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Una nueva etapa

De izquierda a derecha, Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny, los tres presidentes que ha tenido el SPC antes que yo. Foto: TAV

El sábado 14 de abril se celebró el VIII Congreso del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). Entre las cuestiones que decidió hay una que me afecta personalmente porque me eligieron como nuevo presidente de la organización. Para mí es un reto importante, no tanto por el volumen de trabajo a realizar, que de esto ya iba sobrado, sino por la responsabilidad y por lo que significa de confianza de los compañeros y compañeras hacia mí. Sólo aspiro que de aquí a cuatro años haberme hecho merecedor de ella.

En primer lugar quiero agradecer a las personas que han aceptado acompañarme y que conjuntamente haremos equipo para tirar adelante este proyecto, que encaramos con ilusión y ganas de contribuir a la mejora global de la profesión. Una lista con gente joven, especialmente mujeres, signo de una necesaria renovación. Luchar contra la precariedad laboral y, en especial, la que afecta a los periodistas a la pieza y freelance; y conseguir de una vez por todas la regulación de la profesión para tener las herramientas suficientes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad son los ejes principales. Pero no los únicos.

Lograr estos retos no es una cuestión que implique sólo al sindicato. Desde el año pasado, el SPC ha impulsado una unidad de acción con otras organizaciones del sector, como la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Som Atents y Solidaritat i Comunicació (SiCom) y más que quieran añadirse a trabajar conjuntamente. Se han tirado adelante varias iniciativas, algunas de las cuales han culminado en la aprobación en la Asamblea Abierta de Periodistas del pasado 11 de noviembre del manifiesto «15 acciones para un periodismo digno», que el Congreso del SPC asumió. También lo hizo con las reivindicaciones de las mujeres periodistas planteadas el pasado 8 de marzo.

Las acciones necesarias para hacer un periodismo digno dependen de diferentes administraciones e instituciones. Exigir que sus gestores impulsen los cambios que se derivan implica al conjunto del sector. Cada vez somos más pidiéndolo. Pero todavía debemos ser muchos más. Los poderes que se oponen a nuestras reivindicaciones son fuertes y poderosos. Y por lo tanto, nuestras organizaciones también deben serlo. Todas. Y el SPC también. Debemos tener muchos más compañeros y compañeras afiliadas al sindicato para tener la fuerza suficiente, conjuntamente con el resto de entidades, para conseguir la protección social de los colaboradores y colaboradoras, el desarrollo del artículo 52 del Estatuto para regular en Catalunya el derecho a la información de la ciudadanía de manera similar a cómo lo está a muchos países de todo el mundo. Para disponer de unos medios públicos despartidizados al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos de turno. Para que las prácticas de los estudiantes no se conviertan en un abuso laboral. Para que el conjunto de los medios de comunicación no estén al servicio de intereses políticos, económicos y empresariales espurios como pasa actualmente en una gran mayoría de empresas informativas. Para que se retiren las leyes mordaza que encarcelan quién dice cosas que no gustan a quienes mandan, y para que los y las fotoperiodistes puedan trabajar sin la amenaza de recibir garrotazos impunemente. El reconocimiento efectivo del Tercer Sector de la comunicación, que trabajar en un medio sin ánimo de lucro no significa que la gente que los produce no tenga que vivir de ellos. Y así hasta las quince acciones de las que hablaba más arriba.

Para mí ser presidente del SPC lo vivo como una oportunidad de devolver a la profesión muchas cosas que me ha dado. He aprendido mucho de compañeros y compañeras, tanto en los medios donde he trabajado cómo de los que lo hacían en otras empresas y hemos coincidido más o menos a menudo en el ejercicio de nuestra tarea profesional. También con todo el mundo con quien he compartido activismo en el sector. A todos ellos y ellas les pido ahora que me ayuden –que nos ayuden– a revertir la difícil situación en que está hoy el periodismo en Catalunya y en España. No es que afuera todo sea música celestial, pero al menos en muchos lugares tienen herramientas de las que nosotros no disponemos, la regulación laboral del periodismo y la del derecho a la información. Y en este contexto la ayuda para lograr estos retos sería su afiliación al sindicato. Nos permitirá a todos juntos ser más fuertes.

No quiero acabar este artículo sin agradecer a mis predecesores lo que he aprendido con ellos. Han presidido el sindicato Enric Bastardes (1993-2001), Dardo Gómez (2001-2009) y Ramon Espuny (2009-2018). Con la ayuda de todo el mundo que ha pasado por las juntas ejecutivas que han liderado han convertido el sindicato en uno de los referentes de la profesión. Ahora todo es muy distinto de cómo lo era cuando constituimos el sindicato hace 25 años. Las nuevas tecnologías, los nuevos usos informativos de la sociedad, la crisis de la prensa en papel, el descrédito de la profesión, la crisis…, han cambiado el sector de pies a cabeza. Seguramente hay que modernizar estrategias y maneras de trabajar, pero el SPC sigue siendo una herramienta útil. Un sindicato no es más que una asociación de personas que se agrupan para defender sus intereses comunes. Y esto es lo que somos y lo que hacemos. Si el SPC no existiera, habría que inventarlo. En cualquier caso, compañeros y compañeras, estoy a vuestra disposición.

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Las libertades básicas, en caída libre en España

Las condenas a los raperos Valtonyc y Pablo Hasel, así como la retirada de una obra en la feria Arco, en Madrid, o el secuestro del libro Fariña han llevado a un punto álgido la inquietud de la ciudadanía en relación con la situación de la libertad de expresión en España. No es que hayan sido los únicos episodios en este ámbito porque desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC) –más conocida como Ley Mordaza– y algunas reformas del Código Penal son muchas las sentencias, las sanciones, las imputaciones… por actuaciones que antes de esta normativa ni eran delito ni eran punibles. A raíz de estos hechos, la Fundació Francesc Ferrer y Guàrdia –de la cual me honro de ser uno de sus miembros fundadores– me pidió un artículo para su blog Espai de Llibertat en el que hablara de la situación en que se encuentra la libertad de expresión en España.

En este artículo doy apoyo a las manifestaciones convocadas para el pasado 17 de marzo en varias ciudades españolas por la derogación de la Ley Mordaza por la plataforma No Somos Delito, denunciadora sistemática de todos los ataques contra la libertad de expresión. En el escrito afirmo que «estos episodios han convertido el Estado español en un lugar donde las libertades –especialmente la de expresión– reculan y son más perseguidas.» Más allá que sea yo quien lo diga, lo avala el hecho que lo constatan organismos de toda solvencia, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En julio de 2015 –pronto hará tres años– emitió un informe en el que consideraba que «el Estado español tenía que modificar la LPSC.» También lo han dicho el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) –que agrupa los sindicatos de periodistas de todo el mundo, algo que la convierte en la organización más grande del sector – y Reporteros Sin Fronteras (RSF). No reproduciré el artículo entero porque lo tenéis al enlace que hay a primeros de este párrafo.

Los nuevos McCarthy de hoy

Ayer fui al cine a ver Trumbo, la magnífica película de Jay Roach sobre las listas negras de Hollywood, que empezaron a aparecer a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado impulsadas por el senador republicano Joseph McCarthy. Este asunto ha merecido la atención de varios cineastas y Trumbo no es más que la visión del caso a partir de la biografía escrita por Bruce Alexander Cook de Dalton Trumbo, uno de los guionistas de más renombre de Hollywood –uno de los diez de Hollywood– y que fue perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero, con ojos de hoy, la caza de brujas que sufrió Trumbo es mucho más que esto.

Trumbo no habla sólo de un caso personal concreto ni de la situación específica en los Estados Unidos en un momento determinado. Habla de la libertad para explicar a la gente aquello que pasa. Habla, en términos de hoy, del derecho a la información, del derecho a explicar los hechos libremente, sin persecuciones ni ser criminalizado para hacerlo. Es cierto que desde entonces el término «caza de brujas» se ha convertido en sinónimo de acoso a todo tipo de disidencias, pero actualmente este es un monstruo que se presenta con varias caras. No debe olvidarse que el maccarthismo contó con el apoyo de varios e importantes medios de comunicación y de periodistas, como en esta película queda muy patente. Ni tampoco que otros medios y otros periodistas  fueron víctimas. Georges Clooney lo explicó muy bien en Buenas noches y buena suerte.

Si el derecho a la información sigue hoy en peligro, atacado por todo tipo de McCarthys, ¿quién son pues los McCarthy de hoy? Sin voluntad de ser exhaustivo ni citarlos por orden de méritos, en esta lista  encontraríamos por ejemplo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Desde el intento de golpe de Estado del pasado mes de julio, en Turquía han sido encarcelados 107 periodistas y unos 2.500 han sido despedidos. Y la oleada de represión continua. En Rusia, un caso paradigmático es el de la periodista Anna Polikòvskaya, una voz crítica con el régimen del presidente Vladimir Putin, de quien el pasado mes se cumplieron diez años de su asesinato. En Rusia, la acción de Putin contra cualquier disidencia ha sido devastadora. La conjura mafioso-política es extremadamente atroz en la América Latina, especialmente en Brasil y, sobre todo, en México, con cifras de informadores que han sido secuestrados, torturados y asesinatos que hacen temblar. Y podríamos hablar en términos similares de más de medio mundo, pasando por todos los continentes, al este y al oeste (Filipinas, Macedonia, el Congo…) sin olvidar que en Estados Unidos  vuelve a haber listas negras. Lo pueden explicar periodistas como Amy Goodman y otros que han sufrido las consecuencias de querer informar sobre la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte de una forma que no ha gustado a determinados poderes políticos, económicos, judiciales y policiales del país.

¿Y en nuestra casa? La versión hispánica del Comité de Actividades Antiamericanas se llama Ley Mordaza. A partir de ella cualquiera que hable de cuestiones que no interesan al establishment es perseguido e incluso detenido. Sería difícil jugar el juego de encontrar las siete diferencias entre Joseph McCarthy y el ministro impulsor de esta vergüenza democrática que se llama Ley de Seguridad Ciudadana, Jorge Fernández Díaz. Pero ahora que España tendrá nuevo gobierno, quizás sería el momento que los que no han votado a favor de Mariano Rajoy –sea por la vía del «no» o de la abstención– impulsen la derogación de esta esperpéntica Ley Mordaza, un auténtico cáncer para el derecho a la información. Esperar que lo haga Rajoy, sería demasiado esperar. Y a pesar de que la mayoría de diputados del PSOE ya se han tragado una de sus prometidas electorales, ni que sea para compensar, podrían promover conjuntamente con el resto de grupos la defenestración de una ley impropia de una democracia madura y de un estado que respeta el derecho a la información de la ciudadanía. ¿Listas negras en España? No olvidemos que justo la semana pasada, el editor de Vozpópuli, Jesús Cacho, despidió a tres periodistas de la publicación digital. ¿Su delito? Querer presentarse a las elecciones sindicales para representar sus compañeros. Y no han sido los únicos. Esto ha pasado en varios puntos del Estado, también en Catalunya.

Trumbo nos muestra que McCarthy sigue cabalgando.

Del 14 de abril al 3 de mayo

El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha como tantas otras que hay en el calendario para luchar, recordar, reivindicar y/o difundir problemáticas y derechos de todo tipo. Parece ya un ritual. Pero sirven para impulsar acciones, cambios, para remover conciencias, para la movilización social. Pero, ¿son eficaces?. No entraré en otros terrenos, donde gente mucho más experta y conocedora puede aportar datos y visiones mucho más fiables que la mía. Pero en materia de libertad de prensa, de derecho a la información, ¿qué ha pasado desde el 3 de mayo de 2015 hasta hoy? Pues poca cosa buena, si es que hay.

En el Estado español se ha aprobado la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza. En Europa, hace muy pocos días, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la Ley de secretos comerciales y tenemos el polémico Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP) en camino. En el ámbito internacional, desde principios de año llevamos 25 periodistas –o personal de apoyo– que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión. Pero hay muchos otros encarcelados o amenazados de prisión. Uno de los últimos es Andy Halll, un activista británico a quien en Tailandia le piden siete años de prisión por un informe sobre las actividades irregulares de la industria de la fruta en este país, según la crónica periodística de eldiario.es.

Alguien puede considerar que estas cosas pasan porque Tailandia es una dictadura militar desde que en 2014 hubo un golpe de estado. La legislación de este país, pero, contrariamente a lo que fija la ONU, establece penas de prisión para el delito de difamación. ¿Alguien cree que esto en Europa no puede pasar? En la Europa postley de secretos comerciales podrían pasar cosas similares. La nueva directiva aprobada el pasado 14 de abril es una amenaza para el periodismo de investigación. Varias organizaciones profesionales europeas –entre las que hay la Federación Europea de Periodistas (FEP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)– afirman que «todo y las apreciables mejoras respecto al proyecto original, la norma recientemente aprobada todavía plantea dudas en lo que se refiere a si los periodistas y, en particular, sus fuentes denunciantes están protegidos adecuadamente». El redactado es bastante ambiguo y deja demasiadas incertidumbres sobre la cuestión. Los activistas de la red también reprueban esta directiva. La Plataforma X-Net –un grupo de activistas que luchan por la democracia en la red– considera que el único objetivo de la nueva ley «es acabar con los alertadors de abusos y corrupción».

En el Estado español, ya se han empezado a ver los efectos de la Ley Mordaza. Ya hay varias personas sancionadas administrativamente, situación que también afecta a dos profesionales de la información, que han sido multados por sus artículos. Los atentados terroristas que ha habido recientemente en varias ciudades europeas han sido la excusa de varios gobiernos para impulsar reformas legislativas encaminadas a recortar libertades como único camino para reforzar la seguridad. Es momento para recordar la frase de Benjamin Franklin que «quién renuncia a las libertades por una seguridad transitoria, no merece ni la una ni la otra».

Y en Catalunya? Pues antes del 3 de mayo de 2015, la radiotelevisión pública estaba en manos de comisarios políticos. Antes del 3 de mayo de 2016, también. Antes del 3 de mayo de 2015, Catalunya no había desarrollado legislativamente el artículo 52 del Estatuto –que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho en la información de la ciudadanía– y antes del 3 de mayo del 2016, tampoco. Antes del 3 de mayo de 2015, los medios del Tercer Sector no disponían de espacio para su mínima supervivencia y antes del 3 de mayo del 2016, la situación no ha cambiado. Los políticos pueden democratizar los medios públicos. ¿Lo harán antes del 3 de mayo de 2017? Pueden hacer una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía, como hay a muchos países y como desde varias instancias profesionales y ciudadanas los han pedido en reiteradas ocasiones. ¿La harán antes del 3 de mayo de 2017? ¿Tendrán los medios comunitarios un terreno de juego justo y suficiente antes del 3 de mayo de 2017? Todavía es pronto para hacer la carta a los Reyes de Oriente y por lo tanto, seguiremos reclamando. En materia de libertad de prensa, ¿vamos como los cangrejos?