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‘Un periodismo digno’ por duplicado

En las últimas semanas han coincidido dos iniciativas con un título bastante similar: «Por un periodismo digno». De una, la primera, «15 acciones para un periodismo digno» ya hablé en mi apunte del pasado 8 de diciembre. La segunda se titula «’Por un periodismo digno’. Manifiesto en apoyo a las personas afectadas por el ERE salvaje del diario Sport» y está impulsado por un colectivo de un centenar de fotógrafos de Barcelona, especialmente molestos por la afectación que ha tenido el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en los fotoperiodistas del rotativo deportivo del grupo Z.

La primera es resultado de la tarea hecha en la Asamblea Abierta de Periodistas del 11 de noviembre pasado, organizada conjuntamente por la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), Solidaritat i Comunicació (SiCom) y Som Atents.

El objetivo del encuentro era elaborar una especie de decálogo que incluyera las transformaciones necesarias para que el periodismo se pueda ejercer con unas condiciones laborales dignas y para que recupere la confianza de la ciudadanía. Finalmente y como resultado del debate sobre las diferentes cuestiones planteadas, el decálogo se convirtió en un pentadecálogo, en el que hay hay reclamaciones de índole laboral, profesional, político, de género, de derechos de autoría… El documento fue remitido a las candidaturas que se presentaron en las pasadas elecciones del 21 de diciembre al Parlament de Catalunya.

La segunda responde, tal como indican sus promotores, a «la indignación contra la nueva agresión que ha sufrido el periodismo después del ERE que se ha hecho en el diario Sport y que ha supuesto el despido de 29 trabajadores, un 35% del total de la plantilla. Entre los afectados, periodistas con más de tres décadas de profesión, algunos de ellos fundadores del Sport, y en el caso de la sección de fotografía, la casi desaparición de la misma después del despido de tres de sus cinco fotoperiodistas. Los despidos llegan a las puertas de las fiestas navideñas, afectando igualmente de forma directa a las familias de los trabajadores». En la página web habilitada por estos fotógrafos hay la opción de adherirse al manifiesto.

En el escrito se afirma también que «la situación del periodismo actual, ejemplificada ahora en el ERE salvaje en el Sport, nos lleva a una alerta pública y a una observación urgente ante la falta de libertades y la represión que sufre el colectivo. La falta de credibilidad es, en parte, consecuencia de las sucesivas renuncias y a la precarización que los profesionales han ido sufriendo frente a unos poderes mediáticos cada vez más instrumentalizados por los poderes financieros.» Y se añade que «la grave situación que vive la prensa en España es y tiene que ser una preocupación de todos. Periodismo y, especialmente, fotoperiodismo están llamados a la desaparición si los profesionales no nos movilizamos. Cada vez son más los medios que, además de recortar el número de redactores, prescinden proporcionalmente de más redactores gráficos, editores gráficos o jefes de fotografía, devaluando gravemente las imágenes del medio y aceptando cualquier imagen cedida o hecha por redactores sin formación. Esta mala praxis resulta tan grave como suprimir los propios redactores y utilizar cualquier texto robado de las redes sociales, con el peligro que esto entraña, dando como buena cualquier información sin contrastar que puede ser engañosa o falsa. En la mayoría de medios de comunicación, de hecho, no se aplican los libros de estilo o han quedado obsoletos y el resultado de todo ello no hace más que poner en jaque al estado de derecho, a la libertad de expresión y de información».

Las dos iniciativas plantean interrogantes muy similares, propuestas, reivindicaciones y alternativas en la misma línea. Todas, pero, parten de la necesidad de los profesionales de la información de movilizarse y defender las transformaciones necesarias para que se pueda hacer este periodismo digno. Quizás el siguiente paso sería unir esfuerzos para ser todos juntos mucho más efectivos. En las próximas semanas se constituirá el nuevo Parlament de Catalunya. Algunos de los cambios que en paralelo se reclaman desde las dos iniciativas se tendrán que implementar desde la Cámara catalana. Y los grupos parlamentarios se tendrán que poner las pilas de una vez por todas para resolver una cuestión que desde la política la están convirtiendo en la Cenicienta de los derechos humanos esenciales. Cuanta más gente haya reivindicándolo, más posibilitades habrá que, finalmente, los legisladores atiendan estas demandas.

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La información en los programas electorales del 21-D

Los programas electorales de las diferentes candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre incluyen varios aspectos relacionados con la información y la comunicación. En general, como podréis ver, al margen de unas pocas excepciones, hay muy pocos compromisos concretos. En este artículo no pretendo incluirlos a todos, ya que me centraré en los que están más directamente vinculados al periodismo y al derecho a la información. Hay otros aspectos igualmente importantes –los medios públicos como vehículo de difusión lingüístico, la CCMA como dinamizador industrial, la industria audiovisual, los diferentes planteamientos sobre el espacio de comunicación catalán…– pero quedan fuera del objeto de este blog, centrado esencialmente en el derecho a la información. Pero lo podéis encontrar todo en este documento que recoge el conjunto de los programas electorales en información y comunicación, elaborado por el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC).

Así, me dedicaré a repasar, pues, que propone cada candidatura sobre las cuestiones para mí más importantes:

1.– Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)

A) CUP

• Promoveremos unos medios de comunicación y de información públicos y de gestión pública como herramienta necesaria para garantizar el derecho a la información y el pluralismo político y social. Para asegurar su independencia y calidad, hay que alejarlos del control de los partidos políticos y de los intereses de los lobbies empresariales capitalistas. Por eso los órganos de dirección de los medios de comunicación públicos tienen que ser elegidos por amplias mayorías parlamentarias que eviten su gubernamentalización. Así mismo, para consolidar la profesionalidad e independencia hay que promover la participación de los trabajadores en los órganos de dirección a través de la cogestión.

B) Catalunya en Comú – Podem

• Defendemos la independencia de los medios de comunicación respecto de los poderes políticos y económicos y por eso apostamos por la desgubernamentalización de los medios públicos.
Reformar la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para blindar la independencia, neutralidad e imparcialidad de la televisión de las emisoras de radio y de todas las plataformas de comunicación de la Generalitat.
Asegurar el respeto a la independencia de los medios, tanto de los públicos como de los privados, ante los poderes políticos y económicos, y, en este sentido desgubernamentalizar TV3 y los otros medios de la CCMA, como también la ACN, como condición imprescindible para garantizar la independencia, la profesionalidad, la pluralidad, el rigor y la imparcialidad.
Establecer mecanismos de cogestión para incorporar las personas trabajadoras en los espacios de decisión y gestión.
La elección del presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno con mayoría cualificada y a través de un procedimiento de hearing o examen público.
• La garantía que la CCMA recibirá los recursos necesarios para hacer una programación de calidad, competir con los grandes medios privados y afrontar las transformaciones tecnológicas. El sistema de financiación tiene que ser transparente y fijado por contrato programa y una evaluación de rendimientos que no se base sólo en las audiencias y los costes, sino también en indicadores de rentabilidad social.
• El establecimiento de mecanismos que permitan la participación de la audiencia con fórmulas como el registro de usuarios únicos y, sobre todo, el ejercicio efectivo del derecho de acceso, cosa que exige la reforma de la Ley 11/2007.

C) Ciudadanos

Garantizaremos la pluralidad e independencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Llevaremos a cabo una política de medios de comunicación basada en la objetividad informativa y la excelencia en la profesión periodística. Modificaremos el sistema de elección del Presidente y el Consejo de Gobierno de la CCMA para tener una televisión y una radio públicas de todos los catalanes y no de un Gobierno, tal y como Cs ha defendido también en la reforma de la Corporación de RTVE en el Congreso de los Diputados.
Aseguraremos unos medios basados en la neutralidad, la pluralidad y lo respeto. TV3 y Catalunya Ràdio son la televisión y la radio de todos los catalanes y eso debe reflejarse en su programación y en su gestión. Todas las opiniones deben tener cabida, pero también debe quedar claro qué es opinión y qué es información para garantizar un servicio público neutral y libre de sesgo político.
Garantizaremos la despolitización de la programación dirigida a los menores de edad. Se inadmisible que se uso la programación infantil de los medios de comunicación públicos cono el objetivo de manipular a los menores de edad cono propaganda independentista explícita o encubierta en supuestos contenidos educativos. Garantizaremos que la programación infantil esté libre de ideologías partidistas.

D) ERC

Dotaremos a la Corporación catalana de medianos públicos audiovisuales (CCMA) con los recursos suficientes para un proceso de actualización necesario. La aportación pública se tenderá a equiparar a la media europea que se destina a las corporaciones audiovisuales nacionales, tomando como referencia los indicadores que periódicamente publica el observatorio Europeo del Audiovisual. Esta aportación tendría que garantizar, a través de la mejora de la eficiencia organizativa, el equilibrio financiero de la CCMA y su sostenibilidad preservando siempre las misiones de servicio público encargadas.
• Continuar dando preferencia a unos de los compromisos de servicio público de la CCMA: unos servicios informativos de calidad y equilibrada desde un punto de vista territorial todo incluyente indicadores de seguimiento específicos a través del contrato-programa.
• Fijar como prioridad estratégica el área de contenidos infantiles como uno de los grandes valores añadidos de la CCMA.
• Dar un salto cuantitativo en la difusión específica de contenidos culturales y musicales de nuestro territorio y a los más alternativos o minoritarios.
• Profundizar en los criterios de renovación, transparencia y profesionalidad en la elección de los miembros del Consejo de gobierno de la Corporación.
• Un contrato-programa tendría que recoger el compromiso explícito de elaborar un nuevo plan estratégico de la CCMA que establezca las prioridades para los próximos años.

E) Junts per Catalunya

• Los medios públicos de comunicación deben cumplir siempre con su vocación de servicio público planteando una oferta plural, de calidad y en catalán que tenga como ejes principales la información, la cultura, el entretenimiento y la educación.
Potenciar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para que continúe siendo referente y líder en la sociedad catalana y siga siendo gestionada con criterios de independencia, profesionalidad y viabilidad económica.

F) PP

• Haremos de TV3 y de Catalunya Ràdio unos medios plurales al servicio de una información veraz y neutral. Potenciaremos el perfil profesional e independiente del ente. Ajustaremos el gasto en los medios de comunicación públicos y las retribuciones de sus altos directivos; limitaremos también la producción externa de su presupuesto.

G) PSC

• Elaboraremos un plan estratégico de la CCMA que responda a los objetivos iniciales de la Corporación.
• Trabajaremos para garantizar el rigor informativo y el pluralismo especialmente de los medios de comunicación de titularidad pública, dando valor a la autoridad profesional como elemento básico de la profundización democrática. Trabajaremos para que los recursos humanos y técnicos propios de los medios públicos estén en condiciones de ofrecer una programación y una información de calidad y plural.

 

2.– Regulación de la comunicación. Artículo 52 del Estatuto

A) Catalunya en Comú – Podem

Garantizar los derechos a la información y la comunicación. Respetar y aplicar el principio consagrado al artículo 52 del Estatuto que establece que todas las personas tienen el derecho de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censuras ni trabas, mediante todas las plataformas existentes, en el marco del respecto a la libertad y los derechos humanos.

B) PSC

Los medios de comunicación producen información de interés general que tiene que ser considerada un bien público y, por lo tanto, sometida a algún tipo de protección para garantizar su profesionalidad, pluralidad y diversidad.

 

3.– Política Audiovisual. Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)

A) Catalunya en Comú – Podem

Reformar la Ley 22/2005 de medios audiovisuales de Cataluña y aprobar el decreto que la desarrolle, para garantizar de manera efectiva el principio que “todas las personas tienen el derecho que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos y comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”.
Blindar la plena independencia del CAC y, a la vez, impulsar un acuerdo parlamentario para poner en marcha un órgano que garantice el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía, siguiendo modelos como los de Alemania, Reino Unido y Noruega. El nuevo órgano, que podría sustituir el CAC y asumir las competencias, determinaría la composición y funciones de los consejos de administración de los medios públicos, fijaría los criterios de concesión de ayudas de la Administración al conjunto de los medios y formularía propuestas de promoción del tercer sector de la comunicación, entre otras funciones.

B) Ciudadanos

Cerraremos el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC). Hasta hoy el CAC se ha comportado como un órgano político en el espacio de comunicación catalán frente a los medios que no comulgan cono el nacionalismo y lo independentismo y no ha estado a la altura en las numerosas ocasionas en las que se han producido situaciones de falta de neutralidad y de pluralidad en los medios de comunicación públicos de Cataluña.

C) ERC

• Un Pacto Nacional del Audiovisual que propicie la Ley del Instituto Catalán del Audiovisual (…) y la creación de un Instituto Catalán del Audiovisual para apoyar a la industria audiovisual.

D) PSC

Reforzaremos las instituciones de garantía del pluralismo y la diversidad en el ámbito de los medios públicos.
Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña por, entre otros cuestiones incorporar los adelantos de la Ley estatal 7/2010 y de la Directiva de Servicios de Comunicación audiovisual en su última formulación.

 

4.– Medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro y Tercer Sector

A) CUP

• Otra herramienta comunicativa para garantizar el derecho a la información y promover el pluralismo son los medios de comunicación comunitarios. (…) Tenemos que alentar y potenciar la creación de estos espacios cooperativos, defender su independencia y facilitar su acceso a la información interna y externa.
• Defenderemos que el espacio radioeléctrico sea ocupado por los tres tipos de medios (públicos, comunitarios y privados) a partes iguales, un tercio para cada uno.

B) Catalunya en Comú – Podem

• Apostamos para promover y proteger los medios sin ánimo de lucro y, en general, los que son resultado de la autoorganización de los ciudadanos que ejercen el derecho a ser emisores de información y a constituir y gestionar medios de comunicación propios por cualquier de las plataformas existentes.
Apoyar el emprendimiento en el sector de la comunicación para contribuir a aumentar la diversidad de la oferta y apostar por nuevas fórmulas empresariales y de gestión, como las cooperativas de periodistas y usuarios, los medios con vocación de servicio público y los sistemas de financiación mixta vía micromecenazgo.
Fomentar y proteger los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro, que tienen una función insustituible en el amparo de la diversidad cultural y en la implicación directa de la ciudadanía en el proceso de comunicación social, en el fomento de la alfabetización mediática y en la reflexión crítica.

C) ERC

• Hay que intentar reflejar las nuevas realidades empresariales aparecidas en el ámbito del medios de comunicación como por ejemplo el asociacionismo y cooperativismo.
• Habrá que reflejar las medidas de fomento previstas en el proyecto de Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios sin ánimo de lucro impulsado en la última legislatura desde la Secretaría de Comunicación y su Dirección general de medios de Comunicación para la plena incorporación de estos medios del Tercer Sector a la realidad comunicativa del país.
• Terminar definitivamente el Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios de Iniciativa Social una vez superados los últimos trámites interrumpidos por el final de la legislatura.

D) PSC

• Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña para velar para que los procesos de otorgamiento y renovación de licencias sean efectivamente abiertos, transparentes y competitivos, y garanticen la igualdad de condiciones para las diferentes voces, así como la reserva de un espacio para el Tercer Sector.

 

5.– Transparencia

A) Catalunya en Comú – Podem

Reformar el sistema de publicidad institucional, para poner fin al reparto basado con el amiguismo y el modelo de clickbaits, para garantizar criterios objetivos de transparencia y equidad y para hacer que las subvenciones estructurales para el uso del catalán incluyan todos los medios.

B) Ciudadanos

Acabaremos con la publicidad institucional repartida a dedo para financiar medios afines a la causa independentista. (…) Algunos de ellos viven prácticamente en exclusiva de las subvenciones de la Generalitat. Reduciremos la financiación destinada a publicidad institucional y aseguraremos que su reparto se realice siempre por procedimientos transparentes y atendiendo únicamente a criterios objetivos de difusión.

 

6.– Precariedad laboral

A) Catalunya en Comú – Podem

• Hace falta, al mismo tiempo, que el colectivo de los y las periodistas tengan garantizados sus derechos laborales, puesto que sólo así podrán ejercer plenamente su función social con independencia y espíritu crítico.

 

#periodigno

Este blog, por distintas y variadas razones, llevaba un tiempo inactivo. Ahora lo retomo con la voluntad de recuperar la regularidad e incluso aumentarla. En estos meses que no he escrito nada, no ha sido por falta de temas para referirme al derecho a la información, pero, obviamente, no me dedicaré a decir lo que no he escrito ya. Miremos adelante. Y para hacerlo, quiero aprovechar una iniciativa en la que estoy personal y sindicalmente implicado. El pasado 11 de noviembre se realizó en Barcelona una Asamblea Abierta de Periodistas con unas resoluciones de las que confío que a partir de ahora se hable bastante. El hashtag de la convocatoria es bastante explícito: #periodigno.

Esta asamblea –realizada en la sede de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)– estuvo organizada conjuntamente por varias organizaciones de periodistas: l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) –al que pertenezco–, Solidaritat i Comunicació (SiCom) y Som Atents. No era esta la primera vez que estas organizaciones trabajábamos juntas y es de esperar que tampoco sea la última. El objetivo del encuentro era elaborar una especie de decálogo que incluyera las transformaciones necesarias para que el periodismo se pueda ejercer con unas condiciones laborales dignas y para que recupere la confianza de la ciudadanía. No hay que perder de vista que las últimas encuestas sitúan en el Estado español a los medios de comunicación y a los periodistas como uno de los sectores que genera menos confianza y credibilidad.

Los debates que se hicieron acabaron haciendo que el decálogo, en lugar de diez puntos, tuviera quince y se transformara en lo que podríamos llamar un pentadecálogo. Se incluyen todo tipo de cuestiones. En la web www.periodigne.cat podéis consultar el documento elaborado, que lleva por título «15 acciones para un periodismo digno». Si además queréis un poco de crónica de esta asamblea, en la web de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) la podéis leer, con el documento en su versión en castellano. En el pentadecálogo hay reclamaciones de índole laboral, profesional, político, de género, de derechos de autoría…

Lo que ahora nos proponemos las entidades que lo hemos impulsado es empezar a recabar adhesiones tanto en las redacciones como fuera de ellas. De forma que cuando lo presentamos a los legisladores o a las instancias que tienen que promover las transformaciones que se reclaman, las reivindicaciones tengan el máximo apoyo profesional y –¿por qué no?– ciudadano. Hace demasiado tiempo que los legisladores –a pesar de las veces que se lo hemos pedido– hacen muy poca cosa para no decir nada en defensa de un derecho esencial para la ciudadanía como el derecho a la información. Algunas cosas que en las últimas semanas han pasado en materia de información en Catalunya y en España no habrían pasado con una regulación como la que hay en muchos países de nuestro entorno y también de algo más lejos. En este blog encontraréis más de una referencia.

En unos días, en Catalunya, celebraremos elecciones. El Parlamento que salga elegido deberá ocuparse de estas cuestiones si quiere dignificar la política y mejorar la calidad democrática del país.

La democratización de los medios

«Hay que repensar la información como bien público y lo tiene que financiar el Estado. Es necesaria la reapropiación de los medios por parte de quienes hacen la información y de los que la consumen. Que los medios sean más participativos es indispensable para la democracia». Esto lo dijo el pasado lunes la economista francesa Julia Cagé en la conferencia que pronunció en el Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) con el título Democratizar los medios, salvar Europa del Populismo. Cagé es profesora del Instituto de Estudios Políticos de París. Es autora de un libro que en su traducción al castellano se llama Salvar los medios de comunicación (Anagrama, 2016) pero que en su original francés se titulaba Sauver les médias. Capitalisme, financement participative et démocratie. No deja de ser significativo como se ha encogido en España. Supe de este libro por el comentario que Joan Vila  hizo ena Media.cat. y entre la conferencia y la lectura del libro se desprenden unos planteamientos bastante innovadores por parte de Cagé.

La economista francesa aboga por «unos medios de comunicación gestionados por entidades sin ánimo de lucro», preferentemente bajo la fórmula de fundaciones. En su intervención afirmó que en materia informativa «estamos volviendo atrás, hacia el periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX en que no sabíamos como defender la independencia de los periodistas». También aludió a la situación que se da actualmente y que se refleja perfectamente a las encuestas de opinión sobre la enorme desconfianza ciudadana hacia los medios de comunicación y que esto «pone en peligro la democracia». Entre otras cosas les acusó de tener una gran responsabilidad en el auge de los populismos en varios países, entre los que citó a Estados Unidos.

En una conferencia de poco más de una hora, el discurso es irremediablemente más esquemático, sin tiempo para muchos matices. Por eso, cuando se refiere a que la información es un bien público que lo tiene que financiar el Estado, esto no quiere decir que también lo tenga que producir. En su libro apunta que «a pesar de que la información es un bien público, es un bien público que no puede ser producido directamente por el Estado, como pasa con otros muchos bienes culturales. Por ello, hay que repensar el modelo económico de los medios de comunicación en la  encrucijada del mercado y del Estado, del sector público y del sector privado. Las soluciones al igual que los problemas son los de la economía del conocimiento en el siglo XXI. Varios sectores productores de conocimientos y de cultura han desarrollado desde hace tiempo modelos que permiten superar la ley del mercado y del beneficio y a la vez escapar del control del Estado. Los medios de comunicación pueden inspirarse en ellos para ampliar el campo de posibilidades y salir de la crisis».

En definitiva, los planteamientos de Julia Cagé insisten en la cuestión que la información no pertenece ni a los periodistas ni a los medios de comunicación, sino a la ciudadanía. Y cómo que es un bien público, hay que gestionarlo de acuerdo con el interés público al que se tienen que supeditar medios y periodistas. Ya nos hemos referido en este blog en alguna ocasión a la sandez que soltó Juan Luis Cebrián en los inicios de la transición cuando dijo que «la mejor ley de prensa es la que no existe». De este modo, sin ningún tipo de regulación, gana, como en la selva, el más fuerte, que son los medios, que, mayoritariamente, han supeditado la información a sus intereses empresariales, económicos y políticos. El periodista *Dardo Gómez, ex presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), rebatía este viejo axioma que de manera cíclica reproducen periodistas afines a las estructuras de poder de los medios de comunicación españoles en un artículo publicado en la web CTXT Contexto y acción, en el que afirma que «la mejor ley de prensa es la que protege a la ciudadanía». En este escrito aporta todo tipo de doctrina jurídica emitida por varios tribunales internacionales, como esta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en relación a una demanda contra Italia, en la cual señalaba que «además de un deber negativo de no interferencia, el Estado tiene una obligación positiva de contar con un marco administrativo y legislativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad».

Dardo Gómez también recuerda lo que establece el Código Europeo de Deontología del Periodismo, aprobado por unanimidad por el Consejo de Europa en 1993, que en su artículo 11 establece que «las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental.» Si se repasa con atención este texto del Consejo de Europa se verá que con los tiempos que corren puede considerarse casi como revolucionario. Así, por ejemplo, en el artículo 7 dice que «los medios de comunicación efectúan una labor de “mediación” y prestación del servicio de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información, están en función de los destinatarios, que son los ciudadanos». Una afirmación que se enmarca en la línia de pensamiento de lo afirmó Cagé en su conferencia y que escribió en su libro.

Estereotipos que discriminan

El próximo 26 de octubre se celebra en Barcelona la jornada Periodismos diversos, periodismos transformadores organizada por el Grupo de Comunicación de la Xarxa BCN antirumors de manera conjunta con el Ayuntamiento de Barcelona. Los organizadores han tenido la amabilidad de invitarme a participar en la mesa redonda de clausura, en representación del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), que forma parte de la citada Red.

El objetivo de la Jornada –que se realizará en el edificio HUB Barcelona, en la plaza de las Glorias– es «definir, impulsar y promocionar dinámicas periodísticas y comunicativas que se conecten, de manera profesional y responsable, con la diversidad sociocultural de la ciudad.» El trabajo se articulará alrededor de una serie de actividades (ponencias, talleres, experiencias de éxito, exposición…) dirigidas a estudiantes, medios y profesionales de la comunicación.

La iniciativa responde a la preocupación que hay en varios ámbitos sociales en la mala praxis generalizada en los medios de comunicación a la hora de difundir estereotipos discriminatorios en cuestiones de género, de religiones y de diversidad cultural. A lo largo de las diferentes actividades y sesiones habrá que ver como se pueden tratar estas cuestiones en los medios sin caer en la desinformación y la tergiversación de las realidades.

Al final habrá que ver si en el contexto actual, es posible hacer periodismo honesto que relate la diversidad cultural, libre de prejuicios, rumores y estereotipos. ¿Qué podemos hacer o que hay que transformar para conseguirlo? La verdad, es difícil, pero se puede hacer. La prueba es que hay gente que lo hace. Son compañeros y compañeras que tienen que pelearse con la indiferencia de los medios, más interesados al servir a sus intereses económicos, políticos y empresariales. Y probablemente donde hay más opciones para hacerlo sin trabas es en los nuevos medios emergentes, impulsados por periodistas sin los condicionantes que citaba.

Por otro lado –y este es el leitmotiv principal de este blog– esto será más fácil el día que  haya una regulación que proteja el derecho a la información de la ciudadanía y a los profesionales de la información de las presiones políticas y económicas. Hacen falta también periodistas más formados en la necesidad de informar sin ningún tipo de prejuicios previos. Es necesario también que la sociedad tome conciencia que no basta con denunciar prácticas profesionales discriminatorias, sino también alejarse de los medios que las promueven o que no hacen lo suficiente para erradicarlas.

Todo esto y más, el miércoles 26. ¡Consultad el programa e inscribiros!

Del 14 de abril al 3 de mayo

El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha como tantas otras que hay en el calendario para luchar, recordar, reivindicar y/o difundir problemáticas y derechos de todo tipo. Parece ya un ritual. Pero sirven para impulsar acciones, cambios, para remover conciencias, para la movilización social. Pero, ¿son eficaces?. No entraré en otros terrenos, donde gente mucho más experta y conocedora puede aportar datos y visiones mucho más fiables que la mía. Pero en materia de libertad de prensa, de derecho a la información, ¿qué ha pasado desde el 3 de mayo de 2015 hasta hoy? Pues poca cosa buena, si es que hay.

En el Estado español se ha aprobado la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza. En Europa, hace muy pocos días, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la Ley de secretos comerciales y tenemos el polémico Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP) en camino. En el ámbito internacional, desde principios de año llevamos 25 periodistas –o personal de apoyo– que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión. Pero hay muchos otros encarcelados o amenazados de prisión. Uno de los últimos es Andy Halll, un activista británico a quien en Tailandia le piden siete años de prisión por un informe sobre las actividades irregulares de la industria de la fruta en este país, según la crónica periodística de eldiario.es.

Alguien puede considerar que estas cosas pasan porque Tailandia es una dictadura militar desde que en 2014 hubo un golpe de estado. La legislación de este país, pero, contrariamente a lo que fija la ONU, establece penas de prisión para el delito de difamación. ¿Alguien cree que esto en Europa no puede pasar? En la Europa postley de secretos comerciales podrían pasar cosas similares. La nueva directiva aprobada el pasado 14 de abril es una amenaza para el periodismo de investigación. Varias organizaciones profesionales europeas –entre las que hay la Federación Europea de Periodistas (FEP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)– afirman que «todo y las apreciables mejoras respecto al proyecto original, la norma recientemente aprobada todavía plantea dudas en lo que se refiere a si los periodistas y, en particular, sus fuentes denunciantes están protegidos adecuadamente». El redactado es bastante ambiguo y deja demasiadas incertidumbres sobre la cuestión. Los activistas de la red también reprueban esta directiva. La Plataforma X-Net –un grupo de activistas que luchan por la democracia en la red– considera que el único objetivo de la nueva ley «es acabar con los alertadors de abusos y corrupción».

En el Estado español, ya se han empezado a ver los efectos de la Ley Mordaza. Ya hay varias personas sancionadas administrativamente, situación que también afecta a dos profesionales de la información, que han sido multados por sus artículos. Los atentados terroristas que ha habido recientemente en varias ciudades europeas han sido la excusa de varios gobiernos para impulsar reformas legislativas encaminadas a recortar libertades como único camino para reforzar la seguridad. Es momento para recordar la frase de Benjamin Franklin que «quién renuncia a las libertades por una seguridad transitoria, no merece ni la una ni la otra».

Y en Catalunya? Pues antes del 3 de mayo de 2015, la radiotelevisión pública estaba en manos de comisarios políticos. Antes del 3 de mayo de 2016, también. Antes del 3 de mayo de 2015, Catalunya no había desarrollado legislativamente el artículo 52 del Estatuto –que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho en la información de la ciudadanía– y antes del 3 de mayo del 2016, tampoco. Antes del 3 de mayo de 2015, los medios del Tercer Sector no disponían de espacio para su mínima supervivencia y antes del 3 de mayo del 2016, la situación no ha cambiado. Los políticos pueden democratizar los medios públicos. ¿Lo harán antes del 3 de mayo de 2017? Pueden hacer una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía, como hay a muchos países y como desde varias instancias profesionales y ciudadanas los han pedido en reiteradas ocasiones. ¿La harán antes del 3 de mayo de 2017? ¿Tendrán los medios comunitarios un terreno de juego justo y suficiente antes del 3 de mayo de 2017? Todavía es pronto para hacer la carta a los Reyes de Oriente y por lo tanto, seguiremos reclamando. En materia de libertad de prensa, ¿vamos como los cangrejos?

La supeditación de la verdad

El nuevo Gobierno catalán se ha puesto a caminar y entre sus prioridades no está derecho a la información de la ciudadanía. Más bien todo lo contrario, si atendemos a como se han hecho los nombramientos de los cargos directivos en los medios de comunicación públicos catalanes. Algunas formaciones incorporaban en su programa electoral el desarrollo del artículo 52 del Estatuto, que es el que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Ahora se trataría que lo cumplieran. Los primeros pasps, pero, no son alentadores. No hace mucho, la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, defendía en sede parlamentaria que «la televisión pública de Catalunya es un reflejo de cómo está evolucionando la sociedad catalana y de hacia donde va». Munté destacaba que «el independentismo ha pasado de ser la opción de un 14% de la población a un 40% entre 2006 y 2015. Y una televisión pública, en cuanto que es pública, se adapta y evoluciona de acuerdo con este sentimiento que también ha ido evolucionando y ha ido cambiante».

La consejera no es la única que piensa así. El catedrático de Teoría de la Comunicación y profesor emérito en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Josep Gifreu apuntaba en un artículo publicado el mes de septiembre pasado en el diario El PuntAvui que «TV3 se ha hecho independentista? En la medida que prácticamente todas las grandes cadenas de televisión, públicas y privadas, presentes en Cataluña, han optado por la defensa compacta del unionismo, ¿no corresponde a un servicio público básico asumir,  presentar y representar las opciones de al menos una mitad de la ciudadanía que no se siente representada por Tele5, Antena 3, TVE 1, La Sexta, Cuatro o 8TV?» En conjunto, los medios como una de las principales herramientas de combate en las trincheras.

A nivel español, las perspectivas no son mejores, e incluso, hoy por hoy, todo lo contrario. Todavía no hay Gobierno, pero la construcción de una sociedad democrática en la que no sea permitido manipular la información ni mentir a la ciudadanía no parece estar en las hojas de ruta que se diseñan sobre las mesas de negociación para formar las nuevas mayorías. En mi condición de miembro de la dirección del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), he tenido la oportunidad de participar en varias entrevistas con representantes institucionales para tratar cuestiones relativas a nuestra actividad. Con una de las personas con las que nos hemos reunido algunas veces es Josep Martí, hasta hace pocas semanas Secretario de Comunicación del Gobierno catalán. Martí nos explicó en cierta ocasión que había formado parte de una delegación de la Generalitat para entrevistarse con los responsables de los medios de Madrid para explicarles el proceso que se estaba viviendo en Catalunya. Nos decía que la respuesta de todos ellos fue unánime: que la unidad de España estaba por delante de la verdad, en expresión casi textual. Lo cuenta también Jofre Llombart, subdirector de El Món a RAC-1, en un artículo publicado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), titulado «Los límites del sistema».

Al margen del debate de si TV3 y Catalunya Ràdio se han hecho independentistas o no, en Catalunya hay medios que defienden claramente una postura independentista. Incluso hay quienes, como gran parte de los directivos de medios de Madrid, piensan que la independencia está por delante de la verdad. Unos y otros, de titularidad privada, tienen derecho a ser independentistas o unionistas, sólo faltaría. Pero, ¿tienen derecho a poner su ideario por delante de la verdad? ¿Hay alguna otra cuestión que también pongan por delante de la verdad? Una regulación del derecho a la información de la ciudadanía como la que hay en otros países debería impedir que la verdad quede solapada. Y la actividad legislativa se debería extender a hacer que los medios públicos fueran realmente públicos, es decir, desgubernamentalizados y despartidizados. El derecho a la información es un derecho humano universal y si realmente fuera respetado cómo corresponde, quizás nadie se atrevería a pedir que los medios públicos catalanes hicieran de contrapeso a las mentiras y manipulaciones ajenas. En Cataluña es muy fácil, sólo hay que desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto.