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Qué proponen en materia de comunicación los partidos para el 28-A

Con ocasión de las elecciones al Parlament de Catalunya del 21 de diciembre de 2017 publiqué un artículo en este blog repasando los compromisos de las diferentes candidaturas. Destacaba que al margen de algunas excepciones, en general había muy pocos compromisos concretos. Ahora, ante la nueva contienda electoral de este 28 de abril para el Congreso de los Diputados y el Senado, con las mismas excepciones, la situación no ha mejorado mucho.

La información para hacer este nuevo artículo, como en la anterior ocasión, sale de la compilación que he hecho yo mismo para el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) en el que se detalla partido por partido sus propuestas en este ámbito. El trabajo se refiere casi exclusivamente a cuestiones directamente vinculadas con el derecho a la información. Es cierto que como sindicato nos interesan también otros cuestiones más generales –la brecha salarial entre hombres y mujeres, la violencia contra las mujeres y el acoso en la red, el futuro de las pensiones, los falsos autónomos, el abuso en la práctica de los y las estudiantes, las personas en situación de paro de larga duración, etc…– que compartimos con otros sectores de la sociedad y por eso, ahora me centro básicamente en aquellos que nos afectan más como periodistas.

Como referencia final, si lo queréis comparar, en este enlace hay las peticiones que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha planteado a estos partidos sobre estas cuestiones

1.– Medios Públicos

A) CIUDADANOS

II) Tolerancia cero con la corrupción
Garantizaremos la independencia y pluralidad de Radiotelevisión Española (RTVE). Reforzaremos el procedimiento de concurso para evitar bloqueos políticos interesados y aseguraremos la elección de un nuevo Consejo de Administración de RTVE formado por profesionales expertos e independientes.
Auditaremos las televisiones autonómicas para reducir gasto innecesario y aseguraremos que sus contenidos no sirvan para hacer propaganda ideológica. Garantizaremos la neutralidad y la pluralidad de los medios públicos de comunicación social, promoveremos su autofinanciación y, en su caso, impulsaremos la eliminación de aquellos que resulten manifiestamente inviables.

B) EN COMÚ PODEM (*)

Desgubernamentalizar RTVE y hacer que sea un servicio público efectivo. La televisión y la radio públicas viven una situación crítica, y la televisión privada, un proceso de concentración que limita el pluralismo. Condicionada por una financiación sólo pública y sometida a la manipulación del Gobierno, RTVE se ha convertido en un instrumento de propaganda gubernamental. Para cambiar esta situación hay que derogar el decreto ley 15/2012 que impuso el PP, promover una auditoría a RTVE y reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). En este sentido nos comprometemos a:
Garantizar la independencia y el pluralismo de RTVE, democratizar la elección y el funcionamiento de sus órganos de gestión y promover una financiación transparente fijada por contrato/programa.
Fomentar la participación ciudadana en RTVE a través de un consejo social, dotado de competencias reales, especialmente la de arbitrar el concurso público para designar la presidencia de cada medio, planificar la gestión y potenciar los consejos de informativos, el Defensor del Espectador y las áreas de medios interactivos.
● Poner a disposición de la ciudadanía, por canales accesibles y con licencias abiertas, los archivos audiovisuales de interés histórico o cultural de los fondos de la Corporación RTVE y de la agencia Efe.
● Hacer realidad el derecho de acceso a los medios públicos. Para hacerlo, se facilitará que las organizaciones sociales puedan reservar espacios y los recursos humanos y técnicos necesarios para la producción de contenidos de calidad.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

Propuestas para la República Catalana:
Impulsar unos medios de comunicación públicos fuertes –de acuerdo con un modelo pluricultural y plurilingüístico– e independientes de los poderes gubernamentales.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica. Acabaremos con el modelo de Administrador único de la corporación de RTVE e impulsaremos un Gobierno corporativo guiado por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad.

 

2.– Regulación del derecho a la Información de la Ciudadanía

B) EN COMÚ PODEM

Garantizar el derecho a una información plural y de calidad. Porque el derecho a la información sea un derecho ciudadano y por lo tanto que todas las personas tengan el derecho a acceder a una información plural y de calidad, se tiene que asegurar la independencia de los medios respecto a los poderes políticos y económicos. Hay que facilitar el acceso de todas las personas a una información plural y veraz. Por eso, nos proponemos:
Desarrollar una ley del derecho a la información y la comunicación que fije los derechos y deberes de los medios para asegurar la independencia y el pluralismo.
● Impulsar el consenso parlamentario para crear un consejo de la información y la comunicación, formado por personas independientes a los partidos y las empresas de comunicación, que determine la composición y las funciones de los consejos de administración de los medios públicos y los criterios de selección de sus cargos directivos, y, en general, que impulse medidas de fomento del derecho de la ciudadanía a la información.
Garantizar que las campañas y las ayudas públicas, así como las licencias de explotación, no se adjudiquen de forma sesgada, partidista y opaca, sino de manera transparente y objetiva. Además, poner fin al uso partidista y a los amiguismos en la publicidad institucional y la compra de suscripciones por parte de las instituciones.
Reducir las ayudas a los medios de comunicación privados mientras no se puedan garantizar recursos suficientes para los medios públicos. La concesión de ayudas por parte de las administraciones del Estado a los medios privados, tiene que ser pública y transparente. Los medios beneficiarios tendrán que estar al día en sus obligaciones fiscales y laborales, incluida la contratación legal e igualitaria de los trabajadores y trabajadoras.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

• Desde el respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional para la lucha contra la desinformación, con actividades de concienciación y formación para la ciudadanía.

 

3.– Ordenamiento del sector audiovisual

B) EN COMÚ PODEM

• Medidas urgentes porque la Ley General de la Comunicación Audiovisual, cumpla con la obligación de reserva de espectro radioeléctrico para los medios comunitarios y apruebe un reglamento que regule la concesión de las licencias a los mismos; cómo establece la misma LGCA desde su publicación en 2010.
● Incluir a la Ley General de la Comunicación Audiovisual las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera, la governança y el derecho de acceso a los medios audiovisuales públicos.
● Conseguir amplios acuerdos para constituir el Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales (CESA), independiente del Gobierno, con competencias para conceder las licencias e imponer sanciones y con medios financieros, técnicos y humanos suficientes. El CESA tiene que garantizar el respeto al pluralismo, la diversidad cultural, la protección de los consumidores y las consumidoras, el correcto funcionamiento del mercado interior y la competencia leal. Sus integrantes deben ser elegidos mediante un concurso público de méritos y reforzar sus incompatibilidades, con el fin de evitar las llamadas “puertas giratorias”.
Para garantizar el pluralismo de los medios audiovisuales, no se debe permitir que un mismo grupo supere una audiencia mediana del 30% en el conjunto de sus canales de ámbito estatal, en los 12 primeros meses desde la adquisición. Cuando esto se produzca, tendrá un plazo de un año para realizar las desinversiones necesarias para bajar de nivel.
● Establecer que quién presta servicios de televisión, radio y audiovisuales tenga que incluir en su página web sus datos de identidad y dirección, forma de contacto directo con ellos o ellas, e identificación de personas físicas o jurídicas que integran su accionariado.
● Las licencias de espacios audiovisuales se tienen que conceder por concurso público, dando a conocer las ofertas, las condiciones con que se conceden y los motivos. Cuando no se cumplan estas condiciones, la licencia podrá ser retirada.
Cuando se otorgue una licencia no se podrán modificar las condiciones de la oferta, así un canal televisivo de noticias no puede convertirse en un canal de realities, ni una televisión autonómica podrá dejar de emitir información sobre su comunidad.
● Crear un consejo del audiovisual independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), pareciendo a los consejos que existen en otros países europeos.
Asegurar la presencia de las lenguas españolas diferentes de la castellana en las radios y televisiones públicas y privadas en horarios no marginales. Garantizar desconexiones. Dar cobertura estatal a las emisoras que dependen de los gobiernos autonómicos y que emiten en lenguas diferentes de la castellana.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

Propuestas para la República Catalana:
Ordenación del espacio radioeléctrico, en cuanto que autoridad competente, de acuerdo con las directivas establecidas por la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la Unión Europea.
• Concesión de licencias de emisión de las radios y televisiones que se otorgarán con criterios de veracidad informativa, pluralismo ideológico y corresponsabilitat social, así como culturales y lingüísticos, como por ejemplo el uso de las lenguas catalana y occitana, y la emisión de contenidos producidos a los Países Catalanes.
• Favorecer la implantación de medios privados y ajustar a la nueva legislación audiovisual los servicios de televisión digital de pago, independientemente de donde tengan la sede social operativa, para garantizar la oferta de contenidos de interés nacional y local.
• Dedicar más recursos a la producción de contenidos para consolidar una industria audiovisual potente, innovadora, pluricultural y plurilingüística a través de un Plan transversal de inversión en industrias creativas que implique la CCMA y el Instituto Catalán de las Empresas Culturales.
• Promover Cataluña como un centro de medios y servicios de comunicación mediterráneos y potenciar la Mobile World Capital como dinamizadora del negocio de contenidos audiovisuales.
Impulsar programas de alfabetización mediática para combatir la desinformación y porque los estudiantes de primaria y secundaria adquieran competencias en nuevos medios (new media) y adopten un rol de creadores y de consumidores críticos de nuevos medios.

Mientras tanto, medidas que presentaremos en el Congreso y Senado:
Conceder un nuevo multiplex para hacer efectiva la reciprocidad entre Tv3, À Punt y IB3 en Cataluña, en el País Valenciano y en las Islas Baleares, así como también en el resto del Estado.
• Apoyo a la creación de consejos reguladores del audiovisual en las autonomías, coordinados con el CAC, e impulso de un código de conducta de ámbito europeo para promover el comportamiento ético en internet y la protección del derecho de autor (copyright). Creación de un Observatorio de la comunicación que haga y coordine la búsqueda.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) debe recuperar el múltiplex que le fue retirado.
Promover la iniciativa Televisión sin fronteras que pretende garantizar la recepción directa de las emisiones de radio y televisión en catalán en los territorios con los cuales compartimos lengua, con el objetivo de promocionar y proteger los espacios de comunicación del catalán.
• La presencia del catalán en los medios de comunicación de alcance estatal, públicos y privados, es escasa o nula. El Gobierno español redujo el espacio de comunicación catalán y limitó las emisiones de Tv3 y Catalunya Ràdio sólo en Cataluña.
Potenciar la presencia del catalán a los medios de comunicación de alcance estatal.

 

4.– Medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro o del Tercer Sector

B) EN COMÚ PODEM

Fomentar y proteger el tercer sector de la comunicación. Los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro (el Tercer Sector de la comunicación) tienen una función insustituible en la libre expresión de los movimientos, entidades y asociaciones de la sociedad, en el amparo de la diversidad cultural y en la reflexión crítica. Por eso, es imprescindible impulsarlos y protegerlos, tal como recomiendan la UNESCO, el Consejo de Europa y otros organismos internacionales. Así, pues, haremos el posible por:
Revisar la gestión del espectro radioeléctrico para garantizar un reparto de recursos más equilibrado entre los tres sectores de la comunicación: el público, el comercial y el Tercer Sector. La revisión tiene que incluir la publicidad institucional y las ayudas públicas, como también la adjudicación de las licencias de explotación con criterios de imparcialidad, objetividad y transparencia.
● Ofrecer asesoramiento legal, fiscal, laboral y de financiación, y apoyar la creación de nuevos medios de comunicación bajo nuevas fórmulas empresariales o de gestión (cooperativas de periodistas o de usuarios y usuarias, medios sin ánimo de lucro, con financiación, vía micromecenazgo o donativos, etc.).
● Impulsar convenios de colaboración de los medios públicos con los del Tercer Sector para brindarles recursos y apoyo técnico sin comprometer la independencia.
● Crear dos canales en abierto en la TDT y en la radio con conexiones locales, gestionados en colaboración con los propios medios del Tercer Sector, como se hace en Alemania, Noruega y Finlandia, entre otros países.

 

5.– Libertad de prensa, libertad de información y transparencia

A) CIUDADANOS

II) Tolerancia cero en corrupción
Aprobaremos una Ley de Protección del Denunciante de Corrupción. Protegeremos a todas las personas que denuncien casos de corrupción u órdenes ilegales de sus superiores. Crearemos una Autoridad Independiente de Integridad Pública para erradicar la corrupción, fiscalizar a nuestros cargos públicos y garantizar que su actuación responde al interés general.

B) EN COMÚ PODEM

Derogar inmediatamente la Ley Mordaza. La Ley de seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, otorga potestad sancionadora al Ejecutivo y parece redactada como reacción a las protestas surgidas por la respuesta que el gobierno dio a la crisis económica, el movimiento 15M, las mareas, los sindicatos y otros. Una ley que pretende proteger el gobierno frente a las protestas y demandas de los movimientos sociales y que, a la vez, pretende reprimir el derecho de expresión y de manifestación de la ciudadanía. La Ley Mordaza pone en riesgo la libertad de información y la protesta pacífica, otorga más poder a las fuerzas de seguridad, limita las garantías de la ciudadanía para defender sus derechos y pone en riesgo los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

• Una justicia independiente garantía de los derechos y libertades para todo el mundo: Derogación de la Ley Mordaza.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

Reformas que legislativas recientes que hay que derogar: Entre otros, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Seguiremos aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana que garantiza el derecho de los españoles a una convivencia pacífica y apoya a la actuación legítima de las FCSE en defensa de las libertades.
Aprobaremos una nueva Ley de Protección de la Información Clasificada que sustituya la actual Ley de Secretos Oficiales y que incorpore las prácticas y estándares internacionales. Esta nueva regulación tendrá que estar adaptada a los adelantos en el tratamiento de la información.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

• Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad que sustituya la Ley Mordaza. Es posible más libertad con más seguridad.
(Incluido en el programa pero no a los «110 compromisos cono la España que quieres»)
Aprobar una nueva la Ley Integral de Protección de Testigos, Informadores y Denunciantes que supere las carencias materiales y personales de los sistemas de protección vigentes, reforzando la protección de los denunciantes de casos de corrupción, protegiéndolos de intimidaciones y represalias y preservando los datos de personales de las personas protegidas para evitar su publicidad o difusión. La Ley también introducirá las disposiciones de la directiva europea para la protección de los denunciantes, actualmente en tramitación.

 

6.– Precariedad laboral

B) EN COMÚ PODEM

Impulsar una ley que regule los derechos laborales de los y las periodistas. El colectivo de los y las periodistas está sometido a importantes condiciones de precariedad, las cuales se han agravado desde que se inició la crisis. Dotar de garantías laborales al sector permitiría que los y las periodistas pudieran ejercer plenamente su función social, aumentaría también la independencia y la capacidad de espíritu crítico. Por eso proponemos la creación de una ley que se debería centrar, principalmente, en:
● Dotar de garantías laborales a los y las profesionales en situación de desprotección de toda la cadena informativa: periodistas que cobran por pieza informativa, determinado tipo de corresponsal, becarios y becarias cuyo trabajo habría que regular, etc.
● Incorporar un Estatuto del Periodista profesional que proteja y dé garantías a los y las profesionales que trabajan en los medios de comunicación.
Derogar las reformas laborales de PP y PSOE por injustas e inútiles. Sustituir la normativa derogada por una ley que defina un sistema de relaciones laborales, garantista del derecho a un trabajo digno, en las siguientes materias: Igualdad al acceso a la ocupación, Relaciones Laborales, salarios, formación profesional, contratación, organización del trabajo, despido, negociación colectiva y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

• Una República con trabajo y salario dignos. Derogar las reformas laborales impulsadas por los gobiernos del PP y del PSOE. Devolver a la capacidad negociadora a los trabajadores, a la cultura laboral del diálogo, al respeto por los derechos adquiridos y a la la negociación colectiva.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

Modificar la reforma laboral del 2012. Hay que proceder a:
a) Establecer la primacía del convenio sectorial respecto al convenio de empresa en cuestiones claves cómo son los salarios o las horas extraordinarias. Se trata de contrarrestar aquellas subcontrataciones de servicios que tienen como única finalidad la reducción de salarios, sin más valor añadido.
b) Reforzar el papel de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de ocupación (ERE) para #promover el acuerdo entre las partes en condiciones adecuadas.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Profundizaremos los avances en flexibilidad del mercado de trabajo conseguidos con la reforma laboral de 2012. Especialmente, en aquello que se refiere a negociación colectiva, favoreciendo convenios colectivos adaptados a las necesidades reales del tejido productivo y plenamente actualizados a las necesidades de empresas y trabajadores.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Aprobaremos los cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI que se adapte a los cambios sociales, económicos y tecnológicos del mundo actual, y que compagine la com

(*) Para no generar confusión, conviene saber que el programa de En Comú Podem en Catalunya con el que presenta Podemos a nivel estatal ofrecen notorias diferencias, como mínimo en materia de derecho a la información, comunicación y periodismo. El programa de Podemos no incluye muchas de las propuestas que sí recoge En Comú Podem.

 

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No son maneras de terminar el año

Estamos a finales de 2018 y desde el derecho a la información se han acumulado las malas noticias. Y en muchos ámbitos. Primero, empezamos por los Medios Públicos. En la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) se ha vivido un pasteleo entre cuatro grupos parlamentarios para repartirse las poltronas del Consejo de Gobierno de la CCMA. La sección sindical del SPC en TV3 lo ha tildado de «estafa a la ciudadanía» y ha mostrado la «decepción ante los incumplimientos de varios grupos parlamentarios, especialmente de quienes en épocas pasadas se habían comprometido con modelos de gestión democrática, no gubernamental y no partidista, de la radiotelevisión pública que tendría que ser de todos». También han hecho críticas contundentes el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el consejo profesional de TV3 y la sección sindical de CCOO en la cadena.

Lo preocupante de todo, pero, es como señala el SPC, que «no solo se trata del pacto por el reparto de puestos en el Consejo de Gobierno, donde por fuerza había que contar con la colaboración de otros grupos, sino de que este comportará la distribución privada y en cremallera, entre JxCat y ERC, de los principales cargos de la Corporación: directores de la tele y la radio y jefes de informativos respectivos, todos en manos de profesionales de confianza del Gobierno». Es decir, que a pesar de las buenas palabras de muchos, que defienden en privado la necesidad de mejorar las emisoras de la Generalitat, los medios públicos catalanes seguirán dependiendo del Ejecutivo. Esto es un paso más para quedarse en la cola, no solo de Europa en cuanto a democratización de los medios públicos, sino también del Estado español, especialmente si lo comparamos con RTVE.

¿Cerrar Canal Sur?

No se ha llegado al extremo que en Andalucía han lanzado los líderes de Vox, con el apoyo de dirigentes del PP, después de las elecciones del 2 de diciembre, de cerrar Canal Sur, propuesta que también ha recibido el rechazo de varios sectores profesionales. El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), recuerda que la RTV pública andaluza «hace 30 años que está dando voz a sectores y territorios andaluces que en otros medios no tienen cabida porque no dan audiencia o, simplemente, no son rentables económicamente». Hay que recordar que antes de estos comicios, el PP apoyó una nueva Ley Audiovisual en Andalucía que no preveía en ningún caso su cierre.

También en Canarias pintan bastos. La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), ante la negativa de Coalición Canaria, el PP y la Agrupación Socialista de Gomera a convocar un concurso público para su Consejo Rector, afirma que «los intereses de la televisión pública autonómica, una vez más, quedan a expensas de los intereses políticos». Y en las Islas Baleares, en IB3, lo que no avanza es que los trabajadores que hacen los espacios informativos sean contratados por la misma televisión pública en lugar de estar subrogados en una productora. Esta es una de las máximas reivindicaciones del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) que hace unos pocos días ratificó en un Congreso ante el poco interés mostrado hasta ahora por las diferentes formaciones políticas para afrontar esta cuestión. En este congreso, al que tuve el placer de asistir y que supone un feliz relanzamiento del SPIB, se eligió la periodista Maria Amengual como nueva secretaria general.

Todo esto hace que el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, se pregunte, en un artículo publicado en el digital encastillalamancha.es, «¿Cuando dejarán en paz a las radios y las televisiones públicas? Mientras los políticos sigan controlando a los medios de comunicación públicos, para manipularlos en su favor, estarán haciendo un grave daño a la democracia y al derecho a la información de la ciudadanía».

La Ley Mordaza, todavía

Todo y las prometidas de varios partidos en la última campaña electoral de modificarla e incluso derogarla, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza, sigue siendo donde era. Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, el Estado ha recaudado ya 270 millones de euros. Centenares de personas denunciadas y sancionadas por unas disposiciones jurídicas cuestionadas por la práctica totalidad de organismos internacionales de los derechos humanos, empezando por la misma Naciones Unidas. El último de ellos es Juan Carlos Mohr, fotoperiodista madrileño, multado con 2.000 euros por «desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse», según ha denunciado el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).

Con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se ha empezado a negociar entre partidos la modificación de algunos artículos de la polémica Ley pero en cada sesión de conversaciones parece que se desvanece la posibilidad de cambios substanciales. Está todavía en su proceso de tramitación y habrá que ver como queda finalmente pero algunos detalles que se van conociendo no invitan al optimismo. Por ejemplo, fotografiar agentes de policía parece ser que seguirá siendo perseguible, cosa que contradice la necesidad de respetar el derecho a la información. Una ley que nació de reacción del establishment a la movilización del 15-M parece que el nuevo establishment quiere seguir utilizándola casi en todos sus preceptos represivos.

Cierre de webs sin orden judicial

El artículo 20.5 de la Constitución española dice textualmente: «Solo se podrá acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.» Ahora parece que esto cambiará gracias a un pacto político entre PP, PSOE y Ciudadanos que se ha formulado a través de una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Estas tres formaciones se han puesto de acuerdo para aprobar en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una reforma de la LPI por la que se permite el cierre de páginas webs por parte de una comisión vinculada al Gobierno sin participación judicial. Estos días, la ley está en trámite en el Senado.

Varias organizaciones, –entre las cuales hay la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Facua-Consumidores en Acción, Asociación de Internautas, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Asociación Española de Startups– han emitido un comunicado en el cual rechazan esta enmienda «porque afecta un derecho fundamental cómo es la libertad de expresión» y también va en contra del citado artículo 20.5 de la Constitución.

Agresiones a periodistas

Este 2018 también ha sido un año difícil a la hora de cubrir acontecimientos en la vía pública. En Catalunya, no solo pero sí principalmente, en actas relacionados con el que se conoce como El Procés. Ha habido muchos problemas para los profesionales de varios medios, especialmente fotoperiodistas. El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha hecho una buena recopilación al portal media.cat. El último incidente lo sufrió el fotoperiodista Albert Salamé, en la manifestación en Girona del pasado 6 de diciembre, en el curso de un acto convocado por Vox que recibió la réplica de colectivos antifascistas de la ciudad.

Un papel especial es el de la extrema derecha –a veces en forma de agentes de policía de paisano y fuera de servicio– donde la impunidad de sus acciones es muy considerable. Los periodistas Jordi Borràs y Xavier Rius Sant lo pueden documentar muy bien. Pero también ha habido incidentes en otros puntos del Estado. En Andalucía son frecuentes las quejas por los problemas que las autoridades ponen para cubrir la actualidad vinculada a la llegada de personas inmigradas.

Y, finalmente, en Francia. En el marco de las movilizaciones de los chalecos amarillos, también habido dificultades para los profesionales de la información. A las manifestaciones del pasado 8 de diciembre muchos periodistas fueron encañonados y heridos por la policía, según la crónica de Libération. Los cuatro sindicatos de periodistas franceses emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que «es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un estado de derecho, que los poderes públicos no garanticen la libertad de informar» y han pedido ser recibidos por el presidente de la República, Emmanuel Macron.

Y eso sin olvidar a los compañeros y compañeras que este 2018 han perdido la vida simplemente por hacer su trabajo de periodista, crímenes que, como ha denunciado la FIP, nueve de cada diez quedan sin resolver.

Seguiremos…

Pero solo terminar de escribir este post y publicarlo, ha estallado el último episodio: La irrupción de la Policía Nacional en dos medios baleares para incautarse de varios equipos en el marco de una operación contra la corrupción. La protección de las fuentes es un derecho esencial de los profesionales de la información en una sociedad democrática, algo que parece que algunos ignoran en la piel de toro… Y todavía quedan 20 días de 2018!

La reválida de septiembre

Escribo este artículo a finales del verano. Con muchas expectativas por lo que pueda pasar en otoño. En varios ámbitos de la vida pública. En este espacio, ya lo saben los que tienen la generosidad de leerme, se habla de información, de comunicación, de periodismo. Entre las asignaturas pendientes de siempre, me temo que en septiembre habrá que seguir repitiendo curso en la mayoría de ellas.

Pero hay una que todavía se podría aprobar. Es la reforma y democratización de los medios públicos dependientes de la Generalitat. Es decir, Tv3 y Catalunya Ràdio. ¿Han estudiado lo suficiente los que tienen que aprobar esta materia? Hablamos de los dos partidos del Gobierno de Catalunya, ERC y Junts per Catalunya, de si han aprovechado el verano para hacer los deberes.

El comité de empresa de TV3 y la sección sindical del SPC en TV3 denunciaban a lfinales del mes de julio que «los partidos del gobierno catalán tienen acuerdos privados para repartirse TV3 y Catalunya Ràdio», según el comunicado del comité. El SPC, a su vez, se quejaba que «no puede ser que sea un secreto a voces que los partidos del Gobierno mercadean con unos medios que son de toda la ciudadanía, que es la que los financia».

En julio trascendieron algunas informaciones –no desmentidas por ningún miembro del Gobierno– que los dos partidos del Ejecutivo se estaban repartiendo los cargos de TV3 y de Catalunya Ràdio cómo si fuera un departamento más de la Generalitat. Los trabajadores de los medios reaccionaron para denunciarlo y pedir explicaciones.

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se dirige desde un Consejo de Gobierno donde sus miembros tienen el mandato caducado desde el pasado mes de marzo. Los intereses políticos que hay detrás han hecho que hasta ahora no haya prosperado ningún acuerdo para renovarlo. Incluso está en cuestión el sistema de votación, a pesar de que el Parlament aprobó hacerlo por mayoría cualificada.

No sé si será un exceso de ingenuidad por mi parte esperar que este verano los que tienen que aprobar la asignatura de la democratización de los medios públicos –en otros lugares del Estado español han puesto las bases para hacerlo– habrán estudiado lo suficiente como hacerlo. Pero viendo el cambio de rumbo en RTVE o en otras radiotelevisiones autonómicas, el Gobierno catalán no puede permitir que los medios de la CCMA queden casi a la cola de España cuando en algunos momentos habían sido líderes. En septiembre haría falta un nuevo rumbo para TV3 y Catalunya Ràdio. ¿O tendremos que volver a repetir curso?

Artículo publicado en el número 10 de la revista ‘Utopía’ –revista de las comarcas de la Selva Marítima y el Alto Maresme– en la edición de este mes de septiembre.

Una nueva etapa

De izquierda a derecha, Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny, los tres presidentes que ha tenido el SPC antes que yo. Foto: TAV

El sábado 14 de abril se celebró el VIII Congreso del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). Entre las cuestiones que decidió hay una que me afecta personalmente porque me eligieron como nuevo presidente de la organización. Para mí es un reto importante, no tanto por el volumen de trabajo a realizar, que de esto ya iba sobrado, sino por la responsabilidad y por lo que significa de confianza de los compañeros y compañeras hacia mí. Sólo aspiro que de aquí a cuatro años haberme hecho merecedor de ella.

En primer lugar quiero agradecer a las personas que han aceptado acompañarme y que conjuntamente haremos equipo para tirar adelante este proyecto, que encaramos con ilusión y ganas de contribuir a la mejora global de la profesión. Una lista con gente joven, especialmente mujeres, signo de una necesaria renovación. Luchar contra la precariedad laboral y, en especial, la que afecta a los periodistas a la pieza y freelance; y conseguir de una vez por todas la regulación de la profesión para tener las herramientas suficientes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad son los ejes principales. Pero no los únicos.

Lograr estos retos no es una cuestión que implique sólo al sindicato. Desde el año pasado, el SPC ha impulsado una unidad de acción con otras organizaciones del sector, como la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Som Atents y Solidaritat i Comunicació (SiCom) y más que quieran añadirse a trabajar conjuntamente. Se han tirado adelante varias iniciativas, algunas de las cuales han culminado en la aprobación en la Asamblea Abierta de Periodistas del pasado 11 de noviembre del manifiesto «15 acciones para un periodismo digno», que el Congreso del SPC asumió. También lo hizo con las reivindicaciones de las mujeres periodistas planteadas el pasado 8 de marzo.

Las acciones necesarias para hacer un periodismo digno dependen de diferentes administraciones e instituciones. Exigir que sus gestores impulsen los cambios que se derivan implica al conjunto del sector. Cada vez somos más pidiéndolo. Pero todavía debemos ser muchos más. Los poderes que se oponen a nuestras reivindicaciones son fuertes y poderosos. Y por lo tanto, nuestras organizaciones también deben serlo. Todas. Y el SPC también. Debemos tener muchos más compañeros y compañeras afiliadas al sindicato para tener la fuerza suficiente, conjuntamente con el resto de entidades, para conseguir la protección social de los colaboradores y colaboradoras, el desarrollo del artículo 52 del Estatuto para regular en Catalunya el derecho a la información de la ciudadanía de manera similar a cómo lo está a muchos países de todo el mundo. Para disponer de unos medios públicos despartidizados al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos de turno. Para que las prácticas de los estudiantes no se conviertan en un abuso laboral. Para que el conjunto de los medios de comunicación no estén al servicio de intereses políticos, económicos y empresariales espurios como pasa actualmente en una gran mayoría de empresas informativas. Para que se retiren las leyes mordaza que encarcelan quién dice cosas que no gustan a quienes mandan, y para que los y las fotoperiodistes puedan trabajar sin la amenaza de recibir garrotazos impunemente. El reconocimiento efectivo del Tercer Sector de la comunicación, que trabajar en un medio sin ánimo de lucro no significa que la gente que los produce no tenga que vivir de ellos. Y así hasta las quince acciones de las que hablaba más arriba.

Para mí ser presidente del SPC lo vivo como una oportunidad de devolver a la profesión muchas cosas que me ha dado. He aprendido mucho de compañeros y compañeras, tanto en los medios donde he trabajado cómo de los que lo hacían en otras empresas y hemos coincidido más o menos a menudo en el ejercicio de nuestra tarea profesional. También con todo el mundo con quien he compartido activismo en el sector. A todos ellos y ellas les pido ahora que me ayuden –que nos ayuden– a revertir la difícil situación en que está hoy el periodismo en Catalunya y en España. No es que afuera todo sea música celestial, pero al menos en muchos lugares tienen herramientas de las que nosotros no disponemos, la regulación laboral del periodismo y la del derecho a la información. Y en este contexto la ayuda para lograr estos retos sería su afiliación al sindicato. Nos permitirá a todos juntos ser más fuertes.

No quiero acabar este artículo sin agradecer a mis predecesores lo que he aprendido con ellos. Han presidido el sindicato Enric Bastardes (1993-2001), Dardo Gómez (2001-2009) y Ramon Espuny (2009-2018). Con la ayuda de todo el mundo que ha pasado por las juntas ejecutivas que han liderado han convertido el sindicato en uno de los referentes de la profesión. Ahora todo es muy distinto de cómo lo era cuando constituimos el sindicato hace 25 años. Las nuevas tecnologías, los nuevos usos informativos de la sociedad, la crisis de la prensa en papel, el descrédito de la profesión, la crisis…, han cambiado el sector de pies a cabeza. Seguramente hay que modernizar estrategias y maneras de trabajar, pero el SPC sigue siendo una herramienta útil. Un sindicato no es más que una asociación de personas que se agrupan para defender sus intereses comunes. Y esto es lo que somos y lo que hacemos. Si el SPC no existiera, habría que inventarlo. En cualquier caso, compañeros y compañeras, estoy a vuestra disposición.

La información en los programas electorales del 21-D

Los programas electorales de las diferentes candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre incluyen varios aspectos relacionados con la información y la comunicación. En general, como podréis ver, al margen de unas pocas excepciones, hay muy pocos compromisos concretos. En este artículo no pretendo incluirlos a todos, ya que me centraré en los que están más directamente vinculados al periodismo y al derecho a la información. Hay otros aspectos igualmente importantes –los medios públicos como vehículo de difusión lingüístico, la CCMA como dinamizador industrial, la industria audiovisual, los diferentes planteamientos sobre el espacio de comunicación catalán…– pero quedan fuera del objeto de este blog, centrado esencialmente en el derecho a la información. Pero lo podéis encontrar todo en este documento que recoge el conjunto de los programas electorales en información y comunicación, elaborado por el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC).

Así, me dedicaré a repasar, pues, que propone cada candidatura sobre las cuestiones para mí más importantes:

1.– Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)

A) CUP

• Promoveremos unos medios de comunicación y de información públicos y de gestión pública como herramienta necesaria para garantizar el derecho a la información y el pluralismo político y social. Para asegurar su independencia y calidad, hay que alejarlos del control de los partidos políticos y de los intereses de los lobbies empresariales capitalistas. Por eso los órganos de dirección de los medios de comunicación públicos tienen que ser elegidos por amplias mayorías parlamentarias que eviten su gubernamentalización. Así mismo, para consolidar la profesionalidad e independencia hay que promover la participación de los trabajadores en los órganos de dirección a través de la cogestión.

B) Catalunya en Comú – Podem

• Defendemos la independencia de los medios de comunicación respecto de los poderes políticos y económicos y por eso apostamos por la desgubernamentalización de los medios públicos.
Reformar la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para blindar la independencia, neutralidad e imparcialidad de la televisión de las emisoras de radio y de todas las plataformas de comunicación de la Generalitat.
Asegurar el respeto a la independencia de los medios, tanto de los públicos como de los privados, ante los poderes políticos y económicos, y, en este sentido desgubernamentalizar TV3 y los otros medios de la CCMA, como también la ACN, como condición imprescindible para garantizar la independencia, la profesionalidad, la pluralidad, el rigor y la imparcialidad.
Establecer mecanismos de cogestión para incorporar las personas trabajadoras en los espacios de decisión y gestión.
La elección del presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno con mayoría cualificada y a través de un procedimiento de hearing o examen público.
• La garantía que la CCMA recibirá los recursos necesarios para hacer una programación de calidad, competir con los grandes medios privados y afrontar las transformaciones tecnológicas. El sistema de financiación tiene que ser transparente y fijado por contrato programa y una evaluación de rendimientos que no se base sólo en las audiencias y los costes, sino también en indicadores de rentabilidad social.
• El establecimiento de mecanismos que permitan la participación de la audiencia con fórmulas como el registro de usuarios únicos y, sobre todo, el ejercicio efectivo del derecho de acceso, cosa que exige la reforma de la Ley 11/2007.

C) Ciudadanos

Garantizaremos la pluralidad e independencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Llevaremos a cabo una política de medios de comunicación basada en la objetividad informativa y la excelencia en la profesión periodística. Modificaremos el sistema de elección del Presidente y el Consejo de Gobierno de la CCMA para tener una televisión y una radio públicas de todos los catalanes y no de un Gobierno, tal y como Cs ha defendido también en la reforma de la Corporación de RTVE en el Congreso de los Diputados.
Aseguraremos unos medios basados en la neutralidad, la pluralidad y lo respeto. TV3 y Catalunya Ràdio son la televisión y la radio de todos los catalanes y eso debe reflejarse en su programación y en su gestión. Todas las opiniones deben tener cabida, pero también debe quedar claro qué es opinión y qué es información para garantizar un servicio público neutral y libre de sesgo político.
Garantizaremos la despolitización de la programación dirigida a los menores de edad. Se inadmisible que se uso la programación infantil de los medios de comunicación públicos cono el objetivo de manipular a los menores de edad cono propaganda independentista explícita o encubierta en supuestos contenidos educativos. Garantizaremos que la programación infantil esté libre de ideologías partidistas.

D) ERC

Dotaremos a la Corporación catalana de medianos públicos audiovisuales (CCMA) con los recursos suficientes para un proceso de actualización necesario. La aportación pública se tenderá a equiparar a la media europea que se destina a las corporaciones audiovisuales nacionales, tomando como referencia los indicadores que periódicamente publica el observatorio Europeo del Audiovisual. Esta aportación tendría que garantizar, a través de la mejora de la eficiencia organizativa, el equilibrio financiero de la CCMA y su sostenibilidad preservando siempre las misiones de servicio público encargadas.
• Continuar dando preferencia a unos de los compromisos de servicio público de la CCMA: unos servicios informativos de calidad y equilibrada desde un punto de vista territorial todo incluyente indicadores de seguimiento específicos a través del contrato-programa.
• Fijar como prioridad estratégica el área de contenidos infantiles como uno de los grandes valores añadidos de la CCMA.
• Dar un salto cuantitativo en la difusión específica de contenidos culturales y musicales de nuestro territorio y a los más alternativos o minoritarios.
• Profundizar en los criterios de renovación, transparencia y profesionalidad en la elección de los miembros del Consejo de gobierno de la Corporación.
• Un contrato-programa tendría que recoger el compromiso explícito de elaborar un nuevo plan estratégico de la CCMA que establezca las prioridades para los próximos años.

E) Junts per Catalunya

• Los medios públicos de comunicación deben cumplir siempre con su vocación de servicio público planteando una oferta plural, de calidad y en catalán que tenga como ejes principales la información, la cultura, el entretenimiento y la educación.
Potenciar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para que continúe siendo referente y líder en la sociedad catalana y siga siendo gestionada con criterios de independencia, profesionalidad y viabilidad económica.

F) PP

• Haremos de TV3 y de Catalunya Ràdio unos medios plurales al servicio de una información veraz y neutral. Potenciaremos el perfil profesional e independiente del ente. Ajustaremos el gasto en los medios de comunicación públicos y las retribuciones de sus altos directivos; limitaremos también la producción externa de su presupuesto.

G) PSC

• Elaboraremos un plan estratégico de la CCMA que responda a los objetivos iniciales de la Corporación.
• Trabajaremos para garantizar el rigor informativo y el pluralismo especialmente de los medios de comunicación de titularidad pública, dando valor a la autoridad profesional como elemento básico de la profundización democrática. Trabajaremos para que los recursos humanos y técnicos propios de los medios públicos estén en condiciones de ofrecer una programación y una información de calidad y plural.

 

2.– Regulación de la comunicación. Artículo 52 del Estatuto

A) Catalunya en Comú – Podem

Garantizar los derechos a la información y la comunicación. Respetar y aplicar el principio consagrado al artículo 52 del Estatuto que establece que todas las personas tienen el derecho de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censuras ni trabas, mediante todas las plataformas existentes, en el marco del respecto a la libertad y los derechos humanos.

B) PSC

Los medios de comunicación producen información de interés general que tiene que ser considerada un bien público y, por lo tanto, sometida a algún tipo de protección para garantizar su profesionalidad, pluralidad y diversidad.

 

3.– Política Audiovisual. Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)

A) Catalunya en Comú – Podem

Reformar la Ley 22/2005 de medios audiovisuales de Cataluña y aprobar el decreto que la desarrolle, para garantizar de manera efectiva el principio que “todas las personas tienen el derecho que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos y comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”.
Blindar la plena independencia del CAC y, a la vez, impulsar un acuerdo parlamentario para poner en marcha un órgano que garantice el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía, siguiendo modelos como los de Alemania, Reino Unido y Noruega. El nuevo órgano, que podría sustituir el CAC y asumir las competencias, determinaría la composición y funciones de los consejos de administración de los medios públicos, fijaría los criterios de concesión de ayudas de la Administración al conjunto de los medios y formularía propuestas de promoción del tercer sector de la comunicación, entre otras funciones.

B) Ciudadanos

Cerraremos el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC). Hasta hoy el CAC se ha comportado como un órgano político en el espacio de comunicación catalán frente a los medios que no comulgan cono el nacionalismo y lo independentismo y no ha estado a la altura en las numerosas ocasionas en las que se han producido situaciones de falta de neutralidad y de pluralidad en los medios de comunicación públicos de Cataluña.

C) ERC

• Un Pacto Nacional del Audiovisual que propicie la Ley del Instituto Catalán del Audiovisual (…) y la creación de un Instituto Catalán del Audiovisual para apoyar a la industria audiovisual.

D) PSC

Reforzaremos las instituciones de garantía del pluralismo y la diversidad en el ámbito de los medios públicos.
Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña por, entre otros cuestiones incorporar los adelantos de la Ley estatal 7/2010 y de la Directiva de Servicios de Comunicación audiovisual en su última formulación.

 

4.– Medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro y Tercer Sector

A) CUP

• Otra herramienta comunicativa para garantizar el derecho a la información y promover el pluralismo son los medios de comunicación comunitarios. (…) Tenemos que alentar y potenciar la creación de estos espacios cooperativos, defender su independencia y facilitar su acceso a la información interna y externa.
• Defenderemos que el espacio radioeléctrico sea ocupado por los tres tipos de medios (públicos, comunitarios y privados) a partes iguales, un tercio para cada uno.

B) Catalunya en Comú – Podem

• Apostamos para promover y proteger los medios sin ánimo de lucro y, en general, los que son resultado de la autoorganización de los ciudadanos que ejercen el derecho a ser emisores de información y a constituir y gestionar medios de comunicación propios por cualquier de las plataformas existentes.
Apoyar el emprendimiento en el sector de la comunicación para contribuir a aumentar la diversidad de la oferta y apostar por nuevas fórmulas empresariales y de gestión, como las cooperativas de periodistas y usuarios, los medios con vocación de servicio público y los sistemas de financiación mixta vía micromecenazgo.
Fomentar y proteger los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro, que tienen una función insustituible en el amparo de la diversidad cultural y en la implicación directa de la ciudadanía en el proceso de comunicación social, en el fomento de la alfabetización mediática y en la reflexión crítica.

C) ERC

• Hay que intentar reflejar las nuevas realidades empresariales aparecidas en el ámbito del medios de comunicación como por ejemplo el asociacionismo y cooperativismo.
• Habrá que reflejar las medidas de fomento previstas en el proyecto de Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios sin ánimo de lucro impulsado en la última legislatura desde la Secretaría de Comunicación y su Dirección general de medios de Comunicación para la plena incorporación de estos medios del Tercer Sector a la realidad comunicativa del país.
• Terminar definitivamente el Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios de Iniciativa Social una vez superados los últimos trámites interrumpidos por el final de la legislatura.

D) PSC

• Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña para velar para que los procesos de otorgamiento y renovación de licencias sean efectivamente abiertos, transparentes y competitivos, y garanticen la igualdad de condiciones para las diferentes voces, así como la reserva de un espacio para el Tercer Sector.

 

5.– Transparencia

A) Catalunya en Comú – Podem

Reformar el sistema de publicidad institucional, para poner fin al reparto basado con el amiguismo y el modelo de clickbaits, para garantizar criterios objetivos de transparencia y equidad y para hacer que las subvenciones estructurales para el uso del catalán incluyan todos los medios.

B) Ciudadanos

Acabaremos con la publicidad institucional repartida a dedo para financiar medios afines a la causa independentista. (…) Algunos de ellos viven prácticamente en exclusiva de las subvenciones de la Generalitat. Reduciremos la financiación destinada a publicidad institucional y aseguraremos que su reparto se realice siempre por procedimientos transparentes y atendiendo únicamente a criterios objetivos de difusión.

 

6.– Precariedad laboral

A) Catalunya en Comú – Podem

• Hace falta, al mismo tiempo, que el colectivo de los y las periodistas tengan garantizados sus derechos laborales, puesto que sólo así podrán ejercer plenamente su función social con independencia y espíritu crítico.

 

Apuesta por una radiotelevisión democrática

Un grupo de expertos de diferentes ámbitos acaba de hacer público el informe Diagnóstico del servicio público de Radio, Televisión y servicios interactivos. Propuestas para una ciudadanía democrática. En este estudio se constata «el deterioro del espacio público democrático en cuanto a pluralismo y diversidad, y especialmente la fuerte degradación de su servicio público en términos de audiencia, credibilidad y sostenibilidad financiera, con grave peligro de marginalidad en el próximo futuro.». Este trabajo ha sido publicado en la web Teledetodos donde se puede descargar el informe completo y también su versión reducida.

Esta web es el espacio «de un grupo de estudio que agrupa a profesionales, académicos, investigadores y a todos aquellos ciudadanos o colectivos interesados en un auténtico servicio público de comunicación audiovisual y multimedia». Entre sus objetivos hay el derecho a una comunicación de servicio público en una sociedad democrática, la rentabilidad del servicio público de comunicación audiovisual y multimedia, o la defensa y promoción del servicio público audiovisual y multimedia.

Este informe ha sido elaborado por Enrique Bustamante, Rafael Díaz Arias, Pedro Soler, Manuel Aguilar y Marcel Camacho, con la colaboración de otros profesionales. El trabajo consiste en hacer un diagnóstico de la situación actual de la radiotelevisión en España y propone varias líneas de actuación. Por un lado se reconoce el debilitamiento constante y progresivo de la oferta pública, mediante la reducción sistemática de sus recursos económicos y haciéndola cada vez más dependiente del poder político. Por otro lado se constata la concentración de la oferta privada en dos grandes grupos de comunicación, con lo que ello de pérdida de pluralismo. También se hace referencia al incumplimiento generalizado de las normativas europeas sobre la materia.

Así, los autores explican que «el dictamen que proponemos parte de dos principios básicos, una apuesta decidida por la comunicación de servicio público y la convicción que para tener una mirada critica antes hay que estar dispuestos a edificar. Los promotores de este informe tenemos ideas comunes, pero también diversas sobre el modelo de radiotelevisión pública, pero si en algo coincidimos plenamente es en la necesidad de abrir un debate con la ciudadanía y con los grupos políticos que pueden determinar un modelo democrático, sostenible y de calidad que ya no puede esperar por más tiempo.»

Este es uno de los trabajos más completos que se han hecho sobre esta cuestión. Pero no es el único. La alarma sobre el empobrecimiento democrático del sistema de radiotelevisión en España hace tiempo que se expresa desde varios ámbitos. Una de las últimas advertencias, en el mes de julio pasado, es del Instituto de Prensa Internacional (IPI). También la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha pedido «televisiones sostenibles, independientes, neutrales y con participación social.» Esto mismo lo han reclamado insistentemente varias organizaciones profesionales y sindicales del ámbito de la comunicación. Entre estas, el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), a las que pertenezco y en cuyas webs se pueden encontrar numerosas referencias, como también en la del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC).

En la pasada primavera hubo elecciones municipales, y autonómicas en distintos puntos de España. De manera inminente, Cataluña eligirá sus nuevos representantes en el Parlament mientras que en pocos meses se divisan los comicios a nivel estatal. Se ha explicado abastamente en este blog los déficits del Estado español y de Cataluña en materia de garantía del derecho a la información y este ciclo electoral es un buen momento para darle a la situación. Propuestas no  faltan.

Una película semiclandestina

Estos días se está celebrando el festival de cine de San Sebastián, uno de los más prestigiosos a escala internacional. En el certamen se ha podido ver fuera de concurso una película catalana, Ciutat morta, dirigida por Xavier Artigas y Xapo Ortega. Está basada ente unos hechos sucedidos en Barcelona el 4 de febrero de 2006, cuando la Guardia Urbana desalojó un edificio ocupado, el Palau Alòs, en la calle Sant Pere Més Baix, al lado del Palau de la Música. Esta acción derivó en un enfrentamiento entre los agentes y ocupantes cuyo resultado fue que uno de los policías quedó gravemente herido y en estado de coma a consecuencia del impacto de una piedra en la cabeza, y varios jóvenes fueron detenidos y posteriormente encarcelados. El asunto se convirtió en una cuestión de presunta corrupción policial cuando las versiones de unos y otras no coincidieron y todavía se  añadió más tragedia cuando una de las chicas implicadas, Patricia Heras, se suicidió en 2011 durante un permiso penitenciario. Heras había sido condenada por tirar una piedra, extremo que ella negó siempre asegurando que nunca había estado en el lugar de los hechos. El lunes 22 de septiembre Ciutat morta –centrada en la vida de Patricia y su faceta de poeta– fue exhibida en San Sebastián.

Los responsables de la película se quejaron a lo largo de todo el día a través de las redes sociales que la televisión y la radio pública catalana les habían ignorado, sin hablar del film. Tampoco lo hicieron gran parte de los medios privados. Cabe recordar que Ciutat morta había sido presentada en el festival de Málaga este mismo año donde  fue galardonada como el mejor documental. Sólo por noche, el informativo de Catalunya Ràdio, Catalunya vespre, incluyó unas declaraciones de Xavier Artigas. Según Media.cat, TV3 emitirá la película durante la temporada 2014-15.

El caso contrasta con otras películas catalanas en otros festivales que han obtenido un eco mucho más considerable por parte de los medios catalanes. Ciutat morta se adentra en los aspectos más turbios del poder y esta circunstancia seguramente ha hecho más incómodo hacerse eco de ella porque saca a a la luz un episodio con aspectos bastante controvertidos sobre la actuación policial. TV3 y Catalunya Ràdio, en relación a otros medios públicos, se han ganado merecidamente un prestigio. También en relación a una gran parte de medios privados, tan obligados como los públicos a no manipular, a no tergiversar ni ocultar informaciones de relevancia. Por eso quedan en evidencia cuando una película tan molesta como esta no recibe el mismo trato que otros filmes en situaciones similares.

Seguramente este no es uno de los grandes temas del momento pero el derecho a la información de la ciudadanía también se viste con todo aquello que la cotidianidad nos ofrece. Y en un contexto como el actual de una cierta involución democrática en Catalunya y en España, pasar por alto una historia con presuntos abusos policiales de trasfondo ensucia las mejores trayectorias. No sabremos si el Catalunya vespre habló de la película por interés propio o por el alboroto suscitado en las horas previas pero siempre se podrá pensar que Ciutat morta –que, por otro lado, recuerda el título de una excelente ópera de Erich Wolfgang Korngold– ha sido desterrada por los medios por su temática crítica con el poder. Y en una sociedad democrática esto no es lo mejor que puede pasar.