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No son maneras de terminar el año

Estamos a finales de 2018 y desde el derecho a la información se han acumulado las malas noticias. Y en muchos ámbitos. Primero, empezamos por los Medios Públicos. En la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) se ha vivido un pasteleo entre cuatro grupos parlamentarios para repartirse las poltronas del Consejo de Gobierno de la CCMA. La sección sindical del SPC en TV3 lo ha tildado de «estafa a la ciudadanía» y ha mostrado la «decepción ante los incumplimientos de varios grupos parlamentarios, especialmente de quienes en épocas pasadas se habían comprometido con modelos de gestión democrática, no gubernamental y no partidista, de la radiotelevisión pública que tendría que ser de todos». También han hecho críticas contundentes el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el consejo profesional de TV3 y la sección sindical de CCOO en la cadena.

Lo preocupante de todo, pero, es como señala el SPC, que «no solo se trata del pacto por el reparto de puestos en el Consejo de Gobierno, donde por fuerza había que contar con la colaboración de otros grupos, sino de que este comportará la distribución privada y en cremallera, entre JxCat y ERC, de los principales cargos de la Corporación: directores de la tele y la radio y jefes de informativos respectivos, todos en manos de profesionales de confianza del Gobierno». Es decir, que a pesar de las buenas palabras de muchos, que defienden en privado la necesidad de mejorar las emisoras de la Generalitat, los medios públicos catalanes seguirán dependiendo del Ejecutivo. Esto es un paso más para quedarse en la cola, no solo de Europa en cuanto a democratización de los medios públicos, sino también del Estado español, especialmente si lo comparamos con RTVE.

¿Cerrar Canal Sur?

No se ha llegado al extremo que en Andalucía han lanzado los líderes de Vox, con el apoyo de dirigentes del PP, después de las elecciones del 2 de diciembre, de cerrar Canal Sur, propuesta que también ha recibido el rechazo de varios sectores profesionales. El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), recuerda que la RTV pública andaluza «hace 30 años que está dando voz a sectores y territorios andaluces que en otros medios no tienen cabida porque no dan audiencia o, simplemente, no son rentables económicamente». Hay que recordar que antes de estos comicios, el PP apoyó una nueva Ley Audiovisual en Andalucía que no preveía en ningún caso su cierre.

También en Canarias pintan bastos. La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), ante la negativa de Coalición Canaria, el PP y la Agrupación Socialista de Gomera a convocar un concurso público para su Consejo Rector, afirma que «los intereses de la televisión pública autonómica, una vez más, quedan a expensas de los intereses políticos». Y en las Islas Baleares, en IB3, lo que no avanza es que los trabajadores que hacen los espacios informativos sean contratados por la misma televisión pública en lugar de estar subrogados en una productora. Esta es una de las máximas reivindicaciones del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) que hace unos pocos días ratificó en un Congreso ante el poco interés mostrado hasta ahora por las diferentes formaciones políticas para afrontar esta cuestión. En este congreso, al que tuve el placer de asistir y que supone un feliz relanzamiento del SPIB, se eligió la periodista Maria Amengual como nueva secretaria general.

Todo esto hace que el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, se pregunte, en un artículo publicado en el digital encastillalamancha.es, «¿Cuando dejarán en paz a las radios y las televisiones públicas? Mientras los políticos sigan controlando a los medios de comunicación públicos, para manipularlos en su favor, estarán haciendo un grave daño a la democracia y al derecho a la información de la ciudadanía».

La Ley Mordaza, todavía

Todo y las prometidas de varios partidos en la última campaña electoral de modificarla e incluso derogarla, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza, sigue siendo donde era. Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, el Estado ha recaudado ya 270 millones de euros. Centenares de personas denunciadas y sancionadas por unas disposiciones jurídicas cuestionadas por la práctica totalidad de organismos internacionales de los derechos humanos, empezando por la misma Naciones Unidas. El último de ellos es Juan Carlos Mohr, fotoperiodista madrileño, multado con 2.000 euros por «desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse», según ha denunciado el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).

Con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se ha empezado a negociar entre partidos la modificación de algunos artículos de la polémica Ley pero en cada sesión de conversaciones parece que se desvanece la posibilidad de cambios substanciales. Está todavía en su proceso de tramitación y habrá que ver como queda finalmente pero algunos detalles que se van conociendo no invitan al optimismo. Por ejemplo, fotografiar agentes de policía parece ser que seguirá siendo perseguible, cosa que contradice la necesidad de respetar el derecho a la información. Una ley que nació de reacción del establishment a la movilización del 15-M parece que el nuevo establishment quiere seguir utilizándola casi en todos sus preceptos represivos.

Cierre de webs sin orden judicial

El artículo 20.5 de la Constitución española dice textualmente: «Solo se podrá acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.» Ahora parece que esto cambiará gracias a un pacto político entre PP, PSOE y Ciudadanos que se ha formulado a través de una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Estas tres formaciones se han puesto de acuerdo para aprobar en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una reforma de la LPI por la que se permite el cierre de páginas webs por parte de una comisión vinculada al Gobierno sin participación judicial. Estos días, la ley está en trámite en el Senado.

Varias organizaciones, –entre las cuales hay la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Facua-Consumidores en Acción, Asociación de Internautas, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Asociación Española de Startups– han emitido un comunicado en el cual rechazan esta enmienda «porque afecta un derecho fundamental cómo es la libertad de expresión» y también va en contra del citado artículo 20.5 de la Constitución.

Agresiones a periodistas

Este 2018 también ha sido un año difícil a la hora de cubrir acontecimientos en la vía pública. En Catalunya, no solo pero sí principalmente, en actas relacionados con el que se conoce como El Procés. Ha habido muchos problemas para los profesionales de varios medios, especialmente fotoperiodistas. El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha hecho una buena recopilación al portal media.cat. El último incidente lo sufrió el fotoperiodista Albert Salamé, en la manifestación en Girona del pasado 6 de diciembre, en el curso de un acto convocado por Vox que recibió la réplica de colectivos antifascistas de la ciudad.

Un papel especial es el de la extrema derecha –a veces en forma de agentes de policía de paisano y fuera de servicio– donde la impunidad de sus acciones es muy considerable. Los periodistas Jordi Borràs y Xavier Rius Sant lo pueden documentar muy bien. Pero también ha habido incidentes en otros puntos del Estado. En Andalucía son frecuentes las quejas por los problemas que las autoridades ponen para cubrir la actualidad vinculada a la llegada de personas inmigradas.

Y, finalmente, en Francia. En el marco de las movilizaciones de los chalecos amarillos, también habido dificultades para los profesionales de la información. A las manifestaciones del pasado 8 de diciembre muchos periodistas fueron encañonados y heridos por la policía, según la crónica de Libération. Los cuatro sindicatos de periodistas franceses emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que «es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un estado de derecho, que los poderes públicos no garanticen la libertad de informar» y han pedido ser recibidos por el presidente de la República, Emmanuel Macron.

Y eso sin olvidar a los compañeros y compañeras que este 2018 han perdido la vida simplemente por hacer su trabajo de periodista, crímenes que, como ha denunciado la FIP, nueve de cada diez quedan sin resolver.

Seguiremos…

Pero solo terminar de escribir este post y publicarlo, ha estallado el último episodio: La irrupción de la Policía Nacional en dos medios baleares para incautarse de varios equipos en el marco de una operación contra la corrupción. La protección de las fuentes es un derecho esencial de los profesionales de la información en una sociedad democrática, algo que parece que algunos ignoran en la piel de toro… Y todavía quedan 20 días de 2018!

Las libertades básicas, en caída libre en España

Las condenas a los raperos Valtonyc y Pablo Hasel, así como la retirada de una obra en la feria Arco, en Madrid, o el secuestro del libro Fariña han llevado a un punto álgido la inquietud de la ciudadanía en relación con la situación de la libertad de expresión en España. No es que hayan sido los únicos episodios en este ámbito porque desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC) –más conocida como Ley Mordaza– y algunas reformas del Código Penal son muchas las sentencias, las sanciones, las imputaciones… por actuaciones que antes de esta normativa ni eran delito ni eran punibles. A raíz de estos hechos, la Fundació Francesc Ferrer y Guàrdia –de la cual me honro de ser uno de sus miembros fundadores– me pidió un artículo para su blog Espai de Llibertat en el que hablara de la situación en que se encuentra la libertad de expresión en España.

En este artículo doy apoyo a las manifestaciones convocadas para el pasado 17 de marzo en varias ciudades españolas por la derogación de la Ley Mordaza por la plataforma No Somos Delito, denunciadora sistemática de todos los ataques contra la libertad de expresión. En el escrito afirmo que «estos episodios han convertido el Estado español en un lugar donde las libertades –especialmente la de expresión– reculan y son más perseguidas.» Más allá que sea yo quien lo diga, lo avala el hecho que lo constatan organismos de toda solvencia, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En julio de 2015 –pronto hará tres años– emitió un informe en el que consideraba que «el Estado español tenía que modificar la LPSC.» También lo han dicho el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) –que agrupa los sindicatos de periodistas de todo el mundo, algo que la convierte en la organización más grande del sector – y Reporteros Sin Fronteras (RSF). No reproduciré el artículo entero porque lo tenéis al enlace que hay a primeros de este párrafo.

Los nuevos McCarthy de hoy

Ayer fui al cine a ver Trumbo, la magnífica película de Jay Roach sobre las listas negras de Hollywood, que empezaron a aparecer a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado impulsadas por el senador republicano Joseph McCarthy. Este asunto ha merecido la atención de varios cineastas y Trumbo no es más que la visión del caso a partir de la biografía escrita por Bruce Alexander Cook de Dalton Trumbo, uno de los guionistas de más renombre de Hollywood –uno de los diez de Hollywood– y que fue perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero, con ojos de hoy, la caza de brujas que sufrió Trumbo es mucho más que esto.

Trumbo no habla sólo de un caso personal concreto ni de la situación específica en los Estados Unidos en un momento determinado. Habla de la libertad para explicar a la gente aquello que pasa. Habla, en términos de hoy, del derecho a la información, del derecho a explicar los hechos libremente, sin persecuciones ni ser criminalizado para hacerlo. Es cierto que desde entonces el término «caza de brujas» se ha convertido en sinónimo de acoso a todo tipo de disidencias, pero actualmente este es un monstruo que se presenta con varias caras. No debe olvidarse que el maccarthismo contó con el apoyo de varios e importantes medios de comunicación y de periodistas, como en esta película queda muy patente. Ni tampoco que otros medios y otros periodistas  fueron víctimas. Georges Clooney lo explicó muy bien en Buenas noches y buena suerte.

Si el derecho a la información sigue hoy en peligro, atacado por todo tipo de McCarthys, ¿quién son pues los McCarthy de hoy? Sin voluntad de ser exhaustivo ni citarlos por orden de méritos, en esta lista  encontraríamos por ejemplo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Desde el intento de golpe de Estado del pasado mes de julio, en Turquía han sido encarcelados 107 periodistas y unos 2.500 han sido despedidos. Y la oleada de represión continua. En Rusia, un caso paradigmático es el de la periodista Anna Polikòvskaya, una voz crítica con el régimen del presidente Vladimir Putin, de quien el pasado mes se cumplieron diez años de su asesinato. En Rusia, la acción de Putin contra cualquier disidencia ha sido devastadora. La conjura mafioso-política es extremadamente atroz en la América Latina, especialmente en Brasil y, sobre todo, en México, con cifras de informadores que han sido secuestrados, torturados y asesinatos que hacen temblar. Y podríamos hablar en términos similares de más de medio mundo, pasando por todos los continentes, al este y al oeste (Filipinas, Macedonia, el Congo…) sin olvidar que en Estados Unidos  vuelve a haber listas negras. Lo pueden explicar periodistas como Amy Goodman y otros que han sufrido las consecuencias de querer informar sobre la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte de una forma que no ha gustado a determinados poderes políticos, económicos, judiciales y policiales del país.

¿Y en nuestra casa? La versión hispánica del Comité de Actividades Antiamericanas se llama Ley Mordaza. A partir de ella cualquiera que hable de cuestiones que no interesan al establishment es perseguido e incluso detenido. Sería difícil jugar el juego de encontrar las siete diferencias entre Joseph McCarthy y el ministro impulsor de esta vergüenza democrática que se llama Ley de Seguridad Ciudadana, Jorge Fernández Díaz. Pero ahora que España tendrá nuevo gobierno, quizás sería el momento que los que no han votado a favor de Mariano Rajoy –sea por la vía del «no» o de la abstención– impulsen la derogación de esta esperpéntica Ley Mordaza, un auténtico cáncer para el derecho a la información. Esperar que lo haga Rajoy, sería demasiado esperar. Y a pesar de que la mayoría de diputados del PSOE ya se han tragado una de sus prometidas electorales, ni que sea para compensar, podrían promover conjuntamente con el resto de grupos la defenestración de una ley impropia de una democracia madura y de un estado que respeta el derecho a la información de la ciudadanía. ¿Listas negras en España? No olvidemos que justo la semana pasada, el editor de Vozpópuli, Jesús Cacho, despidió a tres periodistas de la publicación digital. ¿Su delito? Querer presentarse a las elecciones sindicales para representar sus compañeros. Y no han sido los únicos. Esto ha pasado en varios puntos del Estado, también en Catalunya.

Trumbo nos muestra que McCarthy sigue cabalgando.

La ciberseguridad como herramienta de trabajo de los periodistas

El Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) publicó hace un tiempo un artículo de Tom Lowenthal titulado La vigilancia obliga a los periodistas a pensar y actuar como espías. El CPJ es una organización internacional con sede en Nueva York que promueve la libertad de prensa en todo el mundo y defiende el derecho de los periodistas a informar sin miedo a represalias. Lowenthal es un periodista freelance y experto del CPJ en materia de seguridad operativa y autodefensa contra la vigilancia. Sostiene en su escrito que «en una época un periodista nunca entregaba a una fuente confidencial. Cuando alguien se ofrece, anónimamente, para informar a la sociedad, es mejor arriesgarse a pasar un tiempo encerrado en la cárcel que entregar a esa persona. Esta responsabilidad ética también era una necesidad práctica y profesional. Si prometes el anonimato, estás obligado a cumplir. Si no puedes cumplir con tu palabra, ¿quién depositará la confianza en ti en el futuro? Las fuentes se van a otra parte y las noticias te pasan de lado».

Lowenthal añade que «la experiencia de una nueva generación de redactores presenta una historia diferente. Optar por decir el nombre de una fuente es una cuestión secundaria. ¿Acaso ahora se puede proteger el nombre de una fuente? Los registros de llamadas, archivos de correo electrónico, intercepción de teléfonos, información de localización derivada de antenas para celulares, tarjetas o abonos inteligentes de transporte, activación remota del celular para escuchar conversaciones mediante su micrófono, cámaras de vigilancia: la opción por omisión de nuestro mundo es estar bajo vigilancia. Por unos breves momentos quizás se pueda tener privacidad, pero, inclusive entonces, únicamente tras mucho esfuerzo. Y sin embargo, este es el mundo feliz del periodismo.»

La última cita del artículo de Lowenthal –de lectura imprescindible para quien haga periodismo de investigación– que quería aportar en este apunte es esta: «Si es que acaso un periodista puede proteger la identidad de sus fuentes, es sólo gracias a la aplicación de increíble experticia y práctica, junto con el empleo de costosas herramientas. Los periodistas ahora compiten con los agentes secretos y los espías, y los agentes secretos cuentan con la ventaja que otorga la condiciónde sede. El hábitat de un periodista no debe ser mundos oscuros de subterfugio y vigilancia. El tiempo que un periodista pasa aprendiendo el juego Spy vs.Spy podría estar mejor dedicado a perfeccionar sus habilidades profesionales. Cada hora dedicada a entender complejas herramientas de seguridad podría ser una hora dedicada a la investigación y la redacción». Todo el escrito advierte de las dificultades de todo orden para mantener la privacidad de los equipos de trabajo de los periodistas.

Pero, según afirman diferentes expertos, este es uno de los retos principales del periodismo, especialmente el de investigación. Al mes de enero, tuve la oportunidad de participar en un seminario de formación de cuatro días organizado por la Federación Europea de Periodistas (FEP) en Bruselas sobre Ciberseguridad para periodistas. A lo largo del curso, quedó claro que «la protección de las fuentes puede verse fácilmente comprometida en un mundo donde la vigilancia de la sociedad es cada vez más omnipresente y cada vez menos perceptible. Pero sacrificando un poco su tiempo, los periodistas pueden igualmente aprovechar estos mismos avances tecnológicos para hacer más seguras sus comunicaciones y para protegerse mejor y reforzar la relación de confianza con sus fuentes.» También se pudieron aprender de manera rápida y práctica el uso de las nuevas herramientas en este campo y «conocer medios técnicos para evitar la censura en Internet, examinar casos prácticos de pirateo y de violaciones de los derechos humanos, y descubrir nuevas herramientas para encriptar comunicaciones o reforzar contraseñas.»

Hay países, como Suecia, donde la protección de las fuentes no es un derecho de los periodistas sino una obligación. En España no está ni siquiera regulado. Por eso el Estado español está a la cola de Europa en lo que se refiere a la libertad de prensa y al derecho a la información. Pero el secreto profesional es uno de los pilares de una prensa independiente y los avances tecnológicos hacen que para protegerlo se necesite mucho más que una ley. Hace falta que los informadores conozcan y dispongan de herramientas para proteger sus equipos informáticos y sus comunicaciones. Probablemente, un gran medio podrá disponer de recursos humanos y técnicos para hacerlo. Otra cuestión es que quiera plantar batalla a las estructuras del Estado –o de quién sea– y opte para mantener indefensos a sus periodistas. En las publicaciones más pequeñas pero basadas principalmente en el periodismo de investigación, el reto de protegerse de ataques cibernéticos es más que imprescindible. Los recursos materiales pueden ser caros pero conocer las herramientas informáticas y tecnológicas puede dificultar la interceptación de las comunicaciones y blindar mejor las webs y los equipos de trabajo.

Hasta hace poco, el concepto «seguridad» aplicado en el mundo de la información era principalmente más una cuestión de seguridad física por los riesgos inherentes al trabajo desarrollado en zonas en guerra o por la represión en países bajo regímenes dictatoriales. Ahora, hay que incluirle la vertiente cibernética a partir de los ataques que se viven y ven en cualquier lugar del mundo, incluso en los estados presuntamente más democráticos. En este sentido, casos como el de Snowden son bastante ilustrativos. Por eso, desde las organizaciones internacionales de periodistas más destacadas –como la Federación Inrternacional de Periodistas (FIP)–, se pide que los profesionales tomen conciencia de la importancia de esta cuestión y adopten medidas para protegerse del ciberespionaje.

En Cataluña y en el Estado español, hay gente que trabaja en este ámbito, sólo falta que los informadores asuman la importancia que tiene. La periodista Marta Peirano publicó hace pocos meses El pequeño libro rojo del activista en la Red (Roca, 2015), un libro con prólogo de Edward Snowden, sobre la seguridad en la red, con consejos para asegurar las comunicaciones. Pero si hay una periodista que se ha convertido en un referente en estas cuestiones es Mercè Molist. A principios de año publicó Cibercrimen  (Tibidabo Ediciones, 2015) y es probablemente quien más ha escrito y desde hace más tiempo sobre hacking y ciberseguridad.

Es sabido que la seguridad absoluta no existe, que, si alguien nos quiere reventar la puerta de casa, lo acabará haciendo por muchas medidas para evitarlo que hayamos puesto. Pero no por eso nadie deja la puerta abierta cuando sale de casa. En la Red, es exactamente igual, debe hacerse el máximo para protegernos sabiendo que nunca lo estaremos al 100%.

Más allá de ‘Charlie Hebdo’

Ayer tuve el placer de asistir como representante del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) a un debate sobre si la libertad de prensa está amenazada que se hizo en el programa l’Illa de Robinson que dirige Eduard Berraondo en El PuntAvui TV. También  participaron los dibujantes Alfons López y Lluís Recasens L’Avi, y el director adjunto de El Punt Avui y presidente de la demarcación de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), Joan Ventura, y tenía en el atentado a la redacción de Charlie Hebdo producido el pasado 7 de enero el punto de partida. No reproduciré el debate porque, a quien le interese, lo puede encontrar en este enlace (a partir del minuto diez y medio aproximadamente).

La cuestión, pues, era si la libertad de prensa está amenazada. Lo está y no sólo por lo que significa este atentado. Requiere un análisis político y social que no es el objeto de este blog, como tampoco lo es el conjunto de políticas que deben hacerse para evitarlos. Seguramente, ahora empieza una carrera sobre quien hace la legislación antiterrorista más dura y más limitadora de las libertades. Este es un riesgo del cual advierte el secretario general de la Federación Europea de Periodistas (FEP), Ricardo Gutiérrez, que pide que «debemos resistirnos al discurso de la ultra-seguridad.» Pero hace tiempo que el mundo en general sufre un retroceso en los derechos y libertades de las personas, sólo que en cada país o cada rincón del planeta se traduce de manera distinta y sin ninguna relación directa con lo que hemos vivido en la capital francesa.

Sin ir más lejos, en el Estado español, el PP ha impulsado en solitario la Ley de protección de la seguridad ciudadana (LPSC), más conocida como Ley mordaza, y que supone, entre otras cosas, graves restricciones a la libertad de expresión y de información. El proyecto fue aprobado el pasado 11 de diciembre en el Congreso de los Diputados y sólo queda pendiente el trámite del Senado para que la nueva normativa entre en vigor. La plataforma No Somos Delito –que agrupa más de 70 organizaciones de todo tipo– detalla en este informe los puntos más controvertidos de la LPSC. En el Estado español hemos vivido de manera periódica episodios que han evidenciado que la piel de toro está lejos de poder dar lecciones de respeto a la libertad de prensa. Joan Ventura citó en este debate el caso Egunkaria, que supuso el cierre de la publicación y la detención de sus responsables, entre los cuales la de su director, Martxelo Otamendi, y que, finalmente quedó, siete años después, en nada. La publicación, en cambio, ya no existe. Pero hay otros casos, especialmente grave a pesar de que haya que remontarse a bastantes años atrás, a 1977, es el del atentado a la revista El Papus. El Estado español también se caracteriza para ser uno de los pocos de la Unión Europea que no tiene ningún tipo de legislación sobre el derecho a la información de la ciudadanía. Tampoco aguanta la comparación con América Latina, donde hay varios países que ya le pasan la mano por la cara. No todos, porque, lamentablemente, hay otros –Colombia, Brasil, México, Honduras…– dónde ser informador es una profesión más que peligrosa.

El Estado español, pero, también apoya otras iniciativas de carácter internacional que igualmente suponen graves amenazas a los derechos y libertades de las personas. Y, en este caso, no lo hace el PP en solitario como en el caso de la LPSC, sino que tiene el apoyo del PSOE y de CiU. Se trata de las conversaciones que se están llevando a cabo entre  la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio (TTIP, en sus siglas en inglés). Me  refería apenas hace un mes en este mismo blog: los textos del anteproyecto que hasta ahora se conocen revelan que el tratado no permitiría a los gobiernos aprobar leyes para la regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, servicios postales o telecomunicaciones. Si se produjera cualquier expropiación, las empresas podrían demandar a los Estados exigiendo la devolución de su inversión más compensaciones e intereses. Esto afecta incluso al mundo de la comunicación porque los gobiernos no podrían aprobar leyes limitando la propiedad en los medios para impedir la creación de imperios mediáticos cómo, por ejemplo, el de Murdoch. Y ya es sabido que el efecto principal de la concentración mediática es la reducción del pluralismo informativo, una de las amenazas principales a la calidad democrática de un país

Por lo tanto, el atentado a Charlie Hebdo es gravísimo por las consecuencias humanas que ha tenido. Ha sido perpetrado por colectivos particularmente enloquecidos. Participé en la concentración frente el consulado de Francia en Barcelona para también decir Je suis Charlie. L’Avi decía en el citado debate que por sus circunstancias de buscar unas víctimas previamente elegidas, los hechos de Paris le recordaban bastante al atentado contra unos abogados laboralistas de CCOO, realizado en Madrid, en la calle de Atocha, en enero de 1977 por la extrema derecha española. Pero la libertad de prensa y de expresión tiene más amenazas de las que provienen de estos grupos fanáticos. Desde otros ámbitos, con otras ideologías, con métodos más refinados, también quieren limitar lo que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: «Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado debido a las propias opiniones y el de buscar, recibir y difundir las informaciones y las ideas por cualquier medio y sin límite de fronteras».

En los últimos días han aparecido informaciones sobre las propuestas que diferentes gobiernos europeos han planteado para intentar evitar nuevos atentados. La mayoría refuerzan el control de las informaciones y la libre comunicación entre las personas. Desde, por ejemplo, poder intervenir en las aplicaciones de mensajería instantánea hasta la prohibición del popular WhatsApp. El experto en internet Enrique Dans apunta en su blog que se debería hacer todo lo contrario. Defiende que «todos debemos tener el derecho a actuar anónimamente siempre que, por la razón que sea, deseemos hacerlo. Que ese mismo anonimato pueda ser utilizado para actividades delictivas no es más que un efecto secundario cuya existencia no puede ser utilizada para invalidar el uso legítimo de ese derecho al anonimato. Evitar el anonimato en la red es técnicamente imposible, y bajo esa base puramente tecnológica debemos tratar de organizarnos lo mejor posible para respetar ciertos derechos y tratar de poner freno a ciertas conductas delictivas.» Y si el anonimato debe ser posible, todavía más el activismo a cara descubierta, sin ser perseguido ni investigado por hacerlo.

El gordo del 22 de diciembre cayó en Uruguay

En el sorteo de lotería del pasado 22 de diciembre, ninguna de mis participaciones me reportó ningún premio apreciable. Pero como no todo pueden ser malas noticias, ese mismo 22 de diciembre, casi en el otro extremo del planeta, la Cámara de Diputados del Uruguay aprobaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) a la cual ya me había referido en este blog. Fue el pasado 23 de octubre cuando la saludé como uno de los grandes legados del presidente saliente, José Mújica, del Frente Amplio (FA). Decía que sólo faltaba el trámite parlamentario, lo que se culminó este 22 de diciembre, cuando los diputados uruguayos aprobaron el texto definitivo gracias a los votos del Frente Amplio.

A través de sus 202 artículos, la ley, según explica la Coalición para una Comunicación Democrática del Uruguaygran defensora del proyecto– regula los servicios de comunicación audiovisual, que son aquellos que proporcionan «una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión». No regula, en cambio, internet. Otros aspectos importantes son que prohíbe la censura previa, «la apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas» y establece un horario de protección a niños y adolescentes, entre las 6.00 y las 22.00 horas. También determina algunas restricciones a la publicidad diigida a este público. El articulado también dispone que los periodistas «tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento» .La ley crea la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) y el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Este último será un órgano independiente del Gobierno y será responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones de la ley. Estará integrado por cinco miembros, uno de ellos designado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, y los restantes cuatro, por la Asamblea General «sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a dos tercios de sus integrantes». El CCA asesorará al Poder Ejecutivo en materia de concesión de frecuencias, aunque la potestad de concesión corrrespondrà en última instancia del Gobierno, El proyecto crea además el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional como servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura .

La LSCA prevé diversas sanciones por incumplimiento de la normativa que pueden ir de la simple observación, a la advertencia, o hasta el decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o de los bienes detectados en infracción. Las multas pueden ser de hasta casi 250.000 euros, la suspensión de hasta 90 días en la prestación de la actividad, y en los casos de infracciones muy graves, retirada de la concesión. La aplicación de sanciones será en general competencia del CCA, salvo excepciones muy particulares -por ejemplo, la revocación de la frecuencia- que serán una atribución del Gobierno.

Límites a la concentración mediática

La ley establece mecanismos por los que se impiden la creación de oligopolios y monopolios y propone que los propietarios de los medios audiovisuales paguen un canon para utilizar el espectro radioeléctrico. También prevé mecanismos para promover la producción nacional fijando que al menos el 60% de la programación total emitida por cada canal de televisión comercial y público debe ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción. Además, al menos el 30% de esta programación debe haber sido hecha por productores independientes, no pudiendo concentrar un mismo productor independiente más del 40% en un mismo servicio de radiodifusión de televisión. Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida debe contener estrenos de ficción televisiva o estrenos de películas cinematográficas, y de éstas, al menos el 50% debe ser de producción independiente. También un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deben ser programas de agenda cultural. Las radios, por su parte, deben emitir al menos el 30% de música de origen nacional del total de su programación musical. Otro principio de la nueva norma es la limitación de emisión de imágenes violentas.

Esta ley ha tenido un proceso largo porque desde algunos sectores se la ha tachado de un ataque a la libertad de expresión cuando en realidad es todo lo contrario. Ha sido criticada por la oposición y también por los propietarios de las principales cadenas de radio y de televisión así como las organizaciones que las agrupan como la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu). El propio ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, en un artículo publicado en el diario español El País tildaba la LSCA de «revólver cargado sobre la nuca del periodismo independiente». Pero, como señala la Coalición para una Comunicación Democrática, la ley -elaborada durante un año por un comité técnico consultivo integrado por periodistas, organizaciones académicas y sociales vinculadas a al comunicación y los representantes de las empresas del sector- ha recibido elogios de los relatores sobre libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Ha recibido también el apoyo de entidades como Reporteros Sin Fronteras (RSF) –que considera que es un ejemplo a seguir por otros países del continente y de otras asociaciones de periodistas.

Un mes de noviembre para denunciar la impunidad de los ataques contra periodistas

Varias organizaciones internacionales impulsan este mes de noviembre distintas iniciativas para reclamar que los gobiernos pongan fin a la impunidad en los ataques contra los periodistas, vengan de donde vengan, sean desde los cuerpos de seguridad de los estados, en conflictos bélicos o como resultado de acciones instigadas desde diferentes estructuras de poder político, económico o criminal. Asociaciones como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la asociación Abogados Europeos Demócratas (AED) o la Red IFEX de defensa de la libertad de expresión son las que convocan las principales iniciativas. Tanto la FIP como RSF forman parte de la Red IFEX que es quien coordina la mayoría de las convocatorias.

A pesar de que la campaña se desarrolla durante todo el mes, el 23 de noviembre está fijado como el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra periodistas. En esta fecha se recuerda la masacre más grande producida nunca en un solo ataque contra profesionales de la información que sucedió en 2011 en las Filipinas y dejó el trágico balance de 32 muertos. La ONU fijó este día en una resolución aprobada el 18 de diciembre del año pasado. El 18 de diciembre de pasado año, la ONU designó para idéntica causa el 2 de noviembre, con motivo del asesinato de dos periodistas de RFI, Ghislaine Dupont y Claude Verlon, sucedidos en Kidal (Mali) en 2013.

Con la referencia de estas dos fechas, la FIP ha pedido a sus sindicatos asociados que desde el pasado día 2 y hasta el 23 vayan difundiendo a través de las redes sociales la necesidad que se implementen las normativas internacionales que protegen la tarea de los periodistas y, por lo tanto, el derecho a la información de la ciudadanía. El citado día 23 se haría especial hincapié en los países que hoy en día son los más peligrosos para los profesionales de la información –obviando, lógicamente, aquellos donde hay conflictos bélicos abiertos– y que son Filipinas, México y Somalia. RSF ha diseñado una página web en la quel detalla diez casos de crímenes contra periodistas que todavía permanecen en la impunidad. Según esta organización, puede tratarse «de desapariciones, como la de la periodista de investigación mexicana María Esther Aguilar Cansimbe, el periodista franco-canadiense Guy-André Kieffer, el iraní Pirouz Davani y el analista político y caricaturista de Sri Lanka Prageeth Eknaligoda. La lista incluye casos de periodistas asesinados, como el del pakistaní Syed Saleem Shahzad, la joven periodista serbia Dada Vujasinovic, el columnista franco-libanés Samir Kassir y el periodista de Daguestán Akhmednabi Akhmednabiev, que perdió la vida enl 2013. También se muestran otro tipo de crímenes, como el encarcelamiento del periodista sueco-eritreo Dawit Isaak, que se encuentra encerrado en un lugar secreto de las infernales prisiones de Eritrea del régimen de Isaías Afewerki desde hace 13 años, o como los actos de tortura que sufrió la reportera bahreiní Nazeeha Saeed a manos de la policía por haber cubierto las manifestaciones a favor de la democracia.

Desde el año 1992 casi 800 periodistas han perdido la vida en todo el mundo en el ejercicio de su tarea profesional. En este 2014 ya se ha alcanzado la cifra de 100 informadores y asistentes asesinados. La Red IFEX –de la que forman parte 17 organizaciones internacionales y un gran número más a nivel local– basa su iniciativa en este dato. Así, la entidad explica que «no todos los secuestros o asesinatos de periodistas se encuentran en los titulares internacionales, tampoco la mayoría de las muertes se producen en zonas de guerra. En la mayoría de los casos, las víctimas son periodistas locales, reportando en sus propios países. Cada vez más, aquellos dispuestos a traernos la verdad, cubrir el crimen, el conflicto o la corrupción, son atacados y silenciados. Pero aunque se trate de un grupo yihadista ultra violento como ISIS, un sindicato del crimen, o figuras en la sombra haciendo el trabajo sucio de las corporaciones o los gobiernos, los motivos detrás de los intentos de silenciar a los medios de comunicación son claros, y es igualmente claro por qué no podemos permitir que eso suceda.» La Red denuncia que los asesinos «se están saliendo con la suya. La realidad de la impunidad sistémica por los delitos cometidos contra los periodistas no está en cuestión. De acuerdo con las últimas cifras de la UNESCO, desde el 2006 se han aplicado condenas en menos del 10% de los casos de periodistas asesinados».

La iniciativa de la asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) tiene un perfil diferente puesto que su objetivo es conseguir que los agentes policiales lleven placa identificativa en todos los países del continente para poder depurar responsabilidades en caso de abusos que puedan cometer los agentes. La campaña consiste en una recogida de firmas para pedir al Comisario Europeo, a la Comisión Europea y a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que adopten una directiva europea sobre la identificación de los agentes de policía a partir de la resolución que la Eurocámara adoptó en enero del año pasado en la que expresaba su preocupación por la ausencia de esta placa. La entidad ha iniciado la captación de firmas este mes de noviembre con la voluntad de obtenerlas en todos los países de la UE y entregarlas a las autoridades comunitarias el mes de febrero del 2015. AED pide que se inicien «los procedimientos y los debates necesarios para adoptar una directiva o una decisión marco en esta materia y dar una respuesta al problema de la identificación visible de los agentes de policía para evitar la infracción de derechos fundamentales, salvaguardar los derechos de la defensa, la independencia del poder judicial y su rol de control, con el objetivo de desterrar del día a día la impunidad de las acciones delictivas de las fuerzas policiales y de sus responsables administrativos y políticos».

Derecho a saber, derecho a estar informado

«Las personas tienen el derecho a saber» es el título de una campaña internacional a través de la que más de 250 organizaciones de todo el mundo reclaman una mayor transparencia sobre las negociaciones que están llevando a cabo representantes de los Estados Unidos y de la Unión Europea para el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés). Argumentan los promotores de esta iniciativa –entre los que hay sindicatos, consumidores, movimientos sociales y ong para el desarrollo, y observatorios sobre transparencia– que este será el tratado comercial bilateral más importante de la historia «con unos impactos que afectarán enormemente las vidas de las personas a ambos lados del Atlántico». Las partes que negocian el TTIP arguyen que el secretismo de este proceso es inevitable puesto que es un asunto de relaciones internacionales. Los defensores de la transparencia creen, pero, que la ciudadanía «tiene derecho a saber qué es lo que se está poniendo encima la mesa y cómo se están tomando las decisiones.» Añaden que es imprescindible un debate democrático «porque son las personas y no las empresas quienes tienen que poder participar en una discusión sobre qué economía, qué entorno y qué futuro queremos».

Este lunes 2 de junio se celebraba en Madrid un acto para promocionar el TTIP en la Casa de América en el que participaban representantes de los gobiernos español y norteamericano así como de las empresas más importantes. Los opositores a este tratado habían convocado una protesta coincidiendo con la sesión para denunciar –entre otras cuestiones que critican– la opacidad con que se están llevando las negociaciones. Una portavoz de Amigos de la Tierra –una de las organizaciones que a nivel internacional coordina el rechazo al TTIP– explica que se están haciendo actas en diferentes ciudades para informar sobre lo que hay en juego en estas conversaciones.

Una vez más nos encontramos ante un caso dónde a la ciudadanía se le niega el acceso a información básica. En noviembre del año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Transparencia –como siempre, el Estado español casi el último al aprobar una normativa de este estilo– en la cual se fijan aquellos aspectos de los cuales la sociedad  podrá conocer los detalles. Sobre ello, durante el proceso parlamentario de tramitación, la Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), aseguró que en el texto legislativo no se especifica que el acceso a la información de la ciudadanía «es un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión.» Obviamente, este no es un problema que se derive de la normativa española porque en esta campaña en favor de una mayor transparencia en las conversaciones para el TTIP  participan organizaciones sociales de la mayoría de los países implicados en el tratado. Pero quizás es un indicador que las normativas europeas surgidas después de la II Guerra Mundial y que se limitaban a fijar los derechos y deberes de los periodistas para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía empiezan a ser obsoletas. Ni Catalunya ni España tienen ni siquiera este mínimo europeo y ahora que está a punto de constituirse el nuevo Parlamento Europeo sería el momento que el continente diera pasos adelante en esta línea y acercarse a lo que prevén algunas legislaciones latinoamericanas, mucho más avanzadas y ambiciosas en este sentido. Catalunya, además, está elaborando su propia Ley de transparencia, pero todavía está en trámite parlamentario e incluso un poco paralizada puesto que el Gobierno y los principales grupos que le apoyan tienen en estos momentos otras prioridades legislativas en este ámbito como es, por ejemplo, la Ley electoral.

3 de Mayo y ¡tanto por hacer!

El 3 de Mayo es el Día de la Libertad de Prensa, instaurada en 1993. Los periodistas lo consideramos la otra cara de la moneda del 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, porque un periodista sin condiciones laborales dignas no puede ejercer su profesión con suficiente independencia y libertad. Un informe de la asociación norteamericana Freedom House señala el retroceso generalizado de la libertad de prensa en todo el mundo y que el Estado español no es una excepción hasta el punto que en el ranking de la citada entidad –con un presupuesto del que el gobierno de los EE.UU. aporta el 80%– España todavía  consta como un país libre pero muy cerca de serlo sólo parcialmente. La mitad de los puntos negativos que Freedom House otorga en España son por las dificultades que pone el poder político, poco más de la cuarta parte por razones económicas y la otra escasa cuarta parte restante es por limitaciones legales a la libertad de informar.

Como complemento a este informe hay el estudio hecho por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) relativo a 2013 y presentado el pasado mes de diciembre que revela que un 73% de los periodistas españoles reconocen recibir presiones y que un 76% de estos dicen que son los propios empresarios los que las ejercen. Y por si fuera poco, la lista de quienes se han fijado en la deteriorada situación que estas cuestiones tienen en el Estado español sigue ampliándose constantemente. El diario británico The Guardian, en un artículo titulado «Media Revolution in Spain as readers search for new voices» y publicado a finales del pasado mes de marz, aseguraba que el poder controla los grandes periódicos españoles, destacando que dependen especialmente de las grandes entidades financieras debido a las deudas crediticias contraídas.

¿Por qué se produce esta bajada en la libertad de información? Pues, entre otros motivos, por la inexistencia de una ley regule el derecho a la información de la ciudadanía. Además, las pocas iniciativas que hay en esta línea son claramente restrictivas. Si los legisladores cumplieran el mandato constitucional y desarrollaran el artículo 20 de la Constitución en la línea de cómo lo han hecho otros países europeos, los informadores tendrían instrumentos legales para enfrentarse a las presiones. Si se fuera más allá y se optara por el modelo que se está implementando en un gran número de países latinoamericanos, todo esto se haría con una perspectiva mucho más ciudadana porque el objetivo sería garantizar el derecho a la información de la ciudadanía con la articulación de varios mecanismos para hacerlo efectivo. Eso sí, habría que mejorar la composición de la mayoría de organismos reguladores existentes en este continente.

Además, los legisladores, al margen de impulsar  la aprobación de una Ley Orgánica del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LODGIC) –acompañada de la Ley de Derechos Laborales de los Periodistas que reconozca la figura del colaborador– tendrían que corregir los ataques a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a una información veraz y plural, como son las leyes de Seguridad Ciudadana y la de Propiedad Intelectual. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al margen de restringir el derecho de manifestación, incluye medidas que dificultan la tarea de los trabajadores de la información especialmente en lo que se refiere a tomas imágenes de las actuaciones policiales . La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) se está haciendo al dictado de los intereses de los grupos empresariales, obviando –contrariamente a lo qué pasa en todo Europa— que los periodistas son los autores y no los medios. Añadido a todo ello, las modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial que está impulsando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, prevén dar potestad a los jueces para poner trabas a la tarea de los profesionales de la información en los juzgados.

Quién crea que esto sólo afecta los informadores, que es una cuestión corporativa del sector, se equivoca. El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, en un artículo publicado en el digital enastillalamancha.es, afirma que «los titulares del derecho a la información son los ciudadanos y, por eso, son ellos quienes deben exigir que se cumpla; los periodistas somos meros intermediarios que debemos encargarnos con nuestro trabajo de que ese derecho constitucional y humano sea una realidad cada día.» También dice que «habrá quienes opinen que esta conmemoración se refiere sobre todo a los países del mundo en los que no existen libertades. Se equivocan: en sociedades democráticas como la española o las de los países miembros de la Unión Europea también hay muchas restricciones y limitaciones a la libertad de prensa e información, cada vez más.». Que es lo que cada vez ratifican más investigaciones, como acabamos de ver.

Finalmente, la guinda del pastel de la involución en el derecho a la información de la ciudadanía y en la libertad de prensa –entendida de manera genérica y no sólo los periódicos– es el acoso que en España y en Catalunya están sufriendo los medios públicos. Lo hemos visto en Canal 9 (País Valenciano), Ona Mallorca (Illes Balears), Telemadrid (Madrid), pero también en Catalunya. El pacto CiU-PP para desmembrar TV3 y Catalunya Ràdio son la punta del iceberg, pero la Xarxa –dependiente de la Diputación de Barcelona–, TV Cambrils, Radio l’Hospitalet y tantos otros medios municipales son el ejemplo del que tanto CiU, como PP, PSC y también ERC  tienen su cuota de responsabilidad. Por otro lado, la reforma de la Ley de la Administración Local por parte del Gobierno de Mariano Rajoy  también supone negros augurios para el futuro de los medios públicos de titularidad municipal.

Por todo ello, como dice Yanel, el 3-M es una fecha que implica el conjunto de la ciudadanía. Por eso en varios puntos del país se están impulsando iniciativas por parte de la sociedad civil para reivindicar que se garantice su derecho a la información y a la comunicación. Andalucía va un paso por delante y desde Cataluña se empiezan a promover varias iniciativas que hay que seguir con interés para que que se desarrolle el Artículo 52 del Estatuto de Catalunya

Rafael Correa pone el dedo en la llaga

El presidente del Ecuador, Rafael Correa, ha afirmado que los medios de comunicación «son el poder mediático y que como todo poder, necesita una regulación social, cosa que se hace a través de leyes». El mandatario latinoamericano hacía estas declaraciones en una entrevista publicada en el diario El Pais el pasado domingo 27 de abril, realizada por el periodista Guillermo Altares. Correa respondía la pregunta de su interlocutor sobre la ley de comunicación vigente en su país, que había sido criticada por varios medios y que si la norma suponía un peligro para la libertad de expresión. El presidente ecuatoriano aseguraba que «es perfectamente legítimo tener una ley de comunicación, que no es una ley de medios, que tiene cuestiones tan positivas como la profesionalización de los periodistas».

Altares le recordaba a Correa que uno de los deberes de los periodistas es criticar al poder y que algunos habían tenido problemas en su país por haberlo hecho. Vale la pena reproducir la respuesta textual del presidente ecuatoriano a esta pregunta: «Con todo cariño, eso no es cierto. La crítica no se sanciona ni por la ley ni por el Gobierno. Se sancionan las mentiras, la infamia, la calumnia, como en España. Se sancionó al diario El Universo que dijo que el 30 de septiembre de 2010, cuando casi me asesinan, yo había ordenado disparar contra pobre gente. Eso no es crítica, eso es una mentira. Y qué bueno que las leyes sancionen esa mentira. Uno de los problemas de América Latina es que se miente y conozco la diferencia entre la mayoría de la prensa europea y la prensa latina. Ustedes no entienden eso porque están acostumbrados al nivel ético de la prensa europea.» La respuesta sigue con una referencia al caso Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, criticando las informaciones que El País había publicado sobre el asunto. La última referencia a la entrevista –en el enlace del primer párrafo hay el texto entero– es cuando Correa pide que «me digan donde está el mal de la ley de comunicación. ¿Hay censura previa? Bien, sí, hay censura previa por parte de los dueños de los medios de comunicación, por parte de los que financian la publicidad. Vea todas las estadísticas, todas las encuestas que se hacen. No se pueden quejar de la mala calidad del servicio telefónico porque les retiran la publicidad. Busque un periodista que haya sufrido censura previa por parte del Gobierno.»

Dos cuestiones principales se desprenden de la entrevista a Correa: la necesidad y la legitimidad de regular el funcionamiento de la comunicació, como a cualquier otro poder, y las presiones que reciben los periodistas desde los ámbitos empresariales y económicos. Probablemente la legislación ecuatoriana sobre comunicación sea mejorable. Todas las leyes lo son. Pero su existencia permite actuar contra la mentira y la manipulación, algo que en la madre patria no es posible, porque no hay ninguna ley. Si los organismos reguladores fueran realmente independientes de los poderes políticos y económicos, aun sería más fácil luchar contra las malas praxis periodísticas. En España se tuvo la posibilidad de hacerlo en los inicios de la transición pero por diferentes causas –algunas de ellas atribuibles a la carencia de visión de la profesión en aquella época– se perdió la oportunidad. La experiencia demuestra que cada día que pasa es más necesaria que nunca la Ley Orgánica del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LODGIC) que algunos llevamos reclamando desde varios ámbitos desde hace ya un par de décadas. La mayoría de las democracias ya lo tienen.