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La información como motor de una ciudadanía crítica que evita el pensamiento único

David Bueno, Valeria Giacomoni y Ignasi Llorente, en la presentación del informe. Foto: Carles Orti (FFG)

La Fundación Ferrer y Guardia presentó el pasado 21 de mayo su informe 2018 sobre el estado de la laicicac en Cataluña y en España. La primera parte de este trabajo es un conjunto de nueve artículos agrupados bajo el epígrafe Pensamiento crítico, razón para la emancipación. La fundación me encargó uno de estos artículos para que analizara como desde el mundo de la información se puede promover un pensamiento crítico, que cuestione las certezas y plantee dudas, todo ello dirigido a construir una sociedad libre y sin dogmas.

Esta aportación que trae mi firma se titula Periodisme digne, ciutadania lliure y la podéis encontrar también en este otro enlace. Los artículos están hechos por varias personas que analizamos desde varios ángulos –la educación, la ciencia, la biología, el derecho o la sociología– como incentivar un espíritu crítico basado en la razón para mejorar la calidad democrática de la sociedad. Si consultáis el informe en el enlace del párrafo anterior, veréis que hay ocho artículos interesantísimos que vale la pena leer. Al otro escrito también le podéis hacer una ojeada pero dejo que seáis vosotros los que hagáis la valoración.

En mi artículo defiendo que «disponer de medios de comunicación independientes de los poderes es imprescindible para desarrollar un pensamiento crítico que vaya más allá de dogmas e imposiciones de todo tipo, y que fomente una sociedad verdaderamente democrática que respete los derechos colectivos e individuales de las personas». También explico aquello que haría falta porque desde la información y el periodismo se pueda desarrollar una sociedad con espíritu crítico y pensamiento libre, cuestionando los dogmas de cada día.

Para ello reclamo una regulación del derecho a la información de la ciudadanía –cuestión en la que, como ya he dejado constancia varias veces en este blog, Cataluña y España están a la cola de Europa y de medio mundo–, de la conveniencia de un periodismo crítico no alineado con ninguna otra trinchera que no sea la de la veracidad y el rigor. Y, en el marco de un panorama mediático donde cada día hay innumerables episodios de desinformación y manipulación, argumento la necesidad de introducir en los planes de estudios escolares la educación mediática para que los chicos y chicas aprendan a interpretar de manera crítica a los medios de comunicación y a reconocer las trampas que demasiado a menudo esconden.

La presentación del informe consistió en un diálogo entre el vicepresidente de la Fundación, Vicenç Molina, con David Bueno, biólogo, genetista y autor del libro Neurociencia para educadores; Valeria Giacomoni, historiadora especializada en pedagogía libertaria y autora del libro Joan Puig Elias: anarquismo, pedagogía y coherencia, e Ignasi Llorente, divulgador científico y experto en nuevas tecnologías, quien también ha publicado recientemente un libro titulado La Historia de la Ciencia como nunca te la han explicado. Los ponentes son tres de los articulistas que han colaborado con este Informe Ferrer y Guardia 2018. La segunda parte del libro está dedicado al análisis de la situación de la laicidad en Cataluña y en España a partir de los datos extraídos de las encuestas y sondeos hechas por el Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Centro de Estudios de Opinión (CEO) así como las estadísticas de varios organismos oficiales.

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Información y elecciones

Cuando ustedes lean este artículo ya habrá pasado el 28-A y ya quedarán pocos días para los comicios municipales y al Parlamento Europeo. En este rinconcito, ya lo saben, suelo a hablar de periodismo, de derecho a la información, de libertad de expresión… Y ligando las dos cosas me preocupa los pocos compromisos –al margen de honrosas excepciones– que los partidos asumen en esta materia en sus programas electorales. En mi blog personal publiqué el 15 de abril un artículo en el que hacía una comparativa sobre el que decían las candidaturas sobre estas cuestiones.

El futuro de RTVE es el apartado que recogía más propuestas mientras que en la regulación del derecho a la información sólo había compromisos por parte de En Comú Podem –bastante amplios, por cierto– y del PSOE. En este escrito me fijaba en ítems como la precariedad laboral, la libertad de prensa, la reforma de las leyes audiovisuales o el reconocimiento de los medios comunitarios.

Toda una serie de cuestiones que volverán a estar sobre la mesa para las elecciones del 26 de Mayo. A pesar de que en este ámbito las competencias recaen principalmente en el Gobierno estatal y en los autonómicos, el margen de actuación de la Administración Local es bastante amplio. Tienen responsabilidades en los medios locales –de despartidización y de condiciones laborales del personal–, en la distribución de publicidad, de promover las buenas prácticas en varios ámbitos informativos, de promoción de la importancia del derecho a la información entre la ciudadanía para que esta sea más exigente en este ámbito…

El trabajo de la UE implica fijar unas reglas de juego mínimas para todos los países de la Unión. España está a la cola de Europa en materia de derecho a la información y las autoridades comunitarias deberían ser mucho más estrictas a hacer cumplir sus directivas, hacer de Primo Zumosol y proteger a la ciudadanía europea.

Y la ciudadanía, del mismo modo que miramos qué dicen los partidos en cuestiones que nos son muy tangibles, como la sanidad, la educación, el trabajo o la vivienda, tendríamos que interesarnos también para saber qué dicen sobre derecho a la información porque sólo cuando este nos sea plenamente garantizado, tendremos las mejores armas para luchar por el resto de derechos y libertades.

Los periodistas presentamos nuestras peticiones en este ámbito para el 28-A y lo volveremos a hacer para el 26-M. Pero haría falta que la sociedad se diera cuenta que esta no es una asignatura maria que si se suspende, no pasa nada. Sin información (de calidad) no hay democracia (de calidad). Esto nos jugábamos el 28-A y nos lo volveremos a jugar el 26-M. Y cada vez que nos pongan una urna por delante.

Artículo publicado en el número 13 de la revista ‘Utopía’ –que se publica en las comarcas catalanas de la Selva Marítima y  l’Alt Maresme– en la edición de este mes de mayo

Qué proponen en materia de comunicación los partidos para el 28-A

Con ocasión de las elecciones al Parlament de Catalunya del 21 de diciembre de 2017 publiqué un artículo en este blog repasando los compromisos de las diferentes candidaturas. Destacaba que al margen de algunas excepciones, en general había muy pocos compromisos concretos. Ahora, ante la nueva contienda electoral de este 28 de abril para el Congreso de los Diputados y el Senado, con las mismas excepciones, la situación no ha mejorado mucho.

La información para hacer este nuevo artículo, como en la anterior ocasión, sale de la compilación que he hecho yo mismo para el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) en el que se detalla partido por partido sus propuestas en este ámbito. El trabajo se refiere casi exclusivamente a cuestiones directamente vinculadas con el derecho a la información. Es cierto que como sindicato nos interesan también otros cuestiones más generales –la brecha salarial entre hombres y mujeres, la violencia contra las mujeres y el acoso en la red, el futuro de las pensiones, los falsos autónomos, el abuso en la práctica de los y las estudiantes, las personas en situación de paro de larga duración, etc…– que compartimos con otros sectores de la sociedad y por eso, ahora me centro básicamente en aquellos que nos afectan más como periodistas.

Como referencia final, si lo queréis comparar, en este enlace hay las peticiones que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha planteado a estos partidos sobre estas cuestiones

1.– Medios Públicos

A) CIUDADANOS

II) Tolerancia cero con la corrupción
Garantizaremos la independencia y pluralidad de Radiotelevisión Española (RTVE). Reforzaremos el procedimiento de concurso para evitar bloqueos políticos interesados y aseguraremos la elección de un nuevo Consejo de Administración de RTVE formado por profesionales expertos e independientes.
Auditaremos las televisiones autonómicas para reducir gasto innecesario y aseguraremos que sus contenidos no sirvan para hacer propaganda ideológica. Garantizaremos la neutralidad y la pluralidad de los medios públicos de comunicación social, promoveremos su autofinanciación y, en su caso, impulsaremos la eliminación de aquellos que resulten manifiestamente inviables.

B) EN COMÚ PODEM (*)

Desgubernamentalizar RTVE y hacer que sea un servicio público efectivo. La televisión y la radio públicas viven una situación crítica, y la televisión privada, un proceso de concentración que limita el pluralismo. Condicionada por una financiación sólo pública y sometida a la manipulación del Gobierno, RTVE se ha convertido en un instrumento de propaganda gubernamental. Para cambiar esta situación hay que derogar el decreto ley 15/2012 que impuso el PP, promover una auditoría a RTVE y reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). En este sentido nos comprometemos a:
Garantizar la independencia y el pluralismo de RTVE, democratizar la elección y el funcionamiento de sus órganos de gestión y promover una financiación transparente fijada por contrato/programa.
Fomentar la participación ciudadana en RTVE a través de un consejo social, dotado de competencias reales, especialmente la de arbitrar el concurso público para designar la presidencia de cada medio, planificar la gestión y potenciar los consejos de informativos, el Defensor del Espectador y las áreas de medios interactivos.
● Poner a disposición de la ciudadanía, por canales accesibles y con licencias abiertas, los archivos audiovisuales de interés histórico o cultural de los fondos de la Corporación RTVE y de la agencia Efe.
● Hacer realidad el derecho de acceso a los medios públicos. Para hacerlo, se facilitará que las organizaciones sociales puedan reservar espacios y los recursos humanos y técnicos necesarios para la producción de contenidos de calidad.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

Propuestas para la República Catalana:
Impulsar unos medios de comunicación públicos fuertes –de acuerdo con un modelo pluricultural y plurilingüístico– e independientes de los poderes gubernamentales.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica. Acabaremos con el modelo de Administrador único de la corporación de RTVE e impulsaremos un Gobierno corporativo guiado por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad.

 

2.– Regulación del derecho a la Información de la Ciudadanía

B) EN COMÚ PODEM

Garantizar el derecho a una información plural y de calidad. Porque el derecho a la información sea un derecho ciudadano y por lo tanto que todas las personas tengan el derecho a acceder a una información plural y de calidad, se tiene que asegurar la independencia de los medios respecto a los poderes políticos y económicos. Hay que facilitar el acceso de todas las personas a una información plural y veraz. Por eso, nos proponemos:
Desarrollar una ley del derecho a la información y la comunicación que fije los derechos y deberes de los medios para asegurar la independencia y el pluralismo.
● Impulsar el consenso parlamentario para crear un consejo de la información y la comunicación, formado por personas independientes a los partidos y las empresas de comunicación, que determine la composición y las funciones de los consejos de administración de los medios públicos y los criterios de selección de sus cargos directivos, y, en general, que impulse medidas de fomento del derecho de la ciudadanía a la información.
Garantizar que las campañas y las ayudas públicas, así como las licencias de explotación, no se adjudiquen de forma sesgada, partidista y opaca, sino de manera transparente y objetiva. Además, poner fin al uso partidista y a los amiguismos en la publicidad institucional y la compra de suscripciones por parte de las instituciones.
Reducir las ayudas a los medios de comunicación privados mientras no se puedan garantizar recursos suficientes para los medios públicos. La concesión de ayudas por parte de las administraciones del Estado a los medios privados, tiene que ser pública y transparente. Los medios beneficiarios tendrán que estar al día en sus obligaciones fiscales y laborales, incluida la contratación legal e igualitaria de los trabajadores y trabajadoras.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

• Desde el respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional para la lucha contra la desinformación, con actividades de concienciación y formación para la ciudadanía.

 

3.– Ordenamiento del sector audiovisual

B) EN COMÚ PODEM

• Medidas urgentes porque la Ley General de la Comunicación Audiovisual, cumpla con la obligación de reserva de espectro radioeléctrico para los medios comunitarios y apruebe un reglamento que regule la concesión de las licencias a los mismos; cómo establece la misma LGCA desde su publicación en 2010.
● Incluir a la Ley General de la Comunicación Audiovisual las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera, la governança y el derecho de acceso a los medios audiovisuales públicos.
● Conseguir amplios acuerdos para constituir el Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales (CESA), independiente del Gobierno, con competencias para conceder las licencias e imponer sanciones y con medios financieros, técnicos y humanos suficientes. El CESA tiene que garantizar el respeto al pluralismo, la diversidad cultural, la protección de los consumidores y las consumidoras, el correcto funcionamiento del mercado interior y la competencia leal. Sus integrantes deben ser elegidos mediante un concurso público de méritos y reforzar sus incompatibilidades, con el fin de evitar las llamadas “puertas giratorias”.
Para garantizar el pluralismo de los medios audiovisuales, no se debe permitir que un mismo grupo supere una audiencia mediana del 30% en el conjunto de sus canales de ámbito estatal, en los 12 primeros meses desde la adquisición. Cuando esto se produzca, tendrá un plazo de un año para realizar las desinversiones necesarias para bajar de nivel.
● Establecer que quién presta servicios de televisión, radio y audiovisuales tenga que incluir en su página web sus datos de identidad y dirección, forma de contacto directo con ellos o ellas, e identificación de personas físicas o jurídicas que integran su accionariado.
● Las licencias de espacios audiovisuales se tienen que conceder por concurso público, dando a conocer las ofertas, las condiciones con que se conceden y los motivos. Cuando no se cumplan estas condiciones, la licencia podrá ser retirada.
Cuando se otorgue una licencia no se podrán modificar las condiciones de la oferta, así un canal televisivo de noticias no puede convertirse en un canal de realities, ni una televisión autonómica podrá dejar de emitir información sobre su comunidad.
● Crear un consejo del audiovisual independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), pareciendo a los consejos que existen en otros países europeos.
Asegurar la presencia de las lenguas españolas diferentes de la castellana en las radios y televisiones públicas y privadas en horarios no marginales. Garantizar desconexiones. Dar cobertura estatal a las emisoras que dependen de los gobiernos autonómicos y que emiten en lenguas diferentes de la castellana.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

Propuestas para la República Catalana:
Ordenación del espacio radioeléctrico, en cuanto que autoridad competente, de acuerdo con las directivas establecidas por la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la Unión Europea.
• Concesión de licencias de emisión de las radios y televisiones que se otorgarán con criterios de veracidad informativa, pluralismo ideológico y corresponsabilitat social, así como culturales y lingüísticos, como por ejemplo el uso de las lenguas catalana y occitana, y la emisión de contenidos producidos a los Países Catalanes.
• Favorecer la implantación de medios privados y ajustar a la nueva legislación audiovisual los servicios de televisión digital de pago, independientemente de donde tengan la sede social operativa, para garantizar la oferta de contenidos de interés nacional y local.
• Dedicar más recursos a la producción de contenidos para consolidar una industria audiovisual potente, innovadora, pluricultural y plurilingüística a través de un Plan transversal de inversión en industrias creativas que implique la CCMA y el Instituto Catalán de las Empresas Culturales.
• Promover Cataluña como un centro de medios y servicios de comunicación mediterráneos y potenciar la Mobile World Capital como dinamizadora del negocio de contenidos audiovisuales.
Impulsar programas de alfabetización mediática para combatir la desinformación y porque los estudiantes de primaria y secundaria adquieran competencias en nuevos medios (new media) y adopten un rol de creadores y de consumidores críticos de nuevos medios.

Mientras tanto, medidas que presentaremos en el Congreso y Senado:
Conceder un nuevo multiplex para hacer efectiva la reciprocidad entre Tv3, À Punt y IB3 en Cataluña, en el País Valenciano y en las Islas Baleares, así como también en el resto del Estado.
• Apoyo a la creación de consejos reguladores del audiovisual en las autonomías, coordinados con el CAC, e impulso de un código de conducta de ámbito europeo para promover el comportamiento ético en internet y la protección del derecho de autor (copyright). Creación de un Observatorio de la comunicación que haga y coordine la búsqueda.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) debe recuperar el múltiplex que le fue retirado.
Promover la iniciativa Televisión sin fronteras que pretende garantizar la recepción directa de las emisiones de radio y televisión en catalán en los territorios con los cuales compartimos lengua, con el objetivo de promocionar y proteger los espacios de comunicación del catalán.
• La presencia del catalán en los medios de comunicación de alcance estatal, públicos y privados, es escasa o nula. El Gobierno español redujo el espacio de comunicación catalán y limitó las emisiones de Tv3 y Catalunya Ràdio sólo en Cataluña.
Potenciar la presencia del catalán a los medios de comunicación de alcance estatal.

 

4.– Medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro o del Tercer Sector

B) EN COMÚ PODEM

Fomentar y proteger el tercer sector de la comunicación. Los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro (el Tercer Sector de la comunicación) tienen una función insustituible en la libre expresión de los movimientos, entidades y asociaciones de la sociedad, en el amparo de la diversidad cultural y en la reflexión crítica. Por eso, es imprescindible impulsarlos y protegerlos, tal como recomiendan la UNESCO, el Consejo de Europa y otros organismos internacionales. Así, pues, haremos el posible por:
Revisar la gestión del espectro radioeléctrico para garantizar un reparto de recursos más equilibrado entre los tres sectores de la comunicación: el público, el comercial y el Tercer Sector. La revisión tiene que incluir la publicidad institucional y las ayudas públicas, como también la adjudicación de las licencias de explotación con criterios de imparcialidad, objetividad y transparencia.
● Ofrecer asesoramiento legal, fiscal, laboral y de financiación, y apoyar la creación de nuevos medios de comunicación bajo nuevas fórmulas empresariales o de gestión (cooperativas de periodistas o de usuarios y usuarias, medios sin ánimo de lucro, con financiación, vía micromecenazgo o donativos, etc.).
● Impulsar convenios de colaboración de los medios públicos con los del Tercer Sector para brindarles recursos y apoyo técnico sin comprometer la independencia.
● Crear dos canales en abierto en la TDT y en la radio con conexiones locales, gestionados en colaboración con los propios medios del Tercer Sector, como se hace en Alemania, Noruega y Finlandia, entre otros países.

 

5.– Libertad de prensa, libertad de información y transparencia

A) CIUDADANOS

II) Tolerancia cero en corrupción
Aprobaremos una Ley de Protección del Denunciante de Corrupción. Protegeremos a todas las personas que denuncien casos de corrupción u órdenes ilegales de sus superiores. Crearemos una Autoridad Independiente de Integridad Pública para erradicar la corrupción, fiscalizar a nuestros cargos públicos y garantizar que su actuación responde al interés general.

B) EN COMÚ PODEM

Derogar inmediatamente la Ley Mordaza. La Ley de seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, otorga potestad sancionadora al Ejecutivo y parece redactada como reacción a las protestas surgidas por la respuesta que el gobierno dio a la crisis económica, el movimiento 15M, las mareas, los sindicatos y otros. Una ley que pretende proteger el gobierno frente a las protestas y demandas de los movimientos sociales y que, a la vez, pretende reprimir el derecho de expresión y de manifestación de la ciudadanía. La Ley Mordaza pone en riesgo la libertad de información y la protesta pacífica, otorga más poder a las fuerzas de seguridad, limita las garantías de la ciudadanía para defender sus derechos y pone en riesgo los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

• Una justicia independiente garantía de los derechos y libertades para todo el mundo: Derogación de la Ley Mordaza.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

Reformas que legislativas recientes que hay que derogar: Entre otros, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Seguiremos aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana que garantiza el derecho de los españoles a una convivencia pacífica y apoya a la actuación legítima de las FCSE en defensa de las libertades.
Aprobaremos una nueva Ley de Protección de la Información Clasificada que sustituya la actual Ley de Secretos Oficiales y que incorpore las prácticas y estándares internacionales. Esta nueva regulación tendrá que estar adaptada a los adelantos en el tratamiento de la información.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

• Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad que sustituya la Ley Mordaza. Es posible más libertad con más seguridad.
(Incluido en el programa pero no a los «110 compromisos cono la España que quieres»)
Aprobar una nueva la Ley Integral de Protección de Testigos, Informadores y Denunciantes que supere las carencias materiales y personales de los sistemas de protección vigentes, reforzando la protección de los denunciantes de casos de corrupción, protegiéndolos de intimidaciones y represalias y preservando los datos de personales de las personas protegidas para evitar su publicidad o difusión. La Ley también introducirá las disposiciones de la directiva europea para la protección de los denunciantes, actualmente en tramitación.

 

6.– Precariedad laboral

B) EN COMÚ PODEM

Impulsar una ley que regule los derechos laborales de los y las periodistas. El colectivo de los y las periodistas está sometido a importantes condiciones de precariedad, las cuales se han agravado desde que se inició la crisis. Dotar de garantías laborales al sector permitiría que los y las periodistas pudieran ejercer plenamente su función social, aumentaría también la independencia y la capacidad de espíritu crítico. Por eso proponemos la creación de una ley que se debería centrar, principalmente, en:
● Dotar de garantías laborales a los y las profesionales en situación de desprotección de toda la cadena informativa: periodistas que cobran por pieza informativa, determinado tipo de corresponsal, becarios y becarias cuyo trabajo habría que regular, etc.
● Incorporar un Estatuto del Periodista profesional que proteja y dé garantías a los y las profesionales que trabajan en los medios de comunicación.
Derogar las reformas laborales de PP y PSOE por injustas e inútiles. Sustituir la normativa derogada por una ley que defina un sistema de relaciones laborales, garantista del derecho a un trabajo digno, en las siguientes materias: Igualdad al acceso a la ocupación, Relaciones Laborales, salarios, formación profesional, contratación, organización del trabajo, despido, negociación colectiva y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

C) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

• Una República con trabajo y salario dignos. Derogar las reformas laborales impulsadas por los gobiernos del PP y del PSOE. Devolver a la capacidad negociadora a los trabajadores, a la cultura laboral del diálogo, al respeto por los derechos adquiridos y a la la negociación colectiva.

D) JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSXCAT)

Modificar la reforma laboral del 2012. Hay que proceder a:
a) Establecer la primacía del convenio sectorial respecto al convenio de empresa en cuestiones claves cómo son los salarios o las horas extraordinarias. Se trata de contrarrestar aquellas subcontrataciones de servicios que tienen como única finalidad la reducción de salarios, sin más valor añadido.
b) Reforzar el papel de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de ocupación (ERE) para #promover el acuerdo entre las partes en condiciones adecuadas.

E) PARTIDO POPULAR (PP)

Profundizaremos los avances en flexibilidad del mercado de trabajo conseguidos con la reforma laboral de 2012. Especialmente, en aquello que se refiere a negociación colectiva, favoreciendo convenios colectivos adaptados a las necesidades reales del tejido productivo y plenamente actualizados a las necesidades de empresas y trabajadores.

F) PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Aprobaremos los cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI que se adapte a los cambios sociales, económicos y tecnológicos del mundo actual, y que compagine la com

(*) Para no generar confusión, conviene saber que el programa de En Comú Podem en Catalunya con el que presenta Podemos a nivel estatal ofrecen notorias diferencias, como mínimo en materia de derecho a la información, comunicación y periodismo. El programa de Podemos no incluye muchas de las propuestas que sí recoge En Comú Podem.

 

25 años no son nada…

Los días 19 y 20 de junio de 1993 yo era uno de los asistentes al Congreso Constituyente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), en el centro cívico de les Cotxeres de Sants, bajo la presidencia honorífica del veterano Josep Maria Lladó. Mi participación era la de uno más en los debates. El único protagonismo fue formar parte de la comisión de recuento que certificó la elección de Enric Bastardes como primer presidente del SPC.

Ahora, 25 años después, tengo el privilegio y la responsabilidad de ser el presidente de la organización. Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny han dirigido las diferentes juntas ejecutivas que ha habido desde entonces y que han convertido –entre todos y todas– el sindicato en un referente indispensable de la profesión. A mí me toca no estropearlo. Y creo, modestamente, que desde que fui elegido en el VIII Congreso celebrado el pasado 14 de abril, la Junta que lidero está haciendo muy buena labor gracias a la gente que la integra.

Pero para llegar a este punto se ha trabajado mucho en años anteriores. No lo detallaré aquí. La página web del SPC es testigo de todo ello. Pero sí querría destacar una cuestión: el papel decisivo del Sindicat de Periodistes de Catalunya para que hoy el Estatuto de Cataluña incluya un artículo 52 que establece cuáles son los deberes de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Durante su elaboración en el proceso participativo abierto por el Gobierno catalán aportamos las propuestas necesarias para ue así fuera. Los redactores del Estatuto lo incorporaron al texto final, que a pesar de ser uno de los artículos impugnados por el PP como anticonstitucionales, quedó incorporado tal cual salió de fábrica en la versión final. Ahora sólo falta que el Gobierno o los grupos parlamentarios lo desarrollen legislativamente  para hacer efectivo este derecho de la ciudadanía. Y no será porque no se haya pedido y presentado propuestas y documentación para que lo puedan hacer…

La profesión vive momentos difíciles. La precariedad laboral y la desregulación de los y las periodistas a la pieza, la falta de credibilidad de la profesión y de los medios de comunicación españoles según revelan varios sondeos de opinión, el desprecio de las empresas de comunicación por un periodismo de calidad priorizando la cantidad pagada a precios irrisorios y que el fotoperiodismo está pagando más duramente; la falta de respeto por los derechos de autoría, por los derechos laborales… Es un largo listado.

Muchos han dado la culpa a la crisis, a las nuevas tecnologías de la información, al cambio de los usos informativos o a las redes sociales. La crisis del periodismo, sin embargo, empezó mucho antes. Pero una ficticia bonanza económica en los medios hizo que todo el mundo o casi todo el mundo mirara hacia otra banda. La crisis, lo único que ha hecho es mostrar las fragilidades y las miserias con toda su crudeza. Y ahora se pagan las consecuencias con dos víctimas principales: unos trabajadores y trabajadoras inmersos en una precariedad cada vez más intensa, y la ciudadanía, que ve como su derecho a recibir una información veraz, plural y de calidad le ha sido hurtado.

Y los autores de este hurto son los propietarios de los medios de comunicación, y también el poder político que actúa como cómplice necesario, puesto que no ha hecho casi nada hasta ahora para garantizar este derecho universal humano a la ciudadanía. El año 1993, el Consejo de Europa aprobó por unanimidad el Código Europeo de Deontología del Periodismo, un texto que podríamos considerar casi revolucionario.

En su artículo 15 dice: «Ni los editores o propietarios [de los medios] ni los periodistas tienen que considerarse amos de la información. Desde la empresa informativa la información no tiene que ser tratada como una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las mismas tienen que estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos por publicidad.» En su artículo 11 establece bien claramente que «las empresas periodísticas se tienen que considerar como empresas especiales socioeconómicas, los objetivos empresariales de las cuales tienen que quedar limitados por las condiciones que tienen que hacer posible la prestación de un derecho fundamental». Esto lo votaron todos los partidos y todos los países del Consejo de Europa, incluidos los españoles. Pero lo tienen oculto, pero no desfalleceremos en seguir recordándolo y a reclamar que se devuelva la información a su legítimo propietario, la ciudadanía.

Nuestro lema por estos cinco lustros de trabajo es «Ya tenemos sólo 25 años». Para coger fuerzas por todo el trabajo que tenemos que hacer como mínimo en los próximos 25 años podéis venir el lunes 5 de noviembre a celebrarlo con nosotros en el centro cívico Parc Sandaru.

La oportunidad de Ernest Maragall

Hace unas semanas tuve el placer de asistir a la entrega del Premio Ernest Udina a la Trayectoria Europeísta a la amiga y compañera Griselda Pastor. El galardón, que este año ha llegado a la decimotercera edición, lo da la Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) y el acto se llevó a cabo en la sede de las instituciones comunitarias en Barcelona. Griselda Pastor es desde hace unos veinte años la corresponsal de la Cadena Estar en Bruselas, donde ha destacado por su capacidad para explicar en el muy poco tiempo que te da la radio la complejidad de la actualidad comunitaria.

El acto contó con la presencia, entre otras personalidades, del consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall. En su discurso de clausura, el consejero destacó el retroceso en la libertad de información que hay en España refiriéndose a los episodios que en los últimos meses se han vivido en Cataluña y España que así lo evidencian. Aprovechando la naturaleza europea de la ceremonia, expresó su inquietud por la inacción de la Administración comunitaria al permitir esta situación.

Sobre el retroceso de la libertad de información en Cataluña y en España, en este espacio hemos escrito más de una vez. De todas maneras, si el consejero Maragall está preocupado por esta situación, tiene en su mano corregirlo, al menos en Cataluña.

Lo único que tiene que hacer es convencer al presidente del Gobierno del que forma parte, Quim Torra, y al conjunto del Ejecutivo catalán, de desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto de Catalunya, aquel estatuto que se impulsó cuando su hermano Pasqual era el presidente de la Generalitat. Este artículo 52 establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

Varias organizaciones de periodistas y también de la ciudadanía hace tiempo que lo reclaman. Hasta ahora, ninguno de los gobiernos que ha habido en la Generalitat han mostrado la sensibilidad necesaria por hacerlo. Los grupos parlamentarios tampoco han sabido generar los consensos suficientes entre ellos para impulsar la normativa.

Hay que celebrar que el consejero Ernest Maragall haya llegado a la conclusión a la que muchos ya hemos llegado desde hace tiempo: el déficit democrático que supone que la ciudadanía no pueda disfrutar de una libertad de información al nivel de países que hace tiempos que han aprobado regulaciones de este derecho humano esencial, como es el de información y comunicación. Pero, consejero, usted tiene ahora la oportunidad de cambiarlo en Catalunya, consiga que el Gobierno del que usted forma parte desarrolle legislativamente el artículo 52 del Estatuto.

Artículo publicado en el número 9 de la revista ‘Utopía’ –revista de la Selva Marítima y el Alto Maresme– en la edición de este mes de julio

Una nueva etapa

De izquierda a derecha, Enric Bastardes, Dardo Gómez y Ramon Espuny, los tres presidentes que ha tenido el SPC antes que yo. Foto: TAV

El sábado 14 de abril se celebró el VIII Congreso del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). Entre las cuestiones que decidió hay una que me afecta personalmente porque me eligieron como nuevo presidente de la organización. Para mí es un reto importante, no tanto por el volumen de trabajo a realizar, que de esto ya iba sobrado, sino por la responsabilidad y por lo que significa de confianza de los compañeros y compañeras hacia mí. Sólo aspiro que de aquí a cuatro años haberme hecho merecedor de ella.

En primer lugar quiero agradecer a las personas que han aceptado acompañarme y que conjuntamente haremos equipo para tirar adelante este proyecto, que encaramos con ilusión y ganas de contribuir a la mejora global de la profesión. Una lista con gente joven, especialmente mujeres, signo de una necesaria renovación. Luchar contra la precariedad laboral y, en especial, la que afecta a los periodistas a la pieza y freelance; y conseguir de una vez por todas la regulación de la profesión para tener las herramientas suficientes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad son los ejes principales. Pero no los únicos.

Lograr estos retos no es una cuestión que implique sólo al sindicato. Desde el año pasado, el SPC ha impulsado una unidad de acción con otras organizaciones del sector, como la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Som Atents y Solidaritat i Comunicació (SiCom) y más que quieran añadirse a trabajar conjuntamente. Se han tirado adelante varias iniciativas, algunas de las cuales han culminado en la aprobación en la Asamblea Abierta de Periodistas del pasado 11 de noviembre del manifiesto «15 acciones para un periodismo digno», que el Congreso del SPC asumió. También lo hizo con las reivindicaciones de las mujeres periodistas planteadas el pasado 8 de marzo.

Las acciones necesarias para hacer un periodismo digno dependen de diferentes administraciones e instituciones. Exigir que sus gestores impulsen los cambios que se derivan implica al conjunto del sector. Cada vez somos más pidiéndolo. Pero todavía debemos ser muchos más. Los poderes que se oponen a nuestras reivindicaciones son fuertes y poderosos. Y por lo tanto, nuestras organizaciones también deben serlo. Todas. Y el SPC también. Debemos tener muchos más compañeros y compañeras afiliadas al sindicato para tener la fuerza suficiente, conjuntamente con el resto de entidades, para conseguir la protección social de los colaboradores y colaboradoras, el desarrollo del artículo 52 del Estatuto para regular en Catalunya el derecho a la información de la ciudadanía de manera similar a cómo lo está a muchos países de todo el mundo. Para disponer de unos medios públicos despartidizados al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos de turno. Para que las prácticas de los estudiantes no se conviertan en un abuso laboral. Para que el conjunto de los medios de comunicación no estén al servicio de intereses políticos, económicos y empresariales espurios como pasa actualmente en una gran mayoría de empresas informativas. Para que se retiren las leyes mordaza que encarcelan quién dice cosas que no gustan a quienes mandan, y para que los y las fotoperiodistes puedan trabajar sin la amenaza de recibir garrotazos impunemente. El reconocimiento efectivo del Tercer Sector de la comunicación, que trabajar en un medio sin ánimo de lucro no significa que la gente que los produce no tenga que vivir de ellos. Y así hasta las quince acciones de las que hablaba más arriba.

Para mí ser presidente del SPC lo vivo como una oportunidad de devolver a la profesión muchas cosas que me ha dado. He aprendido mucho de compañeros y compañeras, tanto en los medios donde he trabajado cómo de los que lo hacían en otras empresas y hemos coincidido más o menos a menudo en el ejercicio de nuestra tarea profesional. También con todo el mundo con quien he compartido activismo en el sector. A todos ellos y ellas les pido ahora que me ayuden –que nos ayuden– a revertir la difícil situación en que está hoy el periodismo en Catalunya y en España. No es que afuera todo sea música celestial, pero al menos en muchos lugares tienen herramientas de las que nosotros no disponemos, la regulación laboral del periodismo y la del derecho a la información. Y en este contexto la ayuda para lograr estos retos sería su afiliación al sindicato. Nos permitirá a todos juntos ser más fuertes.

No quiero acabar este artículo sin agradecer a mis predecesores lo que he aprendido con ellos. Han presidido el sindicato Enric Bastardes (1993-2001), Dardo Gómez (2001-2009) y Ramon Espuny (2009-2018). Con la ayuda de todo el mundo que ha pasado por las juntas ejecutivas que han liderado han convertido el sindicato en uno de los referentes de la profesión. Ahora todo es muy distinto de cómo lo era cuando constituimos el sindicato hace 25 años. Las nuevas tecnologías, los nuevos usos informativos de la sociedad, la crisis de la prensa en papel, el descrédito de la profesión, la crisis…, han cambiado el sector de pies a cabeza. Seguramente hay que modernizar estrategias y maneras de trabajar, pero el SPC sigue siendo una herramienta útil. Un sindicato no es más que una asociación de personas que se agrupan para defender sus intereses comunes. Y esto es lo que somos y lo que hacemos. Si el SPC no existiera, habría que inventarlo. En cualquier caso, compañeros y compañeras, estoy a vuestra disposición.

Cuando Europa y Latinoamérica marcan el camino

Estos días de fiestas he prácticamente terminado de leer un libro que había empezado hace ya un cierto tiempo, Medios Democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación (Ediciones Akal, 2016), del que es autor el periodista Pascual Serrano. Repasa las regulaciones de la comunicación que se han hecho en varios países de América Latina en el marco de los diferentes procesos políticos que en ellos se habían vivido. Son muy interesantes los planteamientos que se hacen. Al mismo tiempo me llegan noticias de dinámicas impulsadas en otros continentes en relación al derecho a la información que, sin prisas pero sin pausas, –según se decía en antiguas y obsoletas etapas de transición– van avanzando y consolidándose. Concretamente me refiero a Europa y, más concretamente, al Reino Unido.

Y, además, esto coincide cuando faltan pocos días –el próximo 17 de enero– para que se constituya el Parlament de Catalunya surgido de las elecciones del pasado 21 de diciembre. Si en algo Catalunya –y la España de la que una parte importante de Catalunya se quiere desligar– está muy atrasada, es en la defensa del derecho a la información de la ciudadanía como un derecho humano esencial en una sociedad democrática. Si la nueva Cámara catalana y el presidente –y su Gobierno– que posteriormente sea elegido quieren ponerse al día, tienen en el libro de Pascual Serrano y en el Reino Unido ejemplos a los que seguir.

En su análisis, Serrano parte del hecho que en América Latina «los nuevos líderes progresistas que fueron llegando a los gobiernos con el apoyo de sus ciudadanos descubrieron dos cosas: el tremendo poder y hostilidad de los medios privados y la ausencia de medios públicos que pudieran compensar con cierto rigor y ecuanimidad el impresionante papel político de oposición que lideraban las empresas privadas de comunicación». Cita al ex relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, que lo fue entre 2008 y 2014, quién recordó que la libertad de expresión «es un derecho universal, un derecho de todos, y no sólo de las grandes corporaciones de los media. Es un derecho de la sociedad a estar bien informada, es una cuestión de justicia y de ciudadanía vinculada directamente a la diversidad de los medios. Por eso, el monopolio de comunicación está contra, justamente, la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la ciudadanía». En relación a la América Latina, La Rue destaca que «hay un fenómeno histórico común porque toda la estructura de comunicación social fue pensada únicamente desde la óptica comercial. Y la comunicación es mucho más que esto, es un servicio público. No hay problema que también sea negocio, nadie está en contra de eso, pero debe prevalecer el espíritu de servicio a la colectividad, hecho con calidad e independencia, de forma honesta y objetiva». A partir de aquí estudia cómo han afrontado esta cuestión países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile… Leed a Serrano, no os arrepentiréis…

Desde Europa, desde el Reino Unido, nos llega como paso a paso se ha ido consolidando la regulación impulsada a raíz de los abusos y del espionaje de los medios del grupo Murdoch. De todos modos, decir que «nos llega» –sea de Europa, de América Latina o de donde sea– no deja de ser un cierto eufemismo. Los cambios en materia de derecho a la información de la ciudadanía que hay en muchos lugares del mundo son reiteradamente ignorados y silenciados por la prensa española y catalana, a no ser que sea con referencias hostiles y manipuladas.

El periodista Dardo Gómez –ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y expresidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)– en un artículo en la Revista El Observador afirma que «la regulación en la prensa británica avanza». Gómez apunta que «Los grandes grupos de prensa y las organizaciones profesionalistas ocultan los progresos que se hacen en otros países para garantizar a la ciudadanía su derecho a saber y a que los medios no los cuelen bulos vendidos como información». Así, añade, que «sólo por obsecuencia profesional, algunos nos hemos enterado que el último 14 de noviembre se celebraron en la Universidad de Westminster, los primeros cinco años de vigencia del sistema regulador de la prensa británica basado en las recomendaciones del Informe Leveson» del que ya he hablado en otras ocasiones. Para entender lo que ha pasado en este país hay que conocer la organización Hacked Off, la que consiguió que más de 175.000 ciudadanos británicos reclamaran una regulación que acabara con los abusos de algunos medios de comunicación. Obviamente, estos, con el grupo Murdoch al frente pero con los diarios The Telegraph, Mirror y algunos de regionales apoyándole, han planteado –y plantean– todas las batallas posibles para pararlo pero hasta ahora las han perdido todas. Se pregunta Gómez «¿por que se os ocurre que los grandes medios españoles ni las organizaciones profesionalistas no nos cuentan nada de todo esto?»

La respuesta es clara: Porque no quieren que en España y Catalunya aprendamos de este ejemplo y pretendamos seguirlo. En Catalunya, el artículo 52 del Estatuto establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se estrenará la XII Legislatura. ¿Será la definitiva para que Catalunya inicie el camino para aproximarse a los referentes democráticos más próximos?