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25 años no son nada…

Los días 19 y 20 de junio de 1993 yo era uno de los asistentes al Congreso Constituyente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), en el centro cívico de les Cotxeres de Sants, bajo la presidencia honorífica del veterano Josep Maria Lladó. Mi participación era la de uno más en los debates. El único protagonismo fue formar parte de la comisión de recuento que certificó la elección de Enric Bastardes como primer presidente del SPC.

Ahora, 25 años después, tengo el privilegio y la responsabilidad de ser el presidente de la organización. Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny han dirigido las diferentes juntas ejecutivas que ha habido desde entonces y que han convertido –entre todos y todas– el sindicato en un referente indispensable de la profesión. A mí me toca no estropearlo. Y creo, modestamente, que desde que fui elegido en el VIII Congreso celebrado el pasado 14 de abril, la Junta que lidero está haciendo muy buena labor gracias a la gente que la integra.

Pero para llegar a este punto se ha trabajado mucho en años anteriores. No lo detallaré aquí. La página web del SPC es testigo de todo ello. Pero sí querría destacar una cuestión: el papel decisivo del Sindicat de Periodistes de Catalunya para que hoy el Estatuto de Cataluña incluya un artículo 52 que establece cuáles son los deberes de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Durante su elaboración en el proceso participativo abierto por el Gobierno catalán aportamos las propuestas necesarias para ue así fuera. Los redactores del Estatuto lo incorporaron al texto final, que a pesar de ser uno de los artículos impugnados por el PP como anticonstitucionales, quedó incorporado tal cual salió de fábrica en la versión final. Ahora sólo falta que el Gobierno o los grupos parlamentarios lo desarrollen legislativamente  para hacer efectivo este derecho de la ciudadanía. Y no será porque no se haya pedido y presentado propuestas y documentación para que lo puedan hacer…

La profesión vive momentos difíciles. La precariedad laboral y la desregulación de los y las periodistas a la pieza, la falta de credibilidad de la profesión y de los medios de comunicación españoles según revelan varios sondeos de opinión, el desprecio de las empresas de comunicación por un periodismo de calidad priorizando la cantidad pagada a precios irrisorios y que el fotoperiodismo está pagando más duramente; la falta de respeto por los derechos de autoría, por los derechos laborales… Es un largo listado.

Muchos han dado la culpa a la crisis, a las nuevas tecnologías de la información, al cambio de los usos informativos o a las redes sociales. La crisis del periodismo, sin embargo, empezó mucho antes. Pero una ficticia bonanza económica en los medios hizo que todo el mundo o casi todo el mundo mirara hacia otra banda. La crisis, lo único que ha hecho es mostrar las fragilidades y las miserias con toda su crudeza. Y ahora se pagan las consecuencias con dos víctimas principales: unos trabajadores y trabajadoras inmersos en una precariedad cada vez más intensa, y la ciudadanía, que ve como su derecho a recibir una información veraz, plural y de calidad le ha sido hurtado.

Y los autores de este hurto son los propietarios de los medios de comunicación, y también el poder político que actúa como cómplice necesario, puesto que no ha hecho casi nada hasta ahora para garantizar este derecho universal humano a la ciudadanía. El año 1993, el Consejo de Europa aprobó por unanimidad el Código Europeo de Deontología del Periodismo, un texto que podríamos considerar casi revolucionario.

En su artículo 15 dice: «Ni los editores o propietarios [de los medios] ni los periodistas tienen que considerarse amos de la información. Desde la empresa informativa la información no tiene que ser tratada como una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las mismas tienen que estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos por publicidad.» En su artículo 11 establece bien claramente que «las empresas periodísticas se tienen que considerar como empresas especiales socioeconómicas, los objetivos empresariales de las cuales tienen que quedar limitados por las condiciones que tienen que hacer posible la prestación de un derecho fundamental». Esto lo votaron todos los partidos y todos los países del Consejo de Europa, incluidos los españoles. Pero lo tienen oculto, pero no desfalleceremos en seguir recordándolo y a reclamar que se devuelva la información a su legítimo propietario, la ciudadanía.

Nuestro lema por estos cinco lustros de trabajo es «Ya tenemos sólo 25 años». Para coger fuerzas por todo el trabajo que tenemos que hacer como mínimo en los próximos 25 años podéis venir el lunes 5 de noviembre a celebrarlo con nosotros en el centro cívico Parc Sandaru.

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La oportunidad de Ernest Maragall

Hace unas semanas tuve el placer de asistir a la entrega del Premio Ernest Udina a la Trayectoria Europeísta a la amiga y compañera Griselda Pastor. El galardón, que este año ha llegado a la decimotercera edición, lo da la Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) y el acto se llevó a cabo en la sede de las instituciones comunitarias en Barcelona. Griselda Pastor es desde hace unos veinte años la corresponsal de la Cadena Estar en Bruselas, donde ha destacado por su capacidad para explicar en el muy poco tiempo que te da la radio la complejidad de la actualidad comunitaria.

El acto contó con la presencia, entre otras personalidades, del consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall. En su discurso de clausura, el consejero destacó el retroceso en la libertad de información que hay en España refiriéndose a los episodios que en los últimos meses se han vivido en Cataluña y España que así lo evidencian. Aprovechando la naturaleza europea de la ceremonia, expresó su inquietud por la inacción de la Administración comunitaria al permitir esta situación.

Sobre el retroceso de la libertad de información en Cataluña y en España, en este espacio hemos escrito más de una vez. De todas maneras, si el consejero Maragall está preocupado por esta situación, tiene en su mano corregirlo, al menos en Cataluña.

Lo único que tiene que hacer es convencer al presidente del Gobierno del que forma parte, Quim Torra, y al conjunto del Ejecutivo catalán, de desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto de Catalunya, aquel estatuto que se impulsó cuando su hermano Pasqual era el presidente de la Generalitat. Este artículo 52 establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

Varias organizaciones de periodistas y también de la ciudadanía hace tiempo que lo reclaman. Hasta ahora, ninguno de los gobiernos que ha habido en la Generalitat han mostrado la sensibilidad necesaria por hacerlo. Los grupos parlamentarios tampoco han sabido generar los consensos suficientes entre ellos para impulsar la normativa.

Hay que celebrar que el consejero Ernest Maragall haya llegado a la conclusión a la que muchos ya hemos llegado desde hace tiempo: el déficit democrático que supone que la ciudadanía no pueda disfrutar de una libertad de información al nivel de países que hace tiempos que han aprobado regulaciones de este derecho humano esencial, como es el de información y comunicación. Pero, consejero, usted tiene ahora la oportunidad de cambiarlo en Catalunya, consiga que el Gobierno del que usted forma parte desarrolle legislativamente el artículo 52 del Estatuto.

Artículo publicado en el número 9 de la revista ‘Utopía’ –revista de la Selva Marítima y el Alto Maresme– en la edición de este mes de julio

Una nueva etapa

De izquierda a derecha, Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny, los tres presidentes que ha tenido el SPC antes que yo. Foto: TAV

El sábado 14 de abril se celebró el VIII Congreso del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). Entre las cuestiones que decidió hay una que me afecta personalmente porque me eligieron como nuevo presidente de la organización. Para mí es un reto importante, no tanto por el volumen de trabajo a realizar, que de esto ya iba sobrado, sino por la responsabilidad y por lo que significa de confianza de los compañeros y compañeras hacia mí. Sólo aspiro que de aquí a cuatro años haberme hecho merecedor de ella.

En primer lugar quiero agradecer a las personas que han aceptado acompañarme y que conjuntamente haremos equipo para tirar adelante este proyecto, que encaramos con ilusión y ganas de contribuir a la mejora global de la profesión. Una lista con gente joven, especialmente mujeres, signo de una necesaria renovación. Luchar contra la precariedad laboral y, en especial, la que afecta a los periodistas a la pieza y freelance; y conseguir de una vez por todas la regulación de la profesión para tener las herramientas suficientes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad son los ejes principales. Pero no los únicos.

Lograr estos retos no es una cuestión que implique sólo al sindicato. Desde el año pasado, el SPC ha impulsado una unidad de acción con otras organizaciones del sector, como la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Som Atents y Solidaritat i Comunicació (SiCom) y más que quieran añadirse a trabajar conjuntamente. Se han tirado adelante varias iniciativas, algunas de las cuales han culminado en la aprobación en la Asamblea Abierta de Periodistas del pasado 11 de noviembre del manifiesto «15 acciones para un periodismo digno», que el Congreso del SPC asumió. También lo hizo con las reivindicaciones de las mujeres periodistas planteadas el pasado 8 de marzo.

Las acciones necesarias para hacer un periodismo digno dependen de diferentes administraciones e instituciones. Exigir que sus gestores impulsen los cambios que se derivan implica al conjunto del sector. Cada vez somos más pidiéndolo. Pero todavía debemos ser muchos más. Los poderes que se oponen a nuestras reivindicaciones son fuertes y poderosos. Y por lo tanto, nuestras organizaciones también deben serlo. Todas. Y el SPC también. Debemos tener muchos más compañeros y compañeras afiliadas al sindicato para tener la fuerza suficiente, conjuntamente con el resto de entidades, para conseguir la protección social de los colaboradores y colaboradoras, el desarrollo del artículo 52 del Estatuto para regular en Catalunya el derecho a la información de la ciudadanía de manera similar a cómo lo está a muchos países de todo el mundo. Para disponer de unos medios públicos despartidizados al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos de turno. Para que las prácticas de los estudiantes no se conviertan en un abuso laboral. Para que el conjunto de los medios de comunicación no estén al servicio de intereses políticos, económicos y empresariales espurios como pasa actualmente en una gran mayoría de empresas informativas. Para que se retiren las leyes mordaza que encarcelan quién dice cosas que no gustan a quienes mandan, y para que los y las fotoperiodistes puedan trabajar sin la amenaza de recibir garrotazos impunemente. El reconocimiento efectivo del Tercer Sector de la comunicación, que trabajar en un medio sin ánimo de lucro no significa que la gente que los produce no tenga que vivir de ellos. Y así hasta las quince acciones de las que hablaba más arriba.

Para mí ser presidente del SPC lo vivo como una oportunidad de devolver a la profesión muchas cosas que me ha dado. He aprendido mucho de compañeros y compañeras, tanto en los medios donde he trabajado cómo de los que lo hacían en otras empresas y hemos coincidido más o menos a menudo en el ejercicio de nuestra tarea profesional. También con todo el mundo con quien he compartido activismo en el sector. A todos ellos y ellas les pido ahora que me ayuden –que nos ayuden– a revertir la difícil situación en que está hoy el periodismo en Catalunya y en España. No es que afuera todo sea música celestial, pero al menos en muchos lugares tienen herramientas de las que nosotros no disponemos, la regulación laboral del periodismo y la del derecho a la información. Y en este contexto la ayuda para lograr estos retos sería su afiliación al sindicato. Nos permitirá a todos juntos ser más fuertes.

No quiero acabar este artículo sin agradecer a mis predecesores lo que he aprendido con ellos. Han presidido el sindicato Enric Bastardes (1993-2001), Dardo Gómez (2001-2009) y Ramon Espuny (2009-2018). Con la ayuda de todo el mundo que ha pasado por las juntas ejecutivas que han liderado han convertido el sindicato en uno de los referentes de la profesión. Ahora todo es muy distinto de cómo lo era cuando constituimos el sindicato hace 25 años. Las nuevas tecnologías, los nuevos usos informativos de la sociedad, la crisis de la prensa en papel, el descrédito de la profesión, la crisis…, han cambiado el sector de pies a cabeza. Seguramente hay que modernizar estrategias y maneras de trabajar, pero el SPC sigue siendo una herramienta útil. Un sindicato no es más que una asociación de personas que se agrupan para defender sus intereses comunes. Y esto es lo que somos y lo que hacemos. Si el SPC no existiera, habría que inventarlo. En cualquier caso, compañeros y compañeras, estoy a vuestra disposición.

Cuando Europa y Latinoamérica marcan el camino

Estos días de fiestas he prácticamente terminado de leer un libro que había empezado hace ya un cierto tiempo, Medios Democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación (Ediciones Akal, 2016), del que es autor el periodista Pascual Serrano. Repasa las regulaciones de la comunicación que se han hecho en varios países de América Latina en el marco de los diferentes procesos políticos que en ellos se habían vivido. Son muy interesantes los planteamientos que se hacen. Al mismo tiempo me llegan noticias de dinámicas impulsadas en otros continentes en relación al derecho a la información que, sin prisas pero sin pausas, –según se decía en antiguas y obsoletas etapas de transición– van avanzando y consolidándose. Concretamente me refiero a Europa y, más concretamente, al Reino Unido.

Y, además, esto coincide cuando faltan pocos días –el próximo 17 de enero– para que se constituya el Parlament de Catalunya surgido de las elecciones del pasado 21 de diciembre. Si en algo Catalunya –y la España de la que una parte importante de Catalunya se quiere desligar– está muy atrasada, es en la defensa del derecho a la información de la ciudadanía como un derecho humano esencial en una sociedad democrática. Si la nueva Cámara catalana y el presidente –y su Gobierno– que posteriormente sea elegido quieren ponerse al día, tienen en el libro de Pascual Serrano y en el Reino Unido ejemplos a los que seguir.

En su análisis, Serrano parte del hecho que en América Latina «los nuevos líderes progresistas que fueron llegando a los gobiernos con el apoyo de sus ciudadanos descubrieron dos cosas: el tremendo poder y hostilidad de los medios privados y la ausencia de medios públicos que pudieran compensar con cierto rigor y ecuanimidad el impresionante papel político de oposición que lideraban las empresas privadas de comunicación». Cita al ex relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, que lo fue entre 2008 y 2014, quién recordó que la libertad de expresión «es un derecho universal, un derecho de todos, y no sólo de las grandes corporaciones de los media. Es un derecho de la sociedad a estar bien informada, es una cuestión de justicia y de ciudadanía vinculada directamente a la diversidad de los medios. Por eso, el monopolio de comunicación está contra, justamente, la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la ciudadanía». En relación a la América Latina, La Rue destaca que «hay un fenómeno histórico común porque toda la estructura de comunicación social fue pensada únicamente desde la óptica comercial. Y la comunicación es mucho más que esto, es un servicio público. No hay problema que también sea negocio, nadie está en contra de eso, pero debe prevalecer el espíritu de servicio a la colectividad, hecho con calidad e independencia, de forma honesta y objetiva». A partir de aquí estudia cómo han afrontado esta cuestión países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile… Leed a Serrano, no os arrepentiréis…

Desde Europa, desde el Reino Unido, nos llega como paso a paso se ha ido consolidando la regulación impulsada a raíz de los abusos y del espionaje de los medios del grupo Murdoch. De todos modos, decir que «nos llega» –sea de Europa, de América Latina o de donde sea– no deja de ser un cierto eufemismo. Los cambios en materia de derecho a la información de la ciudadanía que hay en muchos lugares del mundo son reiteradamente ignorados y silenciados por la prensa española y catalana, a no ser que sea con referencias hostiles y manipuladas.

El periodista Dardo Gómez –ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y expresidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)– en un artículo en la Revista El Observador afirma que «la regulación en la prensa británica avanza». Gómez apunta que «Los grandes grupos de prensa y las organizaciones profesionalistas ocultan los progresos que se hacen en otros países para garantizar a la ciudadanía su derecho a saber y a que los medios no los cuelen bulos vendidos como información». Así, añade, que «sólo por obsecuencia profesional, algunos nos hemos enterado que el último 14 de noviembre se celebraron en la Universidad de Westminster, los primeros cinco años de vigencia del sistema regulador de la prensa británica basado en las recomendaciones del Informe Leveson» del que ya he hablado en otras ocasiones. Para entender lo que ha pasado en este país hay que conocer la organización Hacked Off, la que consiguió que más de 175.000 ciudadanos británicos reclamaran una regulación que acabara con los abusos de algunos medios de comunicación. Obviamente, estos, con el grupo Murdoch al frente pero con los diarios The Telegraph, Mirror y algunos de regionales apoyándole, han planteado –y plantean– todas las batallas posibles para pararlo pero hasta ahora las han perdido todas. Se pregunta Gómez «¿por que se os ocurre que los grandes medios españoles ni las organizaciones profesionalistas no nos cuentan nada de todo esto?»

La respuesta es clara: Porque no quieren que en España y Catalunya aprendamos de este ejemplo y pretendamos seguirlo. En Catalunya, el artículo 52 del Estatuto establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se estrenará la XII Legislatura. ¿Será la definitiva para que Catalunya inicie el camino para aproximarse a los referentes democráticos más próximos?

La información en los programas electorales del 21-D

Los programas electorales de las diferentes candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre incluyen varios aspectos relacionados con la información y la comunicación. En general, como podréis ver, al margen de unas pocas excepciones, hay muy pocos compromisos concretos. En este artículo no pretendo incluirlos a todos, ya que me centraré en los que están más directamente vinculados al periodismo y al derecho a la información. Hay otros aspectos igualmente importantes –los medios públicos como vehículo de difusión lingüístico, la CCMA como dinamizador industrial, la industria audiovisual, los diferentes planteamientos sobre el espacio de comunicación catalán…– pero quedan fuera del objeto de este blog, centrado esencialmente en el derecho a la información. Pero lo podéis encontrar todo en este documento que recoge el conjunto de los programas electorales en información y comunicación, elaborado por el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC).

Así, me dedicaré a repasar, pues, que propone cada candidatura sobre las cuestiones para mí más importantes:

1.– Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)

A) CUP

• Promoveremos unos medios de comunicación y de información públicos y de gestión pública como herramienta necesaria para garantizar el derecho a la información y el pluralismo político y social. Para asegurar su independencia y calidad, hay que alejarlos del control de los partidos políticos y de los intereses de los lobbies empresariales capitalistas. Por eso los órganos de dirección de los medios de comunicación públicos tienen que ser elegidos por amplias mayorías parlamentarias que eviten su gubernamentalización. Así mismo, para consolidar la profesionalidad e independencia hay que promover la participación de los trabajadores en los órganos de dirección a través de la cogestión.

B) Catalunya en Comú – Podem

• Defendemos la independencia de los medios de comunicación respecto de los poderes políticos y económicos y por eso apostamos por la desgubernamentalización de los medios públicos.
Reformar la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para blindar la independencia, neutralidad e imparcialidad de la televisión de las emisoras de radio y de todas las plataformas de comunicación de la Generalitat.
Asegurar el respeto a la independencia de los medios, tanto de los públicos como de los privados, ante los poderes políticos y económicos, y, en este sentido desgubernamentalizar TV3 y los otros medios de la CCMA, como también la ACN, como condición imprescindible para garantizar la independencia, la profesionalidad, la pluralidad, el rigor y la imparcialidad.
Establecer mecanismos de cogestión para incorporar las personas trabajadoras en los espacios de decisión y gestión.
La elección del presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno con mayoría cualificada y a través de un procedimiento de hearing o examen público.
• La garantía que la CCMA recibirá los recursos necesarios para hacer una programación de calidad, competir con los grandes medios privados y afrontar las transformaciones tecnológicas. El sistema de financiación tiene que ser transparente y fijado por contrato programa y una evaluación de rendimientos que no se base sólo en las audiencias y los costes, sino también en indicadores de rentabilidad social.
• El establecimiento de mecanismos que permitan la participación de la audiencia con fórmulas como el registro de usuarios únicos y, sobre todo, el ejercicio efectivo del derecho de acceso, cosa que exige la reforma de la Ley 11/2007.

C) Ciudadanos

Garantizaremos la pluralidad e independencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Llevaremos a cabo una política de medios de comunicación basada en la objetividad informativa y la excelencia en la profesión periodística. Modificaremos el sistema de elección del Presidente y el Consejo de Gobierno de la CCMA para tener una televisión y una radio públicas de todos los catalanes y no de un Gobierno, tal y como Cs ha defendido también en la reforma de la Corporación de RTVE en el Congreso de los Diputados.
Aseguraremos unos medios basados en la neutralidad, la pluralidad y lo respeto. TV3 y Catalunya Ràdio son la televisión y la radio de todos los catalanes y eso debe reflejarse en su programación y en su gestión. Todas las opiniones deben tener cabida, pero también debe quedar claro qué es opinión y qué es información para garantizar un servicio público neutral y libre de sesgo político.
Garantizaremos la despolitización de la programación dirigida a los menores de edad. Se inadmisible que se uso la programación infantil de los medios de comunicación públicos cono el objetivo de manipular a los menores de edad cono propaganda independentista explícita o encubierta en supuestos contenidos educativos. Garantizaremos que la programación infantil esté libre de ideologías partidistas.

D) ERC

Dotaremos a la Corporación catalana de medianos públicos audiovisuales (CCMA) con los recursos suficientes para un proceso de actualización necesario. La aportación pública se tenderá a equiparar a la media europea que se destina a las corporaciones audiovisuales nacionales, tomando como referencia los indicadores que periódicamente publica el observatorio Europeo del Audiovisual. Esta aportación tendría que garantizar, a través de la mejora de la eficiencia organizativa, el equilibrio financiero de la CCMA y su sostenibilidad preservando siempre las misiones de servicio público encargadas.
• Continuar dando preferencia a unos de los compromisos de servicio público de la CCMA: unos servicios informativos de calidad y equilibrada desde un punto de vista territorial todo incluyente indicadores de seguimiento específicos a través del contrato-programa.
• Fijar como prioridad estratégica el área de contenidos infantiles como uno de los grandes valores añadidos de la CCMA.
• Dar un salto cuantitativo en la difusión específica de contenidos culturales y musicales de nuestro territorio y a los más alternativos o minoritarios.
• Profundizar en los criterios de renovación, transparencia y profesionalidad en la elección de los miembros del Consejo de gobierno de la Corporación.
• Un contrato-programa tendría que recoger el compromiso explícito de elaborar un nuevo plan estratégico de la CCMA que establezca las prioridades para los próximos años.

E) Junts per Catalunya

• Los medios públicos de comunicación deben cumplir siempre con su vocación de servicio público planteando una oferta plural, de calidad y en catalán que tenga como ejes principales la información, la cultura, el entretenimiento y la educación.
Potenciar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para que continúe siendo referente y líder en la sociedad catalana y siga siendo gestionada con criterios de independencia, profesionalidad y viabilidad económica.

F) PP

• Haremos de TV3 y de Catalunya Ràdio unos medios plurales al servicio de una información veraz y neutral. Potenciaremos el perfil profesional e independiente del ente. Ajustaremos el gasto en los medios de comunicación públicos y las retribuciones de sus altos directivos; limitaremos también la producción externa de su presupuesto.

G) PSC

• Elaboraremos un plan estratégico de la CCMA que responda a los objetivos iniciales de la Corporación.
• Trabajaremos para garantizar el rigor informativo y el pluralismo especialmente de los medios de comunicación de titularidad pública, dando valor a la autoridad profesional como elemento básico de la profundización democrática. Trabajaremos para que los recursos humanos y técnicos propios de los medios públicos estén en condiciones de ofrecer una programación y una información de calidad y plural.

 

2.– Regulación de la comunicación. Artículo 52 del Estatuto

A) Catalunya en Comú – Podem

Garantizar los derechos a la información y la comunicación. Respetar y aplicar el principio consagrado al artículo 52 del Estatuto que establece que todas las personas tienen el derecho de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censuras ni trabas, mediante todas las plataformas existentes, en el marco del respecto a la libertad y los derechos humanos.

B) PSC

Los medios de comunicación producen información de interés general que tiene que ser considerada un bien público y, por lo tanto, sometida a algún tipo de protección para garantizar su profesionalidad, pluralidad y diversidad.

 

3.– Política Audiovisual. Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)

A) Catalunya en Comú – Podem

Reformar la Ley 22/2005 de medios audiovisuales de Cataluña y aprobar el decreto que la desarrolle, para garantizar de manera efectiva el principio que “todas las personas tienen el derecho que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos y comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”.
Blindar la plena independencia del CAC y, a la vez, impulsar un acuerdo parlamentario para poner en marcha un órgano que garantice el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía, siguiendo modelos como los de Alemania, Reino Unido y Noruega. El nuevo órgano, que podría sustituir el CAC y asumir las competencias, determinaría la composición y funciones de los consejos de administración de los medios públicos, fijaría los criterios de concesión de ayudas de la Administración al conjunto de los medios y formularía propuestas de promoción del tercer sector de la comunicación, entre otras funciones.

B) Ciudadanos

Cerraremos el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC). Hasta hoy el CAC se ha comportado como un órgano político en el espacio de comunicación catalán frente a los medios que no comulgan cono el nacionalismo y lo independentismo y no ha estado a la altura en las numerosas ocasionas en las que se han producido situaciones de falta de neutralidad y de pluralidad en los medios de comunicación públicos de Cataluña.

C) ERC

• Un Pacto Nacional del Audiovisual que propicie la Ley del Instituto Catalán del Audiovisual (…) y la creación de un Instituto Catalán del Audiovisual para apoyar a la industria audiovisual.

D) PSC

Reforzaremos las instituciones de garantía del pluralismo y la diversidad en el ámbito de los medios públicos.
Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña por, entre otros cuestiones incorporar los adelantos de la Ley estatal 7/2010 y de la Directiva de Servicios de Comunicación audiovisual en su última formulación.

 

4.– Medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro y Tercer Sector

A) CUP

• Otra herramienta comunicativa para garantizar el derecho a la información y promover el pluralismo son los medios de comunicación comunitarios. (…) Tenemos que alentar y potenciar la creación de estos espacios cooperativos, defender su independencia y facilitar su acceso a la información interna y externa.
• Defenderemos que el espacio radioeléctrico sea ocupado por los tres tipos de medios (públicos, comunitarios y privados) a partes iguales, un tercio para cada uno.

B) Catalunya en Comú – Podem

• Apostamos para promover y proteger los medios sin ánimo de lucro y, en general, los que son resultado de la autoorganización de los ciudadanos que ejercen el derecho a ser emisores de información y a constituir y gestionar medios de comunicación propios por cualquier de las plataformas existentes.
Apoyar el emprendimiento en el sector de la comunicación para contribuir a aumentar la diversidad de la oferta y apostar por nuevas fórmulas empresariales y de gestión, como las cooperativas de periodistas y usuarios, los medios con vocación de servicio público y los sistemas de financiación mixta vía micromecenazgo.
Fomentar y proteger los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro, que tienen una función insustituible en el amparo de la diversidad cultural y en la implicación directa de la ciudadanía en el proceso de comunicación social, en el fomento de la alfabetización mediática y en la reflexión crítica.

C) ERC

• Hay que intentar reflejar las nuevas realidades empresariales aparecidas en el ámbito del medios de comunicación como por ejemplo el asociacionismo y cooperativismo.
• Habrá que reflejar las medidas de fomento previstas en el proyecto de Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios sin ánimo de lucro impulsado en la última legislatura desde la Secretaría de Comunicación y su Dirección general de medios de Comunicación para la plena incorporación de estos medios del Tercer Sector a la realidad comunicativa del país.
• Terminar definitivamente el Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios de Iniciativa Social una vez superados los últimos trámites interrumpidos por el final de la legislatura.

D) PSC

• Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña para velar para que los procesos de otorgamiento y renovación de licencias sean efectivamente abiertos, transparentes y competitivos, y garanticen la igualdad de condiciones para las diferentes voces, así como la reserva de un espacio para el Tercer Sector.

 

5.– Transparencia

A) Catalunya en Comú – Podem

Reformar el sistema de publicidad institucional, para poner fin al reparto basado con el amiguismo y el modelo de clickbaits, para garantizar criterios objetivos de transparencia y equidad y para hacer que las subvenciones estructurales para el uso del catalán incluyan todos los medios.

B) Ciudadanos

Acabaremos con la publicidad institucional repartida a dedo para financiar medios afines a la causa independentista. (…) Algunos de ellos viven prácticamente en exclusiva de las subvenciones de la Generalitat. Reduciremos la financiación destinada a publicidad institucional y aseguraremos que su reparto se realice siempre por procedimientos transparentes y atendiendo únicamente a criterios objetivos de difusión.

 

6.– Precariedad laboral

A) Catalunya en Comú – Podem

• Hace falta, al mismo tiempo, que el colectivo de los y las periodistas tengan garantizados sus derechos laborales, puesto que sólo así podrán ejercer plenamente su función social con independencia y espíritu crítico.

 

#periodigno

Este blog, por distintas y variadas razones, llevaba un tiempo inactivo. Ahora lo retomo con la voluntad de recuperar la regularidad e incluso aumentarla. En estos meses que no he escrito nada, no ha sido por falta de temas para referirme al derecho a la información, pero, obviamente, no me dedicaré a decir lo que no he escrito ya. Miremos adelante. Y para hacerlo, quiero aprovechar una iniciativa en la que estoy personal y sindicalmente implicado. El pasado 11 de noviembre se realizó en Barcelona una Asamblea Abierta de Periodistas con unas resoluciones de las que confío que a partir de ahora se hable bastante. El hashtag de la convocatoria es bastante explícito: #periodigno.

Esta asamblea –realizada en la sede de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)– estuvo organizada conjuntamente por varias organizaciones de periodistas: l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) –al que pertenezco–, Solidaritat i Comunicació (SiCom) y Som Atents. No era esta la primera vez que estas organizaciones trabajábamos juntas y es de esperar que tampoco sea la última. El objetivo del encuentro era elaborar una especie de decálogo que incluyera las transformaciones necesarias para que el periodismo se pueda ejercer con unas condiciones laborales dignas y para que recupere la confianza de la ciudadanía. No hay que perder de vista que las últimas encuestas sitúan en el Estado español a los medios de comunicación y a los periodistas como uno de los sectores que genera menos confianza y credibilidad.

Los debates que se hicieron acabaron haciendo que el decálogo, en lugar de diez puntos, tuviera quince y se transformara en lo que podríamos llamar un pentadecálogo. Se incluyen todo tipo de cuestiones. En la web www.periodigne.cat podéis consultar el documento elaborado, que lleva por título «15 acciones para un periodismo digno». Si además queréis un poco de crónica de esta asamblea, en la web de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) la podéis leer, con el documento en su versión en castellano. En el pentadecálogo hay reclamaciones de índole laboral, profesional, político, de género, de derechos de autoría…

Lo que ahora nos proponemos las entidades que lo hemos impulsado es empezar a recabar adhesiones tanto en las redacciones como fuera de ellas. De forma que cuando lo presentamos a los legisladores o a las instancias que tienen que promover las transformaciones que se reclaman, las reivindicaciones tengan el máximo apoyo profesional y –¿por qué no?– ciudadano. Hace demasiado tiempo que los legisladores –a pesar de las veces que se lo hemos pedido– hacen muy poca cosa para no decir nada en defensa de un derecho esencial para la ciudadanía como el derecho a la información. Algunas cosas que en las últimas semanas han pasado en materia de información en Catalunya y en España no habrían pasado con una regulación como la que hay en muchos países de nuestro entorno y también de algo más lejos. En este blog encontraréis más de una referencia.

En unos días, en Catalunya, celebraremos elecciones. El Parlamento que salga elegido deberá ocuparse de estas cuestiones si quiere dignificar la política y mejorar la calidad democrática del país.

Del 14 de abril al 3 de mayo

El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha como tantas otras que hay en el calendario para luchar, recordar, reivindicar y/o difundir problemáticas y derechos de todo tipo. Parece ya un ritual. Pero sirven para impulsar acciones, cambios, para remover conciencias, para la movilización social. Pero, ¿son eficaces?. No entraré en otros terrenos, donde gente mucho más experta y conocedora puede aportar datos y visiones mucho más fiables que la mía. Pero en materia de libertad de prensa, de derecho a la información, ¿qué ha pasado desde el 3 de mayo de 2015 hasta hoy? Pues poca cosa buena, si es que hay.

En el Estado español se ha aprobado la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza. En Europa, hace muy pocos días, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la Ley de secretos comerciales y tenemos el polémico Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP) en camino. En el ámbito internacional, desde principios de año llevamos 25 periodistas –o personal de apoyo– que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión. Pero hay muchos otros encarcelados o amenazados de prisión. Uno de los últimos es Andy Halll, un activista británico a quien en Tailandia le piden siete años de prisión por un informe sobre las actividades irregulares de la industria de la fruta en este país, según la crónica periodística de eldiario.es.

Alguien puede considerar que estas cosas pasan porque Tailandia es una dictadura militar desde que en 2014 hubo un golpe de estado. La legislación de este país, pero, contrariamente a lo que fija la ONU, establece penas de prisión para el delito de difamación. ¿Alguien cree que esto en Europa no puede pasar? En la Europa postley de secretos comerciales podrían pasar cosas similares. La nueva directiva aprobada el pasado 14 de abril es una amenaza para el periodismo de investigación. Varias organizaciones profesionales europeas –entre las que hay la Federación Europea de Periodistas (FEP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)– afirman que «todo y las apreciables mejoras respecto al proyecto original, la norma recientemente aprobada todavía plantea dudas en lo que se refiere a si los periodistas y, en particular, sus fuentes denunciantes están protegidos adecuadamente». El redactado es bastante ambiguo y deja demasiadas incertidumbres sobre la cuestión. Los activistas de la red también reprueban esta directiva. La Plataforma X-Net –un grupo de activistas que luchan por la democracia en la red– considera que el único objetivo de la nueva ley «es acabar con los alertadors de abusos y corrupción».

En el Estado español, ya se han empezado a ver los efectos de la Ley Mordaza. Ya hay varias personas sancionadas administrativamente, situación que también afecta a dos profesionales de la información, que han sido multados por sus artículos. Los atentados terroristas que ha habido recientemente en varias ciudades europeas han sido la excusa de varios gobiernos para impulsar reformas legislativas encaminadas a recortar libertades como único camino para reforzar la seguridad. Es momento para recordar la frase de Benjamin Franklin que «quién renuncia a las libertades por una seguridad transitoria, no merece ni la una ni la otra».

Y en Catalunya? Pues antes del 3 de mayo de 2015, la radiotelevisión pública estaba en manos de comisarios políticos. Antes del 3 de mayo de 2016, también. Antes del 3 de mayo de 2015, Catalunya no había desarrollado legislativamente el artículo 52 del Estatuto –que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho en la información de la ciudadanía– y antes del 3 de mayo del 2016, tampoco. Antes del 3 de mayo de 2015, los medios del Tercer Sector no disponían de espacio para su mínima supervivencia y antes del 3 de mayo del 2016, la situación no ha cambiado. Los políticos pueden democratizar los medios públicos. ¿Lo harán antes del 3 de mayo de 2017? Pueden hacer una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía, como hay a muchos países y como desde varias instancias profesionales y ciudadanas los han pedido en reiteradas ocasiones. ¿La harán antes del 3 de mayo de 2017? ¿Tendrán los medios comunitarios un terreno de juego justo y suficiente antes del 3 de mayo de 2017? Todavía es pronto para hacer la carta a los Reyes de Oriente y por lo tanto, seguiremos reclamando. En materia de libertad de prensa, ¿vamos como los cangrejos?