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Las libertades básicas, en caída libre en España

Las condenas a los raperos Valtonyc y Pablo Hasel, así como la retirada de una obra en la feria Arco, en Madrid, o el secuestro del libro Fariña han llevado a un punto álgido la inquietud de la ciudadanía en relación con la situación de la libertad de expresión en España. No es que hayan sido los únicos episodios en este ámbito porque desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC) –más conocida como Ley Mordaza– y algunas reformas del Código Penal son muchas las sentencias, las sanciones, las imputaciones… por actuaciones que antes de esta normativa ni eran delito ni eran punibles. A raíz de estos hechos, la Fundació Francesc Ferrer y Guàrdia –de la cual me honro de ser uno de sus miembros fundadores– me pidió un artículo para su blog Espai de Llibertat en el que hablara de la situación en que se encuentra la libertad de expresión en España.

En este artículo doy apoyo a las manifestaciones convocadas para el pasado 17 de marzo en varias ciudades españolas por la derogación de la Ley Mordaza por la plataforma No Somos Delito, denunciadora sistemática de todos los ataques contra la libertad de expresión. En el escrito afirmo que «estos episodios han convertido el Estado español en un lugar donde las libertades –especialmente la de expresión– reculan y son más perseguidas.» Más allá que sea yo quien lo diga, lo avala el hecho que lo constatan organismos de toda solvencia, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En julio de 2015 –pronto hará tres años– emitió un informe en el que consideraba que «el Estado español tenía que modificar la LPSC.» También lo han dicho el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) –que agrupa los sindicatos de periodistas de todo el mundo, algo que la convierte en la organización más grande del sector – y Reporteros Sin Fronteras (RSF). No reproduciré el artículo entero porque lo tenéis al enlace que hay a primeros de este párrafo.

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El ‘efecto Streisand’ del derecho al olvido

«Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible» es la frase redundante por antonomasia pero resume a la perfección lo que ha pasado con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que establece el derecho al olvido y obliga a los buscadores de internet a eliminar resultados si el protagonista de la noticía así lo reclama. Cómo bien explica el experto en tecnología y en internet Enrique Dans, «tal como tenía que pasar» ya han aparecido en la red las primeras respuestas «a este absurdo». Una de ellas es la web hidden from google que es, según se definen ellos mismos «una lista de búsqueda de resultados omitidos, borrados o censurados a causa del “derecho al olvido”». Puede ser legítimo que una persona que hace años protagonizó un asunto digamos desagradable reclame que este no lo persiga eternamente. Lo que también debería pensar esta persona es si obligar a los buscadores a eliminar las referencias sobre este hecho es la mejor estrategia para este fin. Porque esto es como ponerle puertas al mar. La red, ella misma, ha generado sus propios anticuerpos para eludir estas obligaciones. Ha acabado provocando lo que se conoce como efecto Streisand, que es que todavía se  hable más de este asunto puesto que el simple hecho de que se quiera hacerlo desaparecer despierta el interés de saber el por qué.

¿Hasta qué punto el derecho al olvido es prioritario o no al derecho a saber? Es un debate interesante. Cómo también lo es entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Es obvio que en personas de relevancia pública en función de sus responsabilidades en la sociedad, el derecho a saber de la ciudadanía debería prevalecer. Pero por justificada que pueda parecer la aspiración de una persona de pasar al anonimato absoluto, intentarlo en la red puede ser más que contraproducente. El derecho a saber siempre tendrá su espacio. Afortunadamente

La regulación de los medios en el Reino Unido supera el último obstáculo

El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ha rechazado el recurso planteado por la patronal de la comunicación contra la ley británica que regula el sector, que entrará en vigor el próximo año y que supera así el último obstáculo que ha tenido este proceso. Los medios proponían que se facultara a las propias empresas a establecer un sistema para autorregularse y se quejaban también que no habían sido informadas de esta iniciativa. Los jueces han respondido diciendo que el informe Levesson –de sobras conocido– ya establece los principios básicos de la ley que la Comisión que llevaba el nombre del magistrado que impulsó los cambios legislativos. Algunos de los grandes medios han informado que persistirán en la batalla contra esta ley y han anunciado que trasladarán sus reclamaciones a las instancias europeas. Aún así, también hay quien se ha desmarcado de la pugna, como The Guardian, el Financial Times o The Independent.

Esta cuestión toma especial importancia en España en un momento en que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido la regulación de los medios de comunicación, recordando uno de los puntos que  había en el programa electoral de su formación para los últimos comicios europeos del pasado mes de mayo. Desde muchos medios, con su tropa de tertulianos al frente, se ha tildado esto de «disparate» y de ataque a la libertad de expresión, asegurando que en Europa no hay nada similar. Son afirmaciones que sólo se pueden hacer desde la ignorancia o desde la mala fe porque el caso británico hace tiempo que está en los medios pero hay países, como Francia, Itàlia, Alemania o los escandinavos, que hace décadas que disponen de normativas sobre la materia.