hubiera puesto tantos obstáculos al EPP –que ahora intenta de nuevo su camino con el nombre de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC)– ni ahora tendría que haber claudicado a las presiones de las que se queja pero tampoco antes habría podido caer en la manipulación y mentira más soez que muchos hemos denunciado con el mismo éxito que él ahora ha tenido.