Una ley necesaria, pero todo apunta a que se quedará corta

El pasado 17 de noviembre, en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) se presentó la propuesta de ley que elabora la Comisión Europea para garantizar la libertad de los medios de comunicación. En un acto organizado por el Col·legi, la Asociación de Periodistas Europeos y la Comisión Europea (CE), el portavoz de Justicia de la CE, Christian Wigand, explicó los ejes principales de esta European Media Freedom Act, que fue aprobada inicialmente el pasado 16 de septiembre. Wigand hizo una intervención muy pedagógica, pero intentando dejar claro que no se pretendía legislar sobre los medios de comunicación.

Los ejes principales de la propuesta legislativa comunitaria son la no interferencia en la línea editorial de los medios, prohibir los programas de espionaje a periodistas (los pegasus y compañía), la independencia y la financiación adecuada de los medios públicos, la transparencia sobre los propietarios de los medios, y, entre otros, sistemas transparentes y justos de medida de la audiencia y asignación de la publicidad estatal. El objetivo es tener la ley redactada a lo largo del primer trimestre del año próximo y que pueda ser aprobada definitivamente antes del fin de la legislatura. Wigand admitió que la tramitación de la ley será complicada porque hay muchos detractores, que no quieren ni oir hablar de una regulación de este tipo, y otros que la encontrarán demasiado escasa. Así, el portavoz europeo de Justicia resumió que «nuestra propuesta es la correcta».

Yo asistí a esta presentación que, en líneas generales, encontré bastante interesante y felicito los organizadores del acto su realización porque se hacen pocas sesiones de estas para hablar de como proteger por ley la libertad de información. Pero personalmente soy de los que encontrará la propuesta corta. Y expuse algunos de los motivos por los que me lo parece. En primer lugar, no veo adecuado hacer a los medios de comunicación el objetivo de la ley. Creo que lo que hay que regular son derechos de las personas, como es el caso del derecho a la información de la ciudadanía. Y haciéndolo, se legisla sobre los medios de comunicación y los y las profesionales de la información, fijando por ley sus derechos y sus deberes. Hay sectores profesionales que temen este tipo de legislaciones porque, argumentan, pretenden controlar los medios de comunicación. Todo lo contrario, una buena ley de prensa protegerá a la ciudadanía y también a los medios que respeten los principios éticos. Si, además, la ley hiciera de obligado cumplimiento los códigos deontológicos estableciendo sanciones para quienes los incumplan, ya sería la bomba.

Con toda humildad también le sugerí a Wigand que si se quiere hacer una buena legislación europea en esta materia es imprescindible tener como referencia el Código Europeo de Deontología del Periodismo, que aprobó el Consejo de Europa por unanimidad en 1993, es decir, hace casi 30 años. Le recordé que una de las quejas principales que los y las periodistas hacen, al menos en España, es que las mayores presiones las reciben del propio del medio y de sus propietarios. No olvidemos que, en España, la mayoría de ellos tienen en su accionariado grandes poderes económicos que los utilizan a menudo como vehículo de propaganda más que como elemento de información. El portavoz de Justicia admitió algunos de mis argumentos, pero insistió en los aspectos de la ley que pueden combatir estas situaciones, como la obligación de ser transparente en la propiedad de los medios o, entre otros, en la adjudicación de la publicidad.

El segundo aspecto al que me referí con relación a carencias de la propuesta de ley fue que no había ninguna referencia al problema probablemente más importante que sufre hoy la profesión periodística, como es la precariedad laboral. A partir del hecho que un/a periodista precario/aria no puede ser independiente, la libertad de información queda comprometida. En el SPC tenemos un lema que es «nuestra precariedad es tu desinformación», que ejemplifica perfectamente esta situación. Wigand lo admitió, pero también dijo que no se puede legislar todo y que hay cuestiones que son competencia de los estados hacerlo y que esta es una de ellas. Es cierto que introducir aspectos laborales en una normativa reguladora de derechos es una práctica que no se acostumbra a hacer, pero la Comisión Europea, si quiere proteger la independencia de los medios, tiene que evitar que las empresas de comunicación tengan a profesionales de la información con condiciones de trabajo indignas o insuficientes.

En este sentido, y, para terminar, hay que recordar la moción que la Asamblea General de la Federación Europea de Periodistas (FEP) adoptó el verano pasado para mejorar la protección de los y las periodistas a la pieza y freelances. A propuesta de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), se aprobó que la FEP reclamara en la Unión Europea que instara a sus estados miembros a dar una cobertura social suficiente y digna a este colectivo profesional, cada vez más numeroso. Cierto que hay países que ya lo hacen, como Francia, Italia, Portugal, Alemania o, entre otras, Bélgica, pero también hay donde periodistas a la pieza y freelances viven todavía en la más absoluta indigencia en cuanto a la cobertura social de la que deberían disponer. Entre estos hay España.