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25 años no son nada…

Los días 19 y 20 de junio de 1993 yo era uno de los asistentes al Congreso Constituyente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), en el centro cívico de les Cotxeres de Sants, bajo la presidencia honorífica del veterano Josep Maria Lladó. Mi participación era la de uno más en los debates. El único protagonismo fue formar parte de la comisión de recuento que certificó la elección de Enric Bastardes como primer presidente del SPC.

Ahora, 25 años después, tengo el privilegio y la responsabilidad de ser el presidente de la organización. Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny han dirigido las diferentes juntas ejecutivas que ha habido desde entonces y que han convertido –entre todos y todas– el sindicato en un referente indispensable de la profesión. A mí me toca no estropearlo. Y creo, modestamente, que desde que fui elegido en el VIII Congreso celebrado el pasado 14 de abril, la Junta que lidero está haciendo muy buena labor gracias a la gente que la integra.

Pero para llegar a este punto se ha trabajado mucho en años anteriores. No lo detallaré aquí. La página web del SPC es testigo de todo ello. Pero sí querría destacar una cuestión: el papel decisivo del Sindicat de Periodistes de Catalunya para que hoy el Estatuto de Cataluña incluya un artículo 52 que establece cuáles son los deberes de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Durante su elaboración en el proceso participativo abierto por el Gobierno catalán aportamos las propuestas necesarias para ue así fuera. Los redactores del Estatuto lo incorporaron al texto final, que a pesar de ser uno de los artículos impugnados por el PP como anticonstitucionales, quedó incorporado tal cual salió de fábrica en la versión final. Ahora sólo falta que el Gobierno o los grupos parlamentarios lo desarrollen legislativamente  para hacer efectivo este derecho de la ciudadanía. Y no será porque no se haya pedido y presentado propuestas y documentación para que lo puedan hacer…

La profesión vive momentos difíciles. La precariedad laboral y la desregulación de los y las periodistas a la pieza, la falta de credibilidad de la profesión y de los medios de comunicación españoles según revelan varios sondeos de opinión, el desprecio de las empresas de comunicación por un periodismo de calidad priorizando la cantidad pagada a precios irrisorios y que el fotoperiodismo está pagando más duramente; la falta de respeto por los derechos de autoría, por los derechos laborales… Es un largo listado.

Muchos han dado la culpa a la crisis, a las nuevas tecnologías de la información, al cambio de los usos informativos o a las redes sociales. La crisis del periodismo, sin embargo, empezó mucho antes. Pero una ficticia bonanza económica en los medios hizo que todo el mundo o casi todo el mundo mirara hacia otra banda. La crisis, lo único que ha hecho es mostrar las fragilidades y las miserias con toda su crudeza. Y ahora se pagan las consecuencias con dos víctimas principales: unos trabajadores y trabajadoras inmersos en una precariedad cada vez más intensa, y la ciudadanía, que ve como su derecho a recibir una información veraz, plural y de calidad le ha sido hurtado.

Y los autores de este hurto son los propietarios de los medios de comunicación, y también el poder político que actúa como cómplice necesario, puesto que no ha hecho casi nada hasta ahora para garantizar este derecho universal humano a la ciudadanía. El año 1993, el Consejo de Europa aprobó por unanimidad el Código Europeo de Deontología del Periodismo, un texto que podríamos considerar casi revolucionario.

En su artículo 15 dice: «Ni los editores o propietarios [de los medios] ni los periodistas tienen que considerarse amos de la información. Desde la empresa informativa la información no tiene que ser tratada como una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las mismas tienen que estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos por publicidad.» En su artículo 11 establece bien claramente que «las empresas periodísticas se tienen que considerar como empresas especiales socioeconómicas, los objetivos empresariales de las cuales tienen que quedar limitados por las condiciones que tienen que hacer posible la prestación de un derecho fundamental». Esto lo votaron todos los partidos y todos los países del Consejo de Europa, incluidos los españoles. Pero lo tienen oculto, pero no desfalleceremos en seguir recordándolo y a reclamar que se devuelva la información a su legítimo propietario, la ciudadanía.

Nuestro lema por estos cinco lustros de trabajo es «Ya tenemos sólo 25 años». Para coger fuerzas por todo el trabajo que tenemos que hacer como mínimo en los próximos 25 años podéis venir el lunes 5 de noviembre a celebrarlo con nosotros en el centro cívico Parc Sandaru.

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La lacra del acoso en las redes sociales, especialmente a mujeres y a ‘freelance’

El Instituto Internacional de Prensa (IPI, en sus siglas en inglés) ha impulsado un proyecto para evaluar la situación del acoso a periodistas en las redes sociales, especialmente mujeres, y también especialmente, freelance. Este estudio se desarrollará en seis países europeos, España, Finlandia, Reino Unido, Polonia, Alemania y Holanda. De todas maneras, finalmente podría haber algún cambio porque no se descarta que se haga también en Serbia o Eslovaquia dados los problemas que se han detectado últimamente para los profesionales de la información en estos países.

El proyecto tiene por nombre On the line y su objetivo es encontrar qué herramientas pueden ser efectivas para prevenir o limitar los efectos del acoso en las redes. El trabajo consistirá en visitas y entrevistas en profundidad a medios y periodistas de los países seleccionados. Además, el IPI también organizará sesiones de focus group con mujeres periodistas y profesionales independientes para recopilar datos adicionales sobre los mecanismos adoptados o su ausencia.

Esta última semana han empezado la primera de las visitas, que ha sido en España. Del 23 al 25 estuvieron en Madrid y el 26 y 27 en Barcelona. La coordinación de esta misión del IPI en Madrid y Barcelona la ha hecho la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). En la capital catalana, se han ocupado del focus group el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) –que a través de la Federación de Sindicatos de Periodistas es una de las entidades fundadoras de la PDLI– y el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ha cedido el espacio donde realizarlo.

Como disuadir al acosador
Cómo explica la PDLI, «entre otras muchas cuestiones, se analizarán qué medidas se pueden tomar para disuadir los posibles assetjadors de participar en los foros de comentarios de los medios digitales sin sacrificar la libre expresión o qué pasos tiene que dar lo/la periodista frente al abuso en redes sociales.» Con las mejores prácticas, el IPI creará una plataforma de recursos de ámbito europeo para compartir las soluciones más eficaces, de forma que puedan ser adoptadas por otros medios. Las recomendaciones estarán dirigidas tanto a medios de comunicación como a periodistas freelance.

En Barcelona la sesión del focus group se hizo el viernes 27 de abril y participaron las periodistas Mercè Molist (periodista freelance), Susana Pérez (profesora en la URL y periodista freelance), Victòria Miró (redactora de Tecnología en TV3) y Michele Catanzaro (especialista en Ciencia en El Periódico). El conductor de la conversación fue el consultor del IPI que dirige el trabajo, Javier Luque. Pude asistir al encuentro, que fue de gran interés.

Todos los participantes aportaron sus experiencias en las redes y su conocimiento en la materia a raíz de su tarea periodística en este ámbito. Más allá de las historias particulares, lo más relevante son las consecuencias que el acoso comporta y las soluciones para superarlo y, sobre todo, evitar los ataques. Más allá de los efectos más personales en angustia, inquietud e incluso miedo, destacan los cambios en los hábitos de comunicación. También en el comportamiento en las redes sociales, que se traduce a menudo en autocensura.

Otro aspecto a tener en cuenta es la soledad en que a veces se tienen que afrontar estas situaciones. En este sentido se destacó que está organizado y encontrar el apoyo de las asociaciones a las cuales la persona afectada puede pertenecer podría ser una ayuda. Una cuestión que a menudo contribuye a facilitar la tarea de la assetjador es el poco conocimiento que en general los periodistas tienen de las herramientas informáticas para proteger sus equipos y sus comunicaciones. En este aspecto dar formación a los profesionales sobre estas cuestiones sería de gran utilidad así como algún tipo de manual de instrucciones sobre como gestionar estas situaciones.

El agravante de ser mujer
Luque aportó un vídeo hecho por el IPI sobre mensajes reales que las mujeres periodistas acosadas en las redes han recibido en sus móviles u otros equipos tecnológicos en los últimos tiempos. Son de una brutalidad escalofriante, con amenazas gravísimas y los peores insultos que se puedan imaginar. Luque recordó el caso de Selin Girit, periodista turca corresponsal de la BBC que, a raíz de una campaña impulsada por el propio alcalde de Ankara, fue objeto de una fortíssima campaña en las redes sociales que duró semanas y que suponían que cada minuto tenía en su teléfono cinco amenazas de muerte o de violación. Girit había informado de las protestas ciudadanas contra el régimen turco y la respuesta del alcalde de Ankara, Ibrahim Melih Gokcek, fue acusarla de espía británica. Los hechos se remontan al mes de junio del 2013.

El caso es que según las experiencias recogidas, los ataques en las redes contra periodistas son de distinta naturaleza en función de si se es hombre o mujer. Las mujeres reciben principalmente insultos de carácter sexual, amenazas de violación, de muerto, de ataques a su familia… En el caso de los hombres las agresiones digitales buscan básicamente la desacreditación profesional. La soledad de la cual hablaba antes también tiene más efecto si las personas afectadas trabajan a la pieza, es decir, son freelance. Cuanta menor es la vinculación con el medio o medios con los que se trabaja, más difícil es que les arrope. Por eso, en estos casos, pertenecer a una organización profesional puede ayudar en este aspecto.

No le digas «’troll’», dile «acosador».
Por la tarea que el IPI –y también otras organizaciones, como la OSCE– ha hecho sobre estas cuestiones, Luque reclama un cambio de terminología «que diga las cosas por su nombre». Así, no se debería hablar de «trolls», sino de «agresores digitales». Explica que «troll» es un término que se ha popularizado «y a veces cae bien decirle a alguien que lo es. Es una expresión que mola». En inglés «se utiliza on line abusers, es decir, agresores o acosadores digitales». También defiende que no se hable de «víctimas», sino «de objetivos» o, según el término en inglés, «targets». Decir «víctima» puede culpabilitzar a la persona afectada y no tendría que ser así.

La previsión del IPI es haber realizadp a finales de septiembre las visitas en todos los países que forman parte del proyecto y haberlo terminado del todo a finales de año. En las próximas semanas, Luque redactará el informe relativo a su visita a España.

Una nueva etapa

De izquierda a derecha, Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny, los tres presidentes que ha tenido el SPC antes que yo. Foto: TAV

El sábado 14 de abril se celebró el VIII Congreso del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). Entre las cuestiones que decidió hay una que me afecta personalmente porque me eligieron como nuevo presidente de la organización. Para mí es un reto importante, no tanto por el volumen de trabajo a realizar, que de esto ya iba sobrado, sino por la responsabilidad y por lo que significa de confianza de los compañeros y compañeras hacia mí. Sólo aspiro que de aquí a cuatro años haberme hecho merecedor de ella.

En primer lugar quiero agradecer a las personas que han aceptado acompañarme y que conjuntamente haremos equipo para tirar adelante este proyecto, que encaramos con ilusión y ganas de contribuir a la mejora global de la profesión. Una lista con gente joven, especialmente mujeres, signo de una necesaria renovación. Luchar contra la precariedad laboral y, en especial, la que afecta a los periodistas a la pieza y freelance; y conseguir de una vez por todas la regulación de la profesión para tener las herramientas suficientes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad son los ejes principales. Pero no los únicos.

Lograr estos retos no es una cuestión que implique sólo al sindicato. Desde el año pasado, el SPC ha impulsado una unidad de acción con otras organizaciones del sector, como la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Som Atents y Solidaritat i Comunicació (SiCom) y más que quieran añadirse a trabajar conjuntamente. Se han tirado adelante varias iniciativas, algunas de las cuales han culminado en la aprobación en la Asamblea Abierta de Periodistas del pasado 11 de noviembre del manifiesto «15 acciones para un periodismo digno», que el Congreso del SPC asumió. También lo hizo con las reivindicaciones de las mujeres periodistas planteadas el pasado 8 de marzo.

Las acciones necesarias para hacer un periodismo digno dependen de diferentes administraciones e instituciones. Exigir que sus gestores impulsen los cambios que se derivan implica al conjunto del sector. Cada vez somos más pidiéndolo. Pero todavía debemos ser muchos más. Los poderes que se oponen a nuestras reivindicaciones son fuertes y poderosos. Y por lo tanto, nuestras organizaciones también deben serlo. Todas. Y el SPC también. Debemos tener muchos más compañeros y compañeras afiliadas al sindicato para tener la fuerza suficiente, conjuntamente con el resto de entidades, para conseguir la protección social de los colaboradores y colaboradoras, el desarrollo del artículo 52 del Estatuto para regular en Catalunya el derecho a la información de la ciudadanía de manera similar a cómo lo está a muchos países de todo el mundo. Para disponer de unos medios públicos despartidizados al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos de turno. Para que las prácticas de los estudiantes no se conviertan en un abuso laboral. Para que el conjunto de los medios de comunicación no estén al servicio de intereses políticos, económicos y empresariales espurios como pasa actualmente en una gran mayoría de empresas informativas. Para que se retiren las leyes mordaza que encarcelan quién dice cosas que no gustan a quienes mandan, y para que los y las fotoperiodistes puedan trabajar sin la amenaza de recibir garrotazos impunemente. El reconocimiento efectivo del Tercer Sector de la comunicación, que trabajar en un medio sin ánimo de lucro no significa que la gente que los produce no tenga que vivir de ellos. Y así hasta las quince acciones de las que hablaba más arriba.

Para mí ser presidente del SPC lo vivo como una oportunidad de devolver a la profesión muchas cosas que me ha dado. He aprendido mucho de compañeros y compañeras, tanto en los medios donde he trabajado cómo de los que lo hacían en otras empresas y hemos coincidido más o menos a menudo en el ejercicio de nuestra tarea profesional. También con todo el mundo con quien he compartido activismo en el sector. A todos ellos y ellas les pido ahora que me ayuden –que nos ayuden– a revertir la difícil situación en que está hoy el periodismo en Catalunya y en España. No es que afuera todo sea música celestial, pero al menos en muchos lugares tienen herramientas de las que nosotros no disponemos, la regulación laboral del periodismo y la del derecho a la información. Y en este contexto la ayuda para lograr estos retos sería su afiliación al sindicato. Nos permitirá a todos juntos ser más fuertes.

No quiero acabar este artículo sin agradecer a mis predecesores lo que he aprendido con ellos. Han presidido el sindicato Enric Bastardes (1993-2001), Dardo Gómez (2001-2009) y Ramon Espuny (2009-2018). Con la ayuda de todo el mundo que ha pasado por las juntas ejecutivas que han liderado han convertido el sindicato en uno de los referentes de la profesión. Ahora todo es muy distinto de cómo lo era cuando constituimos el sindicato hace 25 años. Las nuevas tecnologías, los nuevos usos informativos de la sociedad, la crisis de la prensa en papel, el descrédito de la profesión, la crisis…, han cambiado el sector de pies a cabeza. Seguramente hay que modernizar estrategias y maneras de trabajar, pero el SPC sigue siendo una herramienta útil. Un sindicato no es más que una asociación de personas que se agrupan para defender sus intereses comunes. Y esto es lo que somos y lo que hacemos. Si el SPC no existiera, habría que inventarlo. En cualquier caso, compañeros y compañeras, estoy a vuestra disposición.

El manifiesto de los periodistas europeos, en castellano

Explicábamos en la última entrada a este blog lo que hay en juego en materia de libertad de información en las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, y facilitábamos el acceso al manifiesto elaborado por la Federación Europea de Periodistas (FEP) en sus versiones en inglés y francés. Ahora, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha hecho la versión en castellano

La información también está en juego el 25-M

El belga Guy Verhofstadt, candidato de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) a presidir la Comisión Europea; la alemana Ska Keller, cabeza de lista de Los Verdes; y el también alemán Martin Schulz, que lo es por el Partido Socialista Europeo, han firmado el manifiesto que la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha elaborado de cara a las próximas elecciones del 25 de mayo para elegir un nuevo Parlamento Europeo. En este escrito se afirma que «la libertad de los medios, el pluralismo, y la independencia de los periodistas están cada vez más amenazadas por las presiones políticas y económicas, así como por la globalización del sistema mediático». En este manifiesto –que se puede consultar en su versión en francés o en inglés– se detallan varias reivindicaciones entre las que destaca la propuesta que se condicione la adhesión a la Unión Europea al hecho que se cumplan las disposiciones comunitarias sobre libertad de información: «El respeto de la libertad de la prensa, del pluralismo y de la independencia de los periodistas condicionan la adhesión a la UE. Se tienen que impulsar las disposiciones necesarias para que se pueda hacer un registro de los casos de las violaciones de la legislación europea en este ámbito».

No es que en el conjunto de Europa la situación del periodismo sea un paraíso. En casi todos los países ha habido enormes retrocesos –como constatan los diversos informes sobre el estado de la libertad de prensa al mundo recientemente publicados– pero en algunos  tienen legislaciones que permiten mitigar los efectos de la crisis que sufre el sector. También la UE dispone de varias normativas aprobadas y el que reclama la *FEP –que reúne 320.000 profesionales en 39 países– es que desde las instituciones comunitarias se vele por su cumplimiento.

Así, en la declaración de la FEP para el 25-M se afirma que «no hay democracia sin independencia de los periodistas«, que no hay «libertad de prensa sin pluralismo de la información», y que no hay «periodismo de calidad sin respetar unas condiciones laborales dignas». Se recuerda que «la información es un bien público» y que «no hay libertad de prensa sin transparencia». Una de las preocupaciones principales que se  expresan es la situación de los periodistas a la pieza, «especialmente frágiles y que deben ser tenidos en cuenta en las negociaciones entre sindicatos y patronal».

Siguiendo las diversas cuestiones que se plantean en este texto, el Estado español está en fuera de juego en muchas de ellas, tanto en el ámbito laboral como en el de independencia profesional. Por ejemplo, todavía no se ha regulado una cuestión tan básica como el secreto profesional. El respeto a los derechos de autoría de los informadores, en la piel de toro, brilla por su ausencia, con la total indiferencia del partido que ahora gobierna. Por lo tanto, quien el 25-N tenga tenga la situación de la libertad de información como una de las principales preocupaciones a la hora de decidir su voto, tiene que saber que –hasta ahora– sólo hay tres candidatos que hayan asumido el Manifiesto de los Periodistas «por una recuperación de la libertad y el pluralismo en los medios europeos» impulsado por la *FEP.

Un elemento que evidencia a la perfección la malsana situación de la información en Catalunya y en España es la existencia de los bloques de información electoral minutada en los noticiarios de radio y televisión públicas, algo totalmente desconocido en Europa. La movilización profesional contra este anacronismo heredado de la transición ha sido constante en las últimas citas electorales y ahora vuelve a pasar lo mismo. En Europa no hay ningún país que los tenga. Como mucho, las respectivas autoridades audiovisuales hacen a posteriori informes sobre el comportamiento de los medios en relación a su neutralidad en el seguimiento de la campaña electoral o sobre marginación de minorías, pero nunca bajo la intervención de la junta Electoral, como pasa en España y en Catalunya.

Ricard y Javier necesitan el Estatuto del Corresponsal de Guerra

A raíz del artículo publicado el pasado 7 de marzo en este blog sobre los periodistas a la pieza a partir de la situación que sufre Ricard Garcia Vilanova, fotógrafo freelance secuestrado en Siria conjuntamente con el reportero de El Mundo Javier Espinosa, un compañero me ha recordado que en este ámbito hay también otra cuestión pendiente de resolución. Se trata del Estatuto del Corresponsal de Guerra, en el que se recogen las condiciones que deberían tener los profesionales de la información que van a cubrir conflictos bélicos. Este texto fue una propuesta de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) en el I Encuentro de Periodistas del Mediterráneo –en el que participaron todas las organizaciones de esta región que pertenecen a la Federación Internacional de Periodistas (FIP)– celebrada en Almería los días 16 y 17 de abril de 2005 y que fue aprobada por unanimidad. Al margen de la FeSP, por parte española también participaron Comisiones Obreras y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

En este texto se reclama que todos los profesionales de la información que se desplazan a zonas en guerra tienen que estar contratados al menos mientras estén en estos lugares. Se destaca que en «los últimos tiempos la creciente flexibilización de las condiciones laborales ha impulsado que muchos de estos profesionales concurran a estos escenarios careciendo de seguridades elementales, tanto para su integridad física cómo en sus relaciones laborales». Garcia Vilanova, cuando fue secuestrado, estaba en Siria trabajando conjuntamente con Espinosa quien sí que está en plantilla para el medio para el que trabaja. Desconozco en estos momentos qué tipo de acuerdo había entre Ricard y este rotativo y por lo tanto este texto, hoy por hoy, no pretende culpabilitzar a nadie de no haber sido suficientemente cuidadoso; simplemente que, aprovechando la triste situación que sufren Javier y Ricard, es un buen momento para recordar una más de las asignaturas pendientes que hay en materia de información y de comunicació. La propuesta de Estatuto aprobada en Almería nace de un texto con el mismo título que el comité de redacción de El País y la dirección del rotativo firmaron en julio de 2003, después de los primeros meses de la guerra de Irak donde, entre otros, perdieron la vida los periodistas españoles José Couso y Julio Anguita Parrado.

Ricard Garcia Vilanova o el drama de ser periodista a la pieza

El periodista Gervasio Sánchez lidera el recientemente creado comité de apoyo a los periodistas españoles secuestrados en Siria, conjuntamente con los representantes de varias organizaciones profesionales. Los reporteros que sufren esta situación son el periodista de El Mundo Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricard Garcia Vilanova. Cuando esta iniciativa se impulsó, todavía estaba también en esta situación el periodista de El Periódico Marc Marginedas, felizmente liberado el pasado domingo 2 de marzo. Una de las actuaciones que este comité quiere desarrollar es la edición de un libro con varios trabajos de Garcia Vilanova, especialmente en su cobertura de la guerra de Libia, país del que Ricard es un gran experto.

Por qué primero Ricard? Porque es el que está en peor situación. No en su secuestro porque allí sufre más o menos las mismas privaciones que sus compañeros de cautiverio. Está en peor situación, aquí, en su casa. Espinosa, como también Marginedas, tienen un medio detrás, que les tiene en plantilla y, por lo tanto, les sigue pagando su salario cosa que les permite afrontar las obligaciones contraídas para su vida cotidiana cuando están en casa. Ricard es un periodista a la pieza que no tiene nadie que le cubra las espaldas y con la edición de este libro –de la que se ocupará Editorial Blume, la misma que lo hace con los de Gervasio Sánchez– se pretende ayudarle a pagar los gastos que ahora no puede afrontar.

Esta situación demuestra la terrible fragilidad con la que viven los colaboradores en el Estado español. Desde las organizaciones sindicales del sector se ha defendido desde hace tiempo regular esta figura imprescindible en el mundo del periodismo de manera similar de como lo está en otros países. Esta propuesta no ha tenido éxito por el poco interés que han puesto los diferentes gobiernos que ha habido, tanto los del PP como los del PSOE. Los socialistas se habían comprometido a hacerlo pero José Luis Rodríguez Zapatero incumplió su promesa. La desprotección social de los periodistas a la pieza es absoluta pero en el caso de Ricard ha llegado a sus consecuencias más dramáticas puesto que está forzando a sus familiares –una economía modesta– a tener que afrontar gastos para que el compañero, por ejemplo, no se quede sin piso.

Si con esta experiencia los poderes legislativos no afrontan de una vez por todas la regulación del periodista a la pieza –cuestión que, además, permitiría sacar a muchos profesionales de la información de la economía sumergida– es que los legisladores lo único que sienten por los trabajadores del sector es indiferencia o incluso desprecio. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho a la información? Sin condiciones laborales dignas no puede haber periodismo de calidad.

En países como Francia –dónde a esta figura le llaman «pigiste»– el periodista a la pieza disfruta de los mismos derechos que sus compañeros en plantilla. Sólo cambian sus retribuciones, pero puede disfrutar del paro y otras prestaciones sociales en proporción a sus cotizaciones, a pesar de que podrá hacerlo por varias empresas a la vez. Los medios están obligados a hacer sus aportaciones a la Seguridad Social, también en proporción a los trabajos que los periodistas realizan. En Italia, Portugal y otros países europeos también hay regulaciones que dignifican la figura del colaborador. En cambio, en España, nada de nada, a pesar de las promesas. La propuesta elaborada por el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) –integrado por los sindicatos CCOO, UGT, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la UPIFC y los colegios de periodistas de Catalunya y de Galicia– y aprobada ya desde 2001, que ha sido presentada a los grupos parlamentarios en varias ocasiones y hasta ahora todavía no ha prosperado.

Yo compraré el libro de Ricard e invito al conjunto de la profesión a hacerlo. Por dos motivos: porque, seguro, será un buen libro y porque haciéndolo le ayudaremos. Pero también invito al conjunto de la profesión a exigir ya la regulación de la figura del periodista a la pieza porque es una vergüenza que mientras está secuestrado en Siria, Ricard corra el peligro que cuando vuelva a casa, haya perdido por el camino carros y carretas. Para acabar sólo quiero añadir: #freejavier_ricard.